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Judiciales

La Justicia rechazó el amparo de concejales del FpV

Los ediles «soristas» habían reclamado por la situación edilicia de 12 escuelas.

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El Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 1 de la ciudad del Alto Valle rechazó con duras críticas el amparo colectivo presentado por concejales del Frente para la Victoria, que responden al intendente Martín Soria, quienes cuestionaban el estado edilicio de establecimientos educativos de la localidad.

En su resolución, la jueza María del Carmen Villalba sostuvo que “luego de evaluar la situación de cada establecimiento y del informe emanado del Consejo Provincial de Educación, se advierte que éste se encuentra cumpliendo con los trabajos necesarios para garantizar la educación”.

De esa manera, la magistrada fundamentó el carácter absolutamente infundado de las denuncias sobre fallas edilicias que presuntamente ponían “en riesgo la continuidad del ciclo lectivo, en todos los establecimientos escolares de la ciudad de General Roca”, tal cual señalaban los ediles del FpV.

“Analizado el anexo acompañado por la parte actora, se advierte que el mismo contiene una serie de datos respecto del estado de doce establecimientos escolares, sin especificar concretamente la fecha de dichas falencias, ni quiénes constataron las mismas o de dónde surge la información que detallan”, indicó la jueza Villalba en su rechazo al amparo presentado por el concejal Ignacio Casamiquela y sus pares del bloque del Frente para la Victoria en el Concejo Deliberante.

“Se puede agregar que la parte actora también ha incumplido con la carga de activar el procedimiento pues, al encontrarnos en un proceso de amparo, el que es de naturaleza expedita y rápida, implica que la parte demuestre su interés y urgencia, lo que no se ha visualizado”, cuestionó la magistrada.

Entre los distintos fundamentos de su resolución, Villalba remarcó que “en el curso del proceso se ha advertido que el Estado Provincial, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos y el Consejo Provincial de Educación, ha cumplido o se encuentran en vías de solución las obligaciones que estaban a su cargo, debiendo este Tribunal dar por concluido el trámite” de determinar la viabilidad del recurso presentado.

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Robó en una escuela y en menos de un mes fue condenado

El sujeto tenía antecedentes.

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Como tenía antecedentes, un hombre que en julio robó una bomba de agua en una escuela de Cipolletti fue condenado a tres años de prisión efectiva. El caso se resolvió en menos de un mes. En lo que va del año, hubo 852 legajos por delitos contra la propiedad en Río Negro.

Según la acusación, el 28 de julio a la madrugada el condenado saltó la reja del establecimiento educativo Nº 366 de Cipolletti e ingresó al depósito. La escuela funciona en Antártida Argentina 1632. En esas circunstancias, policías de la Subcomisaría 79 observaron al acusado y lo persiguieron. Finalmente fue detenido.

El 26 de agosto se hizo una audiencia de juicio abreviado. El imputado aceptó su participación en el episodio y una jueza de juicio lo condenó a tres años de prisión efectiva. El hombre tenía dos antecedentes con condenas en suspenso.

El hecho fue calificado bajo la figura penal de robo, que es considerado un delito contra la propiedad. En lo que va del año, el fuero Penal de Rio Negro registró 852 legajos por este tipo de delitos. También hubo 309 delitos contras las personas, 302 contra la integridad sexual y 288 contra la administración pública. En esta última categoría se incluyen, por ejemplo, las desobediencias a las prohibiciones de acercamiento en las causas de violencia de género.

Durante el primer semestre de 2022, ingresaron 2.363 legajos a los Foros de Jueces y Juezas de todo Río Negro y se dictaron 546 sentencias. Por su parte, el Tribunal de Impugnación dictó 73 sentencias.

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Causa IPROSS: juicio abreviado y condena firme para dos ex propietarias de una farmacia de Roca

La Justicia estipuló la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional más reglas de conducta.

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Dos ex propietarias de una farmacia de Roca fueron condenadas hoy como coautoras del delito de “estafa agravada por haber sido cometida en perjuicio de la Administración Pública, reiteradas (118 hechos)”. Las defraudaciones fueron cometidas entre diciembre de 2013 y abril de 2019 en perjuicio de la obra social IPROSS, mediante la facturación de recetas falsas.

Las dos mujeres aceptaron su responsabilidad penal en el hecho y prestaron su consentimiento en un juicio abreviado pleno, en el que la Fiscalía, la parte querellante (el Estado Provincial) y los abogados defensores se pusieron de acuerdo para imponerles una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional más reglas de conducta y las costas del proceso. Ante la coincidencia de todas las partes, la tarea del juez Maximiliano Camarda se limitó a realizar un control de legalidad de la propuesta y este jueves dictó la sentencia que homologó el acuerdo, quedando firme la condena de manera automática.

La condena se dictó en el marco de una investigación que tiene a un grupo mayor de personas imputadas por presuntas defraudaciones a la obra social estatal. El resto de las personas investigadas en el legajo no participó del juicio abreviado y su situación procesal dependerá del impulso que den las partes al proceso penal.

Pautas de conducta

Las dos imputadas deberán cumplir 3 años de reglas de conducta. El magistrado advirtió en la lectura de la sentencia que la violación de cualquiera de las pautas puede dar lugar a que la Fiscalía o la parte querellante soliciten la revocación de la condicionalidad de la pena y, en consecuencia, su cumplimiento en prisión se convierta en efectivo.

Las reglas de conducta genéricas establecidas en el acuerdo son fijar y mantener su domicilio, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y realizar presentaciones regulares ante el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados.

Pero además se establecieron reglas de conducta específicas relacionadas con el tipo de delito cometido. Por esa razón, durante tres años las mujeres deberán “abstenerse de integrar cualquier razón social de cualquier tipo de comercio y/u organismo, y/o institución civil que guarde relación directa o indirecta con el rubro comercial, farmacéutico, droguerías o cualquier parte integrante de la cadena de comercialización o provisión de medicamentos y/o sustancias de similares características”.

También deberán “abstenerse de realizar contrataciones de cualquier tipo y/o participar en licitaciones de compra-venta de productos o provisión de servicios de cualquier rubro con el Estado nacional, provincial y/o municipal, como de formar parte de razones sociales que lo hicieren”.

Además, deberán “mantener la inhibición general de bienes” que pesa sobre ambas “hasta tanto queden firmes las cautelares similares que tramitan en el fuero contencioso administrativo”, en los Tribunales de Viedma.

Para garantizar el cumplimiento de las pautas específicas, el juez ordenó informar lo resuelto a la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia, al Registro de Proveedores del Estado Nacional, Provincial y Municipal y a la Secretaría de la Función Pública de Río Negro.

Los hechos

Se acreditó que mediante distintas maniobras “se generaban recetas ficticias de medicamentos” de los planes de cobertura al 100% de IPROSS “que no se correspondían con medicamentos efectivamente vendidos en el mostrador de la farmacia al afiliado”. Las supuestas ventas se cargaban a los sistemas de facturación y previa auditoría por parte de una persona en el Colegio de Farmacéuticos, se remitían liquidaciones con motos falsos a IPROSS para su correspondiente pago.

Según la descripción del hecho, las 118 “maniobras” detectadas en la farmacia que pertenecía a las dos mujeres condenadas “causaron un perjuicio económico estimado en su valor nominal histórico (…) por la suma de $2.983.801,94”.

Fundamentos

El juez Camarda sostuvo en su homologación que “el acuerdo verbalizado en la audiencia” entre todas las partes “encuentra respaldo probatorio en los numerosos elementos de convicción puestos de manifiesto por la fiscalía, sumado a la conformidad prestada por el letrado patrocinante de la parte querellante (la Administración Pública Provincial) para arribar a esta instancia procesal”.

Con esa información, “más la aceptación y confesión de las imputadas, es posible adquirir certeza respecto de la existencia de los hechos reprochados y la autoría de los mismos”.

“Entiendo que resulta admisible homologar el acuerdo de procedimiento abreviado pleno, tal el requerimiento fiscal que fuera aceptado por las respectivas defensas y las imputadas”, concluyó el juez en su resolución.

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Le dijo a su cocinera «Andate, no me servís más»: tendrá que pagar indemnización y multa

La cifra incluye las diferencias salariales adeudadas, proporcionales de aguinaldo y de vacaciones, la integración del mes de despido, una suma por falta de preaviso y otra por la antigüedad.

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Una mujer que se desempeñaba en una confitería de Cipolletti promovió un juicio por todas las irregularidades del vínculo laboral. El día que la despidieron le dijeron: “Andate, no me servís más” y no le pagaron lo que correspondía. La sentencia no solo le dio la razón a la cocinera sino que notificó a los organismos de control al advertir trabajo no registrado.

El caso tramitó ante la Cámara Laboral de Cipolletti pero la parte demandada nunca se presentó al juicio ni a la instancia de conciliación. La mujer probó que trabajó en la confitería por más de tres años. Sus tareas eran la de cocinera y bachera. El local funciona en el centro de Cipolletti bajo la denominación de Galo Gastronomía S.R.L.

El día que la despidieron le pagaron una indemnización menor a la que le correspondía por ley y en tres cuotas. La cocinera y sus compañeros de tareas trabajaban en la informalidad, es decir que no estaban debidamente registrados.

La Cámara Laboral fijó una indemnización por la suma de $661.756,11 más intereses. La cifra incluye las diferencias salariales adeudadas, proporcionales de aguinaldo y de vacaciones, la integración del mes de despido, una suma por falta de preaviso y otra por la antigüedad. Además le aplicaron a la empleadora tres multas por empleo no registrado y por no abonar la indemnización en tiempo y forma. Una de las multas dispone el incremento del cincuenta por ciento calculado sobre las indemnizaciones.

Durante el juicio, se presentaron a declarar dos compañeros de trabajo de la mujer. Ambos acreditaron las circunstancias del despido y afirmaron que ellos tampoco estaban debidamente registrados.

El fallo consideró que, como se advirtió empleo no registrado, la sentencia debía ser notificada a los organismos de control: AFIP, Agencia de Recaudación Tributaria, Secretaría de Estado de Trabajo y Sindicato de Gastronómicos en su sede local “toda vez que dicho comercio continúa en funcionamiento, en el mismo rubro”.

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