La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó ayer jueves (08/06) que luego del «fracaso de la última audiencia en el Ministerio de Trabajo» realizarán un paro nacional en los servicios de colectivos de corta y media distancia el próximo martes (13/06).

«Las empresas se niegan a acordar un aumento salarial conforme el incremento de la inflación y en el que tanto las autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación, como del resto de las provincias del interior y la Ciudad de Buenos Aires se han encontrado ausentes», explicaron en un comunicado.

En ese sentido, confirmaron la medida de fuerza al indicar que «ratificamos un paro por 24 horas en empresas de corta y media distancia de todo el país, desde las 00 horas del día martes 13 del corriente mes».

En otro apartado, desde el gremio justificaron la interrupción del servicio a nivel nacional ya que «las empresas niegan la posibilidad de aumento salarial, tanto en el AMBA como en el interior del país».

Además, destacaron que esta medida afecta «a los 10 millones de usuarios diarios del AMBA y 9 millones en el interior del país» y atribuyeron la «exclusiva responsabilidad» al sector empresario y a las autoridades nacionales y provinciales de los respectivos Ministerios de Transporte.

En conferencia de prensa, ATE anunció que realizará un paro con movilización en todo el territorio nacional el viernes 16 de junio ante la «preocupante crisis económica que atraviesa el país y que se agudiza en el ámbito estatal. Este Gobierno profundiza el ajuste en el último tramo de su gestión. Los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo y aumenta la precarización laboral en un sector público cada vez más empobrecido», apuntó el secretario adjunto del gremio, Rodolfo Aguiar.

«Necesitamos un aumento de emergencia por encima de la inflación, el otorgamiento de una suma fija que permita mejorar sus condiciones a los que menos ganan, y el pase a planta permanente de todos los contratados en el Estado», detalló.

Aguiar insistió en que «el acuerdo con el FMI tiene que ser revisado», siendo este una de las principales exigencias que habrá en la marcha, y continuó con que «los dueños del dinero siguen haciendo lo que quieren en una Argentina donde nadie les pone límites. Esta huelga tiene que servir para poner en evidencia que necesitamos recuperar un Estado que vuelva a estar al servicio de todo el pueblo».

Además, ATE acentuará el rechazo al último acuerdo paritario firmado a espaldas del gremio, tras una reunión privada -y fuera del ámbito formal- entre el presidente Alberto Fernández y el titular de UPCN, Andrés Rodríguez.

El mismo implica tres aumentos acumulativos (7% en junio, 11% en julio y 12% en agosto), quedando por debajo de las proyecciones inflacionarias, además que no significa una recuperación del poder adquisitivo de los estatales.

Trabajadoras y trabajadores del hospital Francisco López Lima, acompañados de referentes de los gremios ATE, UPCN y de Asspur, realizaron esta mañana (6/6) una asamblea en el exterior de la Dirección del nosocomio, para pedir la remoción de la médica Cristina Orlandi de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de adultos, a partir de los episodios de violencia sucedidos en ese sector hace unos días y denunciados en Fiscalía por dos enfermeras. Además las trabajadoras denunciantes aseguran que la Unidad de Terapia Intensiva no cumpliría con las condiciones para funcionar, al no contar con agua caliente ni calefacción en uno de los sectores y que carece de filtros. Indicaron que hace más de dos meses piden a las autoridades sanitarias una inspección de la Terapia: «el espacio incumple con absolutamente todas las normativas de categorización para la habilitación de las Terapias Intensivas Polivalentes de la Nación, que está regulado en una resolución del Ministerio de Salud de 2014. (…) Necesitábamos que el servicio no se habilite en las condiciones en las que estaba», refirieron.

Este es solo uno de los puntos que salieron a la luz a partir de la situación que tomó estado público esta semana cuando las denunciantes decidieron exponer lo sucedido en los medios de comunicación.

En su relato, donde hacen hincapié en las denuncias realizadas ante Fiscalía y en la Comisaría Tercera, aluden a episodios de violencia constante por parte de la doctora Orlandi, que habrían encontrado su punto máximo la semana pasada, cuando frente a familiares de pacientes agredió, -según la denuncia-, físicamente a una enfermera.

Rocío López y Romina Díaz, las denunciantes, hablaron en diálogo con Ahí Vamos (La Super 96.3, lunes a viernes de 7 a 9), relataron lo sucedido la semana pasada y remarcaron que la UTI no se encuentra en óptimas condiciones.

«Efectuamos una denuncia penal por un acto de violencia ocurrido el 2 de junio a la mañana, con Cristina Orlandi, quien sacó a los empujones a mi compañera del cuarto de informes. Este hecho ocurrió con testigos familiares de pacientes a los cuales se les estaba dando el informe. Esta situación pasó un límite con esta señora».

Relataron que el detonante de la agresión fue el reclamo formulado por familiares de uno de los pacientes, ya que hace un mes el sector nuevo de la UTI no cuenta con agua caliente y que se han hecho los reclamos correspondientes desde Enfermería.

«Cuando pasamos de la Terapia 2 a la 1 (por un brote de una bacteria), en el acta que firmamos con Orlandi, aceptamos las condiciones porque era para contener el brote. Aceptamos las condiciones…que nos íbamos a calefaccionar con caloventores, sabíamos que no teníamos agua caliente, pero en el acta decía que se iban a sostener los pacientes que teníamos internados y que no iba a haber más ingresos de pacientes pero eso no se cumplió. La doctora (Orlandi) es la responsable de aceptar el ingreso de pacientes, sabiendo que la Terapia no contaba con las condiciones, ni se calefacción ni de agua caliente ni de filtros», dijo Romina.