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Nuevo Código Procesal Penal: En febrero se realizaron 630 audiencias en toda la provincia

Roca finalizó 208 audiencias y canceló 66 en todo el mes.

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La Dirección General de Oficinas Judiciales concretó durante febrero 630 audiencias bajo el nuevo paradigma procesal. El número representa el 73% de las audiencias programadas, mientras que un 16% (134 audiencias) fueron canceladas y un 11% (93 audiencias) fueron interrumpidas. Incluye las cuatro circunscripciones: Viedma, Roca, Bariloche y Cipolletti. En promedio, por día se realizan 47,6 audiencias en toda la provincia.

Durante el periodo en análisis, Viedma finalizó 122 audiencias y canceló 14. Por su parte Roca finalizó 208 audiencias y canceló 66. Bariloche finalizó 186 audiencias, canceló 36 e interrumpió 59 audiencias. Cipolletti finalizó 114, canceló 18 e interrumpió 34 audiencias.

El tipo de audiencias más frecuentes continúa siendo la de formulación de cargos: 290 en febrero. Se trata de la primera audiencia del proceso penal y en ella la Fiscalía le comunica al imputado la conducta por la que se lo está investigando. Se realiza en presencia de un juez o jueza de garantías y con asistencia técnica de un defensor.

La etapa intermedia del proceso es el control de acusación. En febrero se realizaron 104 audiencias de control de acusación en toda la provincia.

De acuerdo al reporte estadístico, en ese mismo periodo también se realizaron 43 juicios abreviados, 51 cámaras Gesell y 38 ruedas de reconocimiento. Se concretaron además 17 debates de juicios orales y públicos.

En cuanto al ingreso de legajos por tipo de delitos, los delitos contra la propiedad se mantienen entre los más frecuentes: en febrero ingresaron 90 legajos de este tipo. En la categoría delitos contra las personas se registraron 97 legajos y 64 legajos en los delitos contra la integridad sexual.

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Judiciales

Se desprendió un kayak de otro vehículo en plena ruta y lo lesionó: Será indemnizado con más de 2 millones

La víctima iba a un encuentro de motoqueros a Neuquén. Ocurrió en la Ruta 22, a la altura de Allen.

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Un motoquero que asistía a un encuentro de Neuquén no pudo participar del evento por el incidente vial que protagonizó en la Ruta Nacional N° 22, cerca de Allen. Por el carril contrario circulaba una camioneta que llevaba nueve kayaks en un trailer. Las embarcaciones se desprendieron y lesionaron al joven de 19 años. Tendrán que indemnizarlo por una suma cercana a los dos millones.

El caso tuvo una resolución en el fuero Civil de Cipolletti con un fallo de primera instancia que todavía no está firme porque puede ser apelado. El motociclista quedó tirado en la Ruta 22 a raíz del impacto de uno de los kayak. En la demanda sostuvo que el golpe le partió el casco en dos. Sufrió politraumatismos y debió ser derivado a un centro de salud en ambulancia. La pericia médica acreditó un porcentaje de incapacidad laboral y en función de ese resultado la sentencia fijó la indemnización.

Le reconocieron, además, los gastos médicos y de farmacia, la reparación de su moto y una suma de dinero en concepto de daño moral. La condena por $1.993.810 más intereses alcanza a la propietaria de la camioneta Fiat Ducato que llevaba el trailer, a la propietaria de ese remolque y a las compañías de seguros.

En otro reclamo civil que tramitó con anterioridad a esta demanda, un fallo fijó indemnización para el conductor de una Isuzu modelo 98, que iba delante del motociclista como sistema de apoyo. Ese hombre también sufrió el impacto de los kayaks que eran transportados hasta Viedma. Los $85.000 de indemnización que se fijaron en ese expediente consideraron la reparación y los repuestos de la camioneta, la privación de uso por el tiempo que estuvo en el taller y la desvalorización que sufrió la Isuzu a raíz de los arreglos.

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Judiciales

Derecho a la identidad: Permiten a cuatro hermanos adoptados mantener su apellido de origen

La adopción se realizó en dos procesos separados, en un primer trámite fueron adoptados los dos hermanos mayores y posteriormente a los más pequeños.

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Cuatro hermanos que fueron adoptados juntos pidieron llevar el propio apellido además del de la pareja que los adoptó. Este pedido fue legalmente patrocinado por la Defensa Pública en función de atender los estándares del interés superior del niño en cuanto a su derecho a vivir en familia y juntos, haciéndose eco del deseo manifestado por ellos.

La adopción se realizó en dos procesos separados, en un primer trámite fueron adoptados los dos hermanos mayores y posteriormente a los más pequeños. Ambos expedientes fueron gestionados por la Defensoría N° 2 de Familia y la Defensoría de Menores de la localidad de El Bolsón ante el Juzgado Multifueros.

El apellido se relaciona con el derecho a la identidad, cuya tutela ha sido consagrada en diversos instrumentos internacionales de jerarquía constitucional entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño (Arts. 7º y 8º). A nivel nacional la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes regula el derecho a la identidad en su artículo 11.

La sentencia resultante de este trámite menciona en sus argumentos a la autora Matilde Zavala de González que afirma que «entre las numerosas manifestaciones del derecho a la identidad personal, se señalan el derecho a una identificación, al conocimiento de la identidad biológica y a gozar de un emplazamiento familiar. Se agregan a estos, el derecho a una sana y libre formación de la identidad personal y a transformarla».

En el caso, se ponderó la opinión de los adoptados luego de escucharlos (conforme lo ordena el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño) y la circunstancia de otorgar un plus a las vulneraciones de sus derechos a estos adolescentes, ya que desde el Derecho de Familia se tiende a sumar derechos y no a restarlos.

El proceso de adopción está contemplado en el Código Civil y Comercial en sus artículos 619 a 633 y en el Código Procesal de Familia en sus arts. 178 a 183. Consiste en la culminación de varios trámites previos tanto por quienes son dados en adopción como por quienes pretenden adoptar. Cuando se trate de la adopción de mayores de diez años, se exige la conformidad expresa del niño, niña o adolescente.

Cabe recordar que existen tres tipos de adopción: la plena, donde quien es adoptado es un hijo/a más y es irrevocable. La adopción simple que declara el estado de hijo/a del adoptado/a pero no confiere vínculos jurídicos con parientes del adoptante, salvo excepciones determinadas y es revocable. Y por último, la de Integración que es la adopción del hijo o hija del cónyuge o conviviente y mantiene los vínculos filiatorios para con la familia de origen. Es una declaración de estado de una situación preexistente y se puede revocar.

En nuestro país no pueden adoptar aquellas personas menores de 25 años de edad, salvo que su cónyuge o conviviente sea mayor; los ascendientes a su descendiente (abuelos a nietos) o un hermano a su hermano de padre o madre o a su hermano unilateral (sólo de padre o sólo de madre).

Las personas casadas o convivientes deben adoptar ambos, salvo que estén separados de hecho o uno de ellos tenga declaración de incapacidad o de restricción de su capacidad. Concluido el proyecto de vida en común, los adultos que mantuvieron estado de madre o de padre para con una persona menor de edad, pueden adoptarla.

Finalmente se puede adoptar a menores de edad que estén en condiciones jurídicas para ello y en el caso de mayores de edad, cuando se trate del hijo/a del cónyuge o conviviente de la persona que pretende adoptar.

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Condenan a un portero por el delito de grooming

El imputado reconoció haber intercambiado mensajes por redes sociales con una adolescente que asistía a la escuela en la que él trabajaba.

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Foto: Archivo.

En la mañana de hoy (07/02) se condenó a un hombre a seis meses de prisión y se le impusieron pautas de conducta por el término de dos años luego de que éste reconociera haber intercambiado mensajes por redes sociales con una adolescente que asistía a la escuela en la que él se desempañaba como portero.

La progenitora de la menor fue consultada previamente a la celebración de este juicio abreviado y manifestó su conformidad a la consecución del mismo que evitará que la adolescente deba ser protagonista de un debate oral y público con la consecuente revictimización que ello implica.

La condena requerida por el Ministerio Público Fiscal y convenida con el defensor particular del acusado, incluye pautas de conducta por el término de dos años que implican además de fijar domicilio, la prohibición de mantener contacto con la víctima de manera personal, por cualquier medio e incluso a través de terceras personas y la obligación de realizar un tratamiento psicológico.

En cuanto a su labor en la institución educativa, cuyas autoridades anoticiaron del caso al Consejo Escolar de forma inmediata y prestaron declaración en el marco de la investigación preliminar, el imputado fue inmediatamente suspendido de su labor y la cartera educativa inició un sumario por los hechos. La condena judicial, una vez notificada la sentencia, será remitida a la Junta de evaluación correspondiente para la continuidad de dicho trámite.

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