Gremios
El Poder Ejecutivo elevó el proyecto de ley para incluir a ATE en la Función Pública
Buscan la modificación parcial de la Ley Nº 3.052.
El Poder Ejecutivo elevó hoy a la Legislatura Provincial el proyecto de ley que propone modificar el Régimen de la Función Pública, sumando un nuevo vocal gremial, entre otros puntos. Específicamente, el proyecto –con Acuerdo General de Ministros- propicia la modificación parcial de la Ley Nº 3.052.
Entre otras cosas, se dispone el cambio en la composición del Consejo Provincial de la Función Pública y Reconversión del Estado, sumando un nuevo vocal gremial -perteneciente a la Asociación Trabajadores de Estado (ATE)-, ya que hasta el momento, ese lugar solo lo ocupa un representante de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). El cuerpo será presidido por el gobernador Alberto Weretilneck y estará constituido por tres vocales del Poder Ejecutivo y otros dos elegidos por cada una de las asociaciones gremiales mayoritarias legalmente reconocidas.
La misma medida se tomará en las composiciones especiales del Consejo Provincial; así como también en la Comisión General Técnica Ejecutiva, el Comité Institucional de Organización y Recursos Humanos, la Junta de Reclamos, la Junta de Disciplina y la Junta Evaluadora Central. El proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo también propicia la modificación de la Ley Nº 3.487, del Estatuto General y Básico.
Entre otras cosas, se dispone la nueva conformación de la Junta de Disciplina, sumando un nuevo vocal gremial; y se establece la división en partes iguales entre ambas organizaciones gremiales del aporte del 0,5% que el Poder Ejecutivo y los entes autárquicos o descentralizados realizan sobre la totalidad de los sueldos del personal amparado por el Estatuto, con destino a la obra social sindical (no comprendida en el régimen de la Ley Nacional Nº22.269) o prestaciones mutuales, beneficios sociales, viviendas sociales, formación y capacitación, promoción educativa y cultural, entre otros.
Del mismo modo, se establece la modificación de la Comisión de Carrera dentro del Consejo Provincial de la Función Pública y Reconversión del Estado, sumando también allí un nuevo representante sindical.
En cuanto a la Ley Nº 4.294, de creación del IPAP, se establece la inclusión en el Directorio, de un referente del otro gremio mayoritario legalmente reconocido, quedando éste conformado por cinco integrantes: tres en representación del Poder Ejecutivo Provincial y dos de los gremios, designando uno por cada uno de ellos.
Argumentos
Entre los considerandos, se destaca la “coexistencia y pluralidad” en materia gremial en el ámbito estatal, señalando que esto “hace a la realidad y actualidad laboral, particularmente en el sector público de cualquiera de las jurisdicciones de nuestro país, en base a lo dispuesto en nuestra Constitución y tratados internacionales a los que adhirió la Argentina, plasmado en el reconocimiento de derecho a una organización sindical libre y democrática”.
Se reconoce que en Río Negro, el gremio ATE “nuclea a una cantidad considerable de agentes, siendo entonces relevante y necesaria su participación oficial en las cuestiones inherentes al personal, tales como discusiones salariales o de convenios colectivos de trabajo, temas disciplinarios, etc.” y se destaca que “en los últimos años, la cantidad de afiliados se incrementó notablemente, deviniendo razonable la representación de los mismos en las mesas de decisiones”.
El Poder Ejecutivo menciona el reconocimiento brindado por el artículo 14 bis la Constitución Nacional al “derecho de los trabajadores a formar parte de organizaciones sindicales libres y democráticas, reconocidas por la inscripción en registros a tales efectos habilitados” y también se señala que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce “el derecho de trabajadores como también empleadores, de conformar las asociaciones que estimen convenientes, debiendo los Estados abstenerse de limitar este derecho y de interferir en sus actividades”.
Del mismo modo, se recuerda que las primeras organizaciones de trabajadores se crearon casi un siglo antes que se dicte la primera norma que intentó regularlas (1943) y que se imponga el régimen de personerías gremiales (1946). En el caso del sector público, el primer sindicato fue ATE, fundado en 1925 y con personería gremial Nº 2 otorgada en 1946; mientras que en 1948 se funda UPCN, otorgándosele personería gremial Nº 95.
Gremios
ATE va al paro general este jueves y amplía la convocatoria a municipales y provinciales
«Este paro tiene varios destinatarios. No sólo el presidente Milei, sino también los gobernadores y senadores que tendrán que tratar la Ley Bases», dijo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) adherirá al paro general lanzado por las centrales obreras para este jueves 9 de mayo y amplió la convocatoria a las tres esferas del Estado: nacionales, provinciales y municipales.
«En la Administración Pública, salvo las guardias mínimas en servicios esenciales, nadie va a concurrir a sus puestos de trabajo. Hay un creciente malestar social, estamos ingresando en una depresión económica que golpea absolutamente a todos los sectores sociales», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. Durante la medida de fuerza, sólo se garantizarán guardias mínimas en los hospitales, centros asistenciales de adultos mayores, adolescentes y niños, y en servicios esenciales para hacer frente a emergencias.
El dirigente evaluó que «en la gente hay una oposición mayoritaria a todas las medidas que impulsa el Gobierno nacional» y detalló que «la reforma laboral que se propone en la Ley Bases configura un retroceso a la última Dictadura Militar. Fue en gobiernos de facto donde se creó un fondo de cese laboral y se puso en disponibilidad a todos los trabajadores».
«Este paro tiene varios destinatarios. No sólo las demandas son para el presidente Milei, sino también para los gobernadores y los senadores que tendrán que tratar la Ley Bases, y para los cuatro o cinco grupos empresarios que en este momento son socios del Ejecutivo nacional», apuntó el secretario general de ATE Nacional.
«Tenemos que pensar para el día que se fije el tratamiento de la ley en el Senado, declarar un paro activo en todo el país. En el caso de ATE, después del 9 de mayo vamos a convocar inmediatamente a nuestras instancias orgánicas para definir nuevas medidas de fuerza y darle continuidad al plan de acción dentro del Estado», concluyó Rodolfo Aguiar.
La medida de fuerza alcanzará a las administraciones públicas de las 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los más de 2.200 municipios de todo el país, los cuales en su gran mayoría son los sectores más postergados en materia salarial.
ATE impulsa el llamado a una huelga general desde hace meses a través de las instancias orgánicas de la CTA Autónoma, central obrera que integra el sindicato estatal, entendiendo que «las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei no solo perjudican al sector público, sino a toda la población en general».
En este marco, el sindicato reclamará por «reincorporación inmediata de todas las y los cesanteados y detención de los despidos, regularización de todos los vínculos contractuales y pase a planta permanente de todas las y los trabajadores, aumento salarial y en las jubilaciones que supere la inflación, rechazo a la restitución del Impuesto a las Ganancias, cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre, rechazo a cualquier privatización de empresas públicas, defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todas las y los
trabajadores jubilados, anulación del Protocolo anti-movilizaciones, cese de las políticas de amedrentamiento hacia las y los trabajadores estatales, no a la restitución del Impuesto a las Ganancias, anulación del DNU 70/23 y rechazo a la Ley Bases».
Gremios
Por asambleas de ATE, este lunes podrían suspenderse vuelos en 24 aeropuertos
«Si hay cancelación de vuelos y perjuicios hacia los pasajeros, no será responsabilidad de los trabajadores. Quieren privatizar hasta nuestro cielo y no lo podemos permitir», dijo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realiza este lunes (06/05) una jornada de lucha que afecta vuelos en 24 aeropuertos de todo el país en rechazo a la media sanción de la Ley Bases, que «pone en riesgo el normal funcionamiento de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)».
«El programa de ajuste del Gobierno golpea fuerte a la aviación comercial y pone en riesgo el sector. Quieren privatizar hasta nuestro cielo y dejar a los trabajadores en disponibilidad, y no lo podemos permitir. Al intento de tercerizar funciones de la ANAC, se le suma el congelamiento salarial. Si se cancelan vuelos, no será responsabilidad de los trabajadores», advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
El sindicato realizará asambleas entre las 8 y las 11 de la mañana, momento en el cual sólo se garantizará la prestación de servicios mínimos esenciales a razón de vuelos de Estado, sanitarios, emergencias, amenazas de bomba y vuelos en desarrollo. En el sector aerocomercial, ATE nuclea a los trabajadores del control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores, administrativos, entre otros.
«Tiene que quedar claro que mientras duren las asambleas, solamente vamos a garantizar los servicios y vuelos que resulten esenciales. Se debe convocar de manera inmediata a la paritaria sectorial y otorgar una recomposición salarial por encima de la inflación. También se debe garantizar que ninguno de los servicios ingrese en proceso de privatización», exigió el dirigente.
Aguiar evaluó que «si se completa la aprobación de la Ley Bases en el Congreso, implicará un grave retroceso para toda la actividad aerocomercial» y concluyó con que «el salario no es ganancia. Rechazamos cualquier intento de que nos vuelvan a cobrar impuestos por trabajar».
La actividad se realizará como parte de la medida de fuerza dispuesta por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).
Gremios
Avanza el proyecto de retiros voluntarios en el Estado rionegrino
Quienes deseen concretarlo podrán percibir entre 5 y 7 salarios juntos, dependiendo de la antigüedad, además de un 50% del haber habitual, durante un año.
En relación a una necesidad planteada por un sector de la administración púbica provincial, y en el marco del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo que impulsa la provincia de Río Negro, se avanza en un esquema de retiros voluntarios de agentes estatales, que brinde las condiciones adecuadas a quienes decidan adherirse.
Se impulsará, en este marco, la readecuación del Régimen General de Desvinculación Voluntaria, previsto en la Ley N° 3135, para que contemple la realidad actual de los agentes públicos. De acuerdo a la propuesta, quienes deseen concretarlo podrán percibir entre 5 y 7 salarios juntos, dependiendo de si cuentan con 10 o más años de antigüedad, además de un 50% del haber habitual, durante un año.
«Se está trabajando para dar respuesta a un porcentaje de agentes que sienten que su pertenencia al Estado se ha terminado, y están buscando alternativas en otros sectores. El Estado ha escuchado este mensaje y ha entendido que tiene que hacer una propuesta bajo el régimen legal vigente actualmente», comentó al programa Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3) el ministro de Gobierno, Trabajo, Modernización y Turismo, Federico Lutz.
En este sentido, Lutz afirmó que «no es la filosofía del partido del gobierno el achique de planta de manera indiscriminada. La visión es la de generar una oportunidad a aquellos agentes que entienden que han culminado su carrera administrativa, y la propuesta alternativa es el retiro voluntario, sin que eso implique la pérdida de sus derechos por haber pertenecido tantos años al sistema».
«Si bien la masa de trabajadores es representativa, no creemos que el Estado Rionegrino requiera de un achicamiento, sino de una mayor eficiencia y una transformación en la relación de empleo», sostuvo.
El funcionario indicó que en los próximos días se estará enviando la propuesta para que sea tratada en la Legislatura Provincial, además de realizarse el cálculo de las erogaciones correspondientes.
«El Estado no puede prescindir de todos sus agentes, con lo cual se establecerá un cupo. Buscamos que sea un beneficio mutuo, sin necesidad de perjudicar la dinámica y la operatividad de la administración. Estamos hablando de un número limitado de agentes y no un retiro masivo», dijo.
