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«Esperamos que el gobierno recapacite y convoque a una reunión del Consejo de la Función Pública»

En esos términos finalizó la reunión de la Mesa Directiva Provincial de UPCN que se realizó el miércoles por la tarde en Viedma.

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Los referentes de las delegaciones territoriales de UPCN reiteraron el miércoles su total rechazo al acuerdo salarial entre el gobierno provincial y el otro gremio de estatales (ATE). «Implica un empujón más en la caída del poder adquisitivo de los trabajadores de la Administración Pública rionegrina», indicaron.

«Es una propuesta poco seria que se puede tildar hasta de ladina, porque el gobierno juega con la necesidad de los trabajadores ofreciendo un bono por única vez y un porcentaje que no cubre siquiera la inflación de los dos primeros meses de este año. Pretenden conformarnos por un rato, con una suma fija por única vez, en desmedro del salario real y su desvalorización acelerada», manifestaron desde UPCN.

Los referentes provinciales expresaron el «profundo malestar que muestran los compañeros de los distintos organismos distribuidos en todo el territorio, muy molestos por esta medida publicitada por el gobierno que juega con sus necesidades».

Mientras se estaba desarrollando la reunión, los presentes se anoticiaron del 18% acumulativo ofrecido a los judiciales; «a esto le agregamos el 16,5% obtenido por los legislativos y entre el 17% y el 21% por los docentes, quedando los agentes de la Administración Pública totalmente discriminados en el conjunto de trabajadores que brindan su fuerza de trabajo en el Estado y aún más excluidos teniendo en cuenta los dispares niveles salariales de los tres poderes», indicaron.

«Y el descontento ya no solo se centra en los compañeros que revistan en las categorías más bajas del escalafón, cuyos sueldos no alcanzan a superar el límite de la pobreza, sino de los administrativos, los técnicos y los profesionales de la Administración Pública que, en comparación con sus pares de los otros poderes reciben por el mismo trabajo menos de un 50% de lo que perciben los compañeros legislativos o judiciales. Y no es un planteo hacia el salario digno que tienen ellos, sino al inmerecido destrato que tienen los nuestros, la falta de equiparación que la UPCN viene denunciando desde hace mucho tiempo», añadieron desde UPCN.

«La totalidad de los representantes provinciales coincidieron en que los compañeros sienten este destrato como una ofensa muy cara, porque tira hacia abajo (aún más) el salario real de los agentes de la Administración Pública, muy por debajo de los índices inflacionarios y compromete de manera preocupante el consumo de los bienes básicos de un gran número de familias rionegrinas», agregaron.

«Venimos pidiendo durante meses al gobierno un adelanto en concepto de reconocimiento de los montos adeudados en 2016 y 2017, a pagarse a inicios de año para, justamente, no llegar a esta altura del año sin ninguna mejora en los salarios, pero el gobierno estiró los tiempos, ofreciendo de manera ilegítima un porcentaje inferior al de todos y a destiempo, que acrecienta la brecha salarial entre poderes y empobrece cada vez más a los trabajadores de esta Administración Pública», dijeron los referentes provinciales del gremio que conduce Juan Carlos Scalesi.

Finalmente, todos los integrantes de la Mesa coincidieron en solicitar directamente al gobernador Alberto Weretilneck que recapacite de su postura y llame a una reunión en el ámbito del Consejo de la Función Pública para revisar esta decisión que «causa gran perjuicio a los estatales de la Administración Pública rionegrina».

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Gremios

La CTA Autónoma denunció que la Policía y un enrejado impidieron su paso a Lago Escondido

«Las condiciones de vida de la gente que no llega a fin de mes están directamente vinculadas con el poder que reside acá adentro», apuntó Rodolfo Aguiar.

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La CTA Autónoma y una columna con miles de personas marcharon hasta el inicio del Camino de Tacuifí en El Foyel, «donde una reja y cientos de policías apostados con gomeras impidieron su paso hacia Lago Escondido», denunciaron desde la organización sindical.

«Familias humildes no pueden acceder a la vivienda digna en todo el país. Si ocupan un pedacito de tierra fiscal y se cubren bajo chapas y cartones, los jueces y fiscales corruptos que se reúnen en Lago Escondido los persiguen y los condenan por usurpación», dijo Rodolfo Aguiar, Secretario Adjunto de ATE Nacional.

«Los verdaderos usurpadores de la Argentina son los Lewis, los Benetton, los Zorreguieta. Las condiciones de vida de la gente que no llega a fin de mes están directamente vinculadas con el poder que reside acá adentro», agregó.

Junto a la CTA Autónoma se movilizaron los sindicatos ATE y UnTER, organizaciones sociales como FeNaT y la CCC, partidos políticos como UP, PTP y PCR.

«El 16 de abril hay elecciones en esta provincia. La Cámara de Apelaciones de Bariloche no le ordena a cualquiera, sino a la gobernadora Arabela Carreras y a Juntos Somos Río Negro como partido de gobierno de abrir este camino para que sea público», señaló Aguiar. «Esta séptima marcha es multitudinaria. Muestra un consenso social creciente, un pueblo movilizado que le pondrá fin a tantos años de impunidad», concluyó.

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Gremios

Una multitud marchó por Bariloche y se dirige ahora al camino de Tacuifí del Lago Escondido

«No venimos a enfrentarnos a nadie, sino a ejercer un derecho que es el de acceder libremente», aclararon las organizaciones que se movilizan.

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La denominada Marcha por la Soberanía reunió esta mañana (31/01) a miles de personas que marcharon al Centro Cívico por el centro de Bariloche. ATE, CTA Autónoma y otras organizaciones sociales y políticas se dirigen ahora hacia el paraje El Foyel, donde caminarán desde la Ruta Nacional N° 40 hasta Lago Escondido por el camino de Tacuifí.

Ante la posibilidad de que el sendero se encuentre cerrado, las organizaciones anticiparon que «no buscan enfrentarse con vecinos sino reafirmar un ejercicio de soberanía sobre territorio público argentino«.

«No venimos a enfrentarnos a nadie, sino a ejercer un derecho que es el de acceder libremente, como argentinos, a la costa de un lago argentino», dijo Rodolfo Aguiar, Secretario Adjunto de ATE Nacional y dirigente de la CTA Autónoma Rio Negro. «No puede ser que un inglés sea quien decida qué argentino puede acceder a un lago que es nuestro», agregó.

«Lago Escondido debe ser una causa nacional y no podemos abandonarla, porque esta usurpación en 50 ó 100 años puede convertirse en las nuevas Islas Malvinas», agregó, y anticipó que prevén realizar acciones mensuales que mantengan el reclamo.

Las organizaciones denunciaron al Gobierno de la Provincia por incumplir con el fallo que ordena a Vialidad Rionegrina a otorgar transitabilidad a los accesos a Lago Escondido. La decisión de la Cámara de Apelaciones de Bariloche ratifica un fallo de 2013 del juez civil Carlos Cuellar, pero el Ejecutivo decidió volver a apelarlo.

«El Gobierno rionegrino y el nacional no tienen agallas para enfrentar a Lewis, ni la creatividad de solucionar el conflicto ni la decisión política de fondo de respetar los varios fallos de la Justicia a favor del libre acceso. Ellos creen que esto no tiene un costo político, pero el costo político es cada vez mayor y comenzará a impactar en las urnas», dijo Aguiar.

Además, responsabilizaron a Provincia y Nación por cualquier incidente que pueda ocurrir contra ellos durante la marcha y denunciaron que la gobernadora Arabela Carreras desafectó a la policía de la seguridad durante varios tramos de la actividad.

Los gremios informaron que promoverán una movilización hacia Sierra Grande, Río Negro, «donde Lewis tiene un establecimiento con una pista aérea con salida al Atlántico que, junto a la cercanía de la frontera con Chile en Lago Escondido, otorga una posición estratégica que podría atentar contra la defensa nacional».

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Gremios

ATE y la CTA Autónoma marchan al Lago Escondido

Exigen al Gobierno de la provincia y a Lewis cumplir con los fallos judiciales.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la CTA Autónoma y otras organizaciones marcharán este martes (31/01) por las calles principales de Bariloche hasta el Centro Cívico, y desde allí se movilizarán hasta el camino de Tacuifí sobre la Ruta Nacional N° 40 a la altura de El Foyel, donde intentarán llegar hasta Lago Escondido.

«De esta manera, buscamos visibilizar su reclamo para que el Gobierno de Río Negro cumpla con los fallos judiciales que lo ordenan acondicionar las vías de acceso al espejo de agua», señaló Rodolfo Aguiar, Secretario Adjunto Nacional de ATE.

ATE y la CTA Autónoma impulsan la actividad junto a organizaciones sociales, sindicales y políticas, entre ellas FeNaT, Unidad Popular, FIPCA y CTA de los Trabajadores. «La marcha va a ser multitudinaria. Tenemos que poner en jaque a Lewis y al gobierno rionegrino. También decirle a Nación que no se sigan haciéndose los distraídos», agregó Aguiar.

«La sociedad ilícita compuesta por jueces, fiscales y empresarios que se reúnen en la mansión Lago Escondido comienza a tener fisuras. El creciente consenso social debilita el apoderamiento ilegal de nuestras tierras y el saqueo de nuestros recursos en la Patagonia», añadió el dirigente.

«Será la séptima vez que con ATE y la CTA Autónoma intentemos arribar a las costas apropiadas por Joe Lewis tras la compra irregular de 12.000 hectáreas de frontera a partir de 1996. Esa maniobra fue investigada en una causa cerrada por prescripción en octubre pasado con la firma de Carlos Mahíques, uno de los jueces involucrados en el chat con autoridades de Clarín y funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta, a pesar de numerosas pruebas contra los imputados», detalló Aguiar.

«Hemos solicitado la intervención de las fuerzas federales de seguridad del gobierno nacional y pusieron en marcha su andamiaje legal para garantizar que ningún manifestante sea amenazado en el trayecto, como ocurrió el año pasado con 50 jinetes a punta de pistola», sostuvo.

Cabe recordar que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche ordenó en octubre a Vialidad Rionegrina a abrir y otorgar transitabilidad al camino de Tacuifí, señalizar el camino de montaña y realizar todas las actuaciones administrativas para que ningún ciudadano que quiera acceder a las costas de dominio público sufra hechos de inseguridad. Este fallo fue apelado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

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