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Judiciales

Solicitaron 5 años de prisión para hombre que atacó con una tijera a su ex pareja

El hecho de violencia de género ocurrió en enero pasado. El lunes que viene se conocerá la sentencia.

La fiscal jefe Graciela Echegaray solicitó la pena de 5 años de prisión efectiva para Jorge Quiróz, el sujeto de 32 años declarado culpable del delito de “lesiones graves, doblemente agravadas por ser pareja y en un marco de violencia de género”, y que se encuentra cumpliendo prisión preventiva.

“El Tribunal de Juicio interviniente en este caso no entendió, tal como sí lo hizo esta Fiscalía, que la vida de la víctima estuvo en riesgo. A ello sumamos que la Doctora Dora Barrancos explicó que el daño que hay que evaluar cuando analizamos este tipo de eventos con perspectiva de género, no es sólo el físico sino también que existen daños psicológicos, y que estos últimos deben estar visibilizados en nuestras sentencias”, inició su intervención Echegaray.

“En relación a cuál fue el motivo de la agresión perpetrada contra la víctima, pudimos probar que fue una discusión, iniciada por que la joven madre se quería ir de la casa de su pareja y el hombre no la dejaba ir”.

Echegaray sostuvo que el ya declarado responsable penal, “se valió de una escena y con un elemento que no formaba parte de la discusión, la tijera secuestrada, provocó las heridas en la madre de su hijo. Tuvo desde el primer momento el dominio del hecho y así fue el resultado. Se aprovechó del vínculo de confianza entre ambos, de la noche y de estar en su casa para herir como lo hizo a la víctima”, detalló la fiscal jefe.

En relación a la escala penal, que según la calificación legal por la cual el Tribunal de Juicio lo declaró culpable, va de 3 a 10 años de prisión, “aquí tenemos dos agravantes, que son la relación de pareja y el contexto de violencia de género. Agregamos la edad del imputado, 32 años, que indica un grado de madurez y de asentamiento de ciertas conductas propias de un joven adulto. Tiene estudios terciarios completos, y proviene de una familia constituida. La suma de todo esto hace que el sujeto en el momento de cometer el delito era consciente de la conducta antijurídica que estaba asumiendo”, afirmó Echegaray.

Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal realizó un análisis exhaustivo de las agravantes y atenuantes respecto de la pena solicitada.

“Todo ello respetando la obligación de no incurrir en doble valoraciones, en virtud de esto y luego de haber escuchado el testimonio de la licenciada de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) Virginia Ansola. La especialista dejó en claro que la situación actual de la víctima, posterior a los hechos, es de alto impacto emocional, de angustia, de temor. Ella no ha podido avanzar en un proceso de elaboración con lo que ha vivido. Por todo ello es que considero apropiado, de acuerdo al injusto cometido, la pena de 5 años de efectiva”, explicó.

Por su parte, el querellante solicitó la pena de 6 años y el defensor 3 años de prisión condicional.

El veredicto del Tribunal de Juicio compuesto por Fernando Sánchez Freytes, Oscar Gatti y Gastón Martín respecto de cesura de la pena, se conocerá el próximo lunes 23 de septiembre a las 10.30 en el subsuelo de Tribunales.

El hecho por los que la Fiscalía acusó fue el ocurrido el pasado “3 de enero, a las 22.30 aproximadamente, cuando la víctima en el marco de una discusión con el imputado quiso retirarse del domicilio donde se encontraban. No pudiendo lograrlo, dado que éste la acorraló en el garage, junto al niño que tienen en común; poniendo a ambos en completo estado de indefensión. Luego de quitarle el niño de los brazos, se abalanzó sobre ella y le asestó un puntazo con una tijera ocasionándole heridas que la mantuvieron en terapia intermedia en el Hospital Local”.

Judiciales

Rechazan amparo iniciado para dejar sin efecto medidas que flexibilizaron la cuarentena

El fallo aclara que “las decisiones políticas que son de exclusiva órbita del poder administrador y no del Poder Judicial”.

El Juzgado de Familia Nº 7 de Bariloche rechazó la pretensión de un amparista que requería, entre otros planteos el cese medidas tendientes a flexibilizar la cuarentena en esa ciudad dispuestas por el Estado municipal, provincial y nacional.

El Juzgado a cargo de la Jueza María Marcela Pájaro tomó la resolución este viernes 29 (Expte.N° 26851/20). Consideró pertinentes los argumentos esgrimidos por la Fiscalía de Estado y por el Ministerio de Salud de Río Negro.

La jueza Pájaro destacó la existencia de facultades que son propias del Poder Ejecutivo, a las cuales consideró “decisiones políticas que son de exclusiva órbita del poder administrador y no del Poder Judicial”.

Indicó en tal sentido que “el ejercicio del poder de policía, y de un poder de policía de emergencia como es el de disponer y definir los alcances de la cuarentena, le corresponde naturalmente de acuerdo al orden democrático vigente, al Poder administrador en sus distintos niveles” y ante ello “la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones”.

La magistrada ponderó asimismo el informe agregado por el Ministerio de Salud de la Provincia, que comunica “la disponibilidad del sistema de salud, respecto de la existencia de casos, la proyección de los mismos de acuerdo a la tasa de duplicación, el índice de movilidad social, cuanto el porcentaje de población alcanzados por las excepciones” y que han motivado que las autoridades de las tres esferas gubernamentales trabajando coordinadamente hayan coincidido en exceptuar a Bariloche de las rigurosas y extraordinarias restricciones derivadas de la pandemia.

En tal sentido afirma que “de la información brindada no surge que exista desajuste entre lo exigido por el Gobierno federal para la flexibilización de la cuarentena, lo que además debe ser analizado y evaluado con criterio estricto en tanto importa la restricción de derechos constitucionales”. En función de ello resolvió desestimar el amparo interpuesto.

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Gremios

Sitrajur aclaró que nunca “el Poder Judicial no pidió inspección de sanidad en la Ciudad Judicial”

El sindicato de los trabajadores judiciales denunció “práctica antisindical”.

El sindicato de los trabajadores judiciales de Río Negro (Sitrajur) desmintió que el Superior Tribunal de Justicia haya solicitado la realización de una inspección sanitaria en la Ciudad Judicial de Roca. En este sentido aclararon que dicha convocatoria sí había sido realizada por Sitrajur, en los días previos a que se confirmara un caso positivo de coronavirus en los Tribunales roquenses.

“Nos vemos en la obligación de desmentir lo que desde el Poder Judicial se ha comunicado y pudimos ver en medios digitales de la provincia, respecto a que la inspección en el edificio judicial de Roca conocido como Ciudad Judicial, se había pedido desde ese Poder del Estado, al igual que en el resto de la provincia”, manifestaron desde el gremio.

A su vez, detallaron que “desde el Sitrajur se requirieron las inspecciones mediante nota en papel, y recibidas por la Secretaría de Trabajo tanto en Viedma (19/05/2020) como en Roca (20/05/2020). Es decir que la inspección que se intentó realizar en la Ciudad Judicial de General Roca, fue requerida por el Sindicato, lo que es confirmado por el propio inspector en el registro audiovisual que tenemos, y que la voluntad del Poder Judicial era que el Sitrajur no participe de la misma”.

Denuncian además “que resultan absolutamente falaces las afirmaciones efectuadas por el Poder Judicial en estos aspectos, lo que termina por confirmar la práctica desleal antisindical clarísima y que tipifica la misma de acuerdo a la ley 23551”.

Desde el gremio informaron también que “se mantuvieron contactos con la directora del Hospital López Lima a fin de coordinar una visita con el Sitrajur a Tribunales para despejar dudas de compañeros, los que se encuentran con miedo en sus lugares de trabajo, de lo que también hemos avisado a Sergio Barotto (presidente del Tribunal de Superintendencia General de 2da. circunscripción) a fin de evitar situaciones como la vivida el viernes pasado que lo único que generan es perjuicio para quienes concurren a sus lugares de trabajo”.

“Exigimos al STJ que cese con estas prácticas absolutamente contrarias a la ley, y que deje de impedir la actividad sindical como se lo han requerido todos los Sindicatos Judiciales del País, los sindicatos de la Provincia de Río Negro y la Federación Judicial Argentina”, concluye el comunicado.

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Judiciales

Caso Sofía: Pidieron más de 24 años de prisión para la mamá

La sentencia se conocerá el próximo 2 de junio. La víctima falleció en Roca el año pasado, tras ser derivada desde Lamarque.

La fiscal del caso Belén Calarco solicitó la pena de 24 años y 7 meses para la mujer que oportunamente aceptó su responsabilidad penal por los delitos que el 4 de febrero de 2019 provocaron la muerte de una nena de tres años.

En relación al monto de pena la Fiscalía argumentó que “deviene de la calificación legal por la que fue declarada culpable, también por la concurrencia de delitos y en cada uno de esos delitos hay variados hechos”.

A lo anterior Calarco agregó “tengo presente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron las circunstancias. Por ello es que en la definición de los años de pena efectiva, tuve presente la edad de la nena, el tiempo que duró el maltrato, el aislamiento y alejamiento de su centro de vida, que no contaba con escolarización, cuestión que nadie podía advertir lo que la menor estaba viviendo”.

“La violencia sistemática de las dos personas mayores a los otros dos menores de edad, insultos y vejaciones, como hacerla pasar hambre, frio, hacerla dormir parada, duchas frías, cortarle el pelo y en partes dejarla pelada”, dijo la representante del Ministerio Público Fiscal.

“Del informe de autopsia traigo a colación las lesiones que le causaban dolor físico, el impacto y stress psíquico que le provocaron, como quemaduras con cigarrillos, cortes en las plantas de los pies y manos. Además agrego en este punto los abusos sexuales, la cosificación de la niña como objeto sexual”, explicó Calarco vía la aplicación Zoom.

“Durante la internación en Roca pudimos acreditar que la señora se mantenía alejada de la situación, no respondía a los operadores del área de niñez ni de salud respecto de las preguntas que se le hacía por ser la madre de la niña”. Haber solicitado el certificado de defunción antes de conocer la noticia de la muerte de la pequeña también lo tuvo presente el Ministerio Público Fiscal.

“No podemos dejar de mencionar el impacto psicológico y físico en la niña si hubiera estado viva, alteraciones emocionales, cognitivas, que la habrían acompañado de por vida”, resaltó Calarco.

La fiscal subrayó la pericia realizada por la psicóloga del Cuerpo de Investigación Forense en relación a la evaluación del estado y la edad, en este caso de 3 años, cómo afectan las vivencias sufridas tanto por ella y cómo ello repercute en el grupo de menores.

“Este análisis refleja el impacto en la psiquis y en la integridad psico-física que podría tener en los hermanitos de la niña los hechos vividos por quien falleció. Fue de suma importancia para evaluar el monto de pena”, explicó Calarco.

Finalmente, la fiscal del caso expresó que “es llamativo como todos los testigos se sintieron interpelados por la actitud de la señora respecto de la desaprensión en relación a su hija, a su estado de salud, y los relatos que pudo realizar la pequeña antes de fallecer”.

Oscar Mutchinick, el defensor público penal que asiste a la mujer, tras haberla asesorado, estuvo de acuerdo con el monto de pena y la mujer aceptó la misma, e insistió en la culpabilidad de su ex pareja en los hechos.

El defensor explicó que “tenemos presente para aceptar esta pena que el impacto de las cárceles en la vida de las mujeres es mucho mayor al que se experimenta en los hombres”.

El Tribunal de Juicio compuesto por Fernando Sanchez Freytes, Maria Gadano y Emilio Stadler darán a conocer la sentencia definitiva el próximo martes 2 de junio.

La calificación legal

La calificación legal por la que deberá responder con los 24 años y 7 meses solicitados por el Ministerio Público Fiscal es la de ser: “autora de lesiones leves calificadas por el vínculo reiteradas en un número indeterminado de veces; partícipe necesaria de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización reiterado doblemente calificado por el vínculo y por la convivencia preexistente con un menor de 18 años; autora de desobediencia a una orden judicial; como co-autora de abandono de persona seguida de muerte calificado por el vínculo; como autora de tenencia ilegal de pornografía infantil agravada por la edad de las víctimas. Todo en concurso real”.

El hecho

Los hechos sucedieron en “Lamarque, durante octubre de 2018 y posteriormente, en el domicilio familiar. Duraron hasta que la niña fue ingresada al hospital de dicha el 1 de febrero de 2019, falleciendo en el Sanatorio Juan XXIII en Roca 3 días después”, comenzó describiendo la fiscal.

“En esas circunstancias, es que ella y su pareja, en forma conjunta e individualmente -con conocimiento y anuencia del otro- ejercieron maltrato físico y psicológico, contínuo y sistemático contra la niña”.

Además, el hombre abusó sexualmente de la nena, en varios oportunidades, aprovechando su calidad de guardador y conviviente, sin oposición de la madre, y a consecuencia de ello, la niña contrajo “trichomonas vaginalis”.

“Lo anterior violó la resolución de la Jueza de Paz de Lamarque dictada el 16 de octubre de 2018 que les ordenó a ambos la prohibición de realizar actos violentos o cualquier otra violación de los derechos de los niños y niñas, medida dictada para resguardar tanto a la niña fallecida como a sus dos hermanitos”, describió Calarco.

Se agrega que al momento de su detención, la madre tenía en su celular 18 fotos de pornografía infantil, tal como pudo constatar la pericia realizada por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) del Ministerio Público.

La Fiscalía además proporcionó el dato de que entre el 26 y el 31 de enero de 2019, tanto el padrastro como su madre le dieron a la nena golpes en la zona abdominal que fue el punto de partida de la peritonitis sufrida.

“Esto derivó en un síndrome de disfunción multiorgánica por shock séptico y que produjo su muerte. La niña no fue asistida ni por su madre ni por el hombre, pese a que por varios días presentó dolor abdominal, vómitos y fiebre. No la llevaron inmediatamente a un centro de salud, y a consecuencia de todo este devenir descripto es que abandonaron a la nena a su suerte, y por dicho abandono, es que falleció”.

Plexo probatorio

La Fiscalía mencionó más de 30 personas como testigos, entre ellos vecinos de las diversas viviendas que la señora habitó con sus hijos, como también los empleados policiales de las diferentes localidades en las que vivieron, médicos que intervinieron en el devenir de la salud de la niña.

El acta de intervención de la Comisaría Tercera de Roca y la denuncia penal realizada por el médico del sanatorio donde estaba internada la nena. También figuran como testigos de este proceso los médicos del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial, así mismo personas que compartieron espacios de internación de la niña junto a la mujer.

Informes varios de pericias realizadas por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) del Ministerio Público. “De todas surge la pornografía, los mensajes enviados entre ambos imputados acerca de los hechos, las búsquedas respecto de las consecuencias de abuso sexual”, dijo Calarco.

La Fiscalía enumeró además los secuestros de libros de actas de los hospitales de Lamarque, de enfermería del mismo hospital, de radiología, de Choele Choel, de la guardia.

También la historia clínica de la niña cuando pasó por la ciudad de Regina, del Hospital de Roca y del sanatorio donde falleció.

Se mencionaron los allanamientos en el último domicilio de la familia concretado por la Fiscalía descentralizada de Choele. “Esto derivó en estudios que hizo el Gabinete de Criminalística, que luego determinó hallazgos específicos de abuso sexual infantil”, aclaró Calarco.

Oportunamente, Calarco realizó un coloquio médico entre los médicos forenses del Poder Judicial, junto al médico que intervino a la pequeña en el Juan XXIII y un perito de parte, quienes tuvieron presente la totalidad de los estudios médicos tanto de la niña en vida como luego de fallecida, la autopsia, como aquello que se envió a analizar al Laboratorio Genético Forense de Bariloche.

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