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Judiciales

Condenaron a policías que golpearon brutalmente a un camionero de Allen

La Justicia les impuso la pena de un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación.

El juez Penal de Roca Gastón Martín impuso este mediodía (6/06) la pena de un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para ejercer sus funciones a los tres efectivos de Policía Provincial que en febrero de 2016 protagonizaron un violento episodio en Allen, hecho en el que resultó lesionado el chofer de camiones Pablo Zotelle. Tanto la Fiscalía como la parte querellante como los abogados defensores -uno público y otro particular- habían coincidido en la pena a imponer en la última audiencia del juicio.

En la instancia anterior del proceso, a comienzos de abril, los efectivos policiales Ceferino Alejandro Hernández, Nicolás Alejandro Flores y José Ángel Rodríguez habían sido declarados culpables del delito de vejaciones, en calidad de coautores. En esta nueva etapa se dictó la sentencia del juicio de cesura que estableció el monto y tipo de pena que deberán cumplir.

Al declarar la culpabilidad el juez había dado por probado que existió un episodio de violencia policial en el predio de una empresa de transporte en el Parque Industrial de Allen donde Zotelle fue detenido. El magistrado valoró entonces que el camionero había tenido una “reprochable actitud” de insultos y violencia hacia los uniformados y hacia la mujer con la que había protagonizado minutos antes un incidente vial. Sin embargo -fundamentó- eso “no habilita ni permite al personal policial que se ponga a su nivel”, pues “el agente público del orden debe actuar con el suficiente aplomo y profesionalidad que se requiere en estos casos. Así, frente a un problema que requiere presencia policial, el arribo de la Policía no puede representar un problema mayor”.

Pena mínima

El delito de vejaciones está previsto en el art. 144 bis, inciso 2 del Código Penal, que castiga con prisión de 1 a 5 años e inhabilitación especial por doble tiempo al “funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales”.

En la etapa del juicio de cesura el fiscal del caso, Miguel Fernández Jahde, y el abogado por la parte querellante, Carlos Gadano, solicitaron que se imponga a los tres policías la pena mínima (un año de prisión y 2 años de inhabilitación) valorando como atenuantes que ninguno de los imputados tenía antecedentes penales, su edad, su condición de trabajadores y “la actitud” de la propia víctima, destacando la querella la “falta de profesionalismo” de los uniformados.

En la misma audiencia, tanto el defensor público Gustavo Viecens como el defensor particular Ricardo Sandoval Cordoba adhirieron expresamente a lo peticionado por la Fiscalía.

“En el caso de autos tanto el acusador público como el privado, como así también las defensas, han estado de acuerdo en la pena a imponer, por lo que ha de imponerse a los nombrado lo peticionado de manera unánime. En base a los argumentos expuestos por las partes y las valoraciones realizadas, considero que se ajusta a la culpabilidad por el hecho (…) imponer la pena de un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación, con costas, resultando éste un reproche punitivo justo”, concluyó el juez Martín en su sentencia.

Judiciales

Fiscalía solicita que Reggioni sea declarado culpable

El martes se conocerá el veredicto que tiene como principal acusado al ex intendente de Fernández Oro.

Foto: Archivo (Patagonia FotoPress)

El fiscal Guillermo Merlo y la adjuna de Fiscalía Vanina Bravo consideraron que se había probado durante el debate que, a través de un conjunto de documentos, el ex jefe comunal de Fernández Oro, Juan Reggioni, y otros tres imputados intentaron apropiarse de un terreno en un loteo social. Las defensas abogaron por la absolución de los cuatro imputados.

A la hora de valorar las evidencias recabadas, Merlo recordó que las pruebas podrían se categorizadas de tres maneras: en testimonios, en documentos públicos y en confesionales.

Respecto de la primeras, destacó el testimonio de la víctima en estos actuados y del inquilino de la vivienda ubicada en el lugar. Al respecto señaló que la víctima se encontraba en una doble situación de vulnerabilidad en principio por tratarse de una mujer en situación económica muy precaria y con hijos a su cargo y en segundo lugar puesto a que sufre afecciones en su salud. Este último punto fue confirmado por la psicóloga forense del Poder Judicial.

Tiempo después de resultar adjudicada, una mujer -que se encuentra acusada- se contactó con ella para que le ceda el terreno del cual resultaba adjudicataria, en un loteo de tipo social que tiene como para garantizar el acceso a la tierra para personas de escasos recursos. Por una disposición municipal el terreno no podía ser vendido hasta tres años después de ser escritura, por lo que la víctima -quien aseguró que no podía pagar el terreno y que no conocía las restricciones para la venta- extendió un poder especial en favor de la mujer.

Posteriormente, ese poder especial fue sustituido, quedando como apoderado de la mujer el hijo del ex intendente. Este último, escrituró el terreno suscribiendo la escritura junto a su padre, quien actuaba como representante del Municipio de Fernández Oro. En el lugar se construyó una vivienda que tiempo después fue alquilada por la esposa del ex jefe comunal.

Cabe señalar que la víctima en ningún momento tomó conocimiento que el terreno había sido escriturado a su nombre, ni que se había construido una vivienda y mucho menos recibió el pago de los mencionados alquileres, pese a que en términos legales el terreno sería suyo.

Todo lo anterior fue explicado por la denunciante, el inquilino de la vivienda y por el actual intendente de Fernández Oro y el asesor legal del Municipio.

Más allá de los testimonios, tanto las escrituras de los poderes especiales, la sustitución del mismo, los contratos de alquiler y los recibos de pago,fueron incorporados como documentales.

Un audio de una grabación de una conversación entre el inquilino y el ex intendente de Fernández Oro, funcionó -según la Fiscalía- como prueba confesional. Durante la charla, el ex intendente habría confesado que había adquirido el terreno por $60 mil y que pensaba escriturarlo en favor del su hijo para posteriormente registrarlo como bien de familia. Además, menciona distintos pormenores del convenio de renta de la vivienda.

“Hemos probado todos los extremos de la acusación y es por eso que solicito que los acusados sean declarados culpables”, sostuvo Merlo.

En base a todo lo anterior, los fiscales solicitaron que los imputados sean declarados culpables del delito de negociación incompatible con la función pública. En el caso del ex intendente en carácter de autor, mientras que para su hijo, su esposa y la restante imputada, en grado de partíce necesarios. Respecto de la pareja del intendente, también se solicitó la declaración de culpabilidad por el delito de estelionato.

Las defensas solicitaron la absolución

Tal como lo hubieran anticipado en sus alegatos de apertura, los defensores solicitaron la absolución de los imputados.

Pablo Barrionuevo, abogado defensor de la primera mujer en comprar el terreno consideró que su cliente debía se declarada no culpable por hallarse prescripta la acción penal en su contra. Además argumentó que quedó probado que su cliente no tuvo la intención de cometer el delito que se le imputa por lo que su conducta resultaría atípica. El defensor particular, Antonio Barrera Nicholson consideró que los hechos llevados a juicio no encendran en figura penal y que no se habían probado los extremos de la acusación e insistió en que la causa tuvo un armado político.

La defensora pública, Silvana Ayenao, por su parte, asistente técnica del hijo del ex jefe comunal sostuvo que el hombre desconocía las prohibiciones para la adquisición del lote y que fue “utilizado” para realizar esta maniobra. Además agregó que ningún testigo lo sitió teniendo participación activa en la maniobra, puesto que no fue quien contactó a la víctima para adquirir el terreno, ni tampoco suscribió ni pactó un contrato de alquiler por la propiedad ubicada en el terreno en cuestión. En consecuencia solicitó que sea declarado no culpable.

El juez de Juicio, Álvaro Meynet, quien integra el Tribunal unipersonal que interviene en el caso, adelantó que su veredicto se conocerá el próximo martes (17/09) al mediodía en la sede judicial de España y Urquiza.

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Judiciales

Culminaron las declaraciones en el juicio contra el ex intendente de Fernández Oro

Hoy será el turno de los alegatos en la causa Reggioni.

En la segunda jornada del debate oral y público en el que se encuentra imputado el ex jefe comunal de la localidad de Fernández Oro Juan Reggioni y otras tres personas, prestaron declaración cuatro testigos y culminó la etapa de producción de prueba. Hoy (12/09) a partir de las 14 se expondrán los alegatos de las partes.

En primer lugar, declaró el ingeniero David Baffoni, titular de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones del Ministerio Público. En lo medular de su declaración sostuvo que todos los indicios informáticos hallados en una grabación de audio indicaban que el archivo no había sido modificado ni editado.

Cabe señalar que en la grabación habría sido producida por uno de los testigos del caso y que en la misma el ex intendente orense mencionaría que compró un terreno en el loteo social y que lo pensaba escriturar en nombre de su hijo. La misma habría sido captada, según la teoría del Ministerio Público Fiscal, durante una conversación entre el inquilino de la vivienda ubicadaa en el lote en cuestión y el imputado.

En segundo lugar, prestó su declaración el perito de la defensa, Cristian Vila. El mismo aseguró que a partir del material que le fuera entregado para peritar no se podría acreditar que el mismo permanezca inalterado, en razón del paso del tiempo entre que fue capturado y que fue extraído del teléfono desde el cual se habría realizado la grabación.

Un integrante de la Policía de Río Negro fue el tercer testigo de la jornada. Al mismo se le encomendó la tarea de confirmar si la persona que hablaba en la grabación era el ex intendente orense. En un análisis del contenido de la conversación, el uniformado seleccionó determinadas partes y explicó en base a su trabajo de investigación de campo, los motivos que lo llevaban a concluir que el imputado era el protagonista de la grabación.

Finalemente, prestó su testimonio una escribana de la localidad de Fernández Oro. La misma refirió que en principio la víctima y una de las imputadas solicitaron sus servicios para la confección de un poder especial que habilitaba a la acusada a escriturar el terreno en nombre de la víctima y cumplido un plazo legal, a venderlo.

Posteriormente explicó que ese poder fue sustituido, quedando como apoderado del mismo el hijo del ex jefe comunal. Tras lo anterior, el intendente en representación del Municipio y su hijo -ambos acusados- suscribieron la escritura del inmueble.

A preguntas de la Fiscalía, la profesional aclaró que los alcances del poder eran limitados y que impedían realizar actos de disposición, como por ejemplo las mejoras en el lugar y actos de administración, como por ejemplo alquilar la propiedad.

En la jornada del martes (10/09), prestaron testimonio la adjudicataria del lote y víctima en el caso, el hombre que habría alquilado la vivienda ubicada en el terreno social mediante un contrato con la esposa del ex intendente, quien se encuentra como imputada. Además declararon el actual intendente de Fernández Oro y el asesor legal del municipio, dos uniformados de la Brigada de Investigaciones que realizaron diligencias en el caso y la psicóloga forense Giuliana Marzola.

Según la teoría del caso de la Fiscalía, los imputados a través de un conjunto de documentos, intentaron apropiarse de un loteo social para hacerlo ingresar en el patrimonio del ex titular del Ejecutivo local o de un allegado directo. La calificación legal del caso es negociación incompatible con el ejercicio de la función pública y estelionato.

Este jueves a partir de las 14 horas, en el edificio judicial de España y Urquiza, las partes expondrán los alegatos de clausura, instancia en la que valorarán todas las pruebas del caso.

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Deportes

Fijan indemnización por la muerte de un jugador de básquet de Cripal

El trágico siniestro ocurrió en 2011. La suma supera el millón de pesos.

Un fallo de la Justicia Civil de Cipolletti ordenó indemnizar a un familiar directo de Pablo Jara, quien era jugador de básquet en silla de ruedas del equipo de Cripal. El deportista viajó junto con sus compañeros a la ciudad de Bahía Blanca para un encuentro deportivo pero en cercanías de La Adela, La Pampa, fueron impactados de frente por un camión Scania y murió.

El incidente vial ocurrió el 21 de mayo de 2011 y el equipo de Cripal viajaba en una Renault Master. Según las pericias fueron impactados de frente por un camión Scania con semirremolque que invadió el carril contrario.

Antes de la resolución de la causa civil, los hechos demandaron la intervención del fuero penal de la Tercera Circunscripción de la provincia de La Pampa. En el ámbito penal la competencia fue en función del lugar de los hechos y en el civil por el domicilio de la persona damnificada o sus sucesores.

Al elevarse la causa al juez de audiencias -en la Primera Circunscripción de La Pampa- se extrae que las partes acuerdan un juicio abreviado, reconociendo el conductor del camión los hechos que se le imputan, aceptando su responsabilidad penal. La jueza a cargo manifiesta que las pruebas sobre las que se basa la sentencia son las desarrolladas den Investigación Fiscal Preparatoria. La pericia de la División Criminalística de la Sección Accidentología Vial concluyó que la responsabilidad del accidente la tuvo el camionero.

El deportista que resultó víctima tenía 39 años. Además, durante el siniestro, también falleció Vicente Scuadroni, otro jugador de la delegación.

La sentencia del Juzgado Civil N°3 de Cipolletti hizo lugar al reclamo y condenó al conductor del camión, a la empresa propietaria del rodado y a su aseguradora a pagarle a una heredera de la víctima una suma que supera el millón de pesos, más los intereses.

El fallo es de primera instancia y aún no está firme porque puede ser apelado.

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