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Judiciales

EdERSA deberá indemnizar con casi $200.000 a una mujer que se accidentó por un bicicletero mal ubicado

Fue en la vereda de las oficinas comerciales de la empresa, sobre calle Villegas. La víctima sufrió una incapacidad del 42%.

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La Cámara Civil de Apelaciones de Roca elevó la indemnización a favor de una mujer que sufrió graves lesiones en una pierna a raíz de un “bicicletero” mal ubicado en la vereda de una oficina pública de esa ciudad. En primer lugar, el monto a pagar era de $60.000, pero tras la apelación de la víctima, ahora lo elevaron a $184.545.

El fallo de primera instancia había dado la razón a la damnificada, una modista jubilada de 65 años, y había condenado por su “responsabilidad objetiva” a la empresa EdERSA a indemnizar a la señora con $60.000 ($10.000 por daños materiales y gastos y $50.000 por daño moral), más intereses. Pero la Cámara, en instancia de apelación, amplió los montos al incorporar la “incapacidad laboral” sufrida por la mujer y el costo de una nueva operación a la que deberá someterse como consecuencia de los persistentes dolores.

El accidente ocurrió en diciembre de 2010, pasadas las 20 horas, en la vereda de calle Villegas donde tiene sus oficinas la empresa de energía eléctrica EdERSA. De acuerdo con la demanda, la mujer “al pretender ascender al vehículo que iba a abordar, introdujo un pie en el bicicletero existente en la vereda” y sufrió severas lesiones. La caída le produjo pérdida de conocimiento y una triple fractura de tobillo. Estuvo internada durante 15 días y le colocaron una placa con ocho tornillos para estabilizar el pie. De todos modos, según las pericias médicas, desde entonces la mujer no puede permanecer por mucho tiempo de pie, “no puede deambular con normalidad ni por trayectos que superen los 50 metros”. Tampoco puede conducir vehículos con caja manual por no poder usar el embrague.

En su apelación la mujer pidió que se le reconozca la incapacidad física derivada del incidente, no contemplada en primera instancia, así como los gastos de kinesiología e intervenciones médicas futuras.

La empresa, por su parte, apeló por considerar “abritraria” la primera sentencia e intentó revertir la responsabilidad afirmando que no se acreditó la mecánica del hecho ni se probó algún grado de peligrosidad en la ubicación y condiciones en las que se encontraba el bicicletero, entre otros fundamentos.

La Cámara, en el voto rector del juez Víctor Darío Soto y la adhesión de su par Gustavo Martínez, recordó que para el régimen de responsabilidad civil argentino, una cosa inerte (en este caso el bicicletero), puede ser “fuente del perjuicio cuando pese a ser ‘mecánicamente pasiva’ ha sido ‘causalmente activa’ (…) del daño, cuando la anormalidad de su situación o ubicación circunstancial crea la probabilidad y consecuente previsibilidad de una contingencia dañosa”. Dicha afirmación era válida según el Código Civil vigente al momento del hecho y se mantiene en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, aclaró el fallo.

“No se trata propiamente de tipificar a una cosa de peligrosa o no per se, sino de considerar (…), después de sucedido el hecho dañoso, de qué manera se produjo el perjuicio y si la cosa de por sí sola era idónea para provocarlo, podía normal o regularmente llegar a producirlo, de acuerdo al curso natural y ordinario de los acontecimientos”, precisó el Tribunal en su sentencia.

Se analizó además que incluso si el bicicletero “se encontraba reglamentariamente colocado, esa circunstancia no exime de considerar la incidencia del riesgo” y “en todos los casos, siempre queda en la órbita del obligado por el riesgo (en este caso EdERSA) enervar la presunción acreditando la culpa de la víctima, el hecho de un tercero o la fuerza mayor; más eso no se ha logrado, en mi consideración, en el caso de autos”.

La Cámara tuvo por acreditado que la mujer sufrió una incapacidad del 42% como consecuencia del hecho, que se tradujo en un “menoscabo físico en todas las esferas de su vida de relación”, además de la laboral. Ese rubro, sumado al de tratamiento y cirugía futura, elevó la indemnización global a $184.545, que deberán ser actualizados según los intereses establecidos por el Tribunal.

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Judiciales

Deberán indemnizarlo con más de 4 millones luego de que lo atacaron en la vereda de un conocido bar

La víctima estuvo 17 días internado con traumatismo de cráneo y rostro. La condenada es la sociedad que administró el pub.

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El cliente de un pub de Cipolletti que fue atacado en la vereda percibirá una indemnización mayor a la fijada inicialmente. Mientras el personal de seguridad estaba desalojando el local, el hombre recibió un golpe en el rostro que le causó múltiples fracturas. Con el reajuste, la indemnización supera los 4 millones y medio de pesos.

La sentencia de primera instancia sostuvo que el titular o concesionario de una discoteca debe velar porque ni las prestaciones o servicios brindados, ni los objetos o dependientes suyos, ni la actividad, desórdenes y pasiones que genera el objeto propio de su quehacer comercial provoquen daños en las personas o los bienes de sus clientes. «Como derivación de la obligación legal de seguridad impuesta por el citado art. 5 de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.440 el titular de la disco debe asegurar la salida de sus cocontratantes sanos y salvos, esto es, en la misma forma que ingresaron al local», se cita en el fallo.

También se consignó en esa resolución que la obligación del «deber de seguridad» incluye la zona de ingreso y egreso, como en este caso, puesto que el episodio ocurrió en la vereda.

El hombre que resultó herido había concurrido al local bailable que funcionó bajo el nombre de Única, ubicado en la intersección de las calles Fernández Oro y Miguel Muñoz de Cipolletti. Allí se generaron disturbios entre algunos de los clientes y, tras la expulsión de los involucrados por parte del personal de seguridad, el damnificado recibió de manera imprevista un golpe de puño en su rostro que le causó una caída al piso, con traumatismo de cráneo y rostro.

Estuvo 17 días internado y debieron colocarle una placa con tornillos. El perito dictaminó que el paciente presentó secuelas anatómicas y funcionales con una incapacidad laborativa parcial y permanente del 15%.

En la apelación, un segundo fallo reajustó el rubro de incapacidad y fijó una suma de dinero por los gastos médicos y de farmacia. El monto total se fijó en la suma de $4.537.616,14 y la condenada es la sociedad que administró el pub.

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Judiciales

Sufría violencia de género y la echaron de la Policía: Un fallo confirmó la indemnización

Además, la Justicia exige capacitación obligatoria para toda la institución policial.

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Una joven policía del Alto Valle fue desafectada de la fuerza porque la violencia doméstica y de género que padecía afectó su rendimiento. El día del ataque más grave, el agresor la golpeó, le quitó el arma reglamentaria y finalmente se suicidó. En respuesta, la institución le inició un sumario por negligencia en el cuidado de la pistola y finalmente la dio de baja, al dar por desaprobado su primer año de período de prueba en la fuerza de seguridad.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó el fallo de la Cámara Laboral que declaró nula la resolución de la baja, ordenó su reincorporación y una nueva evaluación de su desempeño con perspectiva de género, dispuso una indemnización por daño moral para la mujer y condenó a la institución a dictar capacitaciones internas.

El caso se juzgó ante la Cámara Segunda del Trabajo de Roca que dictó la sentencia en mayo del año pasado. Luego, la provincia de Río Negro presentó un recurso ante el STJ. Discrepó con el monto de la indemnización que el Tribunal había fijado en $1.500.000 con intereses y en la obligación que le impuso a la fuerza de capacitarse en materia de género.

La provincia, en representación de la Jefatura de Policía, remarcó algunos cambios en la institución que fueron posteriores al despido de la mujer, ocurrido en 2015, y entre ellos mencionó la Resolución N° 8178-JEF-2021 que convocó a un curso abierto de la Ley Micaela.

El STJ, por unanimidad, confirmó la indemnización económica y, por mayoría, mantuvo la capacitación obligatoria para toda la institución.

Se destacó en el fallo que la condena impuesta tiene base normativa -la Ley Nacional N° 27.499, más conocida como Ley Micaela y promulgada en enero de 2019, y la Ley de adhesión provincial N° 5410- y se sustenta en los hechos que el Tribunal de juicio tuvo por acreditados en la causa. También se recalcó que es un tema de gran relevancia social, que debe merecer especial atención por parte de la Jefatura policial.

Se remarcó además que la sentencia de la Cámara Laboral no hace más que ordenar el cumplimiento de lo que la ley impone como obligación a todas las personas que integran los tres poderes del Estado. En ese aspecto se resolvió que en caso de que el personal policial ya haya recibido las capacitaciones en materia de violencia laboral y de género, tal como se argumentó en el recurso, esa circunstancia deberá ser acreditada en el expediente en la etapa de ejecución de la sentencia.

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Gremios

ATE y la CTA Autónoma marchan al Lago Escondido

Exigen al Gobierno de la provincia y a Lewis cumplir con los fallos judiciales.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la CTA Autónoma y otras organizaciones marcharán este martes (31/01) por las calles principales de Bariloche hasta el Centro Cívico, y desde allí se movilizarán hasta el camino de Tacuifí sobre la Ruta Nacional N° 40 a la altura de El Foyel, donde intentarán llegar hasta Lago Escondido.

«De esta manera, buscamos visibilizar su reclamo para que el Gobierno de Río Negro cumpla con los fallos judiciales que lo ordenan acondicionar las vías de acceso al espejo de agua», señaló Rodolfo Aguiar, Secretario Adjunto Nacional de ATE.

ATE y la CTA Autónoma impulsan la actividad junto a organizaciones sociales, sindicales y políticas, entre ellas FeNaT, Unidad Popular, FIPCA y CTA de los Trabajadores. «La marcha va a ser multitudinaria. Tenemos que poner en jaque a Lewis y al gobierno rionegrino. También decirle a Nación que no se sigan haciéndose los distraídos», agregó Aguiar.

«La sociedad ilícita compuesta por jueces, fiscales y empresarios que se reúnen en la mansión Lago Escondido comienza a tener fisuras. El creciente consenso social debilita el apoderamiento ilegal de nuestras tierras y el saqueo de nuestros recursos en la Patagonia», añadió el dirigente.

«Será la séptima vez que con ATE y la CTA Autónoma intentemos arribar a las costas apropiadas por Joe Lewis tras la compra irregular de 12.000 hectáreas de frontera a partir de 1996. Esa maniobra fue investigada en una causa cerrada por prescripción en octubre pasado con la firma de Carlos Mahíques, uno de los jueces involucrados en el chat con autoridades de Clarín y funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta, a pesar de numerosas pruebas contra los imputados», detalló Aguiar.

«Hemos solicitado la intervención de las fuerzas federales de seguridad del gobierno nacional y pusieron en marcha su andamiaje legal para garantizar que ningún manifestante sea amenazado en el trayecto, como ocurrió el año pasado con 50 jinetes a punta de pistola», sostuvo.

Cabe recordar que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche ordenó en octubre a Vialidad Rionegrina a abrir y otorgar transitabilidad al camino de Tacuifí, señalizar el camino de montaña y realizar todas las actuaciones administrativas para que ningún ciudadano que quiera acceder a las costas de dominio público sufra hechos de inseguridad. Este fallo fue apelado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

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