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Judiciales

STJ rechazó recurso de compañía telefónica por una multa de 250 mil pesos

La Justicia consideró que Movistar se aprovechó de una persona “vulnerable” y que su conducta fue “desaprensiva”.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el recurso de queja interpuesto por Telefónica Móviles Argentina S.A. que fue condenada a pagar una multa civil de 250.000 pesos por habilitar servicios a un cliente que tenía su capacidad restringida y requería acompañamiento de su curador para suscribir actos jurídicos que implicaran disposición de bienes. El caso ocurrió en Cipolletti.

En el recurso la compañía adujo que como la capacidad se presume, la restricción que pesaba sobre el cliente no le impedía realizar actos de administración ordinaria entre los cuales “resulta razonable incluir la contratación de una línea telefónica”. El STJ consideró que la firma reeditó los argumentos esgrimidos en otras oportunidades y que en el caso del recurso de queja se debía demostrar acabadamente la existencia de error en el criterio aplicado por el tribunal, cuestión que no se advirtió.

Surge del expediente civil que la empresa demandada admitió el cambio de la línea que pasó del modo “prepago” a un “abono mensual” con la correspondiente emisión de las facturas.

La curadora, al advertir la situación, se presentó en las oficinas de la compañía en Neuquén y luego inició un reclamo ante la Defensoría del Pueblo y ante la Comisión Nacional de Comunicaciones. A pesar de esas intervenciones, la empresa Movistar, en reiteradas oportunidades, continuó ofreciendo servicios vía telefónica al cliente sin requerirle documentación ni más datos que su número de documento y dirección.

En primera instancia la compañía Telefónica Móviles Argentina S.A. había sido condenada a pagar 19.900 pesos más intereses pero luego la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Cipolletti entendió que en este caso particular se encontraban involucrados los derechos de una persona con capacidad restringida, quien merece especial tutela de acuerdo a lo establecido por las leyes 26.378, 25.280 y 22.431. En función de las consideraciones incrementó la multa civil a 250.000 pesos.

Concluyeron los magistrados que la actitud de la compañía fue gravosa en razón de tratarse de una persona “vulnerable” y que su conducta fue “desaprensiva” por ignorar pertinazmente los avisos y pedidos recibidos para que cesara en la oferta y provisión de servicios a la persona con capacidad restringida.

Se consideran incapaces las personas por nacer, las personas que no cuentan con edad y grado de madurez suficiente y las personas declaradas incapaces por sentencia judicial. El juez o jueza puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción o una alternación mental permanente o prolongada siempre que estime que el ejercicio de su capacidad plena pueda resultar un daño a su persona o a sus bienes. En esos casos se deben designar el o los apoyos necesarios especificando las funciones de acuerdo a las circunstancias.

Judiciales

Pasantías judiciales 2020: asignaron sus lugares a 50 estudiantes de la FaDeCS

Los futuros pasantes realizarán sus experiencias en organismos judiciales de Roca, Regina y Cipolletti.

En una nueva instancia del convenio de pasantías educativas que vincula al Poder Judicial de Río Negro y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, este viernes se realizó en Roca la reunión general para asignar a cada estudiante el organismo judicial donde cumplirá su experiencia laboral-educativa el próximo año.

Encabezaron el acto el juez designado por el Poder Judicial y docente de la carrera de Derecho, Daniel Tobares; la vicedecana de la Fadecs, María Raquel Calvo; Silvia Berry por la Secretaría de Extensión de la Fadecs; la representante local del área de Gestión Humana del Poder Judicial, Teresa Dinamarca; el tutor académico por el Departamento de Derecho Público de la Fadecs, Fabián Rojas; la docente Mariela Garabito por el Departamento de Derecho Privado, y la alumna Bárbara Stefania Fuentes Contreras por el Centro de Estudiantes.

El proceso de pasantías comenzó con la convocatoria abierta y la inscripción voluntaria de los estudiantes, seguida de la elaboración de un orden de mérito de los inscriptos por parte de la Universidad, en función de la cantidad de materias aprobadas y el promedio general de los interesados, teniendo en cuenta la cantidad de organismos judiciales con disponibilidad en Roca, Regina y Cipolletti.

Este viernes (15/11), finalmente, se realizó una reunión ampliada en el Auditorio de la Ciudad Judicial con la presencia de los 50 estudiantes convocados, para establecer el destino que se asignará a cada uno dentro del Poder Judicial, definido principalmente según sus perfiles, su ubicación en el orden de mérito y la preferencia de fuero manifestada por los pasantes.

La distribución fue de seis estudiantes para las dos Cámaras Laborales de Roca; dos para la Cámara Civil de Apelaciones; cinco para los Juzgados Civiles de Primera Instancia de Roca; seis para los dos juzgados de Familia de Roca; cuatro para las Defensorías de Pobres y Ausentes del fuero Civil; uno para el Centro Judicial de Mediación; once para las distintas Unidades Fiscales del fuero Penal; uno para la Fiscalía de Villa Regina; uno para la Defensa Penal Pública; dos para el Juzgado de Ejecución Penal, tres para las Oficinas Judiciales de Roca y Regina y una para el Juzgado de Paz de Roca.

En total son 43 futuros pasantes que realizarán sus experiencias en organismos judiciales de Roca y Regina, más 7 que serán próximamente asignados a organismos judiciales de Cipolletti.

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Judiciales

Identificaron a dos personas más por amenazas de bomba en escuelas

A uno de se le formularán cargos en las próximas semanas y la otra es una niña de 13 años por la que citarán a sus padres.

En la última semana, el Ministerio Público identificó a tres personas que habrían realizado llamadas a instituciones escolares, advirtiendo sobre la existencia de bombas en las mismas. Se trata de alumnos de los Centros de Educación Media damnificados de las ciudades de General Roca y Bariloche.

En cuanto a los adolescentes del Alto Valle, en relación a su edad, a uno de ellos se le formularán cargos en las próximas semanas y en el caso de la niña, de 13 años identificada hoy, se citará judicialmente a sus progenitora para hacerle conocer las responsabilidades que el accionar de su hija implica, por ser ella la titular de la línea utilizada para efectuar el llamado.

En tanto, ayer (13/11), en la ciudad de San Carlos de Bariloche, se realizó un allanamiento a una vivienda particular en la que se secuestró un teléfono celular, a partir de allí se determinó que quien realizó el llamado sería un adolescente de 15 años con quien se reiterará este último temperamento.

Ante la reiteración de este tipo de sucesos, en los últimos días los nuevos casos se sustanciaron directamente en la justicia provincial, toda vez que en las requisas que se efectúan en los edificios no se encuentra explosivo alguno. De esta forma se agilizaron los legajos permitiendo una rápida intervención de las fiscalías de Delitos especiales y contra la administración pública que dan inmediata participación a la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones dependiente de la Procuración General. Este área trabaja en la identificación de los números de teléfonos, realizan entrecruzamientos de llamadas, analizan patrones e inician consultas formales con las empresas de telefonía para poder verificar el lugar desde el cual provino la comunicación y luego de ello, identificar quién la realizó.

En muchos casos, aún si las líneas tienen la titularidad bloqueada o ficticia (porque se realizan desde chips comprados para tal fin), las técnicas con las que cuenta la Oitel permiten rastrear las llamadas, más allá de estas posibles anulaciones de números telefónicos que se realizan creyendo que de esta forma puede eludirse el accionar de la justicia.

En todos los casos desde la Fiscalía se da intervención a la Defensoría de Menores.

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Judiciales

Abusos en la Escuela 38: Bernel fue declarado culpable

Ahora resta determinar el monto de la pena. El ex docente continuará detenido.

Foto: Ahí Vamos.

El ex maestro de primaria Javier Marcelo Bernel fue declarado hoy (14/11) culpable de 10 hechos de abuso sexual cometidos contra niñas de entre 8 y 10 años que fueron sus alumnas en dos escuelas de Roca.

El Tribunal integrado por los jueces María Evelina García Balduini, Gastón Martín y Laura Pérez declaró al imputado autor penalmente responsable del delito de “abuso sexual simple, agravado por ser el encargado de la educación” de 10 niñas. En nueve de los casos la decisión fue por unanimidad, mientras que en uno fue un veredicto dictado por mayoría.

“El Tribunal, conforme las pruebas y las evidencias aportadas por el Ministerio Público Fiscal y la Defensa, que han sido apreciadas, valoradas, de acuerdo al sistema de libre convicción que prevé el Código Procesal Penal, ha arribado a la siguiente conclusión: por unanimidad, la culpabilidad de Javier Marcelo Ramón Bernel (…) como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la educación, reiterado en 9 víctimas menores de edad, y en un número indeterminado de veces. Y la absolución del nombrado en orden al hecho nominado 8, en perjuicio de la menor (…), por atipicidad de la conducta. Y por mayoría se declara la culpabilidad del nombrado en orden al hecho nominado 7, calificándolo como tentativa de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la educación, el cual concursa en forma real con los anteriores hechos”, explicó la jueza María Evelina García Balduini en la lectura del veredicto.

La magistrada aclaró que en la audiencia de hoy sólo se daría a conocer el resultado de la deliberación, ya que la exposición de los fundamentos y la lectura de la sentencia completa está prevista para una instancia posterior.

Por otra parte, ya declarada la culpabilidad del imputado, la próxima etapa del proceso es el juicio de cesura, en el que la fiscal Belén Calarco y la defensora particular Bruna Zarlenga expondrán sus pruebas y alegatos para que el tribunal determine el monto de la pena de prisión que corresponderá cumplir al imputado, dentro de la escala penal prevista para el concurso de delitos comprobados. Cabe señalar que en el caso, la pena mínima legal es de 3 años de prisión, según lo disponen el artículo 119 (primer párrafo, cuarto párrafo inc. b) y último párrafo) del Código Penal y el artículo 55 del mismo Código.

Los hechos

De los 10 hechos acreditados, según la acusación que sostuvo la Fiscal Calarco, uno ocurrió en 2013 en una escuela del barrio Islas Malvinas de Roca, donde el docente realizó una suplencia, mientras que los restantes ocurrieron en 2014, 2015 y 2018 en una escuela de Stefenelli. Todas las víctimas tenían entre 8 y 10 años al momento de los hechos y eran alumnas del imputado.

El juicio oral se realizó a puertas cerradas, en resguardo de la identidad de las víctimas, a lo largo de nueve audiencias realizadas entre el 28 de octubre y el 11 de noviembre. El Tribunal, presidido por el juez Gastón Martín, escuchó un total de 39 testimonios, entre las declaraciones en cámara gesell de las niñas, los relatos de sus familiares, las declaraciones de peritos y profesionales de cuerpos técnicos del Poder Judicial, docentes, directivos, integrantes del ETAP y otras personas relacionadas con el caso.

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