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Judiciales

Una empresa denunció a un empleado por tenencia de pornografía infantil

El sujeto quedó imputado por la Justicia. Utilizaba la computadora del trabajo.

La fiscal del caso Belén Calarco formuló cargos a un sujeto de 51 años por el delito de “tenencia de pornografía infantil agravada por ser víctimas menores de 13 años, reiterado” (Arts. 128, 45, y 55 del Código Penal).

Según la acusación fiscal los hechos “sucedieron entre los meses de mayo y agosto del 2017, oportunidades en que el imputado desde la CPU de su lugar de trabajo visitaba sitios de internet vinculados con páginas de pornografía infantil. Desde todas esos sitios, el sujeto extraía o “bajaba” imágenes y videos de menores de edad en actividades sexuales explícitas con adultos y/o desnudos”.

“El hombre utilizada su computadora laboral usando su cuenta de correo personal, donde tras la realización de la pericia correspondiente se encontraron un total de 109 imágenes del tenor descrito. El sujeto las obtenía utilizando navegadores para buscar en internet de manera oculta y anónima, esos browsers los había instalado el imputado, los utilizaba exclusivamente él mientras cumplía sus funciones laborales”, describió Calarco.

Como sustento probatorio el Ministerio Público Fiscal presentó la denuncia realizada por el representante de la empresa donde el sujeto trabajaba, así mismo se mencionó el sumario realizado por la entidad, el acta de allanamiento en el lugar. También el denunciante hizo entrega voluntaria de la CPU, y se incluye en la prueba el acta de constatación y las fotografías obtenidas.

Además se cuenta con las pericias de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel), el informe técnico que de allí se emana, como también la pericia confeccionada por Informática Forense del Poder Judicial.

La defensa particular no planteó objeciones a la acusación y el juez de Garantías interviniente Maximiliano Camarda tuvo por formulados los cargos contra el hombre.

Judiciales

Buscan a una joven y su pequeña hija

El sábado viajaron a Añelo con intenciones de regresar el pasado lunes, pero no lo hicieron.

El fiscal de turno Gastón Britos Rubiolo informó que se está buscando a la jvoen de 17 años Selena Sheccid Mercado, junto a su hija de 1 año Alma Sheccid Sepúlveda.

Tal lo mencionado por su madre, que realizó la denuncia en la Comisaría de la Familia de Roca hoy (16/10), su hija se fue el pasado sábado por sus propios medios a la localidad de Añelo.

La joven había señalado a su progenitora que regresaría el lunes pero no lo hizo, por ello es que desconociendo su paradero hoy radicó la denuncia en la Comisaría de la Familia de Roca.

Selena Sheccid Mercado mide 165, es de tez trigueña, pelo negro y largo hasta debajo de los hombros. Tiene ojos marrones, su contextura es delgada. Cuando se fue llevaba una mochila pequeña rosa, con la imagen de Kitty. Cómo seña particular tiene en sus brazos cicatrices pequeñas.

Su hija, Alma, es de tez trigueña, pelo castaño ondulado, mide un metro aproximadamente.

Cabe aclarar que la Fiscalía de turno ha solicitado que se notifique en las comisarías de Añelo y de San Patricio del Chañar la búsqueda señalada.

Cualquier información comunicarse con la Comisaria 3° al (0298) 4436721 o la unidad policial más cercana.

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Judiciales

Investigan la muerte de una docente

Fue hallada en su departamento de calle Villegas.

Una mujer de 45 años fue hallada sin vida este mediodía (16/10) en su departamento ubicado en calle Villegas al 1900. Ya tomó intervención en el caso el fiscal Luciano Garrido.

En el lugar del hecho trabajan la Unidad Operativa de Investigación del Ministerio Público, personal de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones de la Policía. Asimismo, intervinieron médicos forenses del Poder Judicial, quienes serán los encargados de concretar la autopsia del cadáver.

Según confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal, la mujer fue identificada como Laura Farulla, quien se desempeñaba como docente en diferentes establecimientos educativos de la ciudad.

Hasta el momento se desconoce los motivos del deceso de Farulla y todo es materia de investigación. No obstante, Garrido adelantó que “en principio y tras el análisis de los investigadores, podemos decir que no habría signos de violencia ni de criminalidad en el inmueble, que se encontraba cerrado del lado de adentro”.

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Agro

Sufrió una descarga eléctrica y ahora empresa frutícola y ART deberán indemnizar a su familia

El trabajador rural resultó con secuelas neurológicas y psicológicas graves.

La Cámara Segunda del Trabajo de Roca condenó a una empresa frutícola y a su ART por no haber adoptado las medidas de seguridad básicas para un trabajador, quien sufrió una descarga eléctrica al encender una bomba de riego. El empleador y la Aseguradora de Riesgos del Trabajo fueron condenados de manera solidaria, bajo los parámetros de la responsabilidad civil, y deberán pagar una indemnización integral que incluye el daño moral a los seis herederos del trabajador.

El incidente ocurrió cuando el hombre, el regador de la chacra, de 59 años, intentó encender el riego desde un tablero que presentaba deficiencias de mantenimiento. En ese momento sufrió una descarga eléctrica que lo desvaneció.

El hombre estuvo varios días internado y la ART Prevención S.A. le brindó las primeras prestaciones. Un mes después, le dio el alta médica “sin incapacidad” para volver al trabajo. Sin embargo, a pedido del hombre, la Comisión Médica ordenó una interconsulta y un especialista le diagnosticó un importante daño neurológico. La pericia médica concluyó más tarde que el trabajador sufrió secuelas neurológicas y psicológicas graves, incapacitantes en un 65%.

El hombre falleció tiempo después por causas ajenas al accidente, por lo que la demanda fue continuada por sus hijos.

De la documentación y testimonios reunidos en el expediente laboral surgió que tanto la ART como la empresa San Formerio SRL conocían los problemas de mantenimiento del tablero eléctrico y sin embargo ninguna adoptó las medidas de prevención que les exige la ley.

“Puedo concluir en el presente caso (…) que la empleadora no ha cumplido con el deber de seguridad que le imponen la Ley de Contratos de Trabajo, la Ley de Riesgos del Trabajo y puntualmente la Ley de Higiene y Seguridad Industrial (…) que prescriben la adopción por parte de los responsables de las medidas protectorias y preventivas que resguarden la integridad psicofísica de los trabajadores y prevengan los riesgos en los puestos de trabajo”, sostiene la sentencia en relación a la empresa.

Según el fallo, la empresa también tuvo “responsabilidad objetiva” en el siniestro, por ser la propietaria del tablero eléctrico, el cual -a su vez- era una herramienta puesta en beneficio de su propia explotación y de utilización obligada por parte del trabajador. Contra esa decisión la empresa alegó que el operario tocó el tablero con las manos húmedas y que esa “culpa de la víctima” la eximía de la responsabilidad objetiva.

En respuesta, el Tribunal definió: “No puede adjudicarse falta alguna atribuible al trabajador, como producto de una maniobra prohibida o indebida, de la omisión de alguna medida de seguridad obligatoria, de un caso fortuito (…) pues el que debía resguardar el riesgo cumpliendo con la normas técnicas de seguridad de la conexión era la empleadora, y no cuando hubiera problemas en su funcionamiento, sino de manera permanente para que el trabajador pudiera cumplir su débito laboral en adecuadas condiciones de seguridad”.

Con respecto a la ART, el fallo advierte que la aseguradora había detectado la existencia del riesgo eléctrico al menos seis meses del incidente. “Debió actuar inmediatamente, intimando a la afiliada (la empresa) a corregir las condiciones de inseguridad, indicado (…) en forma prioritaria los trabajos a realizar o las medidas a tomar, o al menos coordinarlo con el responsable de Higiene y Seguridad de la empleadora, tratando de evitar que los trabajadores accedan al lugar, todo en un plazo de ejecución breve, y efectuar un seguimiento y verificación -las veces que fuera necesario- (…) para prevenir los infortunios laborales”. Es que la ART, según surge del fallo, se limitó a realizar “visitas y recomendaciones” a la empresa, sin impulsar medidas concretas para revertir el peligro.

Además de la reparación civil, la ART fue condenada a pagar la llamada “reparación sistémica” que ordena la Ley de Riesgos del Trabajo para los trabajadores que resultan con una incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva, más allá de las prestaciones que había cubierto al inicio del tratamiento.

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