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Otorgan guarda de un adolescente a matrimonio igualitario tras el femicidio de su madre

La mujer, que sufría de violencia de género, ya había decidido que su hijo viviera con una pareja amiga antes de que la asesinara el padre del joven.

Una madre que ante la violencia que se vivía constantemente en el hogar familiar decidió que uno de sus hijos se fuera a vivir con una pareja amiga. Un matrimonio igualitario que lo recibió en su hogar y desde ese momento lo acompañó en su crecimiento y desarrollo. Un padre condenado a perpetua por el femicidio de esa madre. Y ese hijo amparado bajo la Ley Brisa, tras el trabajo de la defensora María Cristina Díaz.

En el 2015 las familias se conocieron, y fue tal el vínculo generado entre la madre del adolescente y al grupo familiar, que “con el correr del tiempo, y ante la situación de violencia que sufría la señora con su esposo, les solicitó que se llevaran a su hijo a vivir con ellos para brindarle protección”, expresó Díaz en su dictamen.

“Es así que el adolescente comienza a convivir con los ahora peticionantes de su guarda, quienes desde el inicio de la relación de amistad con su madre, colaboraron con su educación, vestimenta y alimentación, e incluso recibió autorización para viajar junto a ellos al exterior”, explicó la defensora.

En octubre pasado el padre del menor mata a su mujer, quedándose el joven sin los representantes naturales de su cuidado parental.

A raíz de lo anterior y para lograr ejercer el derecho de acceder al beneficiario del subsidio que brinda el Estado a través de la Ley Brisa N° 27452, es que “la pareja realiza el pedido del otorgamiento de la guarda a través de una abogada particular”, describió la representante del Ministerio Público de la Defensa de Menores.

“Tras entrevistarnos con el adolescente, escuchar a ambos integrantes de la pareja y observar la prueba documental, entre la que se encontraba la sentencia condenatoria al progenitor por el femicidio de su madre (hoy confirmada por el Tribunal de Impugnación rionegrino), es que esta Defensoría de Menores entendió que debería ser otorgada la guarda en los términos del Art. 657 del Código Civil y Comercial”, dijo.

El Artículo 657 dice acerca del “Otorgamiento de la guarda a un pariente. En supuestos de especial gravedad, el juez puede otorgar la guarda a un pariente por un plazo de un año, prorrogable por razones fundadas por otro período igual. (…) El guardador tiene el cuidado personal del niño, niña o adolescente y está facultado para tomar las decisiones relativas a las actividades de la vida cotidiana, sin perjuicio de que la responsabilidad parental quede en cabeza del o los progenitores, quienes conservan los derechos y responsabilidades emergentes de esta titularidad y ejercicio”.

“Lo novedoso de este caso es que la guarda judicial se otorgó no a aquellos que están contenidos en el Artículo 657 del Código Civil, es decir, a abuelos, a tíos u otros parientes, sino que tomamos como vínculo de familia afín al matrimonio igualitario que solicitó el trámite de la guarda. Esto con el propósito de que el adolescente pudiera concretar el acceso al beneficio de la Ley Brisa, entre otras cuestiones”, añadió Díaz.

“La decisión la tomamos, como en otros casos, siempre teniendo en cuenta el interés superior del adolescente y considerando su capacidad. Y desde la Defensa Pública de Menores evaluamos como positivo el otorgamiento de la guarda a esta pareja que se había conformado como la familia afín del joven”, explicó.

¿Qué ocurre en este caso?

“Pues, por un lado tenemos un padre condenado y en prisión, privado, por esta situación, del ejercicio de la responsabilidad parental, y una madre fallecida tras la comisión del delito de su pareja.

Entonces, lo que sigue, según el artículo del Código Civil es contar con algún familiar directo que pueda ejercer la guarda. Sin embargo, en el expediente presentado y trabajado por esta Defensoría no aparecen otros parientes que pudieran efectivizarla”.

En la entrevista “que mantuvimos junto a la jueza de Familia Moira Revsin, interviniente en este caso, el adolescente manifestó que convive, con quienes pidieron la guarda, desde que tiene 14 años, con conocimiento de su madre. Junto a ella compartían entre los tres diversas festividades, siendo ellos los encargados hasta la fecha de garantizarle la educación, alimentación, salud, hogar, esparcimiento. Y además de lo anterior, es el joven quien presta conformidad para su otorgamiento, ya que no tiene relación con sus hermanas”.

Por todo ello, y según los Artículos 3 inc. 1, 4, Art. 9 inc. 1, 2, 3 de la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, Artículo 3 de la Ley 26061 y Artículo 2, 3, 6, 10 inc. A, b, c, d y e, 27 de la Ley Provincial N° 4109, es que la Defensora de Menores María Cristina Díaz acompañó el pedido de los peticionantes y la Jueza de Familia Moira Revsin resolvió en ese sentido.

“Es necesario asignar al adolescente adultos que puedan suplir las funciones que en principio son inherentes a sus progenitores pero que la situación descripta lo imposibilita”, dijo Revsin.

Más adelante, la magistrada agrega en su resolución: “si bien estas personas no tienen lazos biológicos con el niño, si lo tienen desde lo afectivo y es notorio que se trata de un vínculo fuerte y saludable”.

De esta manera, el adolescente podrá ser destinatario de la Reparación Económica prevista en la Ley Brisa, que se aplica desde el momento del fallecimiento de la progenitora hasta los 21 años. Además, queda a resguardo del matrimonio y cuenta con referentes afectivos que se ocupan de su cuidado personal hasta alcanzar su mayoría de edad, sin perjuicio de que el vínculo está establecido.

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Imputaron a cuatro médicos del Hospital por homicidio culposo

Es por la muerte de Stella Maris Vega, quien falleció en julio después de una ligadura de trompas.

El fiscal del caso Luciano Garrido imputó a cuatro médicos del Hospital Francisco López Lima el delito de homicidio culposo cuya víctima fatal resultó Stella Maris Vega.

Según la acusación fiscal, “la señora se internó el 10 de julio en el nosocomio para someterse a una operación de ligadura de trompas de Falopio, a través de una laparoscopía. La misma fue concretada, pero registró dolor abdominal y fue intervenida nuevamente, ingresando en la Unidad de Terapia Intensiva con shock séptico, produciéndose su deceso el día 14 de julio a las 10.48 de la mañana por un paro cardiorespiratorio”.

El sustento probatorio con que cuenta la Fiscalía para esta instancia procesal es, entre otros, la denuncia penal realizada por la pareja de la víctima, la autopsia realizada por el Cuerpo de Investigación Forense, las copias de los estudios de laboratorio e historia clínica, el informe de revista respecto de la condición de médicos de los imputados.

Tanto la defensora pública penal, Flavia Rojas, como el resto de las defensas particulares no presentaron objeciones a la formulación fiscal y sus asistidos se abstuvieron de declarar en esta instancia.

Tras ello, el juez de Garantías interviniente, Julio Martínez Vivot, tuvo por formulados los cargos por el delitos de “homicidio culposo” (Art. 45 y 84 del Código Penal) y estableció un período de investigación de 4 meses.

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Pidieron 13 años de prisión para Bernel

El veredicto se conocerá el próximo miércoles.

Esta mañana (6/12), la fiscal jefe Teresa Giuffrida y la fiscal del caso Belén Calarco solicitaron la pena de 13 años de prisión efectiva para el ex docente de la Escuela 38 declarado culpable de abuso sexual simple agravado.

Sumado a la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer la docencia en todas sus formas, y la inscripción en el Registro de abusadores nacional y provincial en el marco de las Leyes N° 26.879 y N° 5.115.

“El Tribunal de juicio ha declarado culpable al imputado de 10 hechos de abuso sexual simple, que conllevan el agravante de ser el encargado de la educación de las víctimas, y el hecho de abuso sexual simple en grado de tentativa con la misma calificante, es decir que estamos en presencia de por lo menos 20 hechos”, manifestó Calarco.

“No encuentro más atenuantes para el imputado que no cuenta con antecedentes penales computables, tiene arraigo, y tiene familia a cargo. Los agravantes son varios, entre ellos que los hechos han sido realizados contra niñas y por ser su docente”.

“No podemos dejar de señalar que este delito es el segundo hecho más grave considerado en el Código Penal, son abusos simples pero agravados por las circunstancias en que sucedieron. Agregamos que hubo pluralidad de victimas, reiteración de hechos, que todas al momento de los abusos oscilaban en los 9 años, eran muy pequeñas, muy vulnerables frente a este adulto, que era un referente”, detalló la Fiscalía.

“Este hombre además de los abusos ejerció violencia física y verbal, sistemática, contra las propias victimas como a los testigos de estas circunstancias. Humillaba, amedrantaba, amenazaba a todos sus estudiantes”, mencionó.

“Para merituar la pena, hay que tener presente el espacio donde él concretó los delitos: en un espacio público, durante clases, cuando estaba cuidando del recreo, durante el ciclo escolar. Hizo aprovechamiento de estas circunstancias, y manejó este lugar a su antojo”, enumeró Calarco.

“El docente tenía la edad y la educación suficientes como para entender lo que estaba haciendo. Todo nos lleva a describir que hablamos de una conducta serial, y lo ubica en el lugar de peligroso”, culminó la representante del Ministerio Público Fiscal.

Respecto del daño, la fiscal jefe Teresa Giuffrida solicitó que se tenga en cuenta lo declarado hoy por el psicólogo, en relación a cómo ha visto a las niñas durante su tratamiento.

“El especialista dijo que había un factor fundamental en la edad de las víctimas, que cuando más pequeñas son más consecuencias hay. Además explicó que hay que tener en cuenta el vínculo, que también agrava la situación psicológica de las nenas”, dijo Giuffrida.

Finalmente, “en cuanto a la extensión del daño, el psicólogo destacó, y pedimos que sea considerado, que existe desestructuración en la vida cotidiana de las niñas y desvalorización del propio cuerpo”.

La defensa particular del imputado solicitó su absolución, sosteniendo su inocencia, “como durante todo el proceso, además esta parte realizará todos los recursos e impugnaciones que hagan al derecho de mi defendido”, dijo.

La lectura del veredicto de pena será el próximo miércoles (11/11), a cargo del Tribunal de Juicio compuesto por los jueces Gastón Martín, María Evelina Garcia Balduini y Laura Perez.

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Buscan alternativas judiciales para pacientes internados en Valle Sereno

Se realizó una nueva audiencia para avanzar en el proceso de externación.

Se realizó una nueva audiencia interinstitucional para avanzar en el proceso de externación de las personas que se encuentran internadas involuntariamente en el Instituto Valle Sereno de Roca. Este tercer encuentro fue convocado por la jueza de Familia de Roca, Andrea Tormena, quien tiene a su cargo el expediente judicial destinado a adecuar las condiciones de tratamiento de ese grupo de personas, a las que se debe garantizar una pronta externación y acompañamiento domiciliario o en instituciones “de medio camino”.

La premura por concretar las externaciones responde a que, en función de los nuevos estándares afianzados por la Ley de Salud Mental y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las mayoría de ellos no cumple con los extremos que autorizan una internación forzosa. Si bien integran un colectivo especialmente vulnerable en razón de discapacidades o trastornos de salud mental graves, no se trata de pacientes que representen “riesgo cierto e inminente para sí mismos o para terceros” ni padecen estados de “descompensación aguda”, únicos supuestos en los cuales la ley permite mantener una internación no voluntaria.

En esta oportunidad la reunión se instrumentó con una videoconferencia entre Viedma y Roca. Desde la capital provincial participaron la jueza Tormena, quien se encontraba allí por razones de servicio; el Defensor General del Poder Judicial, Ariel Alice, y el juez del Superior Tribunal de Justicia, Sergio Barotto, quien transmitió a los presentes la voluntad del STJ de seguir propiciando este tipo de encuentros interinstitucionales “para armonizar la tarea de los distintos organismos del Estado en la búsqueda de soluciones rápidas e integrales para los problemas de la gente”.

Por los organismos externos al Poder Judicial participaron la Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati; la secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental de Río Negro, Mariela Fernández; Susana Santillán, coordinadora provincial de Salud Mental Comunitaria; Cristina Garay, jefa departamental de Salud Mental; Elizabeth Bugliolo, por la coordinación provincial de Salud Mental Comunitaria; Diana Tognoli, subsecretaria de Asuntos Legales del Ministerio Salud; Silvia Ocampos, secretaria general técnica del Ipross; Marisa Vázquez, gerente de Asuntos Jurídicos del Ipross y Javier Saenz Core, del Ministerio de Desarrollo Social.

En tanto que desde Roca intervinieron representantes del Ministerio de Salud de Neuquén, la conducción del Instituto Valle Sereno, la Defensora Oficial Belén Delucchi, por la Unidad de Defensa de Derechos Sociales y Civiles; la psiquiatra del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial, Celina Vermal, y las secretarias de los Juzgados de Familia Carolina Gaete y Evangelina Ovejero.

Durante la audiencia “se dialogó ampliamente sobre las situaciones de las personas internadas en Valle Sereno sobre las posibles estrategias para la externación de los pacientes y su inclusión en otros dispositivos que se adecuen a la Ley N° 26.657”, indica el acta de la reunión.

Por otra parte, las autoridades de Salud de Neuquén se comprometieron a gestionar en un plazo de cinco días la definición de los acompañantes terapéuticos para los pacientes neuquinos que permanecen internados en Roca. Se espera que esos profesionales permitan terminar de definir las estrategias de externación de cada uno, brindándoles una atención personalizada e iniciando con ellos actividades fuera de la institución.

Nuevo paradigma

El juez Barotto participó de la audiencia para transmitir a los funcionarios comprometidos en la problemática “la importancia que siempre tuvo para el Superior Tribunal de Justicia avanzar hacia la mejor implementación del nuevo paradigma de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 para garantizar los derechos de las personas que padecen afectaciones en su salud mental”.

Recordó que el STJ incluso tuvo participación en la Comisión Legislativa que propuso la reforma a la Ley de Salud Mental de la provincia, mediante la cual se creó recientemente el órgano de revisión de Salud Mental en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de Río Negro.

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