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Judiciales

Culminaron las declaraciones en el juicio contra el ex intendente de Fernández Oro

Hoy será el turno de los alegatos en la causa Reggioni.

En la segunda jornada del debate oral y público en el que se encuentra imputado el ex jefe comunal de la localidad de Fernández Oro Juan Reggioni y otras tres personas, prestaron declaración cuatro testigos y culminó la etapa de producción de prueba. Hoy (12/09) a partir de las 14 se expondrán los alegatos de las partes.

En primer lugar, declaró el ingeniero David Baffoni, titular de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones del Ministerio Público. En lo medular de su declaración sostuvo que todos los indicios informáticos hallados en una grabación de audio indicaban que el archivo no había sido modificado ni editado.

Cabe señalar que en la grabación habría sido producida por uno de los testigos del caso y que en la misma el ex intendente orense mencionaría que compró un terreno en el loteo social y que lo pensaba escriturar en nombre de su hijo. La misma habría sido captada, según la teoría del Ministerio Público Fiscal, durante una conversación entre el inquilino de la vivienda ubicadaa en el lote en cuestión y el imputado.

En segundo lugar, prestó su declaración el perito de la defensa, Cristian Vila. El mismo aseguró que a partir del material que le fuera entregado para peritar no se podría acreditar que el mismo permanezca inalterado, en razón del paso del tiempo entre que fue capturado y que fue extraído del teléfono desde el cual se habría realizado la grabación.

Un integrante de la Policía de Río Negro fue el tercer testigo de la jornada. Al mismo se le encomendó la tarea de confirmar si la persona que hablaba en la grabación era el ex intendente orense. En un análisis del contenido de la conversación, el uniformado seleccionó determinadas partes y explicó en base a su trabajo de investigación de campo, los motivos que lo llevaban a concluir que el imputado era el protagonista de la grabación.

Finalemente, prestó su testimonio una escribana de la localidad de Fernández Oro. La misma refirió que en principio la víctima y una de las imputadas solicitaron sus servicios para la confección de un poder especial que habilitaba a la acusada a escriturar el terreno en nombre de la víctima y cumplido un plazo legal, a venderlo.

Posteriormente explicó que ese poder fue sustituido, quedando como apoderado del mismo el hijo del ex jefe comunal. Tras lo anterior, el intendente en representación del Municipio y su hijo -ambos acusados- suscribieron la escritura del inmueble.

A preguntas de la Fiscalía, la profesional aclaró que los alcances del poder eran limitados y que impedían realizar actos de disposición, como por ejemplo las mejoras en el lugar y actos de administración, como por ejemplo alquilar la propiedad.

En la jornada del martes (10/09), prestaron testimonio la adjudicataria del lote y víctima en el caso, el hombre que habría alquilado la vivienda ubicada en el terreno social mediante un contrato con la esposa del ex intendente, quien se encuentra como imputada. Además declararon el actual intendente de Fernández Oro y el asesor legal del municipio, dos uniformados de la Brigada de Investigaciones que realizaron diligencias en el caso y la psicóloga forense Giuliana Marzola.

Según la teoría del caso de la Fiscalía, los imputados a través de un conjunto de documentos, intentaron apropiarse de un loteo social para hacerlo ingresar en el patrimonio del ex titular del Ejecutivo local o de un allegado directo. La calificación legal del caso es negociación incompatible con el ejercicio de la función pública y estelionato.

Este jueves a partir de las 14 horas, en el edificio judicial de España y Urquiza, las partes expondrán los alegatos de clausura, instancia en la que valorarán todas las pruebas del caso.

Judiciales

Confirmaron responsabilidad de Aguas Rionegrinas en desbordes cloacales en Roca

Así lo ratificó el Superior Tribunal de Justicia.

El Superior Tribunal de Justicia confirmó la responsabilidad de la provincia de Río Negro, Aguas Rionegrinas y el Departamento Provincial de Aguas por los daños y perjuicios que causó el volcado de líquidos cloacales en un sector de General Roca, comprendido entre las calles Mendoza y Jujuy y desde la Ruta Nacional N° 22 hasta Perú.

El máximo tribunal provincial ratificó la sentencia del Juzgado Civil N° 3 de Roca en el marco del amparo colectivo impulsado por el Municipio al rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado rionegrino en representación de todos los organismos condenados.

La misma sentencia reafirma que los tres entes públicos (Provincia, ARSA y DPA) “por las vías que corresponda, ya sea por sí o por terceros, procedan a realizar las obras a los fines de dar una solución integral y definitiva para evitar el volcado de líquidos cloacales a cielo abierto, debiendo sanear las zonas afectadas y alteradas”.

A su vez, el fallo ordena a ARSA “que garantice” el “correcto funcionamiento” del sistema “evitando nuevos desbordes”.

En la apelación la Provincia alegó que “no se encuentra acreditado daño alguno” y que “las obras definitivas correspondientes al sector calle Jujuy fueron realizadas casi en su totalidad”. También indicó que la obra del colector que corre paralelo a Ruta 22 (sector C2I) “se encuentra a la espera de financiamiento”.

En segundo lugar, el Estado provincial insistió en que los desbordes fueron provocados por un “caso fortuito o de fuerza mayor” a raíz de “las caídas o desmoronamientos del colector que corre paralelo a la calle Jujuy”, situación que, según la apelación, lo “exime de responsabilidad”.

Como tercer argumento, la defensa provincial cuestionó que el fallo fue “una intromisión del Poder Judicial en la órbita de competencia del Poder Ejecutivo” por haber condenado al Estado pese a que las obras “se encuentran en curso de ejecución o a la espera de financiamiento”.

El Procurador General Jorge Crespo dictaminó en la instancia de apelación y sugirió al STJ que confirme la sentencia de primera instancia. Indicó que la jueza de Roca “evaluó con detenimiento la situación fáctica que viene desarrollándose desde 2015, sin contar a la fecha con una solución efectiva a la problemática denunciada”, por lo que “carecen de asidero” los argumentos de la provincia “en cuanto a su falta de responsabilidad”.

Tras analizar los fundamentos de cada parte, el STJ concluyó que “los agravios esbozados son meras reiteraciones de los planteos que ya formulara en apelaciones anteriores y que tuvieran debido tratamiento, reiterándose ahora sin exponer razones nuevas o diferentes que habiliten la instancia extraordinaria”.

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Familiares de vecinos desaparecidos se movilizaron en la Ciudad Judicial

Se trata de Luis Sosa, Magdalena Curaqueo, Marcos Herrera y Carlos Painevil.

Foto: Gentileza Canal 10.

Familiares de vecinos de la zona que desaparecieron y de los cuáles no hay novedades al respecto, se movilizaron y concentraron esta mañana (19/09) frente a la Ciudad Judicial de General Roca.

Se trata de familiares y amigos de Luis Sosa, Magdalena Curaqueo, Marcos Herrera y Carlos Painevil. A Luis lo buscan desde el 10 de enero, a Magdalena desde el 23 de febrero y a Marcos, un joven de 21 años, desde el 10 de enero de 2015. Mientras tanto, hace 7 años que no se sabe nada de Carlos, desaparecido en Allen.

Frente a la Ciudad Judicial de Roca, realizaron una radio abierta y brindaron una conferencia de prensa posteriormente. En este sentido, denunciaron el “abandono” del Estado y exigieron que el gobierno provincial destine fondos para la compra de un Georadar y equipamiento apto y moderno para la búsqueda de personas desaparecidas.

Asimismo, exigieron la creación de una división de búsqueda de personas, capacitación del personal y recursos suficientes para que la Justicia actúe en estos casos.

Uno por uno

Luis Sosa, es un vecino de Roca de 77 años que el 10 de enero salió a cobrar su jubilación y de ese día no se supo nada más de su paradero.

Magdalena Curaqueo tiene 56 años, y está desaparecida desde el sábado 23 de febrero, cuando fue a trabajar como vendedora de tortas fritas a la feria de calle Maipú. Al momento de su desaparición vestía campera negra, pantalón floreado, remera blanca y sandalias marrones.

Marcos Adrián Herrera, fue visto por última vez el sábado 10 sábado de enero de 2015 en la ciudad de General Roca. Tenía 21 años y es de las 250 viviendas.

Carlos Painevil era taxista y bombero voluntario de la ciudad de Allen, hace siete años que está desaparecido, desde el 2 de junio del 2012. La familia denunció impericias y un accionar cómplice de laJusticia.

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Judiciales

STJ: Ingresaron menos causas y se incrementaron las sentencias

Según un informe del primer semestre en el Poder Judicial, entraron 230 expedientes y se dictaron 330 sentencias.

Foto: Archivo (Patagonia FotoPress)

La actividad de las cuatros secretarias jurisdiccionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) se ve reflejada en el Informe Estadístico Semestral del Poder Judicial, que acaba de publicarse. Surge de allí que en estos primeros seis meses del año ingresaron 230 expedientes y se dictaron 330 sentencias. En comparación con el mismo periodo de 2018, bajó el número de expedientes y se incrementó la cantidad de fallos que otorgan una solución definitiva a los conflictos.

El trabajo fue realizado, como todos los años, por el Centro de Planificación Estratégica, dependiente del STJ. La publicación refleja datos desde el 1 de enero al 30 de junio del año 2019.

El STJ tiene cuatro secretarias jurisdiccionales con competencia Civil, Penal, Laboral y Originarias, ésta última para amparos y recursos de constitucionalidad. También posee una secretaria de Gestión y Acceso a Justicia.

En números la secretaria Civil recibió este primer semestre 31 expedientes. Realizó 53 fallos. En el mismo periodo del año pasado la relación fue de 43 ingresos y 50 sentencias.

La secretaria Penal, este semestre, recibió 92 expedientes y dictó 122 fallos. El año pasado fue de 76 ingresos y también 122 sentencias.

La secretaria Laboral recibió 34 expedientes con 69 sentencias dictadas. El semestre pasado se registraron 62 ingresos y 61 fallos.

La secretaria Originarias ingresó 73 expedientes este semestre con 86 fallos. En el mismo periodo 2018 hubo 75 ingresos y 64 fallos.

En comparación bajó el número de ingresos totales: en 2018 se registraron 256 expedientes con 297 sentencias. Y en 2019 hubo 230 ingresos y 330 fallos.

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