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Judiciales

Estudian un histórico fallo rionegrino sobre mujer trans

Es el marco del Encuentro Internacional sobre perspectiva de género.

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El Poder Judicial de Río Negro participa con protagonismo en la Jornada Internacional “Juzgando con perspectiva de género” que se realiza este jueves en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, organizada por la Oficina de la Mujer del máximo tribunal del país. De las provincias, solo cuatro fallos fueron elegidos para ser tratados y uno de ellos es un pronunciamiento del STJ rionegrino.

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Adriana Zaratiegui, fue invitada a coordinar, en ese marco, el taller sobre “Género y violencia económica”, junto con Gustavo Hornos, juez de la Cámara Federal de Casación Penal. La jueza de la Corte, Elena Highton de Nolasco, acompañó la presentacion.

En tanto que un caso paradigmático de juzgamiento con perspectiva de género, reflejado en un reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia, fue seleccionado como uno de los cuatro grandes temas de análisis durante la capacitación, que reúne a referentes judiciales de varios países latinoamericanos y a representantes de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces.

Participan además por el Poder Judicial rionegrino la Coordinadora de la Oficina de Género, Beatriz Mozqueira, y un grupo de juezas de los fueros de Familia, Penal y Laboral.

El caso rionegrino elegido como foco de estudio es la sentencia N° 67/18 del Superior Tribunal de Justicia, que absolvió a una mujer trans que había sido juzgada y condenada en primera instancia por el homicidio de su pareja. El fallo del STJ analizó y aplicó la causal de justificación conocida como “legítima defensa” bajo el prisma de la perspectiva de género, ante un hecho ocurrido en un contexto de violencia de género y una especial situación de vulnerabilidad de la imputada, revirtiendo la condena de 9 años de prisión que se le había impuesto originalmente.

La jornada internacional comenzó esta mañana con un homenaje de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina a las pioneras de la mediación en el país, Elena Highton de Nolasco, Gladys Álvarez y María Luisa Lucas, y continuó con la conferencia inaugural de Margarita Luna Ramos, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de México.

Por la mañana están pautados los paneles internacionales y por la tarde los talleres sobre “Género y Poder Punitivo”, “Género y Discapacidad”, “Género y Violencia Económica” -a cargo de la jueza Zaratiegui- y “Género y Acciones Positivas”. La jornada finalizará con la puesta en común de las conclusiones.

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Educación acuerda con el STJ simulacros de juicio por jurados en escuelas

La iniciativa busca difundir la incorporación legislativa del Juicio por Jurados en materia penal como herramienta democrática.

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El ministro de Educación y Derechos Humanos, Pablo Núñez, se reunió con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Liliana Piccinini, para celebrar un convenio cooperación que permitirá llevar adelante prácticas de «Simulacro de Juicio por Jurados en Escuelas Secundarias». Acompañaron la firma los jueces, Sergio Barotto y Sergio Ceci, y el secretario de Educación, Duilio Minieri.

La prueba piloto se realizará con estudiantes de los cursos de los últimos años de escuelas secundarias de Villa Regina, General Enrique Godoy e Ingeniero Huergo.

La primera etapa se centrará en la coordinación general. Para esto, se visitarán las escuelas participantes y se mantendrá reuniones con los y las docentes y equipos directivos con el fin de organizar el trabajo a realizar y despejar dudas que surjan para su aplicación.

La segunda etapa será de sensibilización. En esta instancia se explicará a las y los estudiantes la fundamentación de un Juicio por Jurados y se les entregará un escrito y folletería institucional respecto de la incorporación y función de este nuevo dispositivo judicial.

Luego, accederán a los guiones correspondientes al caso que deban tratar en el simulacro, a la vez que se les explicará la fundamentación pedagógica y la consigna grupal.

Ya en la tercera etapa se llevará a cabo una capacitación específica de acuerdo al rol de cada estudiante en el simulacro y se tratarán las dudas surgidas del primer encuentro y del material recibido. Una vez culminadas estas instancias, se desarrollarán los simulacros con los tres cursos o grupos de estudiantes seleccionados.

Esta iniciativa busca difundir la incorporación legislativa del Juicio por Jurados en materia penal como herramienta democrática. Además de fomentar el conocimiento de los estudiantes respecto del funcionamiento de la Justicia de la Provincia y acercar herramientas para entender los casos, alcances y requisitos en los que actúa el o la ciudadana como Jurado.

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Judiciales

Lago Escondido: El Procurador General dictaminó revocar fallo que ordena abrir el camino de Tacuifi

La Justicia de Bariloche había ratificado una sentencia del 2013 que ordenaba reabrir el acceso al lago.

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El Procurador General de Río Negro, Dr. Jorge Crespo, dictaminó revocar una sentencia de la Cámara Civil de Bariloche que confirmaba una anterior de un Juez de Ejecución, la cual ordena a la provincia abrir el camino de Tacuifí para acceder al Lago Escondido. Según el criterio del titular del Ministerio Público esta última modificaba lo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia en el año 2005 respecto a la forma de garantizar el acceso al lugar.

El máximo tribunal provincial había determinado «rechazar la acción de mandamus interpuesta por la doctora María Magdalena Odarda» y, en un segundo punto advertía que existían «cuestiones pendientes a resolver por parte de los requeridos, quienes en un plazo razonable deberán finalizar los trámites administrativos registrables pendientes (…) y lo propuesto por el señor Fiscal de Estado, para permitir y asegurar el acceso al Lago Escondido por el camino objeto de servidumbre».

En el Dictamen 48/2023, Crespo considera que el fallo del STJ (89/2005) había obtenido firmeza por haber «sido consentido por todas las partes involucradas» en aquel momento. Desde allí se abrió la etapa de ejecución de sentencia. El expediente se remitió al Juzgado Civil de Bariloche y un magistrado de primera instancia amplió los términos de lo resuelto e incluyó como posibles accesos a Lago Escondido «el Sendero de montaña desde confluencia ríos Azul y Encanto Blanco» y otro «trayecto preexistente que nace en el paraje Tacuifí».

Con esta modificación que un juez de primera instancia realizara en un fallo del máximo tribunal, se abrió un proceso que para el Procurador General «se extendió durante más de 17 años» y que «resultó confuso, engorroso, con un dispendio innecesario de actos procesales llevados adelante tanto por las partes como por la jurisdicción, con la continua insistencia de la amparista de peticionar el cumplimiento de un obrar que nunca formó parte del litigio principal y que, repito, en todo caso fue rechazado en su totalidad».

El titular del Ministerio Público argumentó que debía respetarse lo expresado en la sentencia del STJ. Explicó que «una vez decidido un litigio y hallándose firme el decisorio la parte debe acatar la resolución judicial, no pudiendo revisar la cuestión ya debatida. Incluso, el propio Tribunal de origen debe respetarla y, si bien existe la posibilidad de interpretarla, esa actividad debe ser cumplida sin introducir modificaciones». Ello mencionando el principio de preclusión y cosa juzgada.

«El principio de congruencia se vincula con la garantía de la defensa en juicio, ya que como regla el pronunciamiento judicial que desconoce o acuerda derechos no debatidos es incompatible con las garantías constitucionales, pues el juzgador no puede convertirse en la voluntad implícita de una de las partes, sin alterar el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria», agregó.

«La sentencia civil no puede exceder las pretensiones ni las defensas oportunamente planteadas por las partes», dijo en relación a las determinaciones procesales que se tomaron de forma ulterior a la sentencia del 2005.

«De la lectura precisa de todas las resoluciones emanadas del STJ entre los años 2005-2012 no cabe lugar a dudas de que nunca se habilitó la apertura de un camino alternativo por fuera del denominado de montaña», añadió.

«Considerar otra traza diferente a la del camino de servidumbre implicaría imponer limitaciones al dominio, afectando bienes privados al uso público, sorteando el procedimiento que prevé su declaración formal a través de una ley y la indemnización de los damnificados» ya que el camino Tacuifi «avanza sobre diversas propiedades pertenecientes a personas ajenas al conflicto que no pudieron ejercer el derecho a defenderse», concluyó Crespo.

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Descubrieron 50 cajas de zapatillas vacías en una tienda: Despidieron a tres empleados

La Justicia avaló el despido con causa.

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Una auditoría sorpresa en un comercio de ropa deportiva en Cipolletti arrojó como resultado que faltaban más de 100 productos y había 50 cajas de zapatillas vacías. «No los quiero ver más acá, retírense», les ordenó el encargado a tres empleados. Mientras se hacía el recuento ellos estaban con la cabeza baja y prometían pagar los productos faltantes. El juicio laboral convalidó los despidos.

Los tres empleados desvinculados solo cobrarán la liquidación final y no tendrán derecho a indemnización, según se resolvió en la Cámara del Trabajo de Cipolletti. El comercio de Cipolletti pertenece a una red de tiendas deportivas con sucursales en Neuquén y Plottier.

Surgió de la demanda que todos los años la administración practica auditorías sorpresivas para hacer el control de mercadería. Esos inventarios se realizan con la presencia de testigos de otras sucursales.

En el caso de Cipolletti el control detectó que faltaban más de cien productos y había unas cincuenta cajas de zapatillas vacías o con un solo calzado. Fue tal el asombro de los encargados que repitieron el control después de algunos días, aunque con el mismo resultado.

Se explicó en el juicio laboral que los empleados tenían permitido retirar productos para consumo personal siempre que no superaran el 20% de sus haberes. Esas operaciones debían registrarse en un cuaderno y con esa información, la administración realizaba los descuentos correspondientes en la próxima liquidación de sueldos.

De todas formas, la faltante de mercadería superaba ampliamente lo permitido. Los tres empleados despedidos, mientras se hacía el recuento, permanecían con la cabeza baja y prometían devolver los productos. Pero el encargado no toleró el resultado y los echó.

Durante el juicio se probaron todas las circunstancias y se confirmó el despido con causa.

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