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Judiciales

Empujó a un alumno en plena clase y ahora deberá pagarle $5000

El hecho ocurrió en agosto del 2016 en un club de Roca.

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Esta mañana la fiscal adjunta Rocío Guiñazú Alaniz y el asistente letrado Gastón Britos Rubiolo ambos de la Unidad Fiscal N° 5 formularon cargos contra un hombre por “lesiones culposas graves” (Arts. 45, 94 bis en función del Art. 90 del Código Penal). En ese marco, tras varias negociaciones el defensor oficial Gustavo Viecens solicitó la suspensión de juicio a prueba, beneficio aceptado por la Fiscalía y la querella.

Es así que el imputado deberá abonar al denunciante en concepto de reparación del daño ocasionado una suma de $5.000 pesos, en dos cuotas a partir de abril, y además pagar una multa de $1.000 pesos por el delito que se le imputa.

Asimismo la Fiscalía solicitó que el hombre cumpla durante un año con determinadas reglas de conducta, esto es: realizar trabajos comunitarios semanales en una organización no gubernamental, no cometer nuevos delitos, abstenerse de utilizar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas, fijar residencia, entre otras.

Guiñazú Alaniz aclaró que “la propuesta es proporcional y razonable, como también el denunciante, progenitor de la víctima, presente en el recinto presta conformidad respecto de este acuerdo”.

El hecho, según la acusación fiscal, “ocurrió en agosto de 2016, aproximadamente a las 11.30 de la mañana, en el predio de un club social de General Roca. En esa oportunidad, el imputado previo llamarle la atención a uno de los alumnos que se encontraba peleando con otro alumno, en forma imprudente lo empujó con las dos manos, provocando su caída al suelo. Como consecuencia de ello el menor sufrió lesiones graves certificadas por el Cuerpo Médico Forense como ‘fractura completa de radio y fractura parcial de un hueso de la mano izquierda’”.

Por su parte, el juez de Garantías Maximiliano Camarda entendió que “la propuesta es ajustada a derecho razón por la cual se resuelve declarar razonable el monto ofrecido por la defensa y concederle el beneficio de la suspensión de juicio a prueba al imputado por el término de un año”.

Cabe mencionar que se trató de una audiencia multipropósito, cumpliendo con el principio de concentración establecido en el Art. 7 del Código Procesal Penal. Las partes acordaron en la misma jornada la suspensión de juicio a prueba, dando con ello cumplimiento al Art. 14 del Código Penal que prevee “la resolución del conflicto con el fin de contribuir a reestablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social”.

A propósito de esto, la fiscal jefe Graciela Echegaray dijo que “en ese sentido se destaca que la audiencia de formulación de cargos finaliza resolviendo el conflicto a través de la aplicación de un beneficio, consensuado por la fiscalía, la querella y la defensa. Siendo además que este instituto provee el cumplimiento de reglas de conducta por un año, tiempo incluso en que el damnificado puede comunicar su incumplimiento, con lo cual, verificado dicho incumplimiento, se inicia el trámite de continuar con la causa”.

“El beneplácito de esta fiscal es que en una audiencia, en tan corto plazo, siguiendo los principios del Art. 14 se den respuestas para las partes implicadas y el conflicto sea resuelto”, concluyó Echegaray.

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Judiciales

Vendió su auto y el nuevo dueño no pagó más la patente: La deuda se siguió acumulando a su nombre

El Superior Tribunal de Justicia se expidió al respecto.

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El Superior Tribunal de Justicia, en uno de los fallos del año pasado que marcó pautas de acción, definió los requisitos y el camino procesal que debe seguir una acción de hábeas data, conocida también como «amparo especial de protección de datos personales»

Entre las novedades de la sentencia –que es doctrina legal obligatoria para todos los Juzgados de la provincia- se determinó que las apelaciones en estos procesos no se realizarán ante las Cámaras Civiles, sino ante el propio STJ, que en adelante será el Tribunal de alzada. Esta decisión se fundamenta en que el hábeas data participa de la misma naturaleza que el amparo genérico. De esta forma, además, se garantiza la intervención del máximo Tribunal provincial, y se brinda la oportunidad de que las partes puedan recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
El fallo fue refrendado por la totalidad de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, que compartieron los criterios establecidos.

El caso

El caso es el de una mujer del Alto Valle que vendió su auto y, a pesar de que hizo la denuncia de venta en el Registro Nacional del Automotor, no hizo lo propio ante la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, que es el organismo que percibe el impuesto provincial de patente. La obligación de hacer esa segunda denuncia de venta surge de la Ley Provincial N° I 1284.

Como tampoco se hizo enseguida la trasferencia del auto en el Registro del Automotor y el nuevo dueño no pagó más la patente, la deuda impositiva se siguió acumulando a nombre de la señora.

En este punto, se dio otra definición del Superior Tribunal de Justicia: la acción de hábeas data no es la vía para resolver esta situación, que se repite con frecuencia.

En efecto, la información que registraba la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia tenía sustento en una Ley Provincial que establece quiénes son las personas obligadas al pago del impuesto. Por lo tanto, si se pretende la declaración de inconstitucionalidad de la norma provincial que da sustento a la información así registrada, la vía procesal adecuada para plantear el tema no es el hábeas data, sino precisamente la acción de inconstitucionalidad que prevé el Código Procesal Civil y Comercial.

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Judiciales

Sumarán salas de lactancia en los principales edificios judiciales de la provincia

Roca es uno de los lugares donde se llevará adelante la iniciativa que ya funciona en Viedma.

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El Superior Tribunal de Justicia ordenó, mediante una Acordada, la instalación de salas de lactancia en los edificios judiciales de Roca, Cipolletti, Villa Regina y Bariloche, replicando la positiva experiencia de la que funciona en el complejo judicial de Viedma desde hace poco más de un año. Esos espacios están destinados «al personal judicial que alimente a hijos e hijas de hasta dos años de edad».

La decisión del STJ se basa en la Ley Nacional N° 26.873, que dispone la promoción y la generación de conciencia pública sobre la importancia de la lactancia y de las practicas óptimas de nutrición segura para lactantes. Esa misma ley promueve la creación de centros de lactancia, estrategias que promuevan la práctica de la lactancia y «el establecimiento de lactarios en los lugares de trabajo».

«Este Superior Tribunal de Justicia ha incorporado la perspectiva de Derechos Humanos y Género como política pública institucional y transversal», dice la Acordada. Por eso, la Oficina de Derechos Humanos y Género ha impulsado el cumplimiento gradual de la creación de los centros de lactancia en el Poder Judicial.

La primera experiencia fue la sala de lactancia de Viedma, que funciona desde el 31 de agosto de 2021. Desde su implementación, la necesidad de ese espacio y su utilización concreta quedaron rápidamente a la vista. Funciona dentro de las instalaciones de la Oficina de Derechos Humanos y Género y cuenta con la privacidad y los elementos necesarios para la comodidad de la dupla durante la lactancia.

La Acordada asignó al área de Arquitectura Judicial el diseño de un plan de implementación progresiva de las salas, que funcionarán en Cipolletti, en el edificio ubicado en la esquina de las calles Roca y Sarmiento y en el futuro Complejo Judicial de esa ciudad; en la Ciudad Judicial de Roca; en el edificio judicial de calle O’Connor 20 de Bariloche y en el futuro Complejo Judicial de esa ciudad, y en el Complejo Judicial de Villa Regina.

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Judiciales

Por las dos muertes en el siniestro de Ruta 2, la justicia investiga a una mujer

Fausto Gil de 12 años, oriundo de Roca, murió en el choque, al igual que su tío abuelo-

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La Fiscal Analía Álvarez caratuló como «doble homicidio culposo» la causa por el deceso del menor de 12 años oriundo de Roca, Fausto Gil, y su tío abuelo de 61, Manuel Gil, en un siniestro ocurrido el 31 de diciembre de 2022 en la Ruta provincial 2, a la altura de El Solito.

En la causa la fiscal investiga a una mujer, que sería la conductora de la camioneta Chery Tiggo que el día del siniestro en una maniobra de sobrepaso invadió el carril contrario, provocando, en teoría, choque frontal con el Gol Trend en que viajaban las víctimas fatales.

El Gol Trend era conducido por Manuel Gil, venía con Fausto hacia Roca, donde vivía el menor.

La muerte de hombre mayor ocurrió en el acto. El menor fue asistido por las personas que se acercaron hasta el lugar y trasladado al hospital de Pomona, donde falleció. 

La conductora que viajaba en el Chery Tiggo iba acompañada de su marido y sus hijos adolescentes, quienes sufrieron algunas heridas y fueron atendidos en el hospital de San Antonio Oeste.

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