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Política

Para Juntos el Municipio tiene «otro problema grave que no es afrontado»

El oficialismo provincial criticó al Municipio por el conflicto en el transporte urbano.

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La mesa local de Juntos Somos Río Negro volvió a criticar al Municipio de General Roca por el conflicto en el transporte urbano de pasajeros. En este sentido manifestaron que «a raíz de un paro de 48 horas, cerca de 10.000 roquenses tienen un problema serio con el transporte urbano (servicio que le corresponde a la Municipalidad y que lo concesiona), pero las autoridades locales no han mostrado decisión ni ideas para afrontarlo».

Aseguraron asimismo que «nuestros candidatos en la pasada campaña se reunieron con los dirigentes del gremio de los choferes, la UTA, y nos confirmaron lo que ya se sospechaba, y es que cuando hay un problema complejo en la ciudad, la gestión no aparece. Desde el gremio presentaron 6 pedidos de audiencia, pensando en los pasajeros y en los 100 empleados de la empresa prestadora del servicio. Pero no lograron sentarse a dialogar con el intendente, quien les ha negado las audiencias».

«Ante esa situación, creímos necesario presentar un pedido de informes para conocer la situación del transporte público, pero si no atienden a un gremio que teme por el destino de 100 compañeros, es obvio que menos van a responder un simple pedido de informe», agregaron.

«Por lo tanto preferimos hacer públicas algunas consideraciones, como por ejemplo que sería bueno que el municipio informe a la sociedad roquense el estado del contrato de concesión del transporte público urbano, historial de aumentos autorizados, matriz de costos que usa el municipio para fijar los aumentos tarifarios, y por último que se asuma el compromiso de garantizar el transporte urbano, atento que según las estimaciones que nos compartieron desde el sindicato, unos 10.000 vecinos de Roca necesitan este servicio para ir a sus trabajos, para estudiar y para hacer sus trámites», añadieron desde JSRN.

«Ahora, a pesar del paro lanzado, no hay ningún tipo de pronunciamiento de las autoridades municipales. En la actualidad, al personal se le deben salarios, y se les adeuda un pago de 5 mil pesos firmado en las últimas paritarias», indicaron desde la mesa local que lideran Juan Cruz Muñoz y Nelson Ayenao.

Por otro lado, solicitaron que la Municipalidad de Roca «rompa -también en este aspecto-, su aislamiento, y adhiera al sistema de la tarjeta SUBE, una herramienta que tiene beneficios y que facilita el transporte. Solo pensando en los estudiantes, que necesitan tomar colectivos urbanos e interurbanos, vemos que resulta bastante inexplicable que Roca se haya mantenido al margen. Por otra parte, ingresar a la SUBE genera beneficios para la empresa de colectivos, que se pierden por darle la espalda a un sistema usado en todo el país».

«Vale aclarar que ya la provincia le entregó al Municipio el subsidio al boleto correspondiente al mes pasado, como hace en otras ciudades, para aliviar el peso en los bolsillos de la abrupta quita de subsidios de parte del gobierno nacional», concluyeron desde Juntos en un comunicado que además de Muñoz y Ayenao lleva la firma de los concejales electos (asumirán el 10 de diciembre próximo) Gustavo Maida, Graciela Leiva y Gabriel Arto.

Política

Weretilneck solicitará al Gobierno Nacional la provincialización de las Rutas 22 y 151

Se trata de una estrategia conjunta con la provincia del Neuquén.

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El gobernador Alberto Weretilneck solicitará al Gobierno Nacional la provincialización de las Rutas N° 22 y N° 151 para poder generar el mantenimiento y las mejoras requeridas mediante fondos de inversión privados. Se trata de una estrategia conjunta con la provincia del Neuquén.

Las vías que conforman la entrada y la salida de Vaca Muerta muestran un enorme deterioro y abandono por parte del gobierno del presidente Javier Milei. «Hace más de 20 años que los gobiernos nacionales, no importa el signo político o partidario, no pueden terminar la ruta. El nivel de mantenimiento es lamentable, basta de dar vueltas, necesitamos una solución definitiva», sostuvo.

Esta mañana (22/04) en Carmen de Patagones, Weretilneck participó del acto central del 45° aniversario de la comarca Viedma-Patagones, y en diálogo con los medios de prensa, aseguró que trabaja junto a su par neuquino Rolando Figueroa en toda la documentación para solicitar el traspaso de las Rutas 22 y 151.

«Apenas tengamos la propuesta consensuada entre las dos provincias la transmitiremos al gobierno nacional», adelantó Weretilneck.

El gobernador de Río Negro habló sobre una gestión mixta público-privada con financiamiento a través de la concesión de obra pública, en otros casos a través del sistema de peajes, «esencialmente financiado y pagado por quienes usan las rutas y no son habitantes de Río Negro ni de Neuquén».

«Estamos convencidos, las dos provincias, que lo mejor es que sean rionegrinos y neuquinos quienes administren nuestras propias rutas, porque está claro que los gobiernos centrales no entienden la importancia que tienen para nosotros y tampoco le prestan atención».

La ampliación de la Ruta Nacional 22 es un trastorno para los habitantes de la región norpatagónica. Pasaron cuatro presidencias desde que empezó a transformarse en autovía desde Chichinales (Río Negro) hasta Arroyito (Neuquén): Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández; y tampoco hay avances con Javier Milei.

La parálisis y abandono acarrean el inevitable deterioro en diversos tramos que la tornan intransitable y un peligro para los 50.000 vehículos diarios que la circulan, sobre todo para el porcentaje que lo hace entre General Roca y Cipolletti.

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Política

Proponen que se realicen estudios de rinoscopía obligatoria a funcionarios y policías de Río Negro

Se busca así desestimar la adicción a drogas ilegales.

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La legisladora del bloque de Primero Río Negro, Yolanda Mansilla, presentó un proyecto de ley por el cual se establece la obligatoriedad de la realización de estudios médicos anuales que genere la obtención de un certificado psicofísico para los funcionarios del Poder Ejecutivo hasta la categoría de director y miembros de la Policía de Rio Negro hasta el rango de subcomisario; funcionarios del Poder Legislativo hasta la categoría de director y legisladores provinciales para desestimar la adicción a drogas ilegales.

Según el proyecto, se establece que los estudios se realizarán una vez al año, dando cumplimiento a la realización de diferentes exámenes como psiquiátrico, rinoscopía, y análisis de orina y sangre completo, siendo la autoridad de aplicación el Ministerio de Salud de la Provincia de Rio Negro.

La doctora Mansilla en sus fundamentos señaló que «se trata de ampliar los alcances de la Ley N° 3550 de Ética Pública que establece que los funcionarios deben garantizar, entre otras cuestiones, la actuación en base a los principios de probidad, dignidad e independencia, e incorporando en este caso a miembros de la Policía de la provincia, que tiene a su cargo el mantenimiento del orden y la seguridad pública actuando en el cuidado y resguardo de la vida y los bienes de los ciudadanos».

Mencionó la legisladora que «de ninguna manera la iniciativa tiene que ver con valorar los derechos individuales independientes, pero si contrarrestar consecuencias perjudiciales a terceros, e incluso dispone absoluta confidencialidad y programas de rehabilitación en caso de ser necesarios».

El proyecto invita a adherir al Poder Judicial, al Ministerio Público y los municipios

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Policiales

Presentaron un proyecto para prohibir el uso de celulares en cárceles rionegrinas

Los internos podrían realizar llamadas -a través de teléfonos fijos- entre las 8 y 19 horas, pero con una duración de 5 minutos cada una.

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Los legisladores provinciales Santiago Ibarrolaza, Patricia Mc Kidd y César Domínguez, del bloque La Libertad Avanza, presentaron un proyecto de modificación de ley para prohibir el uso de celulares en cárceles.

El proyecto presentado esta semana en la Legislatura tiene como finalidad proporcionar «herramientas de acción a los actores judiciales para contener y desarticular los delitos que se cometen utilizando herramientas de comunicación desde los complejos carcelarios».

En Río Negro, el 7 de diciembre de 2018, el Ministerio de Seguridad y Justicia implementó un Protocolo de utilización de telefonía celular dentro de las cárceles. «A pesar de que estipula ‘establecer la identidad de los dispositivos y realizar de forma precisa una regulación de su tenencia y uso dentro de cada establecimiento’, la realidad demuestra que la norma permite la utilización ilimitada de los teléfonos por parte de los internos», detalla el proyecto.

Los delitos de estafa telefónica son una constante que ha ido en aumento con el paso de los años. La modificación de la Ley Provincial S Nº 3008 busca prohibir las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles de cualquier tipo, así como el acceso a redes sociales e internet.

El sistema que buscan implementar sería de llamadas telefónicas realizadas en el horario de 8 a 19 horas, con una duración máxima de 5 minutos cada una. Las comunicaciones se realizarán a través de teléfonos fijos conectados a un conmutador y serían suspendidas en caso de existir sospecha fundada de la posible comisión de un ilícito.

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