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Opinión

De los diálogos de la zanahoria y lo público

Nota de opinión por Federico Vasches, miembro de la Asociación Argentina de Administración Pública.

Con la llegada a la paternidad uno descubre los nuevos desafíos del día a día, el lenguaje de los niños y las claves necesarias para entender, comprender el mundo de los hijos y así poder aproximarse a criarlos conscientemente.

No sólo pareciera difícil asumir el nuevo rol de padre / madre, sino que lo que abona a complejizar el asunto, es el paradigma niño céntrico, donde el pequeño es el centro de todo y uno debe valerse / hacerse de las herramientas necesarias para poder formarlos empáticos, con conciencia de clase, asertivos, buenas personas, sensibles, exitosos, generosos, entre otras cualidades esperadas.

Entonces uno apela y recurre a cuanta ayuda consiga, cuentos de hadas, historias valientes y fábulas de animales, comienzan a acompañarnos para motivar a nuestros hijos y despertar en ellos, lo que suponemos deben ser y alcanzar.

Una fábula bastante conocida, utilizada muchas veces de metáfora (casi que de la vida misma), es la de la zanahoria y el burro, la que de alguna forma pretende dejarnos el mensaje de que no debemos trabajar para otros, sino esforzarnos por conseguir nuestros sueños.

Ahora bien, como la mayoría de las cosas, esta simpática fábula puede encontrar relevancia si se la piensa en clave de lo público, la administración y la política.

A continuación, algunas sugerencias para comprender este fenómeno:

  • Podemos proponer que esta fábula de la zanahoria en lo público, se presenta en formato de diálogo de la zanahoria, el cual no es ni más ni menos que la promesa de hacia dónde vamos en lo institucional tanto interno (en el trato con el personal), como externo en los (servicios públicos) y en lo político (particularmente en lo partidario)
  • En estos diálogos de la zanahoria, conversan los ciudadanos / usuarios de servicios públicos, los empleados públicos y los militantes, con los representantes, funcionarios y dirigentes políticos
  • No todos los proyectos son colectivos, sino que muchos tienen aspecto de, pero son profundamente personales o para privilegiar grupos demasiado pequeños
  • Entonces no es lo mismo la motivación estrictamente personal que las que pretenden conquistas colectivas, así los diálogos de la zanahoria ensayan convencer para que ganen algunos pocos
  • El común denominador es la resignación, el dejar de intentar, de tratar: es que si bien el ciudadano no está preso de sus representantes recibe el resultado de su gestión en forma de Servicio Público; mientras que el empleado público / administrativo tiene una relación con la institución por sobre el funcionario, aunque la relación con éste incide en su ingreso mensual; y para el caso de los militantes muchas veces se resume su potencialidad de participación dentro del espacio político en cuán bien le cae al dirigente político de turno

Si bien el panorama no es muy auspicioso, conviene estar atento y prestar atención a tres situaciones que por simpáticas, no son menos paradójicas. Ya que mientras se atenta constantemente contra la posibilidad de acuerdos en estos tres ámbitos y prospera la imposición, casi en simultáneo y con la fuerza del descubrimiento novedoso, se escuchan anuncios de:

  • Planes de capacitación y/o formación para la profesionalización del empleado público, y por ende de la mejora de la prestación de los servicios públicos. Cuando quizá lo que haya que hacer en primera medida es escuchar lo que tengan que decir.
  • Herramientas y espacios de participación ciudadana y vecinal, en la creencia de que todos deben encontrar lugares legítimos donde interactuar. Cuando muchas veces lo que sucede es que los vecinos ya se acercan a los funcionarios o a las gestiones de gobiernos y éstas no saben o no quieren hacer nada con este reclamo, sugerencia, participación.
  • Inauguraciones de espacios políticos, campañas de afiliaciones masivas, lanzamientos de nuevas agrupaciones políticas con los mismos dirigentes de siempre. Cuando lo que puede estar sucediendo es una renovación de imagen pública de tal o cual dirigente político que se sube a la ola del momento, para darse un empujón y buscar renovar el crédito con los militantes que ya lo conocen y que pueden llegar a estar medio disgustados con él.

Lo importante de todo esto es poder comenzar a observar con ojos de conocedor y dejar la zanahoria para las ensaladas y no para tomar decisiones.

Federico Vasches.
Miembro de la Asociación Argentina de Administración Pública – DNI 32.991.877.

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Opinión

Sobre la reforma ambiental del Código Penal, los jóvenes decimos “No hay planeta B”

Nota de opinión por J. Ernesto Montecino Odarda, Abogado Especialista en Derecho Ambiental y Secretario General de la Juventud del Partido RIO.

Se ha presentado un proyecto de reforma del Código Penal argentino en el Congreso de la Nación que propone la incorporación de un Capítulo denominado “Delitos contra el Ambiente”. De esta forma se determinará qué tipo de conducta es considerada delito y se establecerá la pena que corresponda para tal caso.

En principio, veo positivo que el texto penal fortalezca la tutela del ambiente. De lo leído surge que se estipula incorporar delitos como el maltrato y la crueldad animal, la contaminación de la atmósfera, suelos y fuentes de agua, las afectaciones a la biodiversidad, los bosques nativos y las especies en peligro de extinción, así como también se aspira a fortalecer la custodia del patrimonio genético, arqueológico y paleontológico de la Nación.

Ahora bien, las políticas del gobierno nacional van -desde el comienzo- en sentido contrario a la protección del ambiente debido a su complicidad con las grandes empresas contaminantes. Por ejemplo, en las causas vinculadas a la megaminería, el fracking, las fumigaciones, la contaminación hídrica, o la apropiación ilegítima de los bienes naturales comunes, no se cumplen ni se hacen cumplir las normas ambientales ya existentes.

Se necesitan penas fuertes, eso es cierto. Pero en lo relativo al ambiente y a la magnitud de los daños que pueden generarse, lo principal es la prevención y el apego al principio precautorio establecido por la Ley 25.675. Esta norma obliga a no postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente cuando haya peligro de daño grave o irreversible, aún en ausencia de información o certeza científica al respecto.

En síntesis, esta iniciativa ha encendido muchísimas alarmas. Es por esto que exigimos que el avance del proyecto se haga con una amplia participación de las organizaciones sociales y ambientalistas, así como también exigimos la correspondiente información para que las y los miles de jóvenes que nos preocupamos por la calidad del entorno en que vivimos, podamos ser escuchados.

J. Ernesto Montecino Odarda.
Abogado Especialista en Derecho Ambiental y Secretario General de la Juventud del Partido RIO.

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Opinión

La percepción del riesgo y la problemática ambiental

Nota de opinión por Álvaro Vicente López, Ing. Agr. Esp. en Desarrollo Humano.

En general, cuando una persona empieza a trabajar, no piensa en la jubilación, ya que parece algo lejano en el tiempo. No es muy relevante si trabajamos en negro, si nos hacen la mitad de los aportes, y en el caso de que trabajemos por cuenta propia, realizamos el menor de los aportes posible. Pero luego, a los 35 – 40 años, vemos a nuestros padres, parientes o amigos que se jubilaron y que sufren el no haber hecho aportes, el no haber estado en blanco y nos empezamos a preocupar por nosotros mismos.

¿Llegaremos a los 65 con los aportes necesarios? ¿Nuestros empleadores hicieron bien las cosas? Empezamos a percibir el riesgo, lo futuro nos empieza a inquietar. Luego a los 50 -55 años nos interesa, no solo si estamos aportando al sistema previsional, sino también cuanto estoy aportando, para lograr una buena jubilación. En síntesis, cuanto más avanzamos en nuestra vida más nos preocupa lo que va a pasar cuando no dependamos de nuestra fuerza laboral y sí de nuestra jubilación. Lo primero que podemos observar en este caso es que hay una percepción del riesgo, que al incrementarse nuestra edad, se torna más palpable, más tangible y empezamos a preocuparnos y buscar distintas alternativas posibles para resolverlo.

En el caso de la problemática ambiental, en este momento, no percibimos el riesgo de que el mundo se va a volver inhabitable en muchas de sus regiones; que van a morir millones de personas por falta de alimentos, agua, inundaciones o sequías; que se pierde biodiversidad y con ella, la capacidad de autorregulación de la biosfera; que el mar subirá por el derretimiento de hielos avanzando sobre grandes territorios; que la basura se volverá ingobernable, etc.

El riesgo no lo vemos, no lo percibimos. ¿Por qué? Porque sostenemos altos niveles de consumo que satisface nuestra necesidad de tener más y más; porque tenemos pantallas que nos entretienen todo el día; porque los gases de efecto invernadero son invisibles, inodoros y no palpables, y como dice el dicho “ojos que no ven, corazón que no siente”.

Los científicos dicen que tenemos que cambiar, hay numerosos informes que plantean el daño irreversible que nos estamos haciendo y las consecuencias del mismo, pero, las tapas de los diarios, hablan sobre el riesgo país, sobre el dólar, sobre si es mejor Fernandez – Fernandez, Macri – Pichetto o si la selección ganó o perdió. A los medios la crisis ambiental no le interesa, algo que tiene que ser tapa de los diarios, el centro de las noticias, no lo es. Hay que afectar la opinión pública, hay que modificar la agenda de gobierno, hay que ver el riesgo y empezar a actuar, porque el cambio climático no tiene vuelta atrás, el resto es vanidad.

Álvaro Vicente López.
Ing. Agr. Esp. en Desarrollo Humano.

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Opinión

El salario no es ganancia

Nota de opinión por Flavio Fernández, Prof. de Historia y Lic. en Educación.

Es probable, que los legisladores en todos los niveles, sea nacional o Provincial, quieran imponer una nueva filosofía con respecto a los que son las retribuciones en este mundo capitalista. Para esto los que conocemos el pasado, podemos ayudar, para que sigan cometiendo “errores” del pasado.

Es primordial hacer una revisión conceptual y epistemológico del concepto de remuneración que, si bien reviste un carácter oneroso, es el fruto del esfuerzo del trabajador a favor de otra persona (empleador) y bajo ningún concepto lo obtenido por poner su fuerza de trabajo, se puede denominar como una retribución del capital; la ganancia.

El análisis para sostener que el salario o la remuneración no es una ganancia, debe realizarse desde la óptica conceptual y jurídica, no económica ni tributaria.

El abordaje de este emblemático tributo a los salarios que forman la 4ª categoría, debe examinarse desde lo conceptual, exactamente al igual que la Corte Suprema abordó el fallo “García”, conceptualizando que es una “jubilación” y a partir de eso analizar el marco jurídico constitucional haciendo principal hincapié en lo conceptual y epistemológico.

Antes de abordar este tema. Debemos saber conceptualmente ¿qué es la ganancia y qué es el salario?

Ganancia o Riqueza: Es la retribución que obtiene el capital. Vale decir, el valor que obtienen los dueños de empresas surgido del exceso de ingresos sobre gastos, de una transacción, operación o actividad económica.

El Impuesto a las Ganancias: Es un impuesto creado por la Ley N°20.628, y es un tributo nacional y anual que grava la obtención de una renta.
Renta: Es sinónimo de ganancia obtenida.

Salario o Sueldo: Ambos conceptos son sinónimos de remuneración.

Remuneración: Es la principal obligación que tiene el empleador hacia su dependiente o asalariado como contraprestación de las tareas desempeñadas o a cambio de su fuerza de trabajo.

La remuneración, si bien reviste carácter oneroso, es el fruto del esfuerzo del trabajador a favor de otra persona (empleador), este esfuerzo es vital para la subsistencia del trabajador en su vida cotidiana y bajo ningún concepto de la sana lógica lo obtenido por poner su fuerza de trabajo es una ganancia.

Dada su importancia y el carácter alimenticio que representa la remuneración para el trabajador, la legislación laboral ha desarrollado un gran control para resguardar el derecho a que el trabajador la perciba de manera íntegra y oportuna, al mismo tiempo que la protege frente al empleador, a los acreedores del empleador, frente al propio trabajador, frente a los acreedores del trabajador y por supuesto, frente al Estado.

Con el objetivo de preservar el Principio de Intangibilidad de la remuneración y en garantía de que sea percibida en forma efectiva por el trabajador, la Ley de Contrato de Trabajo fija una serie de formalidades que deben respetarse. Una de ellas es la que establece limitaciones a compensaciones, retenciones y descuentos.

Como primera medida el impuesto a las ganancias va en contra de la Ley de Contrato de Trabajo, Nº 20.744, lo que refiere al artículo 103 que proyecta la definición de remuneración y el capítulo IV del título IV de la LCT que contempla la tutela de la remuneración y la prohibición de efectuar retenciones o compensaciones sobre los salarios.

Esta prohibición tiene su antecedente en el denominado “truck system”, modalidad que se utilizaba en la antigüedad y que obligaba al trabajador a recibir mercadería como prestación a cuenta del salario en dinero; es decir los “famosos” pagos en “especie”. Esta modalidad representaba una verdadera disminución salarial, distorsión que justificó la imposición de una serie de límites legales a cualquier retención, deducción o compensación sobre la remuneración en dinero.

Las palabras “retención”, “deducción” y “compensación”, si bien hacen referencia a conceptos semánticamente diferentes entre sí, resultan equivalentes a los fines de la prohibición legal.

La “retención” es la quita de una porción del salario del trabajador.

La “deducción” representa el acto mismo de descuento de una suma líquida, imputándola a uno o más débitos atribuidos al trabajador.

Por último, la “compensación” consiste en la extinción de una porción de la obligación salarial por vía de la cancelación, hasta su concurrencia, con un crédito titularizado por el empleador.

La legislación laboral, ha prohibido efectuar retenciones o compensaciones sobre los salarios, con el fin evidente de que el mismo llegue integro a poder del trabajador, esta prohibición, si bien no es absoluta, la propia Ley de Contrato de Trabajo fija excepciones dentro de las cuales, no está contemplado el impuesto a las ganancias (art. 132 LCT)

Entonces, partiendo de esta diferencia, plantear que el salario es ganancia es una deformación cuyo resultado es la expoliación de la remuneración de los trabajadores, principal fuerza de movimiento económico del país.

Una de las opciones viables, eliminando el impuesto a las ganancias de los asalariados y manteniendo el equilibrio en las arcas del Estado, sería establecer el impuesto a la renta financiera con un mínimo imponible que no alcance la clase media o promedio medio laboral.

El salario de los trabajadores bajo ningún concepto representa una riqueza o una ganancia, es una suma de dinero en contraprestación de poner su fuerza de trabajo para otra persona, eso no es riqueza, ni se gana nada, simplemente es una la obtención en dinero o es especie de realizar un esfuerzo, corporal o intelectual.

Bajo ningún concepto legal podemos comparar un impuesto que grava una renta o riqueza de una actividad lucrativa laboral, que responde a otra naturaleza que es todo lo contrario a una riqueza, sino a una necesidad humana que dignifica al propio ser humano.

La Constitución responde en su Art. 14 bis donde también menciona al salario, lo incorpora dentro del marco protectorio que le asigna al trabajo cuando establece que “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes”. En este artículo se menciona al salario de tres maneras diferentes.

En primer lugar, lo menciona como “retribución” cuando establece “retribución justa”; luego lo denomina como “salario”, cuando establece el carácter alimentario, con la instauración del “salario mínimo vital y móvil”; y por último lo menciona como “remuneración” al establecer el principio de “igual remuneración por igual tarea”.

Nótese que el constituyente jamás menciona ni asocia al “salario” con una “ganancia”; tan es así que en el mismo artículo establece “participación en las ganancias de las empresas” asociando el término “ganancias” a las utilidades de una empresa.

En definitiva, los salarios gozan de plena protección constitucional y tienen plenas características alimentarias, por tanto, nunca pueden ser considerados una riqueza para ser gravada por el impuesto, que precisamente, tiene por finalidad “gravar” a la “ganancia”, como correspondiente a la riqueza.

Pero que pasó….la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en su convenio N* 95 (de 1949 sobre la protección del salario, ratificado en Argentina en 1956 por el Gobierno de la dictadura) El Art. 1 reza lo siguiente: “A los efectos del presente Convenio, el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”.

Si bien para aquellos que sostienen “que el salario es una ganancia” el texto citado anteriormente entendería que les diera la razón; me atrevo a pedir que no se adelanten, ya que es necesario analizar correctamente la definición de la OIT.

Dice: “el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo”; es decir que la OIT desea determinar correctamente que es el salario; mas allá del nombre o denominación que las partes de la relación laboral le otorguen.

Es así porque una de las prácticas comunes de los empleadores es hacerles creer a los trabajadores, mediante formas engañosas, que en vez de ser trabajadores en relación de dependencia son “socios” de la empresa, y por ello sus ingresos no son salarios sino “ganancias”; en el ámbito Estatal es similar en el concepto de “funcionarios”.

Como la OIT desarrolla conceptos de validez universal, y en ese camino no todos los ordenamientos jurídicos protegen los derechos laborales de la misma manera. Es que más allá de la terminología que se utilice, el salario será tal “siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijado por acuerdo o por la legislación nacional, y debido por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”.

El objetivo no es confundir ni sostener que el salario es igual a una remuneración o una ganancia, sino por el contrario, es definir conceptualmente el salario para diferenciarlo de otros institutos similares; de ahí que sea tan amplio el concepto al momento de definir la relación laboral que da origen a la obligación por parte del empleador.

En consecuencia, no se puede analizar con el método literal únicamente una ley o convenio, sino por el contrario se debe utilizar un método lógico para esclarecer el espíritu que la norma tiene o dicho de otra forma desentrañar su “ratio legis” (Razón Legal). El objeto y fin del Convenio 95 de la OIT es otorgar al salario un marco diferenciador y protectorio.

En el mismo sentido la LCT define al salario en su Artículo 103 como “sueldo o salario”; “remuneración” o “contraprestación”. Otra vez las leyes que tienen como fin la protección del trabajo y dentro de ellas las que protegen el salario jamás lo confunden con una “ganancia”, término que la CN asocia a las empresas no a sus dependientes.

Al momento de generarse el salario el sistema legal establece que debe ser justo, que no puede situarse por debajo del mínimo, vital y móvil, ya que es el sustento del trabajador y su familia; y por ello es irrenunciable por parte del trabajador.

Al momento de efectivizarse el pago, la LCT como el convenio de la OIT establecen la forma o modalidad que debe observar; esto es en efectivo y de manera integral.

Al momento de abonarse el salario también está protegido; es inembargable por debajo del mínimo vital y móvil, y solo embargable parcialmente en la parte que lo exceda.

El carácter inembargable es oponible a todos, incluido el Estado. Es decir que el régimen protectorio protege al salario en todo su devenir. Pero la protección no se agota allí, por el contrario, continúa vigente y a través de estos principios protectorios es que debe ser considerado para ser gravado.

El salario como instituto legal no puede ser considerado por fuera de este régimen. Es decir, que no puede ser considerado igual que una ganancia o una renta, un beneficio o un enriquecimiento, como lo establece el Artículo 2 de la Ley de impuestos a las Ganancias. Mucho menos puede gravarlo, si ni siquiera lo menciona en el hecho imponible, ni en el restante texto de la ley citada.

Considerar el “salario” como una “ganancia” viola el régimen protectorio del mismo, que goza de jerarquía constitucional. Los dogmas del derecho tributario que sostienen esta asimilación son por ello igual de inconstitucionales.

De todos los impuestos, quizás, el que más trae contradicciones y pasiones negativas entre los empleados dependientes asalariados, es el Impuesto a la Ganancia.

Estas premisas vulneran el imperativo constitucional que la reforma constitucional del año 94, en cuanto indicarle el deber al legislador de estipular respuestas especiales y diferenciadoras para los sectores vulnerables, con el objetivo de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos.

Acaso en la actualidad, los asalariados del sector privado, no son un sector en absoluta vulnerabilidad con salarios por más del 15/20% debajo de los índices inflacionarios del país. Si este sector no es un sector sensible y altamente golpeado por las malas decisiones en materia económica, tributaria y laboral, le estamos errando al concepto de “vulnerabilidad”.

Dicho imperativo constitucional resultar transversal a todo el ordenamiento legal, esto quiero decir que una ley no puede vulnerar las premisas que nuestra constitución reza, proyectándose concretamente, a la materia tributaria.

En materia impositiva, el principio de igualdad, no solo exige la creación de categoría tributarias razonables, sino que también prohíbe la posibilidad de unificar las consecuencias tributarias para situaciones que en verdad son distintas.

Así también, la cláusula del artículo 16 de la CN mide con prudencia y sabiduría del Poder Legislativo una amplia libertad para ordenar, agrupar, distinguir los objetos de la legislación; no obstante, el fijar categoría es esencial para la percepción de impuestos compatible con el Principio de Igualdad.

En definitiva, Se debe declarar la inconstitucionalidad del artículo 79 inciso B) de la ley de impuestos a las ganancias, cuarta categoría del trabajo personal en relación de dependencia, o en carácter legislativo, dar iniciativa a un proyecto de ley que reemplace lo absurdo de este tributo a los asalariados, porque amenaza y altera con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos y garantías consagrados en la constitución que “el salario no es ganancia” y que la inflación provoca una pérdida constante del poder adquisitivo que no puede ser ignorada a la hora de fijar los impuestos.

Flavio Fernández.
Prof. de Historia y Lic. en Educación.

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