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Judiciales

Culminaron las declaraciones en el juicio contra el ex intendente de Fernández Oro

Hoy será el turno de los alegatos en la causa Reggioni.

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En la segunda jornada del debate oral y público en el que se encuentra imputado el ex jefe comunal de la localidad de Fernández Oro Juan Reggioni y otras tres personas, prestaron declaración cuatro testigos y culminó la etapa de producción de prueba. Hoy (12/09) a partir de las 14 se expondrán los alegatos de las partes.

En primer lugar, declaró el ingeniero David Baffoni, titular de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones del Ministerio Público. En lo medular de su declaración sostuvo que todos los indicios informáticos hallados en una grabación de audio indicaban que el archivo no había sido modificado ni editado.

Cabe señalar que en la grabación habría sido producida por uno de los testigos del caso y que en la misma el ex intendente orense mencionaría que compró un terreno en el loteo social y que lo pensaba escriturar en nombre de su hijo. La misma habría sido captada, según la teoría del Ministerio Público Fiscal, durante una conversación entre el inquilino de la vivienda ubicadaa en el lote en cuestión y el imputado.

En segundo lugar, prestó su declaración el perito de la defensa, Cristian Vila. El mismo aseguró que a partir del material que le fuera entregado para peritar no se podría acreditar que el mismo permanezca inalterado, en razón del paso del tiempo entre que fue capturado y que fue extraído del teléfono desde el cual se habría realizado la grabación.

Un integrante de la Policía de Río Negro fue el tercer testigo de la jornada. Al mismo se le encomendó la tarea de confirmar si la persona que hablaba en la grabación era el ex intendente orense. En un análisis del contenido de la conversación, el uniformado seleccionó determinadas partes y explicó en base a su trabajo de investigación de campo, los motivos que lo llevaban a concluir que el imputado era el protagonista de la grabación.

Finalemente, prestó su testimonio una escribana de la localidad de Fernández Oro. La misma refirió que en principio la víctima y una de las imputadas solicitaron sus servicios para la confección de un poder especial que habilitaba a la acusada a escriturar el terreno en nombre de la víctima y cumplido un plazo legal, a venderlo.

Posteriormente explicó que ese poder fue sustituido, quedando como apoderado del mismo el hijo del ex jefe comunal. Tras lo anterior, el intendente en representación del Municipio y su hijo -ambos acusados- suscribieron la escritura del inmueble.

A preguntas de la Fiscalía, la profesional aclaró que los alcances del poder eran limitados y que impedían realizar actos de disposición, como por ejemplo las mejoras en el lugar y actos de administración, como por ejemplo alquilar la propiedad.

En la jornada del martes (10/09), prestaron testimonio la adjudicataria del lote y víctima en el caso, el hombre que habría alquilado la vivienda ubicada en el terreno social mediante un contrato con la esposa del ex intendente, quien se encuentra como imputada. Además declararon el actual intendente de Fernández Oro y el asesor legal del municipio, dos uniformados de la Brigada de Investigaciones que realizaron diligencias en el caso y la psicóloga forense Giuliana Marzola.

Según la teoría del caso de la Fiscalía, los imputados a través de un conjunto de documentos, intentaron apropiarse de un loteo social para hacerlo ingresar en el patrimonio del ex titular del Ejecutivo local o de un allegado directo. La calificación legal del caso es negociación incompatible con el ejercicio de la función pública y estelionato.

Este jueves a partir de las 14 horas, en el edificio judicial de España y Urquiza, las partes expondrán los alegatos de clausura, instancia en la que valorarán todas las pruebas del caso.

Judiciales

Caso Gatti: La causa avanza al juicio

El Tribunal de Impugnación confirmó que no hay probation para el acusado de tenencia de imágenes de abuso infantil.

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El Tribunal de Impugnación confirmó la decisión de dos jueces de Roca que denegaron la opción de una probation a un hombre acusado de facilitación y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil. De esta manera se afianzó la proyección del juicio oral y público que la Oficina Judicial de Roca fijó para el mes de mayo, aunque la defensa del imputado aún tiene chances de interponer otros recursos.

La probation -cuyo nombre correcto es «suspensión de juicio a prueba»- es una alternativa que admite la ley para algunos delitos penales. Para que se pueda aplicar, la fiscalía debe prestar su consentimiento, algo que no ocurrió en esta investigación. Cuando un juez la admite, la persona acusada puede someterse a reglas de conductas y asumir compromisos, reparaciones económicas o inhabilitaciones durante un plazo determinado a cambio de dejar «en suspenso» el proceso en su contra. Si durante ese tiempo cumple con todas las pautas, el caso se cierra. Pero si se verifica algún incumplimiento, el proceso se reactiva para ir a juicio.

Según reseñó el TI, en noviembre pasado el juez del Control de Acusación, en Roca, no hizo lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba que formuló el defensor en este caso. Contra esa decisión la defensa planteó un primer recurso y en febrero de este año un juez de Revisión confirmó la denegatoria. Luego la defensa planteó una impugnación, que también fue rechazada, y finalmente presentó un recurso de queja ante el Tribunal de Impugnación. Argumentó que el rechazo fue «arbitrario» y reclamó que se reconsidere la opción de la probation.

En su fallo el TI recalcó que ese tipo de decisiones de los jueces de Revisión no son impugnables según el Código Procesal Penal. Agregó que, igualmente, se cumplió con el derecho de la defensa de que otro juez controle la primera denegatoria a la probation. Y finalizó señalando que, en última instancia, la defensa debió «acreditar ante este Tribunal de Impugnación la afectación constitucional/convencional que habilite el recurso extraordinario federal. De nuestro análisis, esta situación no está acreditada», concluyó el TI.

En principio, el juicio oral está fijado para los días 15,16, 17 y 21 de mayo en Roca. Será ante un tribunal colegiado (tres jueces) en función de la calificación legal y la pretensión punitiva que se admitieron en el control de acusación.

Los presuntos delitos que se someterán a juicio son tenencia y facilitación, en concurso real con tenencia con fines de distribución de imágenes de abuso sexual infantil (50 hechos), en todos los casos agravadas por la edad de las víctimas (menores de 13 años).

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Judiciales

Imputaron por homicidio simple al productor que mató de un escopetazo a un sujeto

La víctima estaba robando cebollas. El acusado seguirá en libertad mientras continúa la investigación.

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Un hombre de 40 años quedó imputado por el delito de homicidio simple en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, a raíz de la muerte Marcelo Suárez hecho que sucedió el martes (12/02) en la localidad de Ingeniero Huergo.

Según la acusación fiscal, «el 12 de marzo, a las 21.00 en una chacra de Ingeniero Huergo, el imputado notó que en su propiedad estaba Marcelo Suarez, que al ser sorprendido, habría descartado una bolsa que contenía cebollas y habría comenzado a correr».

«Sin embargo, el victimario con intenciones de darle muerte, le efectuó al menos un disparo con un arma de fuego tipo escopeta, tiro a tiro, calibre 12 UAB, que portaba sin la debida autorización legal, sobre el cuerpo de Suárez, impactando sobre su espalda, producto de lo cual falleció en el lugar», agregó el fiscal del caso.

Entre la evidencia mencionada por la Fiscalía para esta instancia de formulación de cargos se encuentran: el acta de la Comisaría N° 16 de Huergo y de la intervención realizada, el acta del secuestro de un arma de fuego, entrevistas. También el informe de la División de Investigación Judicial y del Gabinete de Criminalística de la Policía de Rio Negro, y el resultado del allanamiento realizado en la casa del imputado.

La calificación jurídica provisoria por la instancia de imputación es la de «homicidio simple en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal para hacerlo».

Las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía fueron: presentaciones semanales del imputado para dar cuenta de estar a derecho, la colocación de una tobillera de monitoreo por GPS, «de esta manera nos vamos a asegurar que el hombre se someta al proceso, además se pide una prohibición de contacto con los testigos mencionados por la Fiscalía», explicó el fiscal adjunto.

«Falta adjuntar al legajo la autopsia concretada por el Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial con sede en General Roca, además de la pericia balística encargada al Departamento de análisis balístico legal perteneciente al Ministerio Público y demás pruebas», agregó el representante fiscal.

Por su parte el defensor penal público que asiste al hombre en este proceso, no se opuso a la formulación de cargos ni tampoco a las medidas cautelares. Resaltó que «fue la familia que dio aviso a la policía y sostenemos que no existe riesgo de fuga».

De esta manera, la jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos tal lo descripto por los representantes del Ministerio Público Fiscal. Y respecto de las medidas cautelares, el peligro de entorpecimiento a la investigación fue aceptado por la magistrada más no el de fuga, e hizo lugar a la medida cautelar de prohibición de contacto para los dos testigos, bajo apercibimiento del delito de desobediencia a una orden judicial, por el plazo de 4 meses.

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Judiciales

Un juez de Roca rechazó el amparo para reactivar el Tren del Valle

Argumentó que el derecho al transporte no estaba limitado, ya que existían alternativas como taxis, remises y colectivos.

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La resolución del juez federal Hugo Greca en General Roca, que desestima el recurso de amparo presentado por diversas organizaciones sociales para la reactivación del Tren del Valle, ha generado descontento y críticas por parte de los afectados. Lorenzo Brevi, representante de la organización «Despertemos los Durmientes», expresó su insatisfacción con la decisión judicial.

El recurso de amparo, respaldado por alrededor de 10.000 firmas, mayormente de estudiantes, buscaba presionar para la vuelta del servicio ferroviario. Sin embargo, el juez argumentó que el derecho al transporte no estaba limitado, ya que existían alternativas como taxis, remises y colectivos.

Brevi, en diálogo con Radio CALF, criticó esta afirmación, señalando que la solución a la falta de servicio ferroviario está en manos de los gobiernos, quienes deben tomar decisiones políticas para impulsar el regreso del tren. Considera que dejar la decisión en manos de un juez no es la opción óptima y sugiere que esta debería ser una determinación tomada por la sociedad.

El activista también señaló que, a pesar de algunas respuestas parciales, el reclamo por la reactivación del Tren del Valle ha estado en marcha desde 2006. Mientras que se ha restablecido el servicio de tren de Cipolletti a Plottier, en el Alto Valle la situación permanece «renga» en términos de servicios ferroviarios.

La decisión del juez Greca marca un nuevo episodio en el prolongado conflicto entre las organizaciones sociales y las autoridades sobre la reactivación del Tren del Valle, un tema que sigue generando debate y movilización en la región.

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