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Tres meses de prisión preventiva para quienes intentaron fugarse de la policía el martes pasado

Antes de la persecución habían intentado robar a un hombre que, con su hija de 3 años en brazos, resistió el asalto.

La fiscal Silvana García formuló cargos a tres sujetos por el delito de tentativa de robo agravado y solicitó la prisión preventiva por el término de tres meses.

Según la acusación fiscal, los hechos sucedieron el pasado martes 7 de marzo, a las 20.30 cuando la víctima se encontraba en su domicilio, “escuchó que golpeaban la puerta y al abrir, con su hija de tres años en brazos, un sujeto, presuntamente Claudio Muñoz, lo empujó mientras lo intimidaba con un arma calibre 9 mm y aparecieron sorpresivamente además Damián Maza y Cristian Espinosa que estaban escondidos en el porche de la casa portando un arma de fuego calibre 11.25 con la intención de ingresar a la casa”.

“Acto seguido la víctima forcejeó con los sujetos mientras gritaba “tengo a la nena” tratando de impedir que accedan a la vivienda momento en el que, uno de ellos lo golpea con el arma en la cabeza y en las costillas lesionándolo. Ante la resistencia de la víctima los tres sujetos salen hacia la vereda, se suben a un vehículo Chevrolet Clasic color gris, (el que había sustraído en Neuquén en octubre de 2018 y al que le habían cambiado el dominio), conducido por Claudio Muñoz, mientras peatones que pasaban por el lugar dieron aviso a un patrullero que circulaba por calle Villegas”.

“Luego se sucedió una persecución por calles céntricas de la ciudad, que culminó en Gadano y Fleming, donde el vehículo colisionó en una vallas que cortaban la calle. Con la intención de continuar la fuga Muñoz intenta ir en reversa impactando al móvil policial en su lado izquierdo, y dañándolo. De inmediato descienden los tres ocupantes, Maza emprende la huida por calle Fleming hacia Moreno; mientras Espinosa y Muñoz son reducidos por un empleado policial, quien previamente es atacado por Espinosa con una barreta de hierro debiendo efectuar un disparo con posta de goma a la altura de la rodilla para repeler el ataque. Maza es perseguido por otro policía que advierte que en su huida arroja el arma 9mm, logrando reducirlo”.

Como sustento probatorio la Fiscalía mencionó la entrevista a la víctima, realizada por la fiscal García, el acta de procedimiento policial de la Comisaría 3°, las entrevistas a testigos circunstanciales y a los empleados policiales intervinientes. Como también el informe preliminar del Gabinete de Criminalística, el certificado médico de las lesiones de la víctima de la tentativa del robo, y los secuestros (el auto, las armas de fuego, respectivos cargadores, una barreta de hierro).

La calificación legal por la que el juez de Garantías Maximiliano Camarda tuvo por formulados los cargos fue “tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda, y resistencia a la autoridad”. A Muñoz se le suma el delito de “encubrimiento agravado por el ánimo de lucro” respecto del auto que conducía y “daño” al móvil policial. Mientras que a Espinosa “atentado agravado” por el ataque al policía.

Respecto a la medida cautelar de la prisión preventiva por el término de tres meses, el juez tuvo presentes los argumentos vertidos por la fiscal, esto es que “absolutamente está acreditado que los hechos ocurrieron, que son graves y que aún pensando en que es tentativa no habrá pena en suspenso” dijo García.

La representante del Ministerio Público Fiscal agregó que “las armas estaban cargadas, y salvo uno de ellos, los otros dos ya han cometido delitos, aunque sus condenas no están firmes”.

“Hemos demostrado aquí que los tres imputados son los autores ya que han sido detenidos en casi flagrancia. Y el peligro de fuga está latente ya que con el delito cometido tendrán un largo encierro”, dijo la fiscal.

“No podemos dejar de lado el desprecio a la vida, ya que cuando atacaban a la víctima en su casa el mismo tenía en sus brazos a una niña de 3 años, huyeron por calles céntricas, en un horario y en un día hábil, con ciudadanos en movimiento”, mencionó García.

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Solicitaron 5 años de prisión para hombre que atacó con una tijera a su ex pareja

El hecho de violencia de género ocurrió en enero pasado. El lunes que viene se conocerá la sentencia.

La fiscal jefe Graciela Echegaray solicitó la pena de 5 años de prisión efectiva para Jorge Quiróz, el sujeto de 32 años declarado culpable del delito de “lesiones graves, doblemente agravadas por ser pareja y en un marco de violencia de género”, y que se encuentra cumpliendo prisión preventiva.

“El Tribunal de Juicio interviniente en este caso no entendió, tal como sí lo hizo esta Fiscalía, que la vida de la víctima estuvo en riesgo. A ello sumamos que la Doctora Dora Barrancos explicó que el daño que hay que evaluar cuando analizamos este tipo de eventos con perspectiva de género, no es sólo el físico sino también que existen daños psicológicos, y que estos últimos deben estar visibilizados en nuestras sentencias”, inició su intervención Echegaray.

“En relación a cuál fue el motivo de la agresión perpetrada contra la víctima, pudimos probar que fue una discusión, iniciada por que la joven madre se quería ir de la casa de su pareja y el hombre no la dejaba ir”.

Echegaray sostuvo que el ya declarado responsable penal, “se valió de una escena y con un elemento que no formaba parte de la discusión, la tijera secuestrada, provocó las heridas en la madre de su hijo. Tuvo desde el primer momento el dominio del hecho y así fue el resultado. Se aprovechó del vínculo de confianza entre ambos, de la noche y de estar en su casa para herir como lo hizo a la víctima”, detalló la fiscal jefe.

En relación a la escala penal, que según la calificación legal por la cual el Tribunal de Juicio lo declaró culpable, va de 3 a 10 años de prisión, “aquí tenemos dos agravantes, que son la relación de pareja y el contexto de violencia de género. Agregamos la edad del imputado, 32 años, que indica un grado de madurez y de asentamiento de ciertas conductas propias de un joven adulto. Tiene estudios terciarios completos, y proviene de una familia constituida. La suma de todo esto hace que el sujeto en el momento de cometer el delito era consciente de la conducta antijurídica que estaba asumiendo”, afirmó Echegaray.

Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal realizó un análisis exhaustivo de las agravantes y atenuantes respecto de la pena solicitada.

“Todo ello respetando la obligación de no incurrir en doble valoraciones, en virtud de esto y luego de haber escuchado el testimonio de la licenciada de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) Virginia Ansola. La especialista dejó en claro que la situación actual de la víctima, posterior a los hechos, es de alto impacto emocional, de angustia, de temor. Ella no ha podido avanzar en un proceso de elaboración con lo que ha vivido. Por todo ello es que considero apropiado, de acuerdo al injusto cometido, la pena de 5 años de efectiva”, explicó.

Por su parte, el querellante solicitó la pena de 6 años y el defensor 3 años de prisión condicional.

El veredicto del Tribunal de Juicio compuesto por Fernando Sánchez Freytes, Oscar Gatti y Gastón Martín respecto de cesura de la pena, se conocerá el próximo lunes 23 de septiembre a las 10.30 en el subsuelo de Tribunales.

El hecho por los que la Fiscalía acusó fue el ocurrido el pasado “3 de enero, a las 22.30 aproximadamente, cuando la víctima en el marco de una discusión con el imputado quiso retirarse del domicilio donde se encontraban. No pudiendo lograrlo, dado que éste la acorraló en el garage, junto al niño que tienen en común; poniendo a ambos en completo estado de indefensión. Luego de quitarle el niño de los brazos, se abalanzó sobre ella y le asestó un puntazo con una tijera ocasionándole heridas que la mantuvieron en terapia intermedia en el Hospital Local”.

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Fiscalía solicita que Reggioni sea declarado culpable

El martes se conocerá el veredicto que tiene como principal acusado al ex intendente de Fernández Oro.

Foto: Archivo (Patagonia FotoPress)

El fiscal Guillermo Merlo y la adjuna de Fiscalía Vanina Bravo consideraron que se había probado durante el debate que, a través de un conjunto de documentos, el ex jefe comunal de Fernández Oro, Juan Reggioni, y otros tres imputados intentaron apropiarse de un terreno en un loteo social. Las defensas abogaron por la absolución de los cuatro imputados.

A la hora de valorar las evidencias recabadas, Merlo recordó que las pruebas podrían se categorizadas de tres maneras: en testimonios, en documentos públicos y en confesionales.

Respecto de la primeras, destacó el testimonio de la víctima en estos actuados y del inquilino de la vivienda ubicada en el lugar. Al respecto señaló que la víctima se encontraba en una doble situación de vulnerabilidad en principio por tratarse de una mujer en situación económica muy precaria y con hijos a su cargo y en segundo lugar puesto a que sufre afecciones en su salud. Este último punto fue confirmado por la psicóloga forense del Poder Judicial.

Tiempo después de resultar adjudicada, una mujer -que se encuentra acusada- se contactó con ella para que le ceda el terreno del cual resultaba adjudicataria, en un loteo de tipo social que tiene como para garantizar el acceso a la tierra para personas de escasos recursos. Por una disposición municipal el terreno no podía ser vendido hasta tres años después de ser escritura, por lo que la víctima -quien aseguró que no podía pagar el terreno y que no conocía las restricciones para la venta- extendió un poder especial en favor de la mujer.

Posteriormente, ese poder especial fue sustituido, quedando como apoderado de la mujer el hijo del ex intendente. Este último, escrituró el terreno suscribiendo la escritura junto a su padre, quien actuaba como representante del Municipio de Fernández Oro. En el lugar se construyó una vivienda que tiempo después fue alquilada por la esposa del ex jefe comunal.

Cabe señalar que la víctima en ningún momento tomó conocimiento que el terreno había sido escriturado a su nombre, ni que se había construido una vivienda y mucho menos recibió el pago de los mencionados alquileres, pese a que en términos legales el terreno sería suyo.

Todo lo anterior fue explicado por la denunciante, el inquilino de la vivienda y por el actual intendente de Fernández Oro y el asesor legal del Municipio.

Más allá de los testimonios, tanto las escrituras de los poderes especiales, la sustitución del mismo, los contratos de alquiler y los recibos de pago,fueron incorporados como documentales.

Un audio de una grabación de una conversación entre el inquilino y el ex intendente de Fernández Oro, funcionó -según la Fiscalía- como prueba confesional. Durante la charla, el ex intendente habría confesado que había adquirido el terreno por $60 mil y que pensaba escriturarlo en favor del su hijo para posteriormente registrarlo como bien de familia. Además, menciona distintos pormenores del convenio de renta de la vivienda.

“Hemos probado todos los extremos de la acusación y es por eso que solicito que los acusados sean declarados culpables”, sostuvo Merlo.

En base a todo lo anterior, los fiscales solicitaron que los imputados sean declarados culpables del delito de negociación incompatible con la función pública. En el caso del ex intendente en carácter de autor, mientras que para su hijo, su esposa y la restante imputada, en grado de partíce necesarios. Respecto de la pareja del intendente, también se solicitó la declaración de culpabilidad por el delito de estelionato.

Las defensas solicitaron la absolución

Tal como lo hubieran anticipado en sus alegatos de apertura, los defensores solicitaron la absolución de los imputados.

Pablo Barrionuevo, abogado defensor de la primera mujer en comprar el terreno consideró que su cliente debía se declarada no culpable por hallarse prescripta la acción penal en su contra. Además argumentó que quedó probado que su cliente no tuvo la intención de cometer el delito que se le imputa por lo que su conducta resultaría atípica. El defensor particular, Antonio Barrera Nicholson consideró que los hechos llevados a juicio no encendran en figura penal y que no se habían probado los extremos de la acusación e insistió en que la causa tuvo un armado político.

La defensora pública, Silvana Ayenao, por su parte, asistente técnica del hijo del ex jefe comunal sostuvo que el hombre desconocía las prohibiciones para la adquisición del lote y que fue “utilizado” para realizar esta maniobra. Además agregó que ningún testigo lo sitió teniendo participación activa en la maniobra, puesto que no fue quien contactó a la víctima para adquirir el terreno, ni tampoco suscribió ni pactó un contrato de alquiler por la propiedad ubicada en el terreno en cuestión. En consecuencia solicitó que sea declarado no culpable.

El juez de Juicio, Álvaro Meynet, quien integra el Tribunal unipersonal que interviene en el caso, adelantó que su veredicto se conocerá el próximo martes (17/09) al mediodía en la sede judicial de España y Urquiza.

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Culminaron las declaraciones en el juicio contra el ex intendente de Fernández Oro

Hoy será el turno de los alegatos en la causa Reggioni.

En la segunda jornada del debate oral y público en el que se encuentra imputado el ex jefe comunal de la localidad de Fernández Oro Juan Reggioni y otras tres personas, prestaron declaración cuatro testigos y culminó la etapa de producción de prueba. Hoy (12/09) a partir de las 14 se expondrán los alegatos de las partes.

En primer lugar, declaró el ingeniero David Baffoni, titular de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones del Ministerio Público. En lo medular de su declaración sostuvo que todos los indicios informáticos hallados en una grabación de audio indicaban que el archivo no había sido modificado ni editado.

Cabe señalar que en la grabación habría sido producida por uno de los testigos del caso y que en la misma el ex intendente orense mencionaría que compró un terreno en el loteo social y que lo pensaba escriturar en nombre de su hijo. La misma habría sido captada, según la teoría del Ministerio Público Fiscal, durante una conversación entre el inquilino de la vivienda ubicadaa en el lote en cuestión y el imputado.

En segundo lugar, prestó su declaración el perito de la defensa, Cristian Vila. El mismo aseguró que a partir del material que le fuera entregado para peritar no se podría acreditar que el mismo permanezca inalterado, en razón del paso del tiempo entre que fue capturado y que fue extraído del teléfono desde el cual se habría realizado la grabación.

Un integrante de la Policía de Río Negro fue el tercer testigo de la jornada. Al mismo se le encomendó la tarea de confirmar si la persona que hablaba en la grabación era el ex intendente orense. En un análisis del contenido de la conversación, el uniformado seleccionó determinadas partes y explicó en base a su trabajo de investigación de campo, los motivos que lo llevaban a concluir que el imputado era el protagonista de la grabación.

Finalemente, prestó su testimonio una escribana de la localidad de Fernández Oro. La misma refirió que en principio la víctima y una de las imputadas solicitaron sus servicios para la confección de un poder especial que habilitaba a la acusada a escriturar el terreno en nombre de la víctima y cumplido un plazo legal, a venderlo.

Posteriormente explicó que ese poder fue sustituido, quedando como apoderado del mismo el hijo del ex jefe comunal. Tras lo anterior, el intendente en representación del Municipio y su hijo -ambos acusados- suscribieron la escritura del inmueble.

A preguntas de la Fiscalía, la profesional aclaró que los alcances del poder eran limitados y que impedían realizar actos de disposición, como por ejemplo las mejoras en el lugar y actos de administración, como por ejemplo alquilar la propiedad.

En la jornada del martes (10/09), prestaron testimonio la adjudicataria del lote y víctima en el caso, el hombre que habría alquilado la vivienda ubicada en el terreno social mediante un contrato con la esposa del ex intendente, quien se encuentra como imputada. Además declararon el actual intendente de Fernández Oro y el asesor legal del municipio, dos uniformados de la Brigada de Investigaciones que realizaron diligencias en el caso y la psicóloga forense Giuliana Marzola.

Según la teoría del caso de la Fiscalía, los imputados a través de un conjunto de documentos, intentaron apropiarse de un loteo social para hacerlo ingresar en el patrimonio del ex titular del Ejecutivo local o de un allegado directo. La calificación legal del caso es negociación incompatible con el ejercicio de la función pública y estelionato.

Este jueves a partir de las 14 horas, en el edificio judicial de España y Urquiza, las partes expondrán los alegatos de clausura, instancia en la que valorarán todas las pruebas del caso.

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