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UnTER aceptó el 9% de aumento y pedirá un bono de $5000

Así lo definió el gremio docente en un Congreso.

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Foto: Archivo (Patagonia FotoPress)

Sesionó en Roca el Congreso Extraordinario de UnTER, que definió por mayoría aceptar el 9% de aumento salarial ofrecido por el gobierno provincial. No obstante, acordaron que se pedirá el pago retroactivo de julio y el adelantamiento del último tramo a cobrar en septiembre.

Dada la escalada inflacionaria, se exigió además una nueva instancia de paritaria salarial donde se solicitará un bono de $5000.

En el análisis del contexto nacional quedó expuesta la preocupación generalizada frente a la escalada inflacionaria y sus consecuencias para la clase trabajadora. En este marco, se ratificó la necesidad de unificar acciones con todas las organizaciones sindicales y sociales para «frenar el avasallamiento a los derechos del pueblo y el requerimiento a CTERA que se expida respecto de esta situación».

También se analizó y aprobó el proyecto de reglamento de la Ley del Fondo Habitacional para viviendas docentes, con aportes para incorporar. De ésta manera, se pondrá en marcha el trabajo en Comisión y se habilitará el depósito mensual para el fondo fiduciario.

En lo laboral, se aceptó el anteproyecto de reglamento Prácticas Profesionalizantes para la educación técnica, al que se le sumaron aportes para discutir en el ámbito del CPE, a través de la Vocal Gremial Docente.

Gremios

Piden condena de 2 años y medio de prisión en suspenso para Báez

El dirigente sindical reconoció haber participado en los disturbios que se produjeron tanto en el Municipio de Roca como la Delegación del Ministerio de Gobierno.

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Miguel Ángel Báez, secretario general de la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL), aceptó haber participado en los disturbios ocasionados tanto en el edificio de la Municipalidad como en la Delegación del Ministerio de Gobierno de Río Negro en la localidad de General Roca. Los hechos sucedieron en octubre del 2019 y en el mismo mes del año 2018, respectivamente.

En el marco de una audiencia penal realizada ayer (14/08), el Ministerio Público Fiscal y la defensa particular, propusieron la pena de dos años y 6 meses de prisión en suspenso y la aplicación de reglas de conducta por el término de dos años.

Hechos, calificación legal y sustento probatorio de lo ocurrido en la Municipalidad

Los representantes del Ministerio Público Fiscal relataron que el “7 de octubre de 2019, cerca de las 9 de la mañana, cuando el imputado junto a un numeroso grupo de personas, ingresaron intempestiva y violentamente al edificio de la Municipalidad de Roca”.

“Para entrar lo hicieron rompiendo con sus pies los cristales inferiores de las hojas de la puerta principal de acceso al lugar, provocando aperturas y así accedieron al edificio. Una vez en el interior se abalanzaron sobre un empleado policial, lo insultaron y lo agredieron con golpes de puño, llevándolo hacia el sector de baños, donde el imputado lo amenazó”, explicaron las fiscales.

“A su vez, ya en el hall central del Municipio, el imputado junto con el resto de los manifestantes, comenzaron a arrojar sillas contra las columnas y paredes, y con palos y piedras habían provocaron daños en los boxes de atención al público, y en la oficina de Tránsito”, mencionaron.

Las representantes del Ministerio Público Fiscal dijeron que “de esta manera, los nombrados turbaron la posesión del inmueble e impidieron el normal desarrollo de las actividades propias de quienes trabajan allí, además de haber agredido al personal policial que concurrió al lugar”.

La calificación legal endilgada es la de “daño agravado, amenazas, atentado a la autoridad agravado por haber sido cometido por una reunión de mas de tres personas y poner manos en la autoridad, perturbación al ejercicio de las funciones publicas e instigación a cometer delitos, todo en concurso real” (Arts. 184 inc. 1º; 149 bis; 238 incs. 2º, 4°; 241 inc. 2º; 209 y 55 del Código Penal).

En relación al sustento probatorio, la Fiscalía mencionó DVDs de las cámaras de seguridad del edificio municipal, testimoniales, certificados de atención médica, entre otros.

Hechos de la Delegación de Gobierno, calificación legal y sustento probatorio

“El 2 de octubre de 2018, cerca de las 9.20 de la mañana, el imputado junto a un grupo de personas, ingresó de manera intempestiva y violentamente en las instalaciones de la Delegación del Ministerio de Gobierno de Río Negro, ubicada en 9 de Julio 933 de Roca”.

“El accionar impidió el normal cumplimiento de las funciones propias de dicha oficina, y por ello los empleados se retiraron del lugar. A raíz de esto, es que intervinieron tanto la Fiscalía como personal policial que intentaron que los manifestantes cesaran con su accionar”, explicó el Ministerio Público Fiscal.

Seguido a ello, varias personas integrantes de la agrupación comenzaron a “agredir a dos policías que estaban cumpliendo funciones de prevención e intentaban identificar a algunos que habían salido de la Delegación. Mediante golpes de puño pero además les arrojaron elementos contundentes, como piedras, trozos de ladrillos y baldosas que arrancaron de los canteros ubicados en la vía pública y de la vereda de la Delegación del Ministerio de Gobierno. Todo ello con el permanente incentivo del imputado, quien instigaba al grupo a que agrediera al personal policial. Como consecuencia de la agresión resultó lesionado en el ojo uno de los policías”, dijeron.

Por estos hechos se le imputaron oportunamente los delitos de “turbación a los derechos de tenencia, perturbación al ejercicio de la función pública, instigación a cometer delitos, desobediencia a un funcionario público e instigación a la comisión de dos hechos de daño” (Arts. 45, 55, 181 inc. 3, 183. 209, 231, 241 inc. 2 del del Código Penal).

En este caso, el sustento probatorio fueron variados testimonios, fotográficas remitidas por el Gabinete de Criminalística, donde se observan los daños ocasionados tanto en las instalaciones de la Delegación del Ministerio de Desarrollo Social, como en el patrullero policial, certificado médico, historia clínica, entre otra prueba mencionada en la audiencia.

La lectura de la sentencia definitiva por parte del Tribunal de Juicio se dará a conocer el próximo martes 18 de agosto.

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Gremios

UnTER rechaza la modificación de la Ley de Educación

Por mayoría, se aprobó en la Legislatura el proyecto que cambia la forma de elegir el vocal madre/padre del Consejo de Educación.

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Sandra Schieroni, secretaria general de UnTER.

UnTER repudió la definición del bloque mayoritario de la Legislatura rionegrina respecto de la modificación de la Ley de Educación N° 4819. «Los legisladores de Juntos Somos Río Negro con su bochornoso accionar, legitimaron un procedimiento antidemocrático que atenta contra una ley vigente y deja en manos del partido gobernante la representación en el Consejo Provincial de Educación para que responda a los intereses del gobierno de turno. Este hecho no hace más que confirmar lo que como sindicato veníamos advirtiendo, quieren silenciar las voces y representaciones de madres, padres y estudiantes», indicaron en un comunicado de prensa.

«El proyecto, hoy aprobado por mayoría legislativa, en lugar de exigir que se cumpla la constitución y la ley anula definitivamente la participación y elección de quienes constituyen el sistema educativo. Impedir la posibilidad de la elección directa de la Vocalía Madre/Padre, recortar el tiempo de mandato, anular la participación efectiva de las comunidades educativas, con la excusa de que los Consejos Escolares deben ser ágiles porque están para resolver los problemas cotidianos de los establecimientos educativos refleja que, para el oficialismo, la educación se resuelve a partir de actos administrativos, sin debates ni análisis políticos de quienes, justamente están en el día a día escolar. El espacio de los Consejos Escolares es el lugar donde las partes deben analizar documentos, definiciones y responsabilidades políticas para que se cumpla el derecho a la educación con todos los elementos necesarios y suficientes», agregaron.

«Desde UnTER, hace años que venimos exigiendo que se cumpla con la Ley. Primero con el gobierno radical, que se encargó no solo de desconocer la legislación sino también intentó vaciar el CPE, y no pudo por la férrea resistencia del sindicato. Tantos años de implementación parcial de la norma, llega el momento de hacer normal lo incorrecto y ello implica la necesidad de repensar la forma de representación al gusto y satisfacción de los que gobiernan. No vamos a avalar esta definición, porque estamos convencidos que nunca se resuelve anulando derechos establecidos, siempre ampliándolos y cumpliendo las normas. Eso no es democracia, sino autoritarismo en su más pura expresión. Como sindicato reivindicamos nuestra participación en el Cuerpo Colegiado, y la forma en que son electos nuestros representantes. Por ello, exigimos igualdad de criterios para todos los integrantes del CPE, como garantía de independencia a la hora de tomar definiciones en defensa de la educación pública al servicio del pueblo», añadieron.

«En tiempos políticos en los que se están priorizando los espacios de consensos para la toma de decisiones, el gobierno provincial lo único que hace es coartar los espacios democráticos en el CPE y en los Consejos Escolares, hecho totalmente tendencioso e imparcial», concluyeron desde el Consejo Directivo Central de UnTER.

Asimismo, la Seccional de Roca del gremio docente también denunció y repudió «el accionar totalitario y antidemocrático del gobierno de Río Negro que, con una actitud desvergonzada, intenta acallar las voces de los padres, madres y representantes de las comunidades educativas (estudiantes. personal de servicios y docentes)».

«Desde el año 2019 el partido gobernante de Juntos Somos Río Negro intenta modificar la Ley Orgánica de Educación N° 4819, pretenden eliminar cualquier vestigio de pensar distinto de los padres o madres, anulando la elección por voto directo y secreto de un representante de los padres/madres que integre el cuerpo colegiado en el Consejo Provincial de Educación. Los legisladores y legisladoras de Río Negro por simple mayoría y sin consenso utilizando la pandemia y el oscurantismo de la virtualidad modificaron los Artículos 145. d) y 182», detallaron.

En este sentido, desde UnTER Roca alertaron a los padres y madres de estudiantes de Río Negro que con un click le sacarán el derecho de elegir y ser elegidos/as para representar a sus semejantes seguramente esta modificación tiene nombre y apellido que será el o la próxima levanta manos de las definiciones y discusiones que se dan en politicas educativas, presupuestos de mantenimiento, prioridades a la hora de invertir, etc».

«Como sindicato venimos pidiendo hace un tiempo la reglamentación de la elección por voto directo y secreto de los representantes padres/madres, nunca encontramos la definición política de avanzar en democratizar el Ministerio de Educación, no queremos ser cómplices del avasallamiento de derechos consagrados por Ley. Exigimos una consulta popular para que podamos opinar sobre cambios donde estamos involucrados y algunos y algunas escudados detrás de una pantalla nos quieren arrebatar. La modificación que quieren imponer es anticonstitucional, inconsulta y sin licencia social», concluyeron.

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Gremios

En un acto virtual con la gobernadora Carreras y el ministro Moroni ATE lanzó el CCT

La presentación estuvo encabezada por la conducción nacional y provincial del sindicato.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se reunió esta tarde (12/08) con la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras para firmar la primera convocatoria a discutir el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) en la provincia: la misma tendrá lugar el jueves 27 de agosto, dándole continuidad al avance concreto sobre una nueva regulación de las relaciones laborales entre los trabajadores y el Estado. Del acto participó la conducción nacional del sindicato, encabezada por su secretario general Hugo Godoy y el adjunto Rodolfo Aguiar y la provincial representada por su titular Rodrigo Vicente y su adjunta, Leticia Lapalma, junto a los secretarios generales de todas las Seccionales. Por parte del Ejecutivo estuvieron presentes, junto a la gobernadora Carreras, el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, el ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler y el secretario de estado de Trabajo Jorge Stopiello.

«Para la vida institucional de la provincia este no es un día cualquiera: será recordado como aquel en el que se abrió el proceso de mayor democratización en el Estado. El gobierno rionegrino salda hoy una gran deuda y se pone a la altura de todos aquellos distritos que dejaron atrás y para siempre las normas de la dictadura militar. Comenzamos a superar la agenda de pandemia con iniciativas políticas concretas que le cambian la vida a la gente de verdad», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general adjunto de ATE Nacional.

“Nos toca vivir como dirigentes un momento histórico por el que ATE luchó durante muchos años. Hoy estamos cosechando la siembra de miles de compañeros que pelearon con convicción para que en este día podamos firmar la elaboración del Convenio Colectivo y dar un giro trascendental en las relaciones laborales. Estamos muy emocionados”, señaló por su parte Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro.

“Este Convenio Colectivo llega en un momento de máxima oportunidad. Porque siempre es necesario y positivo rediseñar los vínculos entre los trabajadores y el sector patronal, pero en este momento es estratégico”, sostuvo por su parte la gobernadora Carreras, haciendo referencia al momento “refundacional” que vive la sociedad a raíz de la pandemia por COVID-19.

“Queda mucho por hacer. Tengo plena confianza que vamos a ir poniéndonos de acuerdo punto por punto, con un Gobierno Nacional totalmente comprometido en el mejoramiento del trabajo y la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras”, manifestó la mandataria. Remarcó justamente el trabajo conjunto con Nación para “afrontar estos difíciles tiempos que nos tocan” y revalidó el “fuerte compromiso de nuestro Gobierno con el sector del trabajo, siempre en la primera línea de lucha”.

Destacó también “las políticas activas del Gobierno de Alberto Fernández en defensa de los puestos de trabajo” que evitaron “una situación de desastre”.

El Convenio Colectivo que se empieza a trabajar a partir del Decreto 759 del Poder Ejecutivo que se rubricó en un acto realizado en la ciudad de Bariloche en junio del 2019 con la presencia del entonces gobernador Alberto Weretilneck y una delegación gremial que estuvo encabezada a nivel provincial por el actual secretario adjunto de ATE Nacional.

«Constituye una de las mayores conquistas de ATE para los estatales y prevé una profunda transformación en la administración pública provincial: este instrumento establecerá una nueva regulación para los vínculos laborales que hoy se encuentran comprendidos en los regímenes de las leyes 3.487, 1.844 y 1.904, y permitirá en un plano de igualdad entre el Estado patronal y los empleados públicos debatir una nueva estructura salarial, carrera administrativa, escalafón, régimen de licencias y normas de higiene y seguridad, en todos los casos con perspectivas de género, entre otras cuestiones que involucran los intereses de más de 25.000 trabajadores estatales», destacó Aguiar.

«El convenio coloca a la provincia bajo el cumplimiento de las principales recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de preceptos centrales de la Constitución Nacional, ya que las mismas alientan las convenciones colectivas en el ámbito estatal», concluyó el secretario adjunto de ATE Nacional.

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