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Femicidio de Leticia: Pidieron la impugnación del fallo contra Mario Bravo

En menos de tres semanas se conocerá la respuesta del Tribunal de Impugnación.

La defensa particular de Mario Bravo, condenado a prisión perpetua por el “homicidio doblemente calificado” (Art. 45, 80 inc. 1 y 11) de Leticia Gómez, solicitó que se lo declaré inimputable y pidió a su vez la inconstitucionalidad de la pena. La condena fue dictada el pasado 9 de abril por asesinar a su ex pareja el 21 de junio del 2018 en la vereda de su casa.

En la jornada de ayer, en la audiencia de impugnación, el fiscal del caso Luciano Garrido respondió frente al Tribunal los agravios de la otra parte.

Es así que tras el pedido de “imputabilidad disminuída” el fiscal respondió que lo “rechaza ya que la sentencia se encuentra ajustada a derecho, en razón de que la declaración de inimputabilidad es un juicio normativo que le corresponde a los jueces, quienes deben nutrirse de conocimientos con los que no cuentan”.

“Por ello es que se solicitan los informes psicológicos y psiquiátricos. Se descartó la pericia de parte, más allá de que la misma decía que el condenado pudo comprender la criminalidad de sus actos y los jueces evaluaron que en las conductas exteriorizadas por el imputado al momento del hecho, se evidenciaba una secuencia organizada que demostró que el señor pensó cada acto”, dijo el fiscal.

“Lo anterior lo alejaba de su inimputabilidad, es decir, horas antes de cometer el delito, comió un asado con compañeros de trabajo, pasó por una farmacia a comprar medicamentos, estacionó su camioneta cerca de la casa de la víctima, la esperó y la atacó”, describió Garrido.

En relación al agravio presentado por la defensa particular respecto de la pena de prisión perpetua, el Ministerio Público Fiscal dijo que “el planteo debería hacerse en la etapa de ejecución y la defensa en principio no pudo encuadrar su petición, es decir, definir cuál norma constitucional se vería afectada por la condena. Además la gravedad de una declaración de inconstitucionalidad es la última ratio para aplicar”.

El Tribunal de Impugnación, conformado por los jueces Carlos Mussi, Miguel Ángel Cardella y Adrián Zimmermann, cuenta con 20 días hábiles para resolver acerca de los planteos.

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Histórico paso: Río Negro tiene su primer Código Procesal de Familia

Se basa en los principios de oralidad, celeridad del trámite y sencillez del lenguaje.

La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad el Código Procesal de Familia, que se implementará a partir del 2 de marzo de 2020.

El Código se basa en los principios de oralidad, celeridad del trámite y sencillez del lenguaje, al tiempo que establece pautas claras para la derivación al fuero penal (Ministerio Público Fiscal) de los casos que impliquen violencia física y, en consecuencia, configuren delitos. Además, define con más precisión los roles de los operadores y operadoras judiciales en los expedientes y las acciones a cargo del Poder Ejecutivo en los procesos relacionados con niños, niñas y adolescentes.

La norma se consensuó en el ámbito de la comisión de “Asuntos Constitucionales y Legislación General”, donde participaron legisladoras, legisladores, representantes del Poder Judicial y de los colegios de Abogados.

Planificación Estratégica

El anteproyecto fue inicialmente elaborado en la unidad de planificación del Fuero de Familia del Poder Judicial, que encabezó la jueza del STJ, Liliana Piccinini. Durante casi dos años se trabajó en un texto junto a la participación de las juezas y jueces de Familia y de las Cámaras Civiles, de las Secretarías de dichos Juzgados y representantes de los Colegios de Abogados de las cuatro circunscripciones de la provincia.

Luego, se presentó ante la Subcomisión para la Redacción del Anteproyecto del Código de Procedimiento de Familia de la Provincia de Río Negro, presidida por la legisladora Tania Lastra, y se nutrió con aportes de representantes legislativos y del Ministerio Público.

Un paso histórico

Por primera vez desde su creación, el fuero de Familia contará con un Código Procesal propio, en consonancia con los institutos jurídicos surgidos con el advenimiento del Nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina.

El texto del proyecto señala que “en materia de derecho de familia, el marco regulatorio constituye un verdadero cambio de paradigma” y agrega que “buscando dotar a los operadores y operadoras del derecho que se desempeñan en el ámbito del fuero de familia de herramientas claras y uniformes que guarden congruencia con las características y singularidades de nuestra provincia”.

La vocal del STJ, Liliana Piccinini, explicó los lineamientos generales: “El nuevo Código Civil y Comercial nos trae constitucionalidad y convencionalidad. Entonces hemos incorporado las Convenciones, hemos intentado que cada organismos tenga su rol bien definido”.

“Es un Código que le hace honor a la oralidad, como marca la Constitución de la Provincia”, recalcó. “Tiene en cuenta la brevedad de los plazos” y también “las consignas de lenguaje sencillo, tanto cuando se lleva adelante una audiencias como cuando se dicta una sentencia. Para que lo que se decida sea comprensible para la ciudadanía, no solo para el abogado”, ejemplificó.

La jueza que encabeza la unidad de Planificación del fuero de Familia explicó que “en el proceso de niñas, niños y adolescentes hemos definido bien los roles del Poder Ejecutivo. Lo que van a ver definido ahí es lo que sucede hoy en la práctica”, explicitó.

Violencia de género

Luego se refirió a las cuestiones de violencia de género. Resaltó que el Código estipula diferencias: “La fundamental es que se está estableciendo con claridad qué comprende violencia familiar y de género y qué es delito. Lo que es delito no lo puede llevar adelante un juez de Familia. Por supuesto que va a seguir abierto el acceso a justicia en términos reales para las víctimas de violencia a través de los Juzgados de Paz y de los Juzgados de Familia. Pero aún manteniendo las facultades y obligaciones de dictar medidas cautelares con suma celeridad, si hay delito se remitirá al Ministerio Público Fiscal”, explicó la vocal del STJ.

En cambio, “si no se trata de violencia física, seguirá trabajando el Juez de Familia. Esa es una diferencia que hemos entendido necesaria porque vemos que los jueces de Familia, en casos de violencia física, no tienen potestad. Esa potestad la tienen los fiscales y los jueces penales”.

También destacó el trabajo conjunto: “Lo mejor que nos puede pasar cuando elaboramos un código de procedimientos es que los que aporten las propuestas sean de los operadores. El hecho que participen juezas, jueces, abogadas y abogados permite poner en el código lo que en la práctica ha resultado más beneficioso para el servicio”.

El proyecto

El texto tiene poco más de 220 artículos y un anexo con un “Protocolo de actuación para el funcionamiento de los convenios de sustracción internacional de niños”. Además de los principios generales y pautas básicas del proceso, propone un régimen específico en materia de medidas cautelares y regula los procesos especiales que tramitan en el fuero de Familia, como los de alimentos, divorcio, filiación, violencia familiar y de género, sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, procesos de adopción y procesos declarativos de restricción a la capacidad.

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Confirmaron responsabilidad de Aguas Rionegrinas en desbordes cloacales en Roca

Así lo ratificó el Superior Tribunal de Justicia.

El Superior Tribunal de Justicia confirmó la responsabilidad de la provincia de Río Negro, Aguas Rionegrinas y el Departamento Provincial de Aguas por los daños y perjuicios que causó el volcado de líquidos cloacales en un sector de General Roca, comprendido entre las calles Mendoza y Jujuy y desde la Ruta Nacional N° 22 hasta Perú.

El máximo tribunal provincial ratificó la sentencia del Juzgado Civil N° 3 de Roca en el marco del amparo colectivo impulsado por el Municipio al rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado rionegrino en representación de todos los organismos condenados.

La misma sentencia reafirma que los tres entes públicos (Provincia, ARSA y DPA) “por las vías que corresponda, ya sea por sí o por terceros, procedan a realizar las obras a los fines de dar una solución integral y definitiva para evitar el volcado de líquidos cloacales a cielo abierto, debiendo sanear las zonas afectadas y alteradas”.

A su vez, el fallo ordena a ARSA “que garantice” el “correcto funcionamiento” del sistema “evitando nuevos desbordes”.

En la apelación la Provincia alegó que “no se encuentra acreditado daño alguno” y que “las obras definitivas correspondientes al sector calle Jujuy fueron realizadas casi en su totalidad”. También indicó que la obra del colector que corre paralelo a Ruta 22 (sector C2I) “se encuentra a la espera de financiamiento”.

En segundo lugar, el Estado provincial insistió en que los desbordes fueron provocados por un “caso fortuito o de fuerza mayor” a raíz de “las caídas o desmoronamientos del colector que corre paralelo a la calle Jujuy”, situación que, según la apelación, lo “exime de responsabilidad”.

Como tercer argumento, la defensa provincial cuestionó que el fallo fue “una intromisión del Poder Judicial en la órbita de competencia del Poder Ejecutivo” por haber condenado al Estado pese a que las obras “se encuentran en curso de ejecución o a la espera de financiamiento”.

El Procurador General Jorge Crespo dictaminó en la instancia de apelación y sugirió al STJ que confirme la sentencia de primera instancia. Indicó que la jueza de Roca “evaluó con detenimiento la situación fáctica que viene desarrollándose desde 2015, sin contar a la fecha con una solución efectiva a la problemática denunciada”, por lo que “carecen de asidero” los argumentos de la provincia “en cuanto a su falta de responsabilidad”.

Tras analizar los fundamentos de cada parte, el STJ concluyó que “los agravios esbozados son meras reiteraciones de los planteos que ya formulara en apelaciones anteriores y que tuvieran debido tratamiento, reiterándose ahora sin exponer razones nuevas o diferentes que habiliten la instancia extraordinaria”.

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Familiares de vecinos desaparecidos se movilizaron en la Ciudad Judicial

Se trata de Luis Sosa, Magdalena Curaqueo, Marcos Herrera y Carlos Painevil.

Foto: Gentileza Canal 10.

Familiares de vecinos de la zona que desaparecieron y de los cuáles no hay novedades al respecto, se movilizaron y concentraron esta mañana (19/09) frente a la Ciudad Judicial de General Roca.

Se trata de familiares y amigos de Luis Sosa, Magdalena Curaqueo, Marcos Herrera y Carlos Painevil. A Luis lo buscan desde el 10 de enero, a Magdalena desde el 23 de febrero y a Marcos, un joven de 21 años, desde el 10 de enero de 2015. Mientras tanto, hace 7 años que no se sabe nada de Carlos, desaparecido en Allen.

Frente a la Ciudad Judicial de Roca, realizaron una radio abierta y brindaron una conferencia de prensa posteriormente. En este sentido, denunciaron el “abandono” del Estado y exigieron que el gobierno provincial destine fondos para la compra de un Georadar y equipamiento apto y moderno para la búsqueda de personas desaparecidas.

Asimismo, exigieron la creación de una división de búsqueda de personas, capacitación del personal y recursos suficientes para que la Justicia actúe en estos casos.

Uno por uno

Luis Sosa, es un vecino de Roca de 77 años que el 10 de enero salió a cobrar su jubilación y de ese día no se supo nada más de su paradero.

Magdalena Curaqueo tiene 56 años, y está desaparecida desde el sábado 23 de febrero, cuando fue a trabajar como vendedora de tortas fritas a la feria de calle Maipú. Al momento de su desaparición vestía campera negra, pantalón floreado, remera blanca y sandalias marrones.

Marcos Adrián Herrera, fue visto por última vez el sábado 10 sábado de enero de 2015 en la ciudad de General Roca. Tenía 21 años y es de las 250 viviendas.

Carlos Painevil era taxista y bombero voluntario de la ciudad de Allen, hace siete años que está desaparecido, desde el 2 de junio del 2012. La familia denunció impericias y un accionar cómplice de laJusticia.

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