Judiciales
Fue arrollado por el tren y deberán indemnizarlo en más de un millón de pesos
Una sentencia de primera instancia, que aún no está firme porque puede ser apelada, condenó al conductor de una Ford F100 y a la empresa Ferrosur Roca SRL a indemnizar a un hombre de 64 años por la suma de 1.336.554,07 de pesos más intereses. El accidente ocurrió en Fernández Oro, acceso Martín Fierro, cuando la camioneta fue arrollada por una formación ferroviaria. La persona que iba como acompañante sufrió múltiples traumatismos y resultó con un elevado porcentaje de incapacidad.
El juez civil Diego De Vergilio, luego de analizar la prueba producida, concluyó que Ferrosur Roca y el conductor de la F100, ambos demandados, tienen un 50% de responsabilidad en el accidente y por eso se deberán repartir el monto de la indemnización a favor del hombre que iba como acompañante en la camioneta.
El damnificado, de 64 años y trabajador de la construcción, sostuvo que antes de llegar al cruce ferroviario recibió un llamado telefónico de su hijo y lo atendió. Luego perdió el conocimiento y se despertó un mes después. Como consecuencia del accidente sufrió traumatismos múltiples que le dejaron un alto porcentaje de incapacidad. La pericia arrojó como resultado una incapacidad del 82,78%.
El maquinista y su ayudante declararon que, antes del cruce, hicieron sonar la bocina del tren pero dos testigos afirmaron que no escucharon nada. De hecho un vecino que justo estaba regando sus plantas creyó que la camioneta había chocado el puente que está en las inmediaciones porque no escuchó el paso de la formación ferroviaria.
El juez determinó que por la Ley de Tránsito la prioridad de paso “sin excepciones” es de los vehículos ferroviarios. La misma norma establece la prohibición de cruzar un paso a nivel si se percibiera la proximidad de un vehículo ferroviario. “Conforme la citada ley especial, se presume responsable de un accidente al que carecía de prioridad de paso o cometió una infracción relacionada con la causa del mismo (art. 64, segundo párrafo Ley 24.449). De todo lo anterior se desprende el especial reproche que merece la conducta del codemandado (el conductor de la F100)”, dice el fallo.
Respecto de la responsabilidad de Ferrosur Roca SRL concluyó el magistrado que “el siniestro se hubiera podido evitar si los operadores de la locomotora (maquinista y/o ayudante), en las proximidades del paso a nivel, hubieran adoptado medidas contundentes de seguridad especialmente las acústicas que impone la normativa especial- para alertar el avance de la formación; sin confiarse por la sola existencia de la “cruz de San Andrés”. Esta última, como ya dije, es por sí misma insuficiente. Ya que en rigor sólo tiene aptitud para prevenir la existencia del paso nivel; mas – como señal estática no actúa de modo alguno previniendo de manera concreta la cercanía del tren. Por simples y evidentes máximas de experiencia (que suponen que nadie quiere causarse un daño a sí mismo), no tengo dudas que de haberse cumplido aquellas advertencias activas por parte del personal ferroviario, ello habría favorecido que el conductor de la camioneta tomara los recaudos atinentes a la presencia del tren y cedieran el paso al mismo”.
Judiciales
Compró un auto de 100.000 dólares y no lo pudo usar por falta de documentación
El damnificado estuvo casi un año sin poder utilizar el Chevrolet Camaro por problemas de facturación y documentación por parte de la concesionaria.
A pesar de que el Chevrolet Camaro era cero kilómetro y recién lo había retirado de una concesionaria de Neuquén, su propietario estuvo casi un año sin poder usarlo. En un primer momento le entregaron unas patentes provisorias y tuvo que hacer hasta lo imposible para que no se lo secuestraran en Plaza Huincul por las irregularidades. Promovió un juicio y consiguió una solución al problema.
El caso transitó las dos instancias en el fuero Civil de Cipolletti y recientemente fue confirmada la sentencia. El cliente probó que adquirió en la concesionaria Sahiora S.A un costoso vehículo y que no lo pudo usar por falta de documentación. Esa situación se traduce en lo que en el derecho de daños se denomina privación de uso. Pero también se le aplicó a la vendedora una multa civil por todos los problemas que se presentaron con la facturación y con la entrega de la documentación para formalizar la inscripción del vehículo ante la Dirección Nacional del Registro del Automotor.
El damnificado contó 291 días de indisponibilidad del coche, pero el fallo tomó para la indemnización un total de 100 días ya que se fijó el punto de partida desde el vencimiento del plazo otorgado en la intimación.
El dueño sostuvo que retiró el auto cero kilómetro con unas patentes provisorias, entregadas por la concesionaria. En ese contexto, y cuando se encontraba en la localidad de Plaza Huincul, le aplicaron una multa por circular sin la documentación exigida por la Ley. Los inspectores de tránsito pretendían secuestrar el vehículo, aunque él evitó esa situación. Después no lo volvió a sacar a las calles. En ese período intentó resolver el problema de los papeles con urgencia. Hizo gestiones en forma personal, telefónica y mediante reuniones con el presidente de la firma. Es más, llegó a cursar tres intimaciones para hacerse de la factura y del resto de la documentación.
El fallo consideró que hubo un cumplimiento defectuoso o tardío por parte de la concesionaria de su obligación de emitir y entregar la factura de compra.
Judiciales
Educación acuerda con el STJ simulacros de juicio por jurados en escuelas
La iniciativa busca difundir la incorporación legislativa del Juicio por Jurados en materia penal como herramienta democrática.
El ministro de Educación y Derechos Humanos, Pablo Núñez, se reunió con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Liliana Piccinini, para celebrar un convenio cooperación que permitirá llevar adelante prácticas de «Simulacro de Juicio por Jurados en Escuelas Secundarias». Acompañaron la firma los jueces, Sergio Barotto y Sergio Ceci, y el secretario de Educación, Duilio Minieri.
La prueba piloto se realizará con estudiantes de los cursos de los últimos años de escuelas secundarias de Villa Regina, General Enrique Godoy e Ingeniero Huergo.
La primera etapa se centrará en la coordinación general. Para esto, se visitarán las escuelas participantes y se mantendrá reuniones con los y las docentes y equipos directivos con el fin de organizar el trabajo a realizar y despejar dudas que surjan para su aplicación.
La segunda etapa será de sensibilización. En esta instancia se explicará a las y los estudiantes la fundamentación de un Juicio por Jurados y se les entregará un escrito y folletería institucional respecto de la incorporación y función de este nuevo dispositivo judicial.
Luego, accederán a los guiones correspondientes al caso que deban tratar en el simulacro, a la vez que se les explicará la fundamentación pedagógica y la consigna grupal.
Ya en la tercera etapa se llevará a cabo una capacitación específica de acuerdo al rol de cada estudiante en el simulacro y se tratarán las dudas surgidas del primer encuentro y del material recibido. Una vez culminadas estas instancias, se desarrollarán los simulacros con los tres cursos o grupos de estudiantes seleccionados.
Esta iniciativa busca difundir la incorporación legislativa del Juicio por Jurados en materia penal como herramienta democrática. Además de fomentar el conocimiento de los estudiantes respecto del funcionamiento de la Justicia de la Provincia y acercar herramientas para entender los casos, alcances y requisitos en los que actúa el o la ciudadana como Jurado.
Judiciales
Lago Escondido: El Procurador General dictaminó revocar fallo que ordena abrir el camino de Tacuifi
La Justicia de Bariloche había ratificado una sentencia del 2013 que ordenaba reabrir el acceso al lago.
El Procurador General de Río Negro, Dr. Jorge Crespo, dictaminó revocar una sentencia de la Cámara Civil de Bariloche que confirmaba una anterior de un Juez de Ejecución, la cual ordena a la provincia abrir el camino de Tacuifí para acceder al Lago Escondido. Según el criterio del titular del Ministerio Público esta última modificaba lo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia en el año 2005 respecto a la forma de garantizar el acceso al lugar.
El máximo tribunal provincial había determinado «rechazar la acción de mandamus interpuesta por la doctora María Magdalena Odarda» y, en un segundo punto advertía que existían «cuestiones pendientes a resolver por parte de los requeridos, quienes en un plazo razonable deberán finalizar los trámites administrativos registrables pendientes (…) y lo propuesto por el señor Fiscal de Estado, para permitir y asegurar el acceso al Lago Escondido por el camino objeto de servidumbre».
En el Dictamen 48/2023, Crespo considera que el fallo del STJ (89/2005) había obtenido firmeza por haber «sido consentido por todas las partes involucradas» en aquel momento. Desde allí se abrió la etapa de ejecución de sentencia. El expediente se remitió al Juzgado Civil de Bariloche y un magistrado de primera instancia amplió los términos de lo resuelto e incluyó como posibles accesos a Lago Escondido «el Sendero de montaña desde confluencia ríos Azul y Encanto Blanco» y otro «trayecto preexistente que nace en el paraje Tacuifí».
Con esta modificación que un juez de primera instancia realizara en un fallo del máximo tribunal, se abrió un proceso que para el Procurador General «se extendió durante más de 17 años» y que «resultó confuso, engorroso, con un dispendio innecesario de actos procesales llevados adelante tanto por las partes como por la jurisdicción, con la continua insistencia de la amparista de peticionar el cumplimiento de un obrar que nunca formó parte del litigio principal y que, repito, en todo caso fue rechazado en su totalidad».
El titular del Ministerio Público argumentó que debía respetarse lo expresado en la sentencia del STJ. Explicó que «una vez decidido un litigio y hallándose firme el decisorio la parte debe acatar la resolución judicial, no pudiendo revisar la cuestión ya debatida. Incluso, el propio Tribunal de origen debe respetarla y, si bien existe la posibilidad de interpretarla, esa actividad debe ser cumplida sin introducir modificaciones». Ello mencionando el principio de preclusión y cosa juzgada.
«El principio de congruencia se vincula con la garantía de la defensa en juicio, ya que como regla el pronunciamiento judicial que desconoce o acuerda derechos no debatidos es incompatible con las garantías constitucionales, pues el juzgador no puede convertirse en la voluntad implícita de una de las partes, sin alterar el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria», agregó.
«La sentencia civil no puede exceder las pretensiones ni las defensas oportunamente planteadas por las partes», dijo en relación a las determinaciones procesales que se tomaron de forma ulterior a la sentencia del 2005.
«De la lectura precisa de todas las resoluciones emanadas del STJ entre los años 2005-2012 no cabe lugar a dudas de que nunca se habilitó la apertura de un camino alternativo por fuera del denominado de montaña», añadió.
«Considerar otra traza diferente a la del camino de servidumbre implicaría imponer limitaciones al dominio, afectando bienes privados al uso público, sorteando el procedimiento que prevé su declaración formal a través de una ley y la indemnización de los damnificados» ya que el camino Tacuifi «avanza sobre diversas propiedades pertenecientes a personas ajenas al conflicto que no pudieron ejercer el derecho a defenderse», concluyó Crespo.
