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Judiciales

Prepaga deberá cubrir el total del tratamiento de un niño con déficit de crecimiento

El STJ ratificó una sentencia del Juzgado Civil de Roca.

El Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia que condenó a una empresa de medicina prepaga a cubrir el 100% del tratamiento para un niño de 11 años de edad diagnosticado con déficit de crecimiento. El fallo rechazó la apelación de la prepaga OSDE contra lo resuelto por la titular del juzgado Civil N° 9 de Roca.

El amparo fue presentado por una mujer en nombre de su hijo y la sentencia ordenó a OSDE “dar la inmediata cobertura del 100% del tratamiento por déficit de crecimiento del niño, debiendo proveer el suplemento alimenticio y las inyecciones de manera inmediata”.

La jueza local conjugó el derecho a la salud con la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que privilegia el “interés superior del niño”, tendiente a la “máxima satisfacción, integral y simultánea” de sus derechos y garantías. En ese marco indicó que si bien la medicación que necesita el paciente no está expresamente incluida en el Plan Médico Obligatorio (PMO), debe habilitarse su cobertura porque “la ciencia médica avanza con mayor rapidez que la norma jurídica”. También valoró que la médica tratante del niño, especialista pediatra y endocrinóloga infantil, explicó que la interrupción del tratamiento podría generarle consecuencias irreversibles.

Durante el trámite del amparo la empresa no negó la prestación sino que aceptó cubrir el 40% del tratamiento, en función de las restricciones del PMO, atribuyendo a la amparista no haber demostrado “la necesidad de extender la cobertura”.

Al rechazar la apelación de la empresa el STJ recordó que el PMO es “la prestación mínima que todas las entidades prestadoras de servicios de salud -públicas o privadas- deben cumplir”, por lo que “no es una norma cerrada o rígida” y está sujeto a permanentes actualizaciones.

Invocando precedentes propios el Tribunal agregó que “no cabe de modo alguno priorizar un mero interés comercial o mercantilista por sobre el derecho a la salud de un niño; sujeto de derecho que goza de plus protectivo por su condición de persona humana en desarrollo destinataria de derechos constitucionales operativos que ameritan acciones positivas, tanto de las obras sociales estatales como de las privadas”.

Por otra parte, el STJ analizó el amplio alcance de la Ley N° 26.689 de Promoción del Cuidado Integral de la Salud de las Personas con Enfermedades Poco Frecuentes (EPF) y la Resolución N° 2329/2014 del Ministerio de Salud de la Nación, que ordena “garantizar el acceso a tratamiento con hormona de crecimiento a todas las personas que lo requieran”.

“El normal crecimiento físico del niño se encuentra en juego y el no cumplimiento del tratamiento completo irá en detrimento de su talla final de manera considerable”, concluyó el STJ. Por eso definió que “la exigencia del pago de la diferencia de costos de los medicamentos (por parte de la prepaga) configura una situación que pone en riesgo su salud y vulnera el derecho constitucional y convencional a su protección” y ordenó, en consecuencia, la cobertura del 100% del tratamiento.

“En el caso particular corresponde adoptar una interpretación extensiva y no restrictiva en cuanto al alcance de las prestaciones que deben ser cubiertas; es decir, se debe optar por una respuesta jurisdiccional que le garantice al niño un crecimiento óptimo según su carril genético, y sin vulnerar derechos que gozan del mayor estándar de protección constitucional”, concluyó el fallo del Superior Tribunal.

Judiciales

Interesados en el rol de los peritos, estudiantes universitarios visitaron la Ciudad Judicial de Roca

Se trata de alumnos avanzados de Odontología de la UNRN.

Estudiantes avanzados de la carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Río Negro realizaron una visita pedagógica a la Ciudad Judicial de Roca, acompañados por el docente y odontólogo forense Roberto Bernal.

La visita fue en el marco de la asignatura Ética y Odontología Legal, con especial interés de los estudiantes en las particularidades del proceso judicial en los distintos fueros y en su futuro rol profesional como peritos o consultores técnicos.

En primer lugar presenciaron la apertura y los primeros testimonios en un juicio oral y público del fuero penal y luego fueron recibidos por la jueza Civil Laura Fontana, quien respondió a numerosas consultas de los estudiantes y los interiorizó sobre la dinámica de los procesos civiles, el rol de los peritos en esos expedientes, las demandas por mala praxis y la importancia judicial de una correcta elaboración de las historias clínicas que lleven de sus futuros pacientes, entre otros temas afines.

Luego visitaron la morgue judicial y más tarde las dependencias del Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro, ubicadas a pocos metros de la ciudad judicial.

Además, los futuros odontólogos se llevaron información impresa sobre las misiones, prácticas, especialidades y estadísticas del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial.

La odontología forense se aplica en procesos judiciales de múltiples temáticas y fueros y permite, entre otros muchos ejemplos, reconocer a personas o cadáveres en función de las irrepetibles características de la dentadura, cuantificar o determinar el origen de daños físicos, estéticos o funcionales a nivel odontológico, constatar la correspondencia de lesiones de mordedura con la persona acusada o evaluar la necesidad, la forma de realización y/o las consecuencias de determinadas praxis médicas.

Las visitas guiadas por dependencias judiciales son una herramienta de aprendizaje que utilizan numerosas escuelas primarias y secundarias, así como establecimientos universitarios. Se solicitan a través de las Gerencias Administrativas de cada ciudad cabecera de circunscripción y se instrumentan con personal idóneo, de acuerdo con las necesidades del grupo.

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Judiciales

Inició el juicio por la muerte de la motociclista Brenda Jaque

Gustavo Linares está acusado de “homicidio culposo triplemente agravado por conducir bajo los efectos de estupefacientes”.

Esta mañana (24/06) el fiscal Luciano Garrido realizó su alegato de apertura en el debate oral y público por el homicidio culposo de Brenda Esmeralda Jaque, ocurrido en noviembre pasado en Allen

“Voy a acreditar que el imputado es el autor del hecho, que era él quien conducía el vehículo y que fue él quien chocó a la víctima fatal. Además, vamos a probar que conducía bajo los efectos de estupefacientes, que la velocidad en que lo hacía superaba en 30 km la permitida en esa zona. Bajo esas condiciones pierde el efectivo dominio de su auto, hace una maniobra por la derecha del carril y choca a Brenda Jaque”, explicó Garrido.

“También voy a acreditar que las lesiones sufridas por la joven fueron las que provocaron su muerte. Asumo el compromiso que la plataforma fáctica será acreditada tal cual se describe”, concluyó el fiscal.

Hoy fue el turno de los cinco testigos convocados por la parte acusadora pública, el primero de ellos fue el compañero que se movilizaba con la víctima fatal en el momento del hecho. Luego declararon tres amigos del imputado y finalmente quien en noviembre de 2018 era su novia.

El debate continúa mañana (25/06) a las 9.00 frente al Tribunal de Juicio compuesto por los jueces Oscar Gatti, Laura Pérez y Fernando Sánchez Freytes.

El hecho y la calificación legal que se juzga

Según la acusación fiscal “el 24 de noviembre de 2018, cerca de las 5 de la mañana, el imputado manejaba un Gol color negro, por la calle Martín Fierro, de norte a sur, en el trayecto entre la Ruta Provincial N° 65 y Calle 4 y, debido a la conducción imprudente y antirreglamentaria, ya que lo hacía bajo los efectos de estupefacientes y a una velocidad de 170 km/h, excediéndose en más de 30 km/h de la velocidad permitida en el lugar; no pudo mantener el dominio del auto y al intentar realizar una maniobra de sobrepaso por la derecha, colisionó desde atrás a la motocicleta que circulaba en la misma dirección, y que era conducida por Brenda Jaque. Luego el sujeto se dio a la fuga sin intentar socorrer a la víctima, quien falleció en el lugar a consecuencia de las heridas recibidas”.

La calificación legal por la que el joven de 21 años deberá responder es: “homicidio culposo triplemente agravado por conducir bajo los efectos de estupefacientes, por hacerlo a una velocidad superior a 30 km por hora a la permitida en esa zona, y por haberse dado a la fuga sin intentar socorrer a la víctima”.

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Gremios

ATE pedirá constituirse como querellante en el caso de estafa al IPROSS

Realizará su presentación hoy en la Justicia.

Hoy a las 11 ATE Río Negro se presentará en los Tribunales de General Roca y solicitará ante el fiscal Gastón Britos Rubiolo que se tenga al sindicato como querellante en la causa que investiga la multimillonaria estafa al IPROSS, estimada en 100 millones de pesos.

Rodolfo Aguiar, en calidad de secretario general de ATE, y Ailén Roca, como asesora legal, fundamentarán el pedido en el nuevo Código Procesal Penal, cuyo artículo 55 habilita a las organizaciones que posean un interés legítimo en alguna causa a constituirse en querellantes.

“Hemos adoptado esta importante decisión luego de analizar que la mayoría de los casos de corrupción o estafa en el Estado siempre quedan impunes. Aquí se robaron plata del pueblo y de los trabajadores. Deben ir todos presos”, señaló Rodolfo Aguiar.

Las víctimas en el hecho que se investiga son, por un lado, trabajadores activos y jubilados dependientes del Estado provincial y los municipios, afiliados todos a la obra social estatal, sobre quienes ATE posee representación de sus intereses individuales y colectivos.

Así lo establece el artículo 3 del estatuto de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), pero también el 31 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. “Son derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial: a) Defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores”, señala el texto.

“Se vuelve aún más importante la participación de ATE como querellante, luego de que fuera duramente cuestionado por la Defensa de los imputados el pedido que hizo la Fiscalía de Estado respecto a que se lo tenga como querellante en la causa, toda vez que habría funcionarios públicos involucrados con los farmacéuticos acusados de estafa”, señaló Ailén Roca, abogada de ATE.

ATE explica que es víctima, asimismo, como integrante de la Administración Pública en el Consejo de la Función Pública, en su Comisión General Técnica Ejecutiva, en el Directorio del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) y, desde mayo, en el Consejo de Administración del IPROSS.

Días atrás se confirmó la compra de una determinada cantidad de remedios, siempre menor a la facturada a la obra social del Estado, por lo que se analiza también la actuación de funcionarios públicos.

En el escandaloso legajo número MPF-RO-02833-2019, caratulado “Yop Marcelo Miguel C/ NN S/ Defraudación a la Administración”, están imputados por ahora los farmacéuticos Fabio Caffaratti, Raúl Mascaró, Rodolfo Mastandrea y Marianela Guidi; la ex propietaria de una farmacia Marcela Gil; la esposa de Caffaratti, Cecilia Balladini; y la ex auditora del Colegio de Farmacéuticos, Sandra Fasano.

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