Judiciales
Más de 10 años de prisión para el autor del crimen de Colipi
Además también condenaron a otras cinco personas acusadas de encubridores.
El Tribunal de Juicio definió hoy (28/06) las penas de prisión contra las seis personas que, en distinta medida, estuvieron implicadas en el homicidio de Jonathan Colipi, ocurrido en febrero pasado en Roca.
En una instancia anterior se había alcanzado un acuerdo parcial entre el Fiscal del caso, Luciano Garrido, y los abogados defensores, con el consentimiento de los imputados, quienes aceptaron la declaración de culpabilidad por los hechos atribuidos a cada uno. En la sentencia dictada hoy el Tribunal resolvió sobre los montos de las penas a aplicar, teniendo en cuenta lo solicitado por el fiscal -con acuerdo de las defensas- en la audiencia de cesura del pasado 21 de junio.
Así, el Tribunal integrado por los jueces Alejandro Pellizzon, Gastón Martín y Fernando Sánchez Freytes impuso al imputado Jorge Manunel Bouzas la pena de 10 años y 8 meses de prisión efectiva por ser autor de los delitos de “portación de arma de guerra, amenazas agravadas por el uso de arma, violación de domicilio y homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego”. También le impuso una inhabilitación de más de 21 años para “tener y/o portar armas”.
Para el imputado Walter Matías Ceballos la pena fue de 4 años y 10 meses de prisión efectiva como autor de los delitos de “portación de arma civil, amenazas agravadas, violación de domicilio y coacción agravada”, con el doble de tiempo de inhabilitación para tener y/o portar armas de fuego de cualquier categoría. También se mantuvo su declaración de reincidencia y se unificó la pena con una anterior en un total de cinco años y cinco meses de prisión efectiva.
Por su parte Nelson Adán Verdugo fue condenado como autor del delito de “encubrimiento agravado” a la pena de 1 año y 2 meses de prisión efectiva, siendo declarado reincidente por tercera vez.
A la pena de 3 años de prisión en suspenso fue condenada Geraldine Fátima Vera, como autora de los delitos de “amenazas agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real con encubrimiento agravado”. En su caso deberá cumplir una serie de pautas de conducta y controles ante el Instituto de Presos y Liberados bajo apercibimiento de convertirse la pena en prisión efectiva en caso de incumplimiento.
Misma pena y condiciones impusieron los jueces a Verónica Mansilla como autora de los delitos de “amenazas agravadas por el uso de arma y violación de domicilio”.
Por último, el Tribunal impuso un año de prisión en suspenso y las mismas pautas de conducta a Jessica Natalí Castillo por el delito de “encubrimiento agravado”.
El hecho
Según el relato que brindó la Fiscalía y que aceptaron los imputados, el homicidio de Colipi ocurrió la madrugada del 3 de febrero pasado en una vivienda de la calle Colibrí al 1000, donde se encontraban la víctima y su novia. Hasta allí arribaron Bouzas, Ceballos, Mansilla y Vera, portando los dos primeros una escopeta calibre 12 recortada y una pistola. Vera cortó la luz de la casa, mientras que los otros tres ingresaron al patio trasero y desde allí realizaron varios disparos intimidatorios. Luego Ceballos forzó la puerta a patadas y los tres entraron a la vivienda, donde golpearon a Colipi mientras le preguntaban por su padre. Mediante amenazas lo sacaron de la vivienda y una vez afuera Bouzas le efectuó dos disparos en el pecho que provocaron su muerte inmediata.
Según la acusación fiscal, los cuatro escaparon del lugar siendo luego Vera, Verdugo y Castillo quienes ocultaron las armas y municiones utilizadas.
Judiciales
La Corte confirmó fallo que avala leyes que hicieron a Roca perder tierras en el perilago de Casa de Piedra
El Municipio había apelado la sentencia del Superior Tribunal de Justicia que ratificaba la aprobación de dos leyes en la Legislatura, las cuales amplían los ejidos de Huergo y Mainqué.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la Sentencia del Superior Tribunal de Justicia que había rechazado una acción de inconstitucionalidad promovida por la comuna de General Roca en relación a dos leyes provinciales que habían fijado los límites de Ingeniero Huergo y Mainqué. El establecimiento de los ejidos colindantes por parte de la Legislatura se realizó mediante las leyes 4317 y 4318, sancionadas por unanimidad.
Lo llamativo de la votación en el Parlamento rionegrino, es que había varios legisladores roquenses entre los que la aprobaron, entre ellos el ex intendente Martín Soria, justamente quien presentó el recurso ante el STJ.
El Municipio de Roca había objetado que afectaba las tierras que conforman el perilago del Embalse Casa de Piedra. Además, adujo que no había dictamen de comisión para la segunda vuelta y que se lesionaba la autonomía municipal.
El STJ declaró la causa «de puro derecho». Tuvo en cuenta en su voto mayoritario el informe legislativo respecto a que era una práctica del cuerpo, «por una cuestión de economía parlamentaria que cuando media acuerdo sobre las observaciones que se registran sobre los proyectos aprobados en primera vuelta se consideran cumplimentados los dictámenes previstos en el tercer párrafo del artículo 99 del Reglamento Interno de la Legislatura con el voto favorable de la Cámara».
En cuanto a la autonomía municipal, dijo que «así como el Estado Provincial no puede inmiscuirse en la organización municipal, el Municipio no puede exorbitar las potestades que constitucionalmente le son reconocidas, arrogándose atribuciones de otros poderes; en el caso, del Poder Legislativo provincial».
Así, «la determinación de los ejidos colindantes es asunto del Poder Legislativo Provincial según puede extraerse del artículo 227 -1er. Párr.- de misma norma fundamental».
De esta manera, afirmó la sentencia del STJ, «ha sido el Concejo Deliberante de General Roca, al regular sobre su ejido municipal, quien ha avanzado sobre potestades y competencias que la Constitución ha concebido de manera privativa para la Legislatura Provincial».
El fallo del Superior Tribunal rionegrino se dictó en mayo de 2016. Luego, el Municipio apeló ante la Corte Suprema. El máximo órgano judicial del país emitió ahora su sentencia, tras analizar cada uno de los planteos, y rechazó la pretensión de la comuna roquense. De esta manera, la resolución del STJ quedó firme.
Judiciales
Compró un auto de 100.000 dólares y no lo pudo usar por falta de documentación
El damnificado estuvo casi un año sin poder utilizar el Chevrolet Camaro por problemas de facturación y documentación por parte de la concesionaria.
A pesar de que el Chevrolet Camaro era cero kilómetro y recién lo había retirado de una concesionaria de Neuquén, su propietario estuvo casi un año sin poder usarlo. En un primer momento le entregaron unas patentes provisorias y tuvo que hacer hasta lo imposible para que no se lo secuestraran en Plaza Huincul por las irregularidades. Promovió un juicio y consiguió una solución al problema.
El caso transitó las dos instancias en el fuero Civil de Cipolletti y recientemente fue confirmada la sentencia. El cliente probó que adquirió en la concesionaria Sahiora S.A un costoso vehículo y que no lo pudo usar por falta de documentación. Esa situación se traduce en lo que en el derecho de daños se denomina privación de uso. Pero también se le aplicó a la vendedora una multa civil por todos los problemas que se presentaron con la facturación y con la entrega de la documentación para formalizar la inscripción del vehículo ante la Dirección Nacional del Registro del Automotor.
El damnificado contó 291 días de indisponibilidad del coche, pero el fallo tomó para la indemnización un total de 100 días ya que se fijó el punto de partida desde el vencimiento del plazo otorgado en la intimación.
El dueño sostuvo que retiró el auto cero kilómetro con unas patentes provisorias, entregadas por la concesionaria. En ese contexto, y cuando se encontraba en la localidad de Plaza Huincul, le aplicaron una multa por circular sin la documentación exigida por la Ley. Los inspectores de tránsito pretendían secuestrar el vehículo, aunque él evitó esa situación. Después no lo volvió a sacar a las calles. En ese período intentó resolver el problema de los papeles con urgencia. Hizo gestiones en forma personal, telefónica y mediante reuniones con el presidente de la firma. Es más, llegó a cursar tres intimaciones para hacerse de la factura y del resto de la documentación.
El fallo consideró que hubo un cumplimiento defectuoso o tardío por parte de la concesionaria de su obligación de emitir y entregar la factura de compra.
Judiciales
Educación acuerda con el STJ simulacros de juicio por jurados en escuelas
La iniciativa busca difundir la incorporación legislativa del Juicio por Jurados en materia penal como herramienta democrática.
El ministro de Educación y Derechos Humanos, Pablo Núñez, se reunió con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Liliana Piccinini, para celebrar un convenio cooperación que permitirá llevar adelante prácticas de «Simulacro de Juicio por Jurados en Escuelas Secundarias». Acompañaron la firma los jueces, Sergio Barotto y Sergio Ceci, y el secretario de Educación, Duilio Minieri.
La prueba piloto se realizará con estudiantes de los cursos de los últimos años de escuelas secundarias de Villa Regina, General Enrique Godoy e Ingeniero Huergo.
La primera etapa se centrará en la coordinación general. Para esto, se visitarán las escuelas participantes y se mantendrá reuniones con los y las docentes y equipos directivos con el fin de organizar el trabajo a realizar y despejar dudas que surjan para su aplicación.
La segunda etapa será de sensibilización. En esta instancia se explicará a las y los estudiantes la fundamentación de un Juicio por Jurados y se les entregará un escrito y folletería institucional respecto de la incorporación y función de este nuevo dispositivo judicial.
Luego, accederán a los guiones correspondientes al caso que deban tratar en el simulacro, a la vez que se les explicará la fundamentación pedagógica y la consigna grupal.
Ya en la tercera etapa se llevará a cabo una capacitación específica de acuerdo al rol de cada estudiante en el simulacro y se tratarán las dudas surgidas del primer encuentro y del material recibido. Una vez culminadas estas instancias, se desarrollarán los simulacros con los tres cursos o grupos de estudiantes seleccionados.
Esta iniciativa busca difundir la incorporación legislativa del Juicio por Jurados en materia penal como herramienta democrática. Además de fomentar el conocimiento de los estudiantes respecto del funcionamiento de la Justicia de la Provincia y acercar herramientas para entender los casos, alcances y requisitos en los que actúa el o la ciudadana como Jurado.
