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Judiciales

Pidieron la culpabilidad del policía que golpeó y obligó a su ex pareja a caminar desnuda por la calle

Irrumpió en la vivienda de la víctima y amenazó a ella y su compañero con un arma de fuego.

La fiscal Norma Reyes, junto a la adjunta Analía Cofré, solicitaron la declaración de responsabilidad penal para un empleado policial imputado por delitos cometidos en el marco de violencia de género contra quien era su pareja.

“Luego de estas jornadas de juicio, considero que se ha probado sobradamente la conducta que esta Fiscalía le ha enrrostrado al imputado”, comenzó sus alegatos Reyes.

En relación a lo dicho por la defensa particular respecto a que su asistido y la víctima habían tenido una discusión, que no hubo violencia física, sólo insultos y violencia verbal, la fiscal del caso dijo que “yo me pregunto señor Juez, ¿eso no es violencia? La violencia contra la mujer no sólo es la física, va mucho más allá. El deber del Estado frente a hechos de este tipo es actuar con la debida diligencia, teniendo en cuenta además la amplitud probatoria que existe en materia de violencia de género y las declaraciones de quiénes prestaron su testimonio durante las jornadas de este debate”.

Es así que el compañero de trabajo de la víctima declaró que el imputado, ex pareja de la joven, “uniformado y de forma violenta entró a la casa, y lo sacó de la misma, refugiándose en la casa de un vecino porque pensó que pasaría algo peor”.

El comisario que en el momento de los hechos era jefe de la Comisaría 3° brindó detalles puntuales de cómo se presentó en el lugar, que los tres involucrados eran empleados policiales, y que los vecinos llamaron al comando porque habían escuchado detonaciones de arma de fuego.

“Cuando llegó al domicilio vio a la víctima en estado de shock, nerviosa, llorando y que estaba golpeada en el rostro. También dijo que el imputado había expresado: ‘no soy un delincuente, no robé arma, yo sólo le pegué a mi mujer’”, detalló Reyes.

El resto de los policías que intervinieron en el caso coincidieron en que el sujeto estaba muy alterado, que él mismo dijo que para ingresar había roto la puerta de la casa, cuestión que fue constatada por uno de los oficiales presentes.

Por su parte, el médico forense del Poder Judicial detalló más de 34 lesiones que presentaba la víctima al momento del examen. “En la cabeza de la chica se palpaban hematomas por tirada de pelos y algunas de las heridas eran consecuencia del arrastre. Las lesiones detalladas por el médico coinciden, dijo él, con el relato que hizo la mujer de lo acontecido”, explicó la fiscalía.

La licenciada Graciela Hussein, integrante del equipo interdisciplinario de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), explicó que a raíz de las entrevistas llevadas a cabo con la víctima, se había verificado la existencia de una relación de pareja previa al hecho de 4 años de convivencia, y que al momento de hacer la denuncia la víctima expresó que se encontraba separada.

“El vínculo con el hombre era tóxico desde antes, ella dijo que sólo esa vez había involucrado un arma de fuego. La valoración que como Equipo hicimos del riesgo de la víctima fue alto”, aportó Hussein.

Finalmente, la psiquiatra forense expresó que el hombre no presentaba alteración morbosa de la conducta y que comprendió la criminalidad de sus actos.

“Los hechos que se le imputan al sujeto tuvieron por finalidad someter, vulnerar, castigar y amenazar a la ex pareja, y esto constituye violencia contra la mujer. El hombre colocó a la joven en una situación de vulnerabilidad al no poder defenderse frente a este accionar, que afectó la integridad física y psicológica, vulnerando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Compromiso asumido por nuestro país a través de instrumentos internacionales como la Convención de Belén Do Pará y los principios que se desprenden de las herramientas sancionadas a nivel nacional como la Ley de Protección Integral de las Mujeres N° 26485 a la que nuestra provincia adhiere”.

Por ello es que el Ministerio Público Fiscal solicitó que el imputado sea declarado culpable de los delitos de “lesiones leves doblemente calificadas por la relación de pareja y por ser cometidas por un hombre contra una mujer, y mediando violencia de género, daño y amenazas calificadas, todo en concurso real”.

El juez de Juicio Daniel Tobares dará a conocer su veredicto el próximo miércoles 22 de mayo, a las 12.00.

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Identificaron al hombre que murió el domingo a la madrugada en Parque Industrial

Finalmente falleció por un paro cardiorespiratorio y no por hipotermia. Tenía 63 años.

Foto: Archivo (Patagonia FotoPress)

El hombre que fue encontrado sin vida este domingo (18/08) en un precario puesto ubicado a metros del viejo basural de Roca, fue identificado como Luis Benito González, de 63 años.

Según informó una fuente judicial a este medio, finalmente no falleció a causa de hipotermia, como se pensaba en un primer momento, sino por un paro cardiorespiratorio.

Tal como anticipó La Super, cerca de las 7 de la mañana de ayer, personal del Destacamento Policial N° 104 fue alertado sobre la muerte del sujeto y concurrió al lugar a realizar las diligencias correspondientes.

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Judiciales

Avanza el juicio contra el hombre que le clavó un “tijerazo” a su ex pareja

El martes próximo será el turno de los alegatos. El violento hecho ocurrió en enero pasado.

Foto: Archivo (Patagonia FotoPress)

Durante la semana se concretaron las audiencias respecto del juicio que la fiscal jefa Graciela Echegaray está llevando adelante la acusación por el delito de “tentativa de femicidio”. El próximo martes (20/08) a las 9.00 será el turno de los alegatos, donde la Fiscalía expondrá los fundamentos del pedido de responsabilidad penal para la ex pareja de la víctima, Jorge Quiróz, padre del hijo que tienen en común e imputado en el legajo.

Los hechos por los que Echegaray interrogó a los testigos fue el ocurrido el pasado “3 de enero, a las 22.30 aproximadamente, cuando la víctima en el marco de una discusión con el imputado quiso retirarse del domicilio donde se encontraban. No pudiendo lograrlo, dado que éste la acorraló en el garage, junto al niño que tienen en común; poniendo a ambos en completo estado de indefensión. Luego de quitarle el niño de los brazos, se abalanzó sobre ella y le asestó un puntazo con una tijera ocasionándole heridas que la mantuvieron en terapia intermedia en el Hospital Local”.

La fiscal jefa sostiene que “dicho accionar encuadra en el marco de Violencia de Género, en virtud del relato de la víctima en donde queda de manifiesto la asimetría existente entre ella y el victimario, sobre todo por su condición de mujer y la conducta irascible que él presentó. En este encuadre y perspectiva, la prohibición de todo tipo de violencia contra la mujer, debe y tiene un amparo especial en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer ‘Convención de Belém Do Pará’”.

Cabe recordar que en la actualidad el sujeto se encuentra detenido bajo la medida cautelar de prisión preventiva y que la calificación legal por la cual está imputado es la de “homicidio en grado de tentativa doblemente agravado por el vínculo y por haber sido perpetrado contra una mujer en el marco de violencia de género”.

Durante las mencionadas jornadas declararon los médicos y personal de Salud que atendieron a la joven en el hospital cuando fue llevada por quien era su suegro tras ser herida, la víctima también prestó declaración, el médico policial y los progenitores del imputado, entre otros testigos.

El martes se escuchará a la psiquiatra forense del Poder Judicial Celina Vermal y al equipo interdisciplinario de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) del Ministerio Público Fiscal.

Luego de ello, será el turno de los alegatos de las partes, tanto de la Fiscalía, como de la querella y de la defensa particular.

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Judiciales

Aguas Rionegrinas deberá pagar casi 4 millones de pesos porque el agua socavó los cimientos de una casa

Los hechos ocurrieron en pleno centro de Río Colorado.

Una gran acumulación de agua y los trabajos realizados para drenarla socavaron las bases de una casa y un comercio en pleno centro de Río Colorado. Ahora sus propietarios deberán ser indemnizados con casi 4 millones de pesos. Los peritos compararon los daños con las secuelas de “un terremoto”, llegando incluso a sugerir la necesidad de una demolición.

La condena civil, que no se encuentra firme, fue dictada por la titular del Juzgado N° 31 de Choele Choel, quien impuso a la empresa Aguas Rionegrinas y al Departamento Provincial de Aguas el pago de 3.832.750 pesos, más los intereses computados desde el año 2012, a los dueños del inmueble.

Los problemas comenzaron en 2011, con una lluvia inusualmente intensa que generó una importante acumulación de agua en los desagües pluviales y en la esquina de la casa, tras lo cual la empresa ARSA realizó tareas de bombeo y drenaje. Luego, en 2012, hubo un desprendimiento de un caño de agua en el mismo sector y los empleados de ARSA rompieron el asfalto, colocaron una bomba para sacar el agua y realizaron la reconexión.

Al ser notificado de la demanda, el DPA negó cualquier responsabilidad propia o de ARSA y solicitó a la jueza que se incluya a la Municipalidad de Río Colorado como demandada. Sin embargo, el reclamo contra la comuna no prosperó porque estaba prescripto el plazo para reclamar una eventual responsabilidad de su parte.

En tanto que ARSA nunca se presentó a contestar la demanda y fue declarada “en rebeldía”. En el proceso civil eso acarrea una presunción en contra de la empresa, dando por ciertos los hechos que relate la parte demandante, salvo que los mismos fueran “inverosímiles”.

Un estudio geosísmico indicó que la acumulación de agua fue “saturando los estratos por debajo de las construcciones adyacentes, provocando la alteración de su capacidad de carga tanto bajo viviendas como bajo el pavimento. Al momento de efectuar la reparación se excavó una zanja que se inundó de agua, la que fue bombeada (…) Este desplazamiento del agua alojada allí arrastró las partículas más finas del suelo, que eran las que le daban cohesión, (…) generando un vacío que provocó los asentamientos diferenciales que dejaron varios muros sin sustento”.

Otra pericia indica daños en el 75% del edificio, calificándolos como “cuantiosos y de gran envergadura”, con “hundimiento de suelo, cimientos, fractura de paredes, azulejos estallados; casi se podría comparar con un movimiento telúrico o terremoto”, y evalúa “una demolición, ya que sus zapatas en partes han quedado en el aire”.

En tanto que el informe técnico de un arquitecto advierte “un colapso estructural en varios sectores importantes” de la edificación, de “carácter irreversible; por lo que teniendo en cuenta la inestabilidad del edificio, que los problemas de evacuación del agua por precipitaciones no se han resuelto y siguen generando filtraciones, se encomienda la demolición de las áreas afectadas o de la totalidad del edificio”.

“Tanto ARSA como el Estado Provincial (DPA) son responsables en forma directa por los daños derivados de los incumplimientos incurridos, al no haber efectuado una distribución, administración y contralor eficiente del servicio como así tampoco implementaron los estudios e inversiones necesarios que hubieran evitado el desastre sobreviniente. Que como consecuencia de las fallas devenidas en la provisión del servicio y en la falta de mantenimiento e inversiones de infraestructura se produjeron los deterioros materiales en la propiedad de los demandantes”, concluyó la jueza en su sentencia.

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