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Judiciales

Pidieron la culpabilidad del policía que golpeó y obligó a su ex pareja a caminar desnuda por la calle

Irrumpió en la vivienda de la víctima y amenazó a ella y su compañero con un arma de fuego.

La fiscal Norma Reyes, junto a la adjunta Analía Cofré, solicitaron la declaración de responsabilidad penal para un empleado policial imputado por delitos cometidos en el marco de violencia de género contra quien era su pareja.

“Luego de estas jornadas de juicio, considero que se ha probado sobradamente la conducta que esta Fiscalía le ha enrrostrado al imputado”, comenzó sus alegatos Reyes.

En relación a lo dicho por la defensa particular respecto a que su asistido y la víctima habían tenido una discusión, que no hubo violencia física, sólo insultos y violencia verbal, la fiscal del caso dijo que “yo me pregunto señor Juez, ¿eso no es violencia? La violencia contra la mujer no sólo es la física, va mucho más allá. El deber del Estado frente a hechos de este tipo es actuar con la debida diligencia, teniendo en cuenta además la amplitud probatoria que existe en materia de violencia de género y las declaraciones de quiénes prestaron su testimonio durante las jornadas de este debate”.

Es así que el compañero de trabajo de la víctima declaró que el imputado, ex pareja de la joven, “uniformado y de forma violenta entró a la casa, y lo sacó de la misma, refugiándose en la casa de un vecino porque pensó que pasaría algo peor”.

El comisario que en el momento de los hechos era jefe de la Comisaría 3° brindó detalles puntuales de cómo se presentó en el lugar, que los tres involucrados eran empleados policiales, y que los vecinos llamaron al comando porque habían escuchado detonaciones de arma de fuego.

“Cuando llegó al domicilio vio a la víctima en estado de shock, nerviosa, llorando y que estaba golpeada en el rostro. También dijo que el imputado había expresado: ‘no soy un delincuente, no robé arma, yo sólo le pegué a mi mujer’”, detalló Reyes.

El resto de los policías que intervinieron en el caso coincidieron en que el sujeto estaba muy alterado, que él mismo dijo que para ingresar había roto la puerta de la casa, cuestión que fue constatada por uno de los oficiales presentes.

Por su parte, el médico forense del Poder Judicial detalló más de 34 lesiones que presentaba la víctima al momento del examen. “En la cabeza de la chica se palpaban hematomas por tirada de pelos y algunas de las heridas eran consecuencia del arrastre. Las lesiones detalladas por el médico coinciden, dijo él, con el relato que hizo la mujer de lo acontecido”, explicó la fiscalía.

La licenciada Graciela Hussein, integrante del equipo interdisciplinario de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), explicó que a raíz de las entrevistas llevadas a cabo con la víctima, se había verificado la existencia de una relación de pareja previa al hecho de 4 años de convivencia, y que al momento de hacer la denuncia la víctima expresó que se encontraba separada.

“El vínculo con el hombre era tóxico desde antes, ella dijo que sólo esa vez había involucrado un arma de fuego. La valoración que como Equipo hicimos del riesgo de la víctima fue alto”, aportó Hussein.

Finalmente, la psiquiatra forense expresó que el hombre no presentaba alteración morbosa de la conducta y que comprendió la criminalidad de sus actos.

“Los hechos que se le imputan al sujeto tuvieron por finalidad someter, vulnerar, castigar y amenazar a la ex pareja, y esto constituye violencia contra la mujer. El hombre colocó a la joven en una situación de vulnerabilidad al no poder defenderse frente a este accionar, que afectó la integridad física y psicológica, vulnerando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Compromiso asumido por nuestro país a través de instrumentos internacionales como la Convención de Belén Do Pará y los principios que se desprenden de las herramientas sancionadas a nivel nacional como la Ley de Protección Integral de las Mujeres N° 26485 a la que nuestra provincia adhiere”.

Por ello es que el Ministerio Público Fiscal solicitó que el imputado sea declarado culpable de los delitos de “lesiones leves doblemente calificadas por la relación de pareja y por ser cometidas por un hombre contra una mujer, y mediando violencia de género, daño y amenazas calificadas, todo en concurso real”.

El juez de Juicio Daniel Tobares dará a conocer su veredicto el próximo miércoles 22 de mayo, a las 12.00.

Judiciales

Caso Sofía: Pidieron más de 24 años de prisión para la mamá

La sentencia se conocerá el próximo 2 de junio. La víctima falleció en Roca el año pasado, tras ser derivada desde Lamarque.

La fiscal del caso Belén Calarco solicitó la pena de 24 años y 7 meses para la mujer que oportunamente aceptó su responsabilidad penal por los delitos que el 4 de febrero de 2019 provocaron la muerte de una nena de tres años.

En relación al monto de pena la Fiscalía argumentó que “deviene de la calificación legal por la que fue declarada culpable, también por la concurrencia de delitos y en cada uno de esos delitos hay variados hechos”.

A lo anterior Calarco agregó “tengo presente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron las circunstancias. Por ello es que en la definición de los años de pena efectiva, tuve presente la edad de la nena, el tiempo que duró el maltrato, el aislamiento y alejamiento de su centro de vida, que no contaba con escolarización, cuestión que nadie podía advertir lo que la menor estaba viviendo”.

“La violencia sistemática de las dos personas mayores a los otros dos menores de edad, insultos y vejaciones, como hacerla pasar hambre, frio, hacerla dormir parada, duchas frías, cortarle el pelo y en partes dejarla pelada”, dijo la representante del Ministerio Público Fiscal.

“Del informe de autopsia traigo a colación las lesiones que le causaban dolor físico, el impacto y stress psíquico que le provocaron, como quemaduras con cigarrillos, cortes en las plantas de los pies y manos. Además agrego en este punto los abusos sexuales, la cosificación de la niña como objeto sexual”, explicó Calarco vía la aplicación Zoom.

“Durante la internación en Roca pudimos acreditar que la señora se mantenía alejada de la situación, no respondía a los operadores del área de niñez ni de salud respecto de las preguntas que se le hacía por ser la madre de la niña”. Haber solicitado el certificado de defunción antes de conocer la noticia de la muerte de la pequeña también lo tuvo presente el Ministerio Público Fiscal.

“No podemos dejar de mencionar el impacto psicológico y físico en la niña si hubiera estado viva, alteraciones emocionales, cognitivas, que la habrían acompañado de por vida”, resaltó Calarco.

La fiscal subrayó la pericia realizada por la psicóloga del Cuerpo de Investigación Forense en relación a la evaluación del estado y la edad, en este caso de 3 años, cómo afectan las vivencias sufridas tanto por ella y cómo ello repercute en el grupo de menores.

“Este análisis refleja el impacto en la psiquis y en la integridad psico-física que podría tener en los hermanitos de la niña los hechos vividos por quien falleció. Fue de suma importancia para evaluar el monto de pena”, explicó Calarco.

Finalmente, la fiscal del caso expresó que “es llamativo como todos los testigos se sintieron interpelados por la actitud de la señora respecto de la desaprensión en relación a su hija, a su estado de salud, y los relatos que pudo realizar la pequeña antes de fallecer”.

Oscar Mutchinick, el defensor público penal que asiste a la mujer, tras haberla asesorado, estuvo de acuerdo con el monto de pena y la mujer aceptó la misma, e insistió en la culpabilidad de su ex pareja en los hechos.

El defensor explicó que “tenemos presente para aceptar esta pena que el impacto de las cárceles en la vida de las mujeres es mucho mayor al que se experimenta en los hombres”.

El Tribunal de Juicio compuesto por Fernando Sanchez Freytes, Maria Gadano y Emilio Stadler darán a conocer la sentencia definitiva el próximo martes 2 de junio.

La calificación legal

La calificación legal por la que deberá responder con los 24 años y 7 meses solicitados por el Ministerio Público Fiscal es la de ser: “autora de lesiones leves calificadas por el vínculo reiteradas en un número indeterminado de veces; partícipe necesaria de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización reiterado doblemente calificado por el vínculo y por la convivencia preexistente con un menor de 18 años; autora de desobediencia a una orden judicial; como co-autora de abandono de persona seguida de muerte calificado por el vínculo; como autora de tenencia ilegal de pornografía infantil agravada por la edad de las víctimas. Todo en concurso real”.

El hecho

Los hechos sucedieron en “Lamarque, durante octubre de 2018 y posteriormente, en el domicilio familiar. Duraron hasta que la niña fue ingresada al hospital de dicha el 1 de febrero de 2019, falleciendo en el Sanatorio Juan XXIII en Roca 3 días después”, comenzó describiendo la fiscal.

“En esas circunstancias, es que ella y su pareja, en forma conjunta e individualmente -con conocimiento y anuencia del otro- ejercieron maltrato físico y psicológico, contínuo y sistemático contra la niña”.

Además, el hombre abusó sexualmente de la nena, en varios oportunidades, aprovechando su calidad de guardador y conviviente, sin oposición de la madre, y a consecuencia de ello, la niña contrajo “trichomonas vaginalis”.

“Lo anterior violó la resolución de la Jueza de Paz de Lamarque dictada el 16 de octubre de 2018 que les ordenó a ambos la prohibición de realizar actos violentos o cualquier otra violación de los derechos de los niños y niñas, medida dictada para resguardar tanto a la niña fallecida como a sus dos hermanitos”, describió Calarco.

Se agrega que al momento de su detención, la madre tenía en su celular 18 fotos de pornografía infantil, tal como pudo constatar la pericia realizada por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) del Ministerio Público.

La Fiscalía además proporcionó el dato de que entre el 26 y el 31 de enero de 2019, tanto el padrastro como su madre le dieron a la nena golpes en la zona abdominal que fue el punto de partida de la peritonitis sufrida.

“Esto derivó en un síndrome de disfunción multiorgánica por shock séptico y que produjo su muerte. La niña no fue asistida ni por su madre ni por el hombre, pese a que por varios días presentó dolor abdominal, vómitos y fiebre. No la llevaron inmediatamente a un centro de salud, y a consecuencia de todo este devenir descripto es que abandonaron a la nena a su suerte, y por dicho abandono, es que falleció”.

Plexo probatorio

La Fiscalía mencionó más de 30 personas como testigos, entre ellos vecinos de las diversas viviendas que la señora habitó con sus hijos, como también los empleados policiales de las diferentes localidades en las que vivieron, médicos que intervinieron en el devenir de la salud de la niña.

El acta de intervención de la Comisaría Tercera de Roca y la denuncia penal realizada por el médico del sanatorio donde estaba internada la nena. También figuran como testigos de este proceso los médicos del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial, así mismo personas que compartieron espacios de internación de la niña junto a la mujer.

Informes varios de pericias realizadas por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) del Ministerio Público. “De todas surge la pornografía, los mensajes enviados entre ambos imputados acerca de los hechos, las búsquedas respecto de las consecuencias de abuso sexual”, dijo Calarco.

La Fiscalía enumeró además los secuestros de libros de actas de los hospitales de Lamarque, de enfermería del mismo hospital, de radiología, de Choele Choel, de la guardia.

También la historia clínica de la niña cuando pasó por la ciudad de Regina, del Hospital de Roca y del sanatorio donde falleció.

Se mencionaron los allanamientos en el último domicilio de la familia concretado por la Fiscalía descentralizada de Choele. “Esto derivó en estudios que hizo el Gabinete de Criminalística, que luego determinó hallazgos específicos de abuso sexual infantil”, aclaró Calarco.

Oportunamente, Calarco realizó un coloquio médico entre los médicos forenses del Poder Judicial, junto al médico que intervino a la pequeña en el Juan XXIII y un perito de parte, quienes tuvieron presente la totalidad de los estudios médicos tanto de la niña en vida como luego de fallecida, la autopsia, como aquello que se envió a analizar al Laboratorio Genético Forense de Bariloche.

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Judiciales

El Poder Judicial suspendió la actividad en la Ciudad Judicial de Roca y confirmó un caso de Covid-19

No obstante detallaron que el contagio fue fuera del ámbito laboral.

El Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General informaron que decidieron suspender la actividad presencial para mañana martes (25/05) en la Ciudad Judicial de General Roca, para realizar las tareas de desinfección correspondientes, tras confirmarse que una funcionaria dio positivo de Coronavirus.

La paciente, luego de recibir esta tarde el resultado del test, notificó a Fernando Orozco, encargado de la Superintendencia del Ministerio Público en Roca, y explicó porqué decidió realizar la consulta y la presunción de la forma de contagio, fuera del ámbito laboral. “Procedí a hacerme el hisopado porque un vecino de mi pareja nos informó el domingo que había dado positivo. Como los departamentos están contiguos y comparten la misma puerta de salida, nos preocupamos. Luego tuvimos pérdida del olfato y el gusto y por eso informamos la situación en el Hospital este domingo”, explicó.

A partir de entonces la pareja se mantuvo internada en distintos nosocomios. Esta tarde le informaron el resultado positivo y realizó la comunicación correspondiente al Poder Judicial.

Expresó, asimismo, que trabajó miércoles, jueves y viernes, sin ningún tipo de síntomas. Aseguró que había muy pocas personas en el sector del edificio, que estaban todos en distintas oficinas “con sus barbijos y sin contacto directo”.

Tras recibir la notificación, el Poder Judicial se comunicó con las autoridades sanitarias para aplicar los protocolos necesarios en estas circunstancias. El titular del área de epidemiología del Hospital Francisco López Lima explicó que por protocolo provincial todas las personas que han estado en contacto estrecho con pacientes confirmados de COVID 19 deben realizar un aislamiento preventivo durante 14 días, los cuales serán monitoreados por personal del Ministerio de Salud y del Hospital de General Roca.

El especialista aseguró que el área donde estuvo la persona con coronavirus “no debe clausurarse, pero si debe realizarse una limpieza correcta y profunda” de acuerdo al protocolo existente.

Frente a esta situación, y en cumplimiento de las medidas sanitarias, el STJ dispuso suspender la actividad presencial para realizar la desinfección no solo en el área mencionada, sino en toda la Ciudad Judicial.

El Poder Judicial aprobó un protocolo de Higiene y Seguridad, basado en la consulta a especialistas, para evitar la circulación del virus en caso que alguien pudiera contraerlo fuera del ámbito laboral.

Asimismo, en la Acordada 15/20, firmada por el pleno del STJ y el Procurador, que dispuso un retorno al trabajo presencial paulatino, se fijaron reglas de cantidad de personas máxima por organismos y otras medidas de bioseguridad. Entre ellas, tener un listado estricto de agentes convocados y un control exhaustivo para evitar el acceso de personas no autorizadas, y de esta manera controlar posibles vías de propagación. Esta prohibición incluye a todo trabajador o trabajadora no convocada y a terceros, ya que no se permite la atención al público.

“Esta restricción es aún más acentuada para quienes se encuentren en actividades no exceptuadas de la cuarentena, como es el caso de los dirigentes gremiales. Estas reglas, justamente, permiten que si un trabajador convocado se contagia fuera del ámbito laboral, como sería este caso caso, se sepa inmediatamente como informar y establecer la cadena epidemiológica. Esta precisión se perdería si ingresan personas no autorizadas”, indicaron en el comunicado del Poder Judicial.

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Gremios

Sitrajur denuncia que hay un caso de Covid-19 en el Poder Judicial de Roca

El gremio recomienda a los trabajadores no asistir al edificio. Este martes se realizará una desinfección general en el lugar.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales de Río Negro (Sitrajur) alertó que se habría producido el primer caso de COVID-19 en la Ciudad Judicial de General Roca. “Ante la lamentable novedad, recomendamos a trabajadores y trabajadoras de Roca, que no concurran a la Ciudad Judicial hasta tanto no se garanticen las medidas de sanitización profunda del edificio, no se garanticen todas y cada una de las medidas de higiene y bío seguridad, tanto como todos los insumos indispensables para la prevención del contagio de Covid-19”, manifestaron en un comunicado de prensa desde el gremio.

“Lamentamos llegar a esta situación, más cuando desde el inicio de la pandemia y del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) estuvimos pidiendo la constitución de un comité de crisis en el ámbito del poder judicial, más tarde el adelantamiento de las paritarias, después ante la suspensión injustificada de las paritarias fijadas, insistimos con un nuevo llamado el que sistemáticamente fue contestado por la negativa desde la Secretaría de Estado de Trabajo que encabeza Jorge Stopiello”, agregaron.

“No especulábamos cuando reiteradamente le decíamos al STJ que faltaban elementos, que no era prudente una apertura, que se violaban los principios de la cuarentena, hasta el punto de No permitirse el ingreso del sindicato a los edificios para corroborar el estado de los edificios ante el llamado a retomar tareas, aun cuando se lo hacía con inspectores de la Secretaría de Trabajo. Siempre dijimos que era una decisión apresurada que se hacía más como represalia al Sitrajur que como respuesta a una demanda social. Se llegó al colmo de la irracionalidad cuando Piccinini (presidenta del STJ) denuncia penalmente a nuestrxs compañerxs para  impedir el ingreso y el trabajo gremial y que no verificáramos las diversas irregularidades. Por ello resulta sumamente pertinente y necesario que se realice el juicio político a Liliana Piccinini a quien hacemos responsable de la salud de todos los compañeros judiciales y de un posible rebrote de la enfermedad, y la convocatoria urgente a paritarias en el ámbito Judicial para tratar las medidas necesarias para resguardar la salud de todos quienes concurren a tribunales”, concluyeron desde la Comisión Directiva de Sitrajur.

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