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Judiciales

Aguas Rionegrinas deberá pagar casi 4 millones de pesos porque el agua socavó los cimientos de una casa

Los hechos ocurrieron en pleno centro de Río Colorado.

Una gran acumulación de agua y los trabajos realizados para drenarla socavaron las bases de una casa y un comercio en pleno centro de Río Colorado. Ahora sus propietarios deberán ser indemnizados con casi 4 millones de pesos. Los peritos compararon los daños con las secuelas de “un terremoto”, llegando incluso a sugerir la necesidad de una demolición.

La condena civil, que no se encuentra firme, fue dictada por la titular del Juzgado N° 31 de Choele Choel, quien impuso a la empresa Aguas Rionegrinas y al Departamento Provincial de Aguas el pago de 3.832.750 pesos, más los intereses computados desde el año 2012, a los dueños del inmueble.

Los problemas comenzaron en 2011, con una lluvia inusualmente intensa que generó una importante acumulación de agua en los desagües pluviales y en la esquina de la casa, tras lo cual la empresa ARSA realizó tareas de bombeo y drenaje. Luego, en 2012, hubo un desprendimiento de un caño de agua en el mismo sector y los empleados de ARSA rompieron el asfalto, colocaron una bomba para sacar el agua y realizaron la reconexión.

Al ser notificado de la demanda, el DPA negó cualquier responsabilidad propia o de ARSA y solicitó a la jueza que se incluya a la Municipalidad de Río Colorado como demandada. Sin embargo, el reclamo contra la comuna no prosperó porque estaba prescripto el plazo para reclamar una eventual responsabilidad de su parte.

En tanto que ARSA nunca se presentó a contestar la demanda y fue declarada “en rebeldía”. En el proceso civil eso acarrea una presunción en contra de la empresa, dando por ciertos los hechos que relate la parte demandante, salvo que los mismos fueran “inverosímiles”.

Un estudio geosísmico indicó que la acumulación de agua fue “saturando los estratos por debajo de las construcciones adyacentes, provocando la alteración de su capacidad de carga tanto bajo viviendas como bajo el pavimento. Al momento de efectuar la reparación se excavó una zanja que se inundó de agua, la que fue bombeada (…) Este desplazamiento del agua alojada allí arrastró las partículas más finas del suelo, que eran las que le daban cohesión, (…) generando un vacío que provocó los asentamientos diferenciales que dejaron varios muros sin sustento”.

Otra pericia indica daños en el 75% del edificio, calificándolos como “cuantiosos y de gran envergadura”, con “hundimiento de suelo, cimientos, fractura de paredes, azulejos estallados; casi se podría comparar con un movimiento telúrico o terremoto”, y evalúa “una demolición, ya que sus zapatas en partes han quedado en el aire”.

En tanto que el informe técnico de un arquitecto advierte “un colapso estructural en varios sectores importantes” de la edificación, de “carácter irreversible; por lo que teniendo en cuenta la inestabilidad del edificio, que los problemas de evacuación del agua por precipitaciones no se han resuelto y siguen generando filtraciones, se encomienda la demolición de las áreas afectadas o de la totalidad del edificio”.

“Tanto ARSA como el Estado Provincial (DPA) son responsables en forma directa por los daños derivados de los incumplimientos incurridos, al no haber efectuado una distribución, administración y contralor eficiente del servicio como así tampoco implementaron los estudios e inversiones necesarios que hubieran evitado el desastre sobreviniente. Que como consecuencia de las fallas devenidas en la provisión del servicio y en la falta de mantenimiento e inversiones de infraestructura se produjeron los deterioros materiales en la propiedad de los demandantes”, concluyó la jueza en su sentencia.

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Confirmaron responsabilidad de Aguas Rionegrinas en desbordes cloacales en Roca

Así lo ratificó el Superior Tribunal de Justicia.

El Superior Tribunal de Justicia confirmó la responsabilidad de la provincia de Río Negro, Aguas Rionegrinas y el Departamento Provincial de Aguas por los daños y perjuicios que causó el volcado de líquidos cloacales en un sector de General Roca, comprendido entre las calles Mendoza y Jujuy y desde la Ruta Nacional N° 22 hasta Perú.

El máximo tribunal provincial ratificó la sentencia del Juzgado Civil N° 3 de Roca en el marco del amparo colectivo impulsado por el Municipio al rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado rionegrino en representación de todos los organismos condenados.

La misma sentencia reafirma que los tres entes públicos (Provincia, ARSA y DPA) “por las vías que corresponda, ya sea por sí o por terceros, procedan a realizar las obras a los fines de dar una solución integral y definitiva para evitar el volcado de líquidos cloacales a cielo abierto, debiendo sanear las zonas afectadas y alteradas”.

A su vez, el fallo ordena a ARSA “que garantice” el “correcto funcionamiento” del sistema “evitando nuevos desbordes”.

En la apelación la Provincia alegó que “no se encuentra acreditado daño alguno” y que “las obras definitivas correspondientes al sector calle Jujuy fueron realizadas casi en su totalidad”. También indicó que la obra del colector que corre paralelo a Ruta 22 (sector C2I) “se encuentra a la espera de financiamiento”.

En segundo lugar, el Estado provincial insistió en que los desbordes fueron provocados por un “caso fortuito o de fuerza mayor” a raíz de “las caídas o desmoronamientos del colector que corre paralelo a la calle Jujuy”, situación que, según la apelación, lo “exime de responsabilidad”.

Como tercer argumento, la defensa provincial cuestionó que el fallo fue “una intromisión del Poder Judicial en la órbita de competencia del Poder Ejecutivo” por haber condenado al Estado pese a que las obras “se encuentran en curso de ejecución o a la espera de financiamiento”.

El Procurador General Jorge Crespo dictaminó en la instancia de apelación y sugirió al STJ que confirme la sentencia de primera instancia. Indicó que la jueza de Roca “evaluó con detenimiento la situación fáctica que viene desarrollándose desde 2015, sin contar a la fecha con una solución efectiva a la problemática denunciada”, por lo que “carecen de asidero” los argumentos de la provincia “en cuanto a su falta de responsabilidad”.

Tras analizar los fundamentos de cada parte, el STJ concluyó que “los agravios esbozados son meras reiteraciones de los planteos que ya formulara en apelaciones anteriores y que tuvieran debido tratamiento, reiterándose ahora sin exponer razones nuevas o diferentes que habiliten la instancia extraordinaria”.

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Familiares de vecinos desaparecidos se movilizaron en la Ciudad Judicial

Se trata de Luis Sosa, Magdalena Curaqueo, Marcos Herrera y Carlos Painevil.

Foto: Gentileza Canal 10.

Familiares de vecinos de la zona que desaparecieron y de los cuáles no hay novedades al respecto, se movilizaron y concentraron esta mañana (19/09) frente a la Ciudad Judicial de General Roca.

Se trata de familiares y amigos de Luis Sosa, Magdalena Curaqueo, Marcos Herrera y Carlos Painevil. A Luis lo buscan desde el 10 de enero, a Magdalena desde el 23 de febrero y a Marcos, un joven de 21 años, desde el 10 de enero de 2015. Mientras tanto, hace 7 años que no se sabe nada de Carlos, desaparecido en Allen.

Frente a la Ciudad Judicial de Roca, realizaron una radio abierta y brindaron una conferencia de prensa posteriormente. En este sentido, denunciaron el “abandono” del Estado y exigieron que el gobierno provincial destine fondos para la compra de un Georadar y equipamiento apto y moderno para la búsqueda de personas desaparecidas.

Asimismo, exigieron la creación de una división de búsqueda de personas, capacitación del personal y recursos suficientes para que la Justicia actúe en estos casos.

Uno por uno

Luis Sosa, es un vecino de Roca de 77 años que el 10 de enero salió a cobrar su jubilación y de ese día no se supo nada más de su paradero.

Magdalena Curaqueo tiene 56 años, y está desaparecida desde el sábado 23 de febrero, cuando fue a trabajar como vendedora de tortas fritas a la feria de calle Maipú. Al momento de su desaparición vestía campera negra, pantalón floreado, remera blanca y sandalias marrones.

Marcos Adrián Herrera, fue visto por última vez el sábado 10 sábado de enero de 2015 en la ciudad de General Roca. Tenía 21 años y es de las 250 viviendas.

Carlos Painevil era taxista y bombero voluntario de la ciudad de Allen, hace siete años que está desaparecido, desde el 2 de junio del 2012. La familia denunció impericias y un accionar cómplice de laJusticia.

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Judiciales

STJ: Ingresaron menos causas y se incrementaron las sentencias

Según un informe del primer semestre en el Poder Judicial, entraron 230 expedientes y se dictaron 330 sentencias.

Foto: Archivo (Patagonia FotoPress)

La actividad de las cuatros secretarias jurisdiccionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) se ve reflejada en el Informe Estadístico Semestral del Poder Judicial, que acaba de publicarse. Surge de allí que en estos primeros seis meses del año ingresaron 230 expedientes y se dictaron 330 sentencias. En comparación con el mismo periodo de 2018, bajó el número de expedientes y se incrementó la cantidad de fallos que otorgan una solución definitiva a los conflictos.

El trabajo fue realizado, como todos los años, por el Centro de Planificación Estratégica, dependiente del STJ. La publicación refleja datos desde el 1 de enero al 30 de junio del año 2019.

El STJ tiene cuatro secretarias jurisdiccionales con competencia Civil, Penal, Laboral y Originarias, ésta última para amparos y recursos de constitucionalidad. También posee una secretaria de Gestión y Acceso a Justicia.

En números la secretaria Civil recibió este primer semestre 31 expedientes. Realizó 53 fallos. En el mismo periodo del año pasado la relación fue de 43 ingresos y 50 sentencias.

La secretaria Penal, este semestre, recibió 92 expedientes y dictó 122 fallos. El año pasado fue de 76 ingresos y también 122 sentencias.

La secretaria Laboral recibió 34 expedientes con 69 sentencias dictadas. El semestre pasado se registraron 62 ingresos y 61 fallos.

La secretaria Originarias ingresó 73 expedientes este semestre con 86 fallos. En el mismo periodo 2018 hubo 75 ingresos y 64 fallos.

En comparación bajó el número de ingresos totales: en 2018 se registraron 256 expedientes con 297 sentencias. Y en 2019 hubo 230 ingresos y 330 fallos.

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