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Cannabis medicinal: Van a la Justicia en busca del autocultivo

Nuevo reclamo de la familia de Joaquín Navarro ante la Justicia Federal.

Los legisladores Nicolás Rochas y Javier Iud (Frente de Todos), acompañarán a familiares de Joaquín Navarro ante un nuevo reclamo en la Justicia Federal, esta vez para solicitar que se autorice el autocultivo de cannabis para uso medicinal.

Al respecto Rochas, explicó que “esta nueva acción se presenta ante la inexistencia de un Estado que provea y propicie la obtención del cannabis medicinal y es consecuencia del fallo de la Cámara de General Roca, que de manera insensible denegó la autorización del cultivo con excusas que quedan evidentes ante el incumplimiento del Estado”.

El legislador detalló que pasados los plazos correspondientes y agotadas todas las instancias quedó en evidencia que “no hay ni voluntad ni vocación” para otorgar este derecho a la familia. “Es por esto que no nos queda otra que recurrir a los estrados judiciales a los fines de solicitar lo que hace a una mejor calidad de vida para Joaquín y para tantos que están recurriendo a esta medicina”, agregó.

Por su parte Javier Iud, expresó que “el caso de Joaquín, no es un caso aislado, es uno de los tantos que silenciosamente se ven expuestos a clandestinidad y que tienen que recurrir a la obtención de cannabis sin tener certezas sobre la composición de los aceites, la calidad de los cultivos y la seguridad con la cual debe tramitarse y manejarse esta medicina” y concluyó “mientras no tengamos un Estado que tome para sí la responsabilidad de regular y garantizar la provisión del cannabis, deberemos seguir luchando por el autocultivo como posibilidad para asegurar el acceso a la medicina que necesitan”.

La presentación se realizará este viernes (6/09) acompañando a la abuela y la mamá del pequeño de San Antonio Oeste en el Juzgado Federal de Viedma.

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Una trabajadora del Hospital fue notificada por enviar un mensaje de WhatsApp con información falsa

Una vez que finalice la feria extraordinaria por el coronavirus, será imputada por intimidación pública.

El Ministerio Público Fiscal notificó a una agente de salud del hospital de General Roca por haber enviado desde su celular un mensaje de voz alertando sobre una situación falsa, que no estaba ocurriendo en dicho nosocomio.

“El Hospital, a través de sus representantes legales, realizó la denuncia penal correspondiente. Fueron ellos quienes nos acercaron el audio donde la señora realizaba manifestaciones vía WhatsApp generando temor de manera generalizada”, explicaron los fiscales.

Según el Código Penal dicho delito se enmarca en el Artículo 211 de “intimidación pública”, y “el Ministerio Público Fiscal la notificó acerca de la sustanciación de una causa en su contra, ya que para concretar la formulación de cargos resta prueba por producir, y que culmine la feria extraordinaria establecida por la situación que estamos viviendo”.

“Tomamos esta medida ya que en el contexto de la pandemia del Coronavirus, ante la gran cantidad de noticias sin chequear y sin fuente que las avale, las mismas cobran relevancia a través de las redes sociales, en grupos de WhatsApp, en aplicaciones de celular, afectando aún más a la ciudadanía”, dijeron los fiscales intervinientes.

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Murió esperando el arreglo de su auto: aseguradora y concesionaria, condenadas a indemnizar a sus herederos

La indemnización alcanza casi el millón de pesos. Se trata de una familia de Roca.

Un matrimonio de Roca compró un cero kilómetro en 2010. En 2011 la pareja sufrió cuatro choques, todos reconocidos y cubiertos por su aseguradora. Para reparar todos los daños juntos, la aseguradora contrató el servicio de taller de la misma concesionaria que había vendido el auto. Y comenzó entonces un peregrinar que aún no termina por los arreglos deficientes, los repuestos demorados, las acusaciones cruzadas y las informaciones falsas.

El auto sigue en el taller. Y la mujer, que era su titular y llevaba varios años luchando contra el cáncer, falleció esperando que las empresas cumplan. Su marido, un hombre mayor con una importante discapacidad motriz, siguió impulsando el reclamo judicial y logró días atrás una condena millonaria contra la compañía de seguros y la concesionaria.

La sentencia de primera instancia condenó a Sahiora S.A. y a Federación Patronal Seguros a pagar $822.600 -más intereses- por los daños moral, punitivo y material, y le dio a la automotriz un plazo de 20 días para entregar el auto “debidamente reparado”, bajo apercibimiento de aplicarle una multa por cada día de demora.

Todas las partes apelaron aquel fallo y en segunda instancia, la Cámara Civil de Apelaciones de Roca amplió la condena a favor de los clientes, aumentando la indemnización mediante la modificación del cómputo de los intereses de cada rubro, para actualizar las sumas en función de la depreciación monetaria de los últimos años y teniendo en cuenta que llevan más de 3.000 días sin poder usar el vehículo.

Según el fallo, el Chevrolet Aveo ingresó al taller por primera vez el octubre de 2011. Los dueños lo retiraron en noviembre, pero seguían las fallas. Esperaron casi un año por los repuestos que faltaban, y volvieron al taller en noviembre de 2012. En mayo de 2013 Sahiora les informó que estaba listo, pero exigía a los dueños el pago de la franquicia del seguro y otros rubros para entregarlo.

Los propietarios, sin embargo, nunca estuvieron conformes con los arreglos y antes de retirarlo pidieron la constatación por parte de un experto. Pero Sahiora se negó a la inspección y en 2014 debieron iniciar un primer juicio para hacer peritar el vehículo. Sin lograr el cumplimiento, en 2016 iniciaron la demanda por violación a los Derechos del Consumidor. Y finalmente en 2017 una pericia mecánica determinó que el auto “aún presentaba defectos de reparación”. Desde entonces permanece en la concesionaria, que alega un “derecho de retención” del vehículo hasta recibir el pago que reclama.

En medio del proceso se verificó que la “falta de stock” de repuestos originales que alegaba la concesionaria no era cierta. Un simple llamado de los dueños del auto a la General Motors Argentina sirvió para constatar que las piezas siempre estuvieron disponibles.

“Se ha verificado una conducta reiterada y sumamente grave de la concesionaria, quien no solo demoró injustificadamente las reparaciones -y sigue demorándolas- como hemos visto, sino que además llegó hasta proveer repuestos usados en partes vitales del vehículo, que (…) conllevaban un riesgo para la circulación (…) Esto configura mucho más que un incumplimiento a los deberes de información y trato digno”, sostuvo el Tribunal.

Para la Cámara “quedó absolutamente probado” que el auto “era extraordinariamente necesario” para la pareja: por la discapacidad de él, por la enfermedad de ella y porque debían atender cotidianamente a sus padres ancianos, que vivían en la zona de chacras.

“Pero lo que considero muchísimo más grave, es que la Sra. A. debió enfrentar nada menos que un cáncer que a la postre le quitó la vida y además de no contar con el vehículo para la movilidad que su tratamiento reclamaba, debió lidiar con las demandadas por el pésimo trato que le dispensaron (…) Falleció sin recuperar el vehículo que, en el marco de una prestación normal, le debió haber sido entregado en perfectas condiciones de uso en pocos días y, a varios años de su fallecimiento, el mismo sigue sin ser entregado”, enfatizó el Tribunal al incrementar la indemnización por daño moral.

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Coronavirus: STJ dispuso receso extraordinario y otras medidas

Conocé como funcionará la Justicia, por lo menos, hasta el 31 de marzo.

Mediante Acordada, el Superior Tribunal de Justicia dispuso “establecer un receso extraordinario con régimen de feria judicial a partir del 17 y hasta el 31 de marzo, con horario de atención al público de 8 a 13 horas”.

Este receso no implica licencia por vacaciones, toda vez que se establecen modalidades para continuar prestando con normalidad el servicio. En la resolución se estableció que se recepcionarán “en todo horario” las “denuncias relacionadas al incumplimiento del aislamiento obligatorio”.

La Acordada, firmada por los 5 jueces del STJ y el Procurador General, contextualiza las decisiones en el marco de la emergencia por el coronavirus y “en razón a que la prestación de servicio de justicia implica atención a personas y realización de audiencias”, por lo que “resulta prudente establecer un receso extraordinario con régimen de feria judicial a fin de permitir la continuidad de la prestación del servicio”.

También en la Resolución del cuerpo se adhirió al decreto provincial 266/20 artículos 3º; 4º; 5º y 6º, en lo referido al régimen de licencias. Se dispuso que los agentes comprendidos deben “solicitar la licencia a la autoridad concedente”.

Se resolvió también el establecimiento de guardias para la atención de los asuntos urgentes del servicio de justicia.

Para organizar la continuidad del trabajo de los jueces, juezas y titulares de organismos que no integran la guardia se habilitó la utilización de “las herramientas informáticas y la tecnología disponible” para organizar “el trabajo domiciliario de quienes no concurran a sus puestos” de trabajo.

“Igual recomendación rige para la realización de audiencias y demás actos procesales que pudieran ser llevados adelante por video conferencia, skype o similar”, establece la Acordada.

En último término, se requirió “a todo el personal del Poder Judicial el máximo de responsabilidad social en el cumplimiento de las medidas preventivas que se dicten por las autoridades competentes nacionales y provinciales”.

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