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«No hemos separado todavía a los médicos implicados»

La directora del Hospital de Roca sostuvo que están «a disposición de la Justicia», luego de la denuncia por mala praxis.

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Foto: Archivo (Patagonia FotoPress)

Ana Senesi, directora del Hospital Francisco López Lima de General Roca, dialogó con Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 10 por La Super FM 96.3) y aseguró que el nosocomio público está a disposición de la Justicia, luego de la denuncia radicada por un hombre sobre un supuesto caso de mala praxis en el que falleció su mujer.

Senesi no brindó demasiados detalles del hecho, afirmando que «no tuve posibilidad de ver la historia clínica, ya que la misma fue entregada a la Justicia».

En este sentido indicó que «vamos a hacer un procedimiento administrativo de todas las cuestiones que fueron sucediendo. Estamos a disposición de la Justicia».

Al ser consultada sobre la situación laboral de los profesionales denunciados e implicados, manifestó que «no hemos separado preventivamente a los médicos que intervinieron».

Finalmente consideró que «más allá de la familia de la víctima, los profesionales también están pasando un mal momento.

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Caso Nahiara: Perpetua para el padrastro y 12 años de prisión para la madre

Erbin y Miranda fueron condenados por los delitos que llevaron a la muerte a una niña de tan sólo 3 años. Los hechos ocurrieron el año pasado en Los Menucos.

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Tras el veredicto de culpabilidad que emitió el jurado y el juicio de cesura realizado en Roca, se impusieron hoy (17/09) las penas de prisión efectiva para el hombre y la mujer condenados por los delitos que llevaron a la muerte a una niña de 3 años en Los Menucos.

Carlos Erbin, quien era pareja de la madre de la niña, fue condenado a la pena de prisión perpetua como autor del delito de femicidio. En tanto que Valeria Miranda, madre de la víctima, fue condenada a 12 años de prisión efectiva como responsable del delito de abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo. Respecto de la mujer, el juez de Juicio Gastón Martín dispuso que quede detenida con prisión preventiva hasta tanto la sentencia quede firme, admitiendo así el pedido que formuló el fiscal Andrés Nelli, fundado en el riesgo procesal de fuga. El imputado Erbin, por su parte, cumple prisión preventiva desde el comienzo del proceso.

La lectura de la sentencia se realizó en la Ciudad Judicial de Roca, con la presencia del imputado, su defensor particular Carlos Vila; el defensor público Eduardo Luis Carrera y el fiscal Nelli. En tanto que la parte querellante, a cargo del abogado Marcelo Hertzriken Velasco, y la mujer imputada participaron de la audiencia a través de la plataforma zoom.

Pena por femicidio

Con respecto a la condena para Erbin, el juez aclaró que la única opción que da la ley penal para el delito de femicidio es la prisión perpetua. “No resulta necesario realizar consideraciones sobre agravantes y atenuantes, toda vez que estamos en presencia de una pena indivisible”, explicó.

La defensa del imputado había planteado al juez la fijación de un tope de 20 años para la prisión perpetua, alegando el derecho a la resocialización y la obligación de fijar límites temporales a las penas. “No existe posibilidad jurídica que me permita esa solución”, señaló el juez. Y aclaró “la prisión perpetua, tal como está legislada, permite la progresividad en el cumplimiento de la pena, pudiendo solicitar su libertad condicional” en la etapa de ejecución, en los plazos y las condiciones que prevé el Código Penal.

“La pena de prisión perpetua es, en definitiva, ajustada a su culpabilidad”, concluyó.

Pena por abandono

En el juicio de cesura la Fiscalía había solicitado una condena de 17 años para la mujer; mientras que su defensor oficial había pedido la pena mínima legal de 6 años y 8 meses. Por su parte, la querella había pedido la no aplicación de una pena de prisión -o en su defecto una condena inferior al mínimo legal- por considerar aplicable la figura de “pena natural” para Miranda, derivada de la muerte de su propia hija.

El juez analizó los pedidos de cada parte y finalmente impuso a Miranda la pena de 12 años de prisión. Como agravantes consideró que “el daño causado por el delito es irreparable y de una magnitud insuperable”. Señaló que las lesiones que presentaba la niña “recrean un cuadro desolador de violencia que culminó con su muerte”. “No fue el abandono de un día lo que causó el desenlace fatal; fue el abandono reiterado, habitual y deliberado frente a la violencia desmedida que se ejercía sobre la niña”, indicó. “Todo ello quedó impreso en su débil humanidad, en las múltiples lesiones -más de 50- que durante un lapso de 100 días sufrió de manera reiterada”, afirmó.

El juez valoró además que “quedó acreditado que, si bien con alguna limitación, sí pudo haberle dado auxilio” a la niña.

Agregó: “Se ha afirmado que Valeria Miranda ha asumido un doble rol de víctima y victimaria. Sin embargo, toda la prueba rendida en el juicio y en la cesura me llevan a la conclusión de que en este caso ha existido una única víctima: la niña muerta”. “Si bien es cierto que ha vivido en un ambiente de violencia que puede haber limitado su libertad, no ha sido de la importancia en el desarrollo de los hechos que se le pretende asignar”, concluyó.

Como atenuantes, el juez valoró que no tiene antecedentes y que, por ser una persona joven, podrá “evaluar los hechos desde otra perspectiva asumiendo las responsabilidades que le son propias”. Otros atenuantes fueron “la falta de referentes paternales que puedan haberla contenido mejor; la difícil situación económica y social en la que se desarrolló su vida; la diferencia de edad con quien era su pareja, la falta de recursos emocionales para detectar la violencia y erradicarla o protegerse de ella; y la realidad compleja de la situación familiar y de pareja en la que vivió; la precaria educación recibida, que la privó de las herramientas necesarias para dimensionar debidamente la situación en la que se encontraba su hija y su rol de madre”.

Respecto del pedido de la querella de eximir de la pena de prisión a la mujer por aplicación de la “pena natural”, el juez dijo que hacer lugar a ese pedido sería ignorar la decisión del jurado popular soberano. “Si así lo hubiese querido el pueblo, la hubiese declarado no culpable”, afirmó.

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Judiciales

«Entendemos por el informe preliminar que los restos óseos encontrados no son los de Videla»

Esperan el primer informe del perito para conocer sexo y edad aproximada.

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Foto: Archivo.

En diálogo con Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3) el fiscal Luciano Garrido brindó mayores precisiones sobre el hallazgo de restos óseos en la barda norte, entre General Roca y Cervantes. En este sentido adelantó que «calculamos que antes del fin de semana tengamos un informe preliminar».

No obstante aclaró que «se va a limitar a conocer el sexo, si se puede dar algún dato de edad aproximada y talla para así poder relacionarlo con los casos que estamos trabajando sobre desaparición de personas». Adelantó que «según el informe preliminar, se trata de restos óseos de larga data por lo que no se trataría de Javier Videla» -el trabajador judicial desaparecido desde el 4 de marzo de este año-.

Si confirmó Garrido que «estamos investigando si se puede tratar de Marcos Herrera -joven que salió caminando hacia la barda norte en enero del 2015 y no se supo más nada sobre su paradero- o Magdalena Curaqueo -la mujer que desapareció en febrero de 2020-«.

Respecto a signos de violencia, el fiscal sostuvo que «es imposible, al ser solo huesos, establecer si hubo violencia o no. Excepto si hay restos de un proyectil, pero no hemos encontrado nada».

Agregó que los restos encontrados «estaban a cielo abierto, en un radio muy pequeño, tal vez producto de los propios movimientos que generan los animales del lugar».

Agregó que «estaba en un lugar de acceso difícil, no se puede acceder vía vehículo»

Finalmente ratificó que «mañana viernes podríamos tener algún tipo de orientación para continuar con la investigación».

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Judiciales

Los tipos de delitos más frecuentes en 2021: casi el 30% fueron contra la propiedad

En el primer semestre ingresaron a las Oficinas Judiciales de toda la provincia un total de 2.964 legajos. Más de la mitad de esas causas corresponden a delitos contra la propiedad, contra la administración pública y contra la integridad sexual.

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En el primer semestre de este año ingresaron a las Oficinas Judiciales de toda la provincia un total de 2.964 legajos. Más de la mitad de esas causas corresponden a delitos contra la propiedad, contra la administración pública y contra la integridad sexual.

Según el informe estadístico semestral elaborado por el Centro de Planificación Estratégica que depende del Superior Tribunal de Justicia (STJ) los delitos contra la propiedad representan el 29,12% de todos los legajos ingresados. Le siguen los delitos contra la administración pública (16,80%), los delitos contra la integridad sexual (12,28%), los delitos contra las personas (11,17%), contra la libertad (10,70%) y los delitos contra la seguridad pública (9,31%).

Los delitos contra la propiedad incluyen los hurtos, robos, estafas y daños materiales, entre otros.

La categoría de delitos contra la administración pública incluye el atentado y resistencia a la autoridad, la falsa denuncia, el falso testimonio, el encubrimiento y la desobediencia a una orden judicial que, entre otros legajos, se aplica ante el incumplimiento de medidas cautelares en violencia de género.

Los delitos contra la integridad sexual contemplan los abusos con o sin acceso carnal, la corrupción de menores, la facilitación a la prostitución y las exhibiciones obscenas.

En la categoría delitos contra las personas se encuentran todos los tipos de homicidios (culposos, dolosos, con agravantes y atenuantes), las lesiones, el abuso de armas y el abandono de personas. Y los delitos contra la libertad contienen la privación ilegítima de la libertad, la violación del domicilio, las amenazas y la coacción, por ejemplo.

Los delitos contra la seguridad pública incluyen, entre otros, el artículo 205 que es el que se aplica por incumplimiento de las medidas por la pandemia.

Audiencias

Durante el primer semestre se realizaron 5.050 audiencias. Formulaciones de cargo, controles de acusación, suspensión de juicio a prueba y juicios abreviados son las audiencias más frecuentes.

En el mismo periodo 25 personas recibieron una sentencia absolutoria y 523 personas sentencias condenatorias.

El Tribunal de Impugnación llevó adelante 48 audiencias y dictaron 112 sentencias. La mayoría de las audiencias realizadas son de impugnación de sentencia y, en menor medida, queja e impugnación de interlocutorios.

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