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Poderes del Estado debatieron avances en la Ley de Salud Mental

Ultiman detalles para crear el órgano de revisión de salud mental en el ámbito de la provincia de Río Negro.

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En la mañana de ayer (18/04) la Procuración General fue sede de una reunión de la que participaron referentes de los tres poderes del Estado provincial, convocada para avanzar en la creación del órgano de revisión de salud mental en el ámbito de la provincia de Río Negro. Sobre este tema debatieron los principales referentes de la Justicia, el Ministerio de Salud y los presidentes de los bloques legislativos. Estos últimos se comprometieron a impulsar en el recinto avances concretos en el término de los próximos dos meses.

Encabezada por el Procurador General Jorge Crespo, quien representó al Poder Judicial junto a la Jueza del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini y la Defensora General, Rita Custet; el encuentro contó con la presencia de la Secretaria Ejecutiva del Órgano de revisión de Salud mental de la Nación, la Lic. Graciela Iglesias quien explicó cuál es la razón de ser de este armado intersectorial en pos de una mejor calidad de vida de los usuarios de salud mental.

“No es menor para el Ministerio Público reunir a los tres poderes del Estado en este ámbito y esto se logra por la importancia del Órgano de Revisión de Salud Mental que atraviesa a la sociedad completa y a todos nosotros de una manera amplia y global”, expresó Crespo al dar apertura al encuentro.

“La presencia de ustedes, del Poder Ejecutivo a través del ministro de Salud, Fabián Zgaib; de la Legislatura a través de los presidentes de Bloque y la Justicia, en cabeza de dos mujeres que han hecho tanto por el tema, como la Jueza Piccinini y la Defensora General; da significación y pone en valor lo que aquí vamos a tratar: la constitución de un órgano encargado de la protección de los derechos humanos de los usuarios del servicio de salud mental”, agregó.

Iglesias fue quien inició el debate, explicando que era una obligación del Órgano que encabeza la promoción y acompañamiento a las provincias para lograr el alcance de los estándares de orden público que la Ley Federal de Salud Mental N° 26.657 impone. “Esta provincia tiene una particularidad muy fuerte porque la ley nacional se creó tomando aspectos de la Ley de salud mental de Río Negro, señera en la temática y que ha sido ejemplar en cuanto a la impronta que le ha dado el Poder judicial para lograr nuevos alcances.”

Liliana Piccinini en tanto, celebró la instancia de construcción alcanzada que deja atrás un camino de temores por parte del Estado. “Cuando hablamos de Órgano de revisión estamos hablando de transversalidad, un espacio donde todos convergen, donde todos encuentran un límite a su función, que no viene a generar ningún cataclismo institucional y político sino a darnos un marco para que cada uno de nosotros intervenga”, expresó.

Destacó que la provincia de Río Negro ha sido pionera en la temática de salud mental, instando en ese sentido a un próximo encuentro en el seno de la Comisión Interpoderes creada en el marco de la Ley provincial de Salud mental, para continuar avanzando en este sentido.

El encuentro se extendió por el término de dos horas en las que los legisladores Graciela Valdevenito, quien preside la mencionada comisión, Daniela Agostino, Alejandro Marinao, Mario Sabatella y el Ministro de Salud, Fabián Zgaib requirieron más información y expresaron su visión acerca del tema.

Además contó con la presencia de una usuaria del sistema de salud mental quien dio a conocer su experiencia personal, destacando la importancia de la intervención interdisciplinaria en el tratamiento de este tipo de padecimiento.

“Supervisar derechos no es sustituir sectores”

La Lic. Graciela Iglesias abrió el debate acerca de la adecuación de la Ley de Salud Mental provincial a los estándares de calidad previstos en la Ley Nacional, que insta a la creación de este órgano intersectorial necesario para “supervisar el sistema de salud mental que, al mismo tiempo, lo nutre, porque trabaja en la intersectorialidad incidiendo así tanto en derechos específicos como en políticas públicas”.

La Defensora General Rita Custet, agregó a ello que esta instancia que se abre con más fuerza a partir de la convocatoria realizada por la Procuración General permitirá que el Estado provincial pueda garantizarle a los rionegrinos políticas intersectoriales que promuevan el goce de derechos adecuados a estándares de salud mental”.

“Es un tema que atraviesa e importa a la comunidad toda ya que una de cada cuatro personas es susceptible a padecer alguna crisis de salud mental y ante la firmeza de este número hoy, los referentes judiciales, no contamos con un órgano de consulta que pueda garantizarle a ellos que estemos cumpliendo con los estándares de debido proceso establecido por las convenciones de Derechos Humanos internacionales”, explicó Custet.

En relación a la provincia de Río Negro, Iglesias manifestó en reiteradas oportunidades que la misma es “representativa en toda Latinoamérica por haber tenido la primera ley de desmanicomialización”, aunque fue enfática en cuanto a que ello “no implica no tener manicomios, sino tener una lógica atravesada por la intersectorialidad, reconociendo los derechos de los usuarios de salud mental”.

En este sentido destacó la impronta que en este tema ha dejado el Poder Judicial, tanto a través de la Defensa Pública como del Superior Tribunal de Justicia. “No hablamos aquí sólo de salud; estamos implicando a Desarrollo Social, Educación y a la justicia porque lo que se requiere es intersectorialidad para cambiar la mirada y las prácticas en un camino en el que nada es radical”, agregó.

Además, comprometió el apoyo del Órgano de Revisión nacional en el proceso rionegrino, en el cual participan desde hace cuatro años, valorizando que deben ser los actores de nuestra región quienes le den una identidad propia a este requerimiento legal.

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Servían el desayuno cuando el colectivo bajó bruscamente a la banquina: Quemaron a la pasajera con el café

Deberán indemnizarla con más de 1 millón de pesos.

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Una pasajera que viajaba desde la provincia de Chubut a Cipolletti sufrió graves quemaduras en medio de un control de tránsito en la Ruta Nacional N° 22. Justo cuando el auxiliar servía el desayuno, el micro detuvo la marcha en Contralmirante Guerrico. El chofer bajó bruscamente a la banquina y el café se volcó sobre las piernas de la joven. Será indemnizada en más de 1 millón de pesos.

Una sentencia del fuero civil de Cipolletti condenó a la empresa de transporte por su responsabilidad en el incidente. El monto de la indemnización se fijó en $1.090.982,72 y la cifra incluye el tratamiento psicológico al que debe someterse la pasajera para superar el episodio, el daño moral y los gastos de farmacia y tratamiento médico. La compañía de seguros también fue incluida en la condena, salvo en la multa civil de $300.000 que se le impuso exclusivamente a Transportes Don Otto S.A.

En ese aspecto el fallo estimó que la empresa incurrió en incumplimientos tanto legales como contractuales. No solo por la maniobra brusca en la conducción del vehículo que provocó la caída del café servido por el auxiliar de la empresa, sino también por la falta de medidas de seguridad para evitar accidentes, y su conducta posterior con un total desprecio por la integridad humana.

Se mencionó que no se derivó a la pasajera a ningún centro de salud cercano al lugar del accidente, a pesar de que el chofer y el auxiliar sabían que la mujer estaba gravemente quemada y manifestaba extremos dolores. «Ello con el único y evidente fin de llegar al destino de Cipolletti, y aun al arribar a esta ciudad, una vez en la Terminal de Ómnibus la empresa demoró más de dos horas en trasladarla a un centro médico asistencial», dice el fallo que todavía no está firme porque puede ser apelado.

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Deberán indemnizarlo con más de 4 millones luego de que lo atacaron en la vereda de un conocido bar

La víctima estuvo 17 días internado con traumatismo de cráneo y rostro. La condenada es la sociedad que administró el pub.

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El cliente de un pub de Cipolletti que fue atacado en la vereda percibirá una indemnización mayor a la fijada inicialmente. Mientras el personal de seguridad estaba desalojando el local, el hombre recibió un golpe en el rostro que le causó múltiples fracturas. Con el reajuste, la indemnización supera los 4 millones y medio de pesos.

La sentencia de primera instancia sostuvo que el titular o concesionario de una discoteca debe velar porque ni las prestaciones o servicios brindados, ni los objetos o dependientes suyos, ni la actividad, desórdenes y pasiones que genera el objeto propio de su quehacer comercial provoquen daños en las personas o los bienes de sus clientes. «Como derivación de la obligación legal de seguridad impuesta por el citado art. 5 de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.440 el titular de la disco debe asegurar la salida de sus cocontratantes sanos y salvos, esto es, en la misma forma que ingresaron al local», se cita en el fallo.

También se consignó en esa resolución que la obligación del «deber de seguridad» incluye la zona de ingreso y egreso, como en este caso, puesto que el episodio ocurrió en la vereda.

El hombre que resultó herido había concurrido al local bailable que funcionó bajo el nombre de Única, ubicado en la intersección de las calles Fernández Oro y Miguel Muñoz de Cipolletti. Allí se generaron disturbios entre algunos de los clientes y, tras la expulsión de los involucrados por parte del personal de seguridad, el damnificado recibió de manera imprevista un golpe de puño en su rostro que le causó una caída al piso, con traumatismo de cráneo y rostro.

Estuvo 17 días internado y debieron colocarle una placa con tornillos. El perito dictaminó que el paciente presentó secuelas anatómicas y funcionales con una incapacidad laborativa parcial y permanente del 15%.

En la apelación, un segundo fallo reajustó el rubro de incapacidad y fijó una suma de dinero por los gastos médicos y de farmacia. El monto total se fijó en la suma de $4.537.616,14 y la condenada es la sociedad que administró el pub.

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Sufría violencia de género y la echaron de la Policía: Un fallo confirmó la indemnización

Además, la Justicia exige capacitación obligatoria para toda la institución policial.

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Una joven policía del Alto Valle fue desafectada de la fuerza porque la violencia doméstica y de género que padecía afectó su rendimiento. El día del ataque más grave, el agresor la golpeó, le quitó el arma reglamentaria y finalmente se suicidó. En respuesta, la institución le inició un sumario por negligencia en el cuidado de la pistola y finalmente la dio de baja, al dar por desaprobado su primer año de período de prueba en la fuerza de seguridad.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó el fallo de la Cámara Laboral que declaró nula la resolución de la baja, ordenó su reincorporación y una nueva evaluación de su desempeño con perspectiva de género, dispuso una indemnización por daño moral para la mujer y condenó a la institución a dictar capacitaciones internas.

El caso se juzgó ante la Cámara Segunda del Trabajo de Roca que dictó la sentencia en mayo del año pasado. Luego, la provincia de Río Negro presentó un recurso ante el STJ. Discrepó con el monto de la indemnización que el Tribunal había fijado en $1.500.000 con intereses y en la obligación que le impuso a la fuerza de capacitarse en materia de género.

La provincia, en representación de la Jefatura de Policía, remarcó algunos cambios en la institución que fueron posteriores al despido de la mujer, ocurrido en 2015, y entre ellos mencionó la Resolución N° 8178-JEF-2021 que convocó a un curso abierto de la Ley Micaela.

El STJ, por unanimidad, confirmó la indemnización económica y, por mayoría, mantuvo la capacitación obligatoria para toda la institución.

Se destacó en el fallo que la condena impuesta tiene base normativa -la Ley Nacional N° 27.499, más conocida como Ley Micaela y promulgada en enero de 2019, y la Ley de adhesión provincial N° 5410- y se sustenta en los hechos que el Tribunal de juicio tuvo por acreditados en la causa. También se recalcó que es un tema de gran relevancia social, que debe merecer especial atención por parte de la Jefatura policial.

Se remarcó además que la sentencia de la Cámara Laboral no hace más que ordenar el cumplimiento de lo que la ley impone como obligación a todas las personas que integran los tres poderes del Estado. En ese aspecto se resolvió que en caso de que el personal policial ya haya recibido las capacitaciones en materia de violencia laboral y de género, tal como se argumentó en el recurso, esa circunstancia deberá ser acreditada en el expediente en la etapa de ejecución de la sentencia.

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