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Judiciales

STJ rechazó recurso de compañía telefónica por una multa de 250 mil pesos

La Justicia consideró que Movistar se aprovechó de una persona “vulnerable” y que su conducta fue “desaprensiva”.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el recurso de queja interpuesto por Telefónica Móviles Argentina S.A. que fue condenada a pagar una multa civil de 250.000 pesos por habilitar servicios a un cliente que tenía su capacidad restringida y requería acompañamiento de su curador para suscribir actos jurídicos que implicaran disposición de bienes. El caso ocurrió en Cipolletti.

En el recurso la compañía adujo que como la capacidad se presume, la restricción que pesaba sobre el cliente no le impedía realizar actos de administración ordinaria entre los cuales “resulta razonable incluir la contratación de una línea telefónica”. El STJ consideró que la firma reeditó los argumentos esgrimidos en otras oportunidades y que en el caso del recurso de queja se debía demostrar acabadamente la existencia de error en el criterio aplicado por el tribunal, cuestión que no se advirtió.

Surge del expediente civil que la empresa demandada admitió el cambio de la línea que pasó del modo “prepago” a un “abono mensual” con la correspondiente emisión de las facturas.

La curadora, al advertir la situación, se presentó en las oficinas de la compañía en Neuquén y luego inició un reclamo ante la Defensoría del Pueblo y ante la Comisión Nacional de Comunicaciones. A pesar de esas intervenciones, la empresa Movistar, en reiteradas oportunidades, continuó ofreciendo servicios vía telefónica al cliente sin requerirle documentación ni más datos que su número de documento y dirección.

En primera instancia la compañía Telefónica Móviles Argentina S.A. había sido condenada a pagar 19.900 pesos más intereses pero luego la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Cipolletti entendió que en este caso particular se encontraban involucrados los derechos de una persona con capacidad restringida, quien merece especial tutela de acuerdo a lo establecido por las leyes 26.378, 25.280 y 22.431. En función de las consideraciones incrementó la multa civil a 250.000 pesos.

Concluyeron los magistrados que la actitud de la compañía fue gravosa en razón de tratarse de una persona “vulnerable” y que su conducta fue “desaprensiva” por ignorar pertinazmente los avisos y pedidos recibidos para que cesara en la oferta y provisión de servicios a la persona con capacidad restringida.

Se consideran incapaces las personas por nacer, las personas que no cuentan con edad y grado de madurez suficiente y las personas declaradas incapaces por sentencia judicial. El juez o jueza puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción o una alternación mental permanente o prolongada siempre que estime que el ejercicio de su capacidad plena pueda resultar un daño a su persona o a sus bienes. En esos casos se deben designar el o los apoyos necesarios especificando las funciones de acuerdo a las circunstancias.

Judiciales

Confirmaron responsabilidad de Aguas Rionegrinas en desbordes cloacales en Roca

Así lo ratificó el Superior Tribunal de Justicia.

El Superior Tribunal de Justicia confirmó la responsabilidad de la provincia de Río Negro, Aguas Rionegrinas y el Departamento Provincial de Aguas por los daños y perjuicios que causó el volcado de líquidos cloacales en un sector de General Roca, comprendido entre las calles Mendoza y Jujuy y desde la Ruta Nacional N° 22 hasta Perú.

El máximo tribunal provincial ratificó la sentencia del Juzgado Civil N° 3 de Roca en el marco del amparo colectivo impulsado por el Municipio al rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado rionegrino en representación de todos los organismos condenados.

La misma sentencia reafirma que los tres entes públicos (Provincia, ARSA y DPA) “por las vías que corresponda, ya sea por sí o por terceros, procedan a realizar las obras a los fines de dar una solución integral y definitiva para evitar el volcado de líquidos cloacales a cielo abierto, debiendo sanear las zonas afectadas y alteradas”.

A su vez, el fallo ordena a ARSA “que garantice” el “correcto funcionamiento” del sistema “evitando nuevos desbordes”.

En la apelación la Provincia alegó que “no se encuentra acreditado daño alguno” y que “las obras definitivas correspondientes al sector calle Jujuy fueron realizadas casi en su totalidad”. También indicó que la obra del colector que corre paralelo a Ruta 22 (sector C2I) “se encuentra a la espera de financiamiento”.

En segundo lugar, el Estado provincial insistió en que los desbordes fueron provocados por un “caso fortuito o de fuerza mayor” a raíz de “las caídas o desmoronamientos del colector que corre paralelo a la calle Jujuy”, situación que, según la apelación, lo “exime de responsabilidad”.

Como tercer argumento, la defensa provincial cuestionó que el fallo fue “una intromisión del Poder Judicial en la órbita de competencia del Poder Ejecutivo” por haber condenado al Estado pese a que las obras “se encuentran en curso de ejecución o a la espera de financiamiento”.

El Procurador General Jorge Crespo dictaminó en la instancia de apelación y sugirió al STJ que confirme la sentencia de primera instancia. Indicó que la jueza de Roca “evaluó con detenimiento la situación fáctica que viene desarrollándose desde 2015, sin contar a la fecha con una solución efectiva a la problemática denunciada”, por lo que “carecen de asidero” los argumentos de la provincia “en cuanto a su falta de responsabilidad”.

Tras analizar los fundamentos de cada parte, el STJ concluyó que “los agravios esbozados son meras reiteraciones de los planteos que ya formulara en apelaciones anteriores y que tuvieran debido tratamiento, reiterándose ahora sin exponer razones nuevas o diferentes que habiliten la instancia extraordinaria”.

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Judiciales

Familiares de vecinos desaparecidos se movilizaron en la Ciudad Judicial

Se trata de Luis Sosa, Magdalena Curaqueo, Marcos Herrera y Carlos Painevil.

Foto: Gentileza Canal 10.

Familiares de vecinos de la zona que desaparecieron y de los cuáles no hay novedades al respecto, se movilizaron y concentraron esta mañana (19/09) frente a la Ciudad Judicial de General Roca.

Se trata de familiares y amigos de Luis Sosa, Magdalena Curaqueo, Marcos Herrera y Carlos Painevil. A Luis lo buscan desde el 10 de enero, a Magdalena desde el 23 de febrero y a Marcos, un joven de 21 años, desde el 10 de enero de 2015. Mientras tanto, hace 7 años que no se sabe nada de Carlos, desaparecido en Allen.

Frente a la Ciudad Judicial de Roca, realizaron una radio abierta y brindaron una conferencia de prensa posteriormente. En este sentido, denunciaron el “abandono” del Estado y exigieron que el gobierno provincial destine fondos para la compra de un Georadar y equipamiento apto y moderno para la búsqueda de personas desaparecidas.

Asimismo, exigieron la creación de una división de búsqueda de personas, capacitación del personal y recursos suficientes para que la Justicia actúe en estos casos.

Uno por uno

Luis Sosa, es un vecino de Roca de 77 años que el 10 de enero salió a cobrar su jubilación y de ese día no se supo nada más de su paradero.

Magdalena Curaqueo tiene 56 años, y está desaparecida desde el sábado 23 de febrero, cuando fue a trabajar como vendedora de tortas fritas a la feria de calle Maipú. Al momento de su desaparición vestía campera negra, pantalón floreado, remera blanca y sandalias marrones.

Marcos Adrián Herrera, fue visto por última vez el sábado 10 sábado de enero de 2015 en la ciudad de General Roca. Tenía 21 años y es de las 250 viviendas.

Carlos Painevil era taxista y bombero voluntario de la ciudad de Allen, hace siete años que está desaparecido, desde el 2 de junio del 2012. La familia denunció impericias y un accionar cómplice de laJusticia.

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Judiciales

STJ: Ingresaron menos causas y se incrementaron las sentencias

Según un informe del primer semestre en el Poder Judicial, entraron 230 expedientes y se dictaron 330 sentencias.

Foto: Archivo (Patagonia FotoPress)

La actividad de las cuatros secretarias jurisdiccionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) se ve reflejada en el Informe Estadístico Semestral del Poder Judicial, que acaba de publicarse. Surge de allí que en estos primeros seis meses del año ingresaron 230 expedientes y se dictaron 330 sentencias. En comparación con el mismo periodo de 2018, bajó el número de expedientes y se incrementó la cantidad de fallos que otorgan una solución definitiva a los conflictos.

El trabajo fue realizado, como todos los años, por el Centro de Planificación Estratégica, dependiente del STJ. La publicación refleja datos desde el 1 de enero al 30 de junio del año 2019.

El STJ tiene cuatro secretarias jurisdiccionales con competencia Civil, Penal, Laboral y Originarias, ésta última para amparos y recursos de constitucionalidad. También posee una secretaria de Gestión y Acceso a Justicia.

En números la secretaria Civil recibió este primer semestre 31 expedientes. Realizó 53 fallos. En el mismo periodo del año pasado la relación fue de 43 ingresos y 50 sentencias.

La secretaria Penal, este semestre, recibió 92 expedientes y dictó 122 fallos. El año pasado fue de 76 ingresos y también 122 sentencias.

La secretaria Laboral recibió 34 expedientes con 69 sentencias dictadas. El semestre pasado se registraron 62 ingresos y 61 fallos.

La secretaria Originarias ingresó 73 expedientes este semestre con 86 fallos. En el mismo periodo 2018 hubo 75 ingresos y 64 fallos.

En comparación bajó el número de ingresos totales: en 2018 se registraron 256 expedientes con 297 sentencias. Y en 2019 hubo 230 ingresos y 330 fallos.

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