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La Justicia ordenó retrotraer el valor de las cuotas de autoplanes a febrero del 2018

La medida alcanza a 26 vecinos de Roca, que se vieron claramente perjudicados.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil de Roca dictó hoy (07/06) una medida cautelar en beneficio de un grupo de suscriptores de planes de ahorro de automotores, en el marco de un amparo colectivo presentado el pasado 31 de mayo. La cautelar alcanza a las 26 personas que presentaron el amparo y ordena a las empresas de autoahorro “retrotraer el valor de las cuotas correspondientes a los planes de cada uno de los accionantes al valor de facturación del mes de febrero de 2018”.

El Tribunal, salvada la urgencia con el dictado de la medida cautelar, dispuso que el amparo no es la vía adecuada, al menos en Río Negro, por su especial regulación, para resolver el planteo de fondo e instó a los damnificados a que inicien un proceso civil sumarísimo en un Juzgado de Primera Instancia para demandar una reestructuración adecuada de sus contratos.

El amparo se interpuso contra las empresas Chevrolet S.A. de ahorro para fines determinados; Plan Rombo S.A. de ahorro para fines determinados; Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados; FCA S.A. de ahorro para fines determinados; Plan Ovalo S.A. de ahorro para fines determinados; Círculo de Inversores S.A. de ahorro para fines determinados (Peugeot Autoplan); Autocredito S.A. de capitalización y FCA Compañía Financiera S.A.

Los ahorristas destacaron que al momento de contratar, tanto ellos como las empresas, tuvieron en cuenta como requisito indispensable que el valor de las cuotas mensuales no supere el 20% o 25% del ingreso total de los clientes, ecuación que se desequilibró gravemente con los nuevos valores y en algunos casos ha superando el 60% del ingreso personal o familiar.

Los afectados describieron una suerte de callejón sin salida favorable. “De continuar pagando las excesivamente onerosas cuotas, veremos afectados en más de un 60% nuestros ingresos, y -aún peor- con expectativas de mayores incrementos. Mientras que si decidimos dejar de pagar dichas cuotas, la ejecución de los montos adeudados, con más las costas y honorarios resulta inminente. Por otro lado, si decidiéramos renunciar al plan, la devolución de lo abonado se producirá recién una vez concluido el plan (tras el vencimiento de la cuota N° 84), recibiendo en ese caso tan sólo el importe correspondiente a la cuota pura, ergo, una suma considerablemente inferior a la abonada en forma mensual y afectada por el ya mencionado proceso de devaluación del peso argentino”.

Los fundamentos

El Tribunal integrado por los jueces Gustavo Martínez (autor del voto rector), Darío Soto y Dino Maugeri sostuvo que “cierto es que la existencia de un proceso inflacionario, como las bruscas e imprevistas alzas en la cotización de la divisa estadounidense son hechos de la realidad. Y ello, acompañado de una baja generalizada de los ingresos -sea por salarios que no aumentan al mismo ritmo u otros factores-, ha venido a impactar seriamente en las economías familiares”.

Los jueces advirtieron sobre un fenómeno de “sobreendeudamiento de muchos consumidores, con la consecuente imposibilidad de asumir el pago de sus gastos ordinarios”, confluyendo en un fenómeno “desestabilizador de la economía de las familias” que neutraliza cualquier previsión responsable que haya sido tenida en cuenta al momento de contratar los planes de ahorro.

“Tengo como incuestionable una alteración profunda de las condiciones que se tuvieron en cuenta para la suscripción o ingreso a los círculos de ahorro, que deviene derivada de los incrementos de los precios, el proceso inflacionario en general y la recesión, con perdida de empleos y disminución promedio de los ingresos particularmente de los sectores medios y de menores recursos que, en esencia, son los que ingresan a estos sistemas de ahorro para la adquisición del vehículo familiar”, se dijo en el fallo.

“Además -advirtieron los jueces- es un hecho de la realidad (…) que la crisis económica tuvo un particular impacto en el sector automotriz observándose entre otras anormalidades, un desfasaje importante entre los ‘precios de lista’ y aquellos a los que realmente se venden los vehículos en las concesionarias”.

Defensa del consumidor

Para hacer lugar a la medida cautelar el Tribunal evaluó el “grado de verosimilitud suficiente” del reclamo de los ahorristas y el principio rector del sistema legal de protección de los consumidores que indica que “ante la duda debemos estar en favor del consumidor”.

“En este sentido -agregó el voto rector- debo destacar que el desentendimiento de las empresas de la crisis y las repercusiones de la misma en la economía familiar de los consumidores no es en modo alguno admisible. Cuanto menos debieron haber formulado propuestas tendientes a bajar el importe de las cuotas, ampliando los plazos de financiación, entre otras”.

“El imprevisto no puede ser sólo cargado al hombro de los suscriptores de los planes, sino por el contrario, fundamentalmente, en las espaldas más anchas de las empresas que (…) resultan ser las primeras obligadas a adoptar medidas concretas que permitan mantener el equilibrio interno del contrato y posibilitar su realización en un marco de lealtad, buena fe y razonable solidaridad”, sostuvo la sentencia.

La medida cautelar alcanza las cuotas desde febrero de 2018 inclusive, aunque no habilita la restitución de lo que pudieren haber pagado de más hasta la fecha, monto que deberá ser reclamado y resuelto por la vía judicial sumarísima.

Según explicaron los jueces en la sentencia, la necesidad de iniciar demandas civiles con reclamos puntuales radica en que el amparo tiene un margen procesal y probatorio muy acotado y en este caso la problemática es compleja, con muchas particularidades individuales.

La medida se dispuso en el marco del expediente A-2RO33-CC2019, caratulado “Rojas Juan Ángel Cruz y otros c/ Chevrolet S.A. de Ahorro para fines determinados y otros s/ Amparo colectivo”, que tiene el patrocinio del abogado Diego Broggini y cuyo seguimiento puede realizarse a través del servicio de consulta de expedientes de la página web del Poder Judicial.

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Identificaron al hombre que murió el domingo a la madrugada en Parque Industrial

Finalmente falleció por un paro cardiorespiratorio y no por hipotermia. Tenía 63 años.

Foto: Archivo (Patagonia FotoPress)

El hombre que fue encontrado sin vida este domingo (18/08) en un precario puesto ubicado a metros del viejo basural de Roca, fue identificado como Luis Benito González, de 63 años.

Según informó una fuente judicial a este medio, finalmente no falleció a causa de hipotermia, como se pensaba en un primer momento, sino por un paro cardiorespiratorio.

Tal como anticipó La Super, cerca de las 7 de la mañana de ayer, personal del Destacamento Policial N° 104 fue alertado sobre la muerte del sujeto y concurrió al lugar a realizar las diligencias correspondientes.

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Avanza el juicio contra el hombre que le clavó un “tijerazo” a su ex pareja

El martes próximo será el turno de los alegatos. El violento hecho ocurrió en enero pasado.

Foto: Archivo (Patagonia FotoPress)

Durante la semana se concretaron las audiencias respecto del juicio que la fiscal jefa Graciela Echegaray está llevando adelante la acusación por el delito de “tentativa de femicidio”. El próximo martes (20/08) a las 9.00 será el turno de los alegatos, donde la Fiscalía expondrá los fundamentos del pedido de responsabilidad penal para la ex pareja de la víctima, Jorge Quiróz, padre del hijo que tienen en común e imputado en el legajo.

Los hechos por los que Echegaray interrogó a los testigos fue el ocurrido el pasado “3 de enero, a las 22.30 aproximadamente, cuando la víctima en el marco de una discusión con el imputado quiso retirarse del domicilio donde se encontraban. No pudiendo lograrlo, dado que éste la acorraló en el garage, junto al niño que tienen en común; poniendo a ambos en completo estado de indefensión. Luego de quitarle el niño de los brazos, se abalanzó sobre ella y le asestó un puntazo con una tijera ocasionándole heridas que la mantuvieron en terapia intermedia en el Hospital Local”.

La fiscal jefa sostiene que “dicho accionar encuadra en el marco de Violencia de Género, en virtud del relato de la víctima en donde queda de manifiesto la asimetría existente entre ella y el victimario, sobre todo por su condición de mujer y la conducta irascible que él presentó. En este encuadre y perspectiva, la prohibición de todo tipo de violencia contra la mujer, debe y tiene un amparo especial en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer ‘Convención de Belém Do Pará’”.

Cabe recordar que en la actualidad el sujeto se encuentra detenido bajo la medida cautelar de prisión preventiva y que la calificación legal por la cual está imputado es la de “homicidio en grado de tentativa doblemente agravado por el vínculo y por haber sido perpetrado contra una mujer en el marco de violencia de género”.

Durante las mencionadas jornadas declararon los médicos y personal de Salud que atendieron a la joven en el hospital cuando fue llevada por quien era su suegro tras ser herida, la víctima también prestó declaración, el médico policial y los progenitores del imputado, entre otros testigos.

El martes se escuchará a la psiquiatra forense del Poder Judicial Celina Vermal y al equipo interdisciplinario de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) del Ministerio Público Fiscal.

Luego de ello, será el turno de los alegatos de las partes, tanto de la Fiscalía, como de la querella y de la defensa particular.

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Aguas Rionegrinas deberá pagar casi 4 millones de pesos porque el agua socavó los cimientos de una casa

Los hechos ocurrieron en pleno centro de Río Colorado.

Una gran acumulación de agua y los trabajos realizados para drenarla socavaron las bases de una casa y un comercio en pleno centro de Río Colorado. Ahora sus propietarios deberán ser indemnizados con casi 4 millones de pesos. Los peritos compararon los daños con las secuelas de “un terremoto”, llegando incluso a sugerir la necesidad de una demolición.

La condena civil, que no se encuentra firme, fue dictada por la titular del Juzgado N° 31 de Choele Choel, quien impuso a la empresa Aguas Rionegrinas y al Departamento Provincial de Aguas el pago de 3.832.750 pesos, más los intereses computados desde el año 2012, a los dueños del inmueble.

Los problemas comenzaron en 2011, con una lluvia inusualmente intensa que generó una importante acumulación de agua en los desagües pluviales y en la esquina de la casa, tras lo cual la empresa ARSA realizó tareas de bombeo y drenaje. Luego, en 2012, hubo un desprendimiento de un caño de agua en el mismo sector y los empleados de ARSA rompieron el asfalto, colocaron una bomba para sacar el agua y realizaron la reconexión.

Al ser notificado de la demanda, el DPA negó cualquier responsabilidad propia o de ARSA y solicitó a la jueza que se incluya a la Municipalidad de Río Colorado como demandada. Sin embargo, el reclamo contra la comuna no prosperó porque estaba prescripto el plazo para reclamar una eventual responsabilidad de su parte.

En tanto que ARSA nunca se presentó a contestar la demanda y fue declarada “en rebeldía”. En el proceso civil eso acarrea una presunción en contra de la empresa, dando por ciertos los hechos que relate la parte demandante, salvo que los mismos fueran “inverosímiles”.

Un estudio geosísmico indicó que la acumulación de agua fue “saturando los estratos por debajo de las construcciones adyacentes, provocando la alteración de su capacidad de carga tanto bajo viviendas como bajo el pavimento. Al momento de efectuar la reparación se excavó una zanja que se inundó de agua, la que fue bombeada (…) Este desplazamiento del agua alojada allí arrastró las partículas más finas del suelo, que eran las que le daban cohesión, (…) generando un vacío que provocó los asentamientos diferenciales que dejaron varios muros sin sustento”.

Otra pericia indica daños en el 75% del edificio, calificándolos como “cuantiosos y de gran envergadura”, con “hundimiento de suelo, cimientos, fractura de paredes, azulejos estallados; casi se podría comparar con un movimiento telúrico o terremoto”, y evalúa “una demolición, ya que sus zapatas en partes han quedado en el aire”.

En tanto que el informe técnico de un arquitecto advierte “un colapso estructural en varios sectores importantes” de la edificación, de “carácter irreversible; por lo que teniendo en cuenta la inestabilidad del edificio, que los problemas de evacuación del agua por precipitaciones no se han resuelto y siguen generando filtraciones, se encomienda la demolición de las áreas afectadas o de la totalidad del edificio”.

“Tanto ARSA como el Estado Provincial (DPA) son responsables en forma directa por los daños derivados de los incumplimientos incurridos, al no haber efectuado una distribución, administración y contralor eficiente del servicio como así tampoco implementaron los estudios e inversiones necesarios que hubieran evitado el desastre sobreviniente. Que como consecuencia de las fallas devenidas en la provisión del servicio y en la falta de mantenimiento e inversiones de infraestructura se produjeron los deterioros materiales en la propiedad de los demandantes”, concluyó la jueza en su sentencia.

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