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Judiciales

STJ rechazó recurso de compañía telefónica por una multa de 250 mil pesos

La Justicia consideró que Movistar se aprovechó de una persona “vulnerable” y que su conducta fue “desaprensiva”.

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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el recurso de queja interpuesto por Telefónica Móviles Argentina S.A. que fue condenada a pagar una multa civil de 250.000 pesos por habilitar servicios a un cliente que tenía su capacidad restringida y requería acompañamiento de su curador para suscribir actos jurídicos que implicaran disposición de bienes. El caso ocurrió en Cipolletti.

En el recurso la compañía adujo que como la capacidad se presume, la restricción que pesaba sobre el cliente no le impedía realizar actos de administración ordinaria entre los cuales “resulta razonable incluir la contratación de una línea telefónica”. El STJ consideró que la firma reeditó los argumentos esgrimidos en otras oportunidades y que en el caso del recurso de queja se debía demostrar acabadamente la existencia de error en el criterio aplicado por el tribunal, cuestión que no se advirtió.

Surge del expediente civil que la empresa demandada admitió el cambio de la línea que pasó del modo “prepago” a un “abono mensual” con la correspondiente emisión de las facturas.

La curadora, al advertir la situación, se presentó en las oficinas de la compañía en Neuquén y luego inició un reclamo ante la Defensoría del Pueblo y ante la Comisión Nacional de Comunicaciones. A pesar de esas intervenciones, la empresa Movistar, en reiteradas oportunidades, continuó ofreciendo servicios vía telefónica al cliente sin requerirle documentación ni más datos que su número de documento y dirección.

En primera instancia la compañía Telefónica Móviles Argentina S.A. había sido condenada a pagar 19.900 pesos más intereses pero luego la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Cipolletti entendió que en este caso particular se encontraban involucrados los derechos de una persona con capacidad restringida, quien merece especial tutela de acuerdo a lo establecido por las leyes 26.378, 25.280 y 22.431. En función de las consideraciones incrementó la multa civil a 250.000 pesos.

Concluyeron los magistrados que la actitud de la compañía fue gravosa en razón de tratarse de una persona “vulnerable” y que su conducta fue “desaprensiva” por ignorar pertinazmente los avisos y pedidos recibidos para que cesara en la oferta y provisión de servicios a la persona con capacidad restringida.

Se consideran incapaces las personas por nacer, las personas que no cuentan con edad y grado de madurez suficiente y las personas declaradas incapaces por sentencia judicial. El juez o jueza puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción o una alternación mental permanente o prolongada siempre que estime que el ejercicio de su capacidad plena pueda resultar un daño a su persona o a sus bienes. En esos casos se deben designar el o los apoyos necesarios especificando las funciones de acuerdo a las circunstancias.

Judiciales

Imputaron y dictaron prisión preventiva para el único acusado de matar a Lucas Torres

La víctima fue hallada el pasado 17 de julio en un desagüe ubicado a pocos metros de la Ruta 22, a la altura de Allen.

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Esta mañana (30/07) el Ministerio Público Fiscal formuló cargos y solicitó la prisión preventiva del hombre detenido en la jornada del miércoles en Fernández Oro por la muerte de Lucas Daniel Torres ocurrida el 17 de julio en Allen.

“El hecho ocurrió entre la 1.30 y las 3.30 de la mañana de ese día, en la chacra Nro. 60 sobre el canal ubicado en la margen de la Ruta Nacional N° 22, en el Km 1.196, mientras el imputado y la víctima caminaban por el interior de ese canal”, explicó el equipo fiscal.

“El victimario actuó sobre seguro ya que aprovechó que la víctima se encontraba de espaldas a él y de esa manera desprevenido, le dio al menos cuatro golpes en la zona posterior de la cabeza con un elemento contundente”, dijo la Fiscalía.

“Posteriormente, con los cordones de las zapatillas de Torres y la botamanga del pantalón comenzó a causar fuerza sobre la zona del cuello y le provocó la muerte por asfixia mecánica. Tras esta acción, escondió el cuerpo y se dio a la fuga”, describió el Ministerio Público Fiscal.

La calificación legal esgrimida por el equipo fiscal compuesto por Luciano Garrido y Daniela Martínez es la de “homicidio agravado por haber actuado con alevosía”, según los artículos 80 inc. 2 del Código Penal.

Solicitaron la prisión preventiva del imputado y de esta manera el juez de Garantías interviniente dispuso, además de la imputación tal como fue esgrimida por la Fiscalía, que el sujeto cumpla la medida cautelar por el plazo de 4 meses.

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Judiciales

Caso Gadañoto: Confirmaron la condena por abuso sexual contra una alumna de 13 años

El Tribunal de Juicio de Roca había impuesto la pena de 6 años y 9 meses de prisión para el ex entrenador de básquet.

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Foto: Archivo Diario Río Negro.

El Tribunal de Impugnación confirmó hoy (28/07) la condena de 6 años y 9 meses de prisión que había impuesto en junio un Tribunal de Juicio de Roca a un ex entrenador de básquet de la ciudad, por los abusos sexuales cometidos en contra de una alumna de 13 años de edad.

Tras analizar cada uno de los agravios de la defensa, el TI resolvió confirmar íntegramente la decisión de los jueces locales, tal como lo solicitaron la Fiscalía y la parte querellante. De todos modos, el fallo no está firme puesto que la defensa tiene más instancias recursivas.

El defensor alegó en su impugnación que la reconstrucción histórica de los hechos fue “arbitraria y ficticia”; que el relato de la víctima no fue tan “coherente, creíble, firme y contundente” como lo consideraron los jueces de Roca; que el importante crecimiento deportivo de la jugadora durante los años de entrenamiento con el acusado no sería compatible con el daño psicológico que provocan los abusos sexuales; que “la sentencia es arbitraria al realizar una evaluación sesgada de la prueba” y que “esta condena no se sostiene racionalmente”.

También cuestionó la defensa la calificación legal asignada a los hechos, dijo que todos los actos sexuales fueron consentidos por la víctima con “libertad y autodeterminación sexual” y que las agravantes del daño psíquico y del aprovechamiento del rol de entrenador por parte del acusado no fueron probados.

El TI analizó en detalle la sentencia de primera instancia y concluyó que la adolescente “fue utilizada, instrumentalizada, en la conducta sexual que desarrolló” el entrenador. Afirmó además que “la gravedad del daño psíquico está totalmente fuera de discusión” a la luz de las pericias, la evolución del tratamiento que aún recibe la víctima y ciertos hechos significativos de su historia vital.

“Los agravios de la defensa son insuficientes para rebatir los fundamentos de la sentencia en crisis, pues se basan en la reedición de los planteados durante el juicio oral y desechados motivadamente”, definió el Tribunal de Impugnación. En otras palabras, sostuvo que “la interpretación subjetiva de la defensa no se corresponde con la prueba del caso”.

El TI analizó 24 puntos específicos de la declaración de la víctima, cuestionada por la defensa, y confirmó su veracidad a la luz de otros testimonios e indicios. También descartó que haya existido libre consentimiento sexual de la alumna, tras acreditarse la “manipulación” y “asimetría” de poder que el entrenador ejercía.

Queriendo probar el consentimiento de la víctima, la defensa “pide valorar el contexto”, pero “es justamente el conjunto de circunstancias y conductas anteriores, concomitantes y posteriores lo que determina la ausencia de un consentimiento válido”, respondió el TI. Destacó en este punto la posición de “manipulador”, “salvador”, “controlador” y “violento” del imputado, sumada a la “diferencia de edades, inmadurez sexual, intimidación” que afectaron a la víctima.

Tanto para los jueces de Roca como para el TI, el imputado “conocía lo delictivo de su accionar, tal es así, que le pedía/exigía a su víctima guarde silencio sobre lo ocurrido y pretendía asegurar así su impunidad, en lo que él sabía que era un delito. Además, conocía y aprovechó en su beneficio qué efectos tenía su persona en ella, inmadura sexual y sentimentalmente. Se inmiscuyó sin ningún derecho en la psiquis, pensamientos, ideas, sentimientos y el cuerpo de la joven, violando su cuerpo, su libertad y sus decisiones, confundiéndola desde su situación de poder, la que surgía de la diferencia de edad y de su condición de profesor”.

Así, la condena penal fue confirmada por el delito de “abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, agravado por haber sido cometido por encargado de la educación y por resultar un grave daño en la salud mental de la víctima”.

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Último momento: Detuvieron al presunto autor del homicidio ocurrido el pasado 17 de julio

Al joven de 22 años se le formularán cargos por el sujeto que apareció muerto en un desagüe en Allen, en cercanías a la Ruta 22.

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Esta mañana (28/07), tras un trabajo en conjunto del Ministerio Público Fiscal, el Área Judicial de Investigación de Allen y el Gabinete de Criminalística de esa ciudad, se logró detener al sujeto señalado como autor del homicidio ocurrido el pasado 17 de julio.

Así lo confirmó el fiscal del caso Luciano Garrido quien se encuentra presente junto a la fiscal adjunta Daniela Martínez y el titular de la Unidad Operativa para la Investigación, Juan Pablo Accorinti, en la localidad de Fernández Oro, ciudad donde se concretaron dos allanamientos.

“En el marco de esas medidas de prueba, tras la exhaustiva investigación realizada por las áreas específicas de la Policía de Río Negro, detuvimos a un hombre de 22 años, a quien se le formularán cargos por la muerte del joven que fue encontrado en un desagüe en Allen”, explicó Garrido.

Además de la detención se secuestraron elementos que se sumarán a los datos y pruebas que ya se tienen en el legajo fiscal de este homicidio.

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