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Judiciales

El STJ denegó recurso extraordinario contra la destitución del ex juez Bernardi

Declaró “inadmisible” la apelación presentada por la defensa del ex magistrado de Viedma.

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El Superior Tribunal de Justicia declaró “inadmisible” el recurso extraordinario federal que interpuso la defensa del ex juez de Viedma Juan Bernardi. Con ese recurso se pretendía cuestionar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la sentencia del STJ que rechazó la casación formulada contra la destitución que, en septiembre de 2016, había dispuesto el Consejo de la Magistratura.

Con voto rector del juez Sergio Barotto y adhesión de las juezas Adriana Zaratiegui y Liliana Piccinini, el Tribunal provincial declaró que el nuevo escrito “no ha logrado demostrar la existencia de cuestión federal suficiente ni la arbitrariedad de la sentencia que permitan habilitar la instancia extraordinaria ante el máximo Tribunal de la Nación, por lo que corresponde declarar inadmisible el recurso”.

Mediante el Acta N° 11/16 el Consejo de la Magistratura dispuso la destitución de Bernardi y su inhabilitación para ocupar otro cargo judicial por las causales de “mal desempeño de la función y graves desarreglos de conducta”. Contra esa sentencia la defensa interpuso una casación ante el Superior Tribunal de Justicia, que fue rechazada en noviembre de 2017. Esa decisión derivó en el planteo de un recurso extraordinario federal, que ahora fue rechazado.

La defensa alegó, entre otros agravios, “la existencia de gravedad institucional” que amerita llevar el caso ante la Corte Suprema, afirmando que el ex juez fue “privado de su cargo (…) sin el procedimiento debido ni el derecho de defensa en juicio”. Sostuvo “una violación al ámbito de reserva” (art. 19 de la Constitución Nacional) pues el segundo hecho reprochado en el jury (el asado en la chacra del ex magistrado) “constituye una parte de los hábitos íntimos reservada a la conciencia del individuo y por lo tanto exenta de la vigilancia y castigo por parte de las autoridades administrativas y judiciales”. Alegó además un “exceso de punición, es decir una falta de proporción” entre lo juzgado y la sanción aplicada y cuestionó una supuesta utilización indebida para el jury de las constancias obrantes en la causa penal.

A su turno los representantes de la Fiscalía de Estado de Río Negro solicitaron que se declare inadmisible el recurso extraordinario. En cuanto al “ámbito de reserva” que la defensa consideró afectado, sostuvieron que “las conductas reprochadas trascienden hacia lo público y social y han afectado al Poder Judicial en lo institucional, dejando de ser privadas”.

En su voto rector, el juez Barotto señaló que el recurso extraordinario “no puede prosperar”, en primer lugar, por los incumplimientos de los requisitos formales que impone la Acordada Nº 4/2007 para su interposición. Como ejemplo señaló que la presentación “omite el relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso relacionadas con las cuestiones invocadas como de índole federal” y no logra demostrar que “el pronunciamiento impugnado le ocasiona (al recurrente) un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación”.

Y en cuanto al fondo del recurso, sostuvo que tampoco puede prosperar porque “no cumple con la carga de fundamentar la existencia de la cuestión federal que refiere”.

“El recurrente insiste -ahora por esta vía- con aspectos que ya han sido convenientemente considerados en la sentencia Nº 164/17, a través de la que este Tribunal rechazó el recurso de casación interpuesto por los Defensores contra la decisión contenida en el Acta N° 11/16 del Consejo de la Magistratura de la Primera Circunscripción Judicial”, resumió el voto.

Recordó de aquella resolución que Bernardi “tuvo todas las oportunidades procesales para ejercer su defensa” y que “su comportamiento fue evaluado (…) con arreglo a los recaudos legalmente contemplados y fue destituido e inhabilitado por el órgano en cuyas manos la Constitución de la Provincia depositó la atribución ejercida, mediante una decisión unánime que estimó acreditadas las causales típicamente regladas de mal desempeño y graves desarreglos de conducta”. Así, reiteró que se llegó a la destitución respetando la defensa en juicio y el debido proceso previstos en el art. 222 de la Constitución Provincial y la Ley K N° 2434.

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Judiciales

Vendió su auto y el nuevo dueño no pagó más la patente: La deuda se siguió acumulando a su nombre

El Superior Tribunal de Justicia se expidió al respecto.

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El Superior Tribunal de Justicia, en uno de los fallos del año pasado que marcó pautas de acción, definió los requisitos y el camino procesal que debe seguir una acción de hábeas data, conocida también como «amparo especial de protección de datos personales»

Entre las novedades de la sentencia –que es doctrina legal obligatoria para todos los Juzgados de la provincia- se determinó que las apelaciones en estos procesos no se realizarán ante las Cámaras Civiles, sino ante el propio STJ, que en adelante será el Tribunal de alzada. Esta decisión se fundamenta en que el hábeas data participa de la misma naturaleza que el amparo genérico. De esta forma, además, se garantiza la intervención del máximo Tribunal provincial, y se brinda la oportunidad de que las partes puedan recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
El fallo fue refrendado por la totalidad de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, que compartieron los criterios establecidos.

El caso

El caso es el de una mujer del Alto Valle que vendió su auto y, a pesar de que hizo la denuncia de venta en el Registro Nacional del Automotor, no hizo lo propio ante la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, que es el organismo que percibe el impuesto provincial de patente. La obligación de hacer esa segunda denuncia de venta surge de la Ley Provincial N° I 1284.

Como tampoco se hizo enseguida la trasferencia del auto en el Registro del Automotor y el nuevo dueño no pagó más la patente, la deuda impositiva se siguió acumulando a nombre de la señora.

En este punto, se dio otra definición del Superior Tribunal de Justicia: la acción de hábeas data no es la vía para resolver esta situación, que se repite con frecuencia.

En efecto, la información que registraba la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia tenía sustento en una Ley Provincial que establece quiénes son las personas obligadas al pago del impuesto. Por lo tanto, si se pretende la declaración de inconstitucionalidad de la norma provincial que da sustento a la información así registrada, la vía procesal adecuada para plantear el tema no es el hábeas data, sino precisamente la acción de inconstitucionalidad que prevé el Código Procesal Civil y Comercial.

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Judiciales

Sumarán salas de lactancia en los principales edificios judiciales de la provincia

Roca es uno de los lugares donde se llevará adelante la iniciativa que ya funciona en Viedma.

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El Superior Tribunal de Justicia ordenó, mediante una Acordada, la instalación de salas de lactancia en los edificios judiciales de Roca, Cipolletti, Villa Regina y Bariloche, replicando la positiva experiencia de la que funciona en el complejo judicial de Viedma desde hace poco más de un año. Esos espacios están destinados «al personal judicial que alimente a hijos e hijas de hasta dos años de edad».

La decisión del STJ se basa en la Ley Nacional N° 26.873, que dispone la promoción y la generación de conciencia pública sobre la importancia de la lactancia y de las practicas óptimas de nutrición segura para lactantes. Esa misma ley promueve la creación de centros de lactancia, estrategias que promuevan la práctica de la lactancia y «el establecimiento de lactarios en los lugares de trabajo».

«Este Superior Tribunal de Justicia ha incorporado la perspectiva de Derechos Humanos y Género como política pública institucional y transversal», dice la Acordada. Por eso, la Oficina de Derechos Humanos y Género ha impulsado el cumplimiento gradual de la creación de los centros de lactancia en el Poder Judicial.

La primera experiencia fue la sala de lactancia de Viedma, que funciona desde el 31 de agosto de 2021. Desde su implementación, la necesidad de ese espacio y su utilización concreta quedaron rápidamente a la vista. Funciona dentro de las instalaciones de la Oficina de Derechos Humanos y Género y cuenta con la privacidad y los elementos necesarios para la comodidad de la dupla durante la lactancia.

La Acordada asignó al área de Arquitectura Judicial el diseño de un plan de implementación progresiva de las salas, que funcionarán en Cipolletti, en el edificio ubicado en la esquina de las calles Roca y Sarmiento y en el futuro Complejo Judicial de esa ciudad; en la Ciudad Judicial de Roca; en el edificio judicial de calle O’Connor 20 de Bariloche y en el futuro Complejo Judicial de esa ciudad, y en el Complejo Judicial de Villa Regina.

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Judiciales

Por las dos muertes en el siniestro de Ruta 2, la justicia investiga a una mujer

Fausto Gil de 12 años, oriundo de Roca, murió en el choque, al igual que su tío abuelo-

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La Fiscal Analía Álvarez caratuló como «doble homicidio culposo» la causa por el deceso del menor de 12 años oriundo de Roca, Fausto Gil, y su tío abuelo de 61, Manuel Gil, en un siniestro ocurrido el 31 de diciembre de 2022 en la Ruta provincial 2, a la altura de El Solito.

En la causa la fiscal investiga a una mujer, que sería la conductora de la camioneta Chery Tiggo que el día del siniestro en una maniobra de sobrepaso invadió el carril contrario, provocando, en teoría, choque frontal con el Gol Trend en que viajaban las víctimas fatales.

El Gol Trend era conducido por Manuel Gil, venía con Fausto hacia Roca, donde vivía el menor.

La muerte de hombre mayor ocurrió en el acto. El menor fue asistido por las personas que se acercaron hasta el lugar y trasladado al hospital de Pomona, donde falleció. 

La conductora que viajaba en el Chery Tiggo iba acompañada de su marido y sus hijos adolescentes, quienes sufrieron algunas heridas y fueron atendidos en el hospital de San Antonio Oeste.

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