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Judiciales

Roca, la ciudad con más procesos laborales en la provincia

En 2017 se sumaron 1.533 nuevos expedientes.

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La dos Cámaras del Trabajo de Roca registraron en 2017 1.533 nuevos expedientes que se suman a los que ya tienen trámite de años anteriores. La Cámara del Trabajo 1 contabilizó 770 expedientes, mientras que la 2 un total de 763.

A nivel provincial, el Fuero Laboral, es decir la totalidad de las seis Cámaras Laborales de toda la provincia, contabilizaron 4.849 expedientes desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017.

Los tipos de procesos más frecuentes en toda la provincia son los trámites ordinarios (que representan el 32,30%) y los juicios por accidente de trabajo (29,58%).

A su vez, las seis Cámaras Laborales de la provincia dictaron 1.437 homologaciones que pusieron fin al conflicto por medio de la conciliación judicial; 930 sentencias definitivas y 874 sentencias monitorias.

En Roca particularmente los jueces de la Cámara Laboral 1 realizaron 878 audiencias: 512 conciliaciones y 366 vistas de causas. Los jueces de la Cámara Laboral 2 hicieron 676 audiencias: 334 conciliaciones y 342 vistas de causas. En total hubo 1554 audiencias.

La Cámara Primera del Trabajo está integrada por los jueces Paula Bisogni, José Luis Rodríguez y Walter Peña. La Cámara Segunda del Trabajo se conforma con los magistrados Silvana Gadano, Edgardo Albrieu y María del Carmen Vicente.

Conciliación laboral extrajudicial: una solución ágil a los conflictos laborales

En 2017 se realizaron 323 conciliaciones laborales “con acuerdo” en toda la provincia de Río Negro. Se trata de un servicio voluntario con un procedimiento ágil, mayormente digital lo que contribuye al ahorro de recursos y tiempo.

En el fuero del trabajo es importante puntualizar la gran cantidad de causas que quedan atrapadas en la conciliación extrajudicial primero, fundamentalmente en Bariloche y Cipolletti, más la conciliación en juicio luego lo que denota inmediatez, presencia personal de los jueces en la solución de los conflictos y celeridad en la resolución de las causas.

Más de 40 mil expedientes en toda la provincia

El suplemento estadístico que elabora el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia (STJ) refleja datos e información desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017. En ese periodo ingresaron un total de 40.214 expedientes en todos los organismos de primera instancia, Cámaras Civiles y Laborales, Tribunal Electoral y Superior Tribunal de Justicia.

El número exceptúa los expedientes en trámite (que ingresaron en años anteriores, por ejemplo), los legajos de los Centros Judiciales de Mediación, los ingresos en los 49 Juzgados de Paz de toda la provincia y las causas penales de transición debido al cambio del Código Procesal Penal. Desde el 1 de agosto de 2017 desapareció el expediente papel en el fuero penal y las causas se administran a través de audiencias orales y públicas con un registro fílmico.

El Fuero Laboral registró 4.848 nuevos expedientes en las seis Cámaras Laborales de toda la provincia. La Cámara del Trabajo de Viedma registró 1.156 expedientes; la Cámara del Trabajo 1 de Roca 770 expedientes; la Cámara del Trabajo 2 de Roca 764; la Cámara del Trabajo 1 de Bariloche 715, la Cámara del Trabajo 2 de Bariloche 612 y la Cámara del Trabajo de Cipolletti 832 expedientes.

Desde el 2013 se implementan en gran parte de los organismos del Poder Judicial de Río Negro Códigos de Buenas Prácticas que permiten contar con herramientas ágiles para la obtención de información uniforme y homogénea en todos los organismos de la provincia. El informe estadístico anual se realiza sobre la base de recolección de datos de forma automática y también manual.

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Judiciales

Deberán indemnizarlo con más de 4 millones luego de que lo atacaron en la vereda de un conocido bar

La víctima estuvo 17 días internado con traumatismo de cráneo y rostro. La condenada es la sociedad que administró el pub.

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El cliente de un pub de Cipolletti que fue atacado en la vereda percibirá una indemnización mayor a la fijada inicialmente. Mientras el personal de seguridad estaba desalojando el local, el hombre recibió un golpe en el rostro que le causó múltiples fracturas. Con el reajuste, la indemnización supera los 4 millones y medio de pesos.

La sentencia de primera instancia sostuvo que el titular o concesionario de una discoteca debe velar porque ni las prestaciones o servicios brindados, ni los objetos o dependientes suyos, ni la actividad, desórdenes y pasiones que genera el objeto propio de su quehacer comercial provoquen daños en las personas o los bienes de sus clientes. «Como derivación de la obligación legal de seguridad impuesta por el citado art. 5 de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.440 el titular de la disco debe asegurar la salida de sus cocontratantes sanos y salvos, esto es, en la misma forma que ingresaron al local», se cita en el fallo.

También se consignó en esa resolución que la obligación del «deber de seguridad» incluye la zona de ingreso y egreso, como en este caso, puesto que el episodio ocurrió en la vereda.

El hombre que resultó herido había concurrido al local bailable que funcionó bajo el nombre de Única, ubicado en la intersección de las calles Fernández Oro y Miguel Muñoz de Cipolletti. Allí se generaron disturbios entre algunos de los clientes y, tras la expulsión de los involucrados por parte del personal de seguridad, el damnificado recibió de manera imprevista un golpe de puño en su rostro que le causó una caída al piso, con traumatismo de cráneo y rostro.

Estuvo 17 días internado y debieron colocarle una placa con tornillos. El perito dictaminó que el paciente presentó secuelas anatómicas y funcionales con una incapacidad laborativa parcial y permanente del 15%.

En la apelación, un segundo fallo reajustó el rubro de incapacidad y fijó una suma de dinero por los gastos médicos y de farmacia. El monto total se fijó en la suma de $4.537.616,14 y la condenada es la sociedad que administró el pub.

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Judiciales

Sufría violencia de género y la echaron de la Policía: Un fallo confirmó la indemnización

Además, la Justicia exige capacitación obligatoria para toda la institución policial.

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Una joven policía del Alto Valle fue desafectada de la fuerza porque la violencia doméstica y de género que padecía afectó su rendimiento. El día del ataque más grave, el agresor la golpeó, le quitó el arma reglamentaria y finalmente se suicidó. En respuesta, la institución le inició un sumario por negligencia en el cuidado de la pistola y finalmente la dio de baja, al dar por desaprobado su primer año de período de prueba en la fuerza de seguridad.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó el fallo de la Cámara Laboral que declaró nula la resolución de la baja, ordenó su reincorporación y una nueva evaluación de su desempeño con perspectiva de género, dispuso una indemnización por daño moral para la mujer y condenó a la institución a dictar capacitaciones internas.

El caso se juzgó ante la Cámara Segunda del Trabajo de Roca que dictó la sentencia en mayo del año pasado. Luego, la provincia de Río Negro presentó un recurso ante el STJ. Discrepó con el monto de la indemnización que el Tribunal había fijado en $1.500.000 con intereses y en la obligación que le impuso a la fuerza de capacitarse en materia de género.

La provincia, en representación de la Jefatura de Policía, remarcó algunos cambios en la institución que fueron posteriores al despido de la mujer, ocurrido en 2015, y entre ellos mencionó la Resolución N° 8178-JEF-2021 que convocó a un curso abierto de la Ley Micaela.

El STJ, por unanimidad, confirmó la indemnización económica y, por mayoría, mantuvo la capacitación obligatoria para toda la institución.

Se destacó en el fallo que la condena impuesta tiene base normativa -la Ley Nacional N° 27.499, más conocida como Ley Micaela y promulgada en enero de 2019, y la Ley de adhesión provincial N° 5410- y se sustenta en los hechos que el Tribunal de juicio tuvo por acreditados en la causa. También se recalcó que es un tema de gran relevancia social, que debe merecer especial atención por parte de la Jefatura policial.

Se remarcó además que la sentencia de la Cámara Laboral no hace más que ordenar el cumplimiento de lo que la ley impone como obligación a todas las personas que integran los tres poderes del Estado. En ese aspecto se resolvió que en caso de que el personal policial ya haya recibido las capacitaciones en materia de violencia laboral y de género, tal como se argumentó en el recurso, esa circunstancia deberá ser acreditada en el expediente en la etapa de ejecución de la sentencia.

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Gremios

ATE y la CTA Autónoma marchan al Lago Escondido

Exigen al Gobierno de la provincia y a Lewis cumplir con los fallos judiciales.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la CTA Autónoma y otras organizaciones marcharán este martes (31/01) por las calles principales de Bariloche hasta el Centro Cívico, y desde allí se movilizarán hasta el camino de Tacuifí sobre la Ruta Nacional N° 40 a la altura de El Foyel, donde intentarán llegar hasta Lago Escondido.

«De esta manera, buscamos visibilizar su reclamo para que el Gobierno de Río Negro cumpla con los fallos judiciales que lo ordenan acondicionar las vías de acceso al espejo de agua», señaló Rodolfo Aguiar, Secretario Adjunto Nacional de ATE.

ATE y la CTA Autónoma impulsan la actividad junto a organizaciones sociales, sindicales y políticas, entre ellas FeNaT, Unidad Popular, FIPCA y CTA de los Trabajadores. «La marcha va a ser multitudinaria. Tenemos que poner en jaque a Lewis y al gobierno rionegrino. También decirle a Nación que no se sigan haciéndose los distraídos», agregó Aguiar.

«La sociedad ilícita compuesta por jueces, fiscales y empresarios que se reúnen en la mansión Lago Escondido comienza a tener fisuras. El creciente consenso social debilita el apoderamiento ilegal de nuestras tierras y el saqueo de nuestros recursos en la Patagonia», añadió el dirigente.

«Será la séptima vez que con ATE y la CTA Autónoma intentemos arribar a las costas apropiadas por Joe Lewis tras la compra irregular de 12.000 hectáreas de frontera a partir de 1996. Esa maniobra fue investigada en una causa cerrada por prescripción en octubre pasado con la firma de Carlos Mahíques, uno de los jueces involucrados en el chat con autoridades de Clarín y funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta, a pesar de numerosas pruebas contra los imputados», detalló Aguiar.

«Hemos solicitado la intervención de las fuerzas federales de seguridad del gobierno nacional y pusieron en marcha su andamiaje legal para garantizar que ningún manifestante sea amenazado en el trayecto, como ocurrió el año pasado con 50 jinetes a punta de pistola», sostuvo.

Cabe recordar que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche ordenó en octubre a Vialidad Rionegrina a abrir y otorgar transitabilidad al camino de Tacuifí, señalizar el camino de montaña y realizar todas las actuaciones administrativas para que ningún ciudadano que quiera acceder a las costas de dominio público sufra hechos de inseguridad. Este fallo fue apelado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

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