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Crimen en Barrio Nuevo: Seguirán en prisión los tres principales acusados

Se trata de dos mujeres, de 32 y 47 años, y un hombre de 25.

El fiscal Luciano Garrido formuló cargos a tres personas por el fallecimiento de Edgardo Daniel Canales, ocurrido el pasado sábado a la madrugada en Roca.

Según la acusación lo sucedido fue “antes de la 1.10 de la madrugada, en calle San Juan al 4000, cuando los tres imputados, de 25 años el hombre, 47 y 32 las mujeres, ejercieron violencia contra Edgardo Daniel Canales. La víctima sufrió un corte en su mano derecha con un elemento filoso, y dos puñaladas en el lateral izquierdo del tórax, con un cuchillo de 12 centímetros de longitud. Dichas heridas provocaron su muerte”, describió en la audiencia la Fiscalía.

La calificación legal propuesta, para esta instancia, es la de “homicidio en riña”.

“Aún no han pasado más de 48 horas del hecho, pero contamos como sustento probatorio con el acta de procedimiento policial, con el acta del allanamiento realizado. También se cuenta con varias declaraciones testimoniales, con el informe de autopsia y certificación de defunción realizado por el Cuerpo de Investigación Forense de Roca, donde se indica que hay una lesión defensiva en la mano, y que las otras dos heridas son profundas.

La defensora pública penal Flavia Rojas dijo que sus asistidos no declararon en la audiencia y que lo harán en el momento propicio. Respecto del hecho y la calificación Rojas no presentó objeción formal respecto de la acusación.

Garrido solicitó la prisión preventiva de las tres personas, teniendo presente que el supuesto material del hecho está confirmado, que configura un delito con pena privativa de la libertad, y que hay elementos suficientes como para entender a los tres presentes como autores del hecho.

En relación a los riesgos procesales mencionados por la fiscalía fue para los tres imputados el entorpecimiento del accionar de la justicia, y al hombre se le suma el peligro de fuga.

Rojas se opuso a ese pedido, “ya que los riesgos procesales no han sido acreditados objetivamente, han sido presunciones del Ministerio Público Fiscal, para nosotros no hay ni entorpecimiento ni peligro de fuga. Subsidiariamente solicitó la prisión domiciliaria para las mujeres, teniendo presente que ambas tienen hijos menores”.

Sin embargo el juez de Garantías Maximiliano Camarda resolvió tener por formulados los cargos y dictar la prisión preventiva por tres meses.

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Estafa al IPROSS: El perjuicio económico llegaría a 70 millones de pesos

Conocé el detalle de farmacia por farmacia que brindó en la audiencia la Fiscalía.

El equipo de fiscales encabezado por Teresa Giuffrida, junto a Gastón Britos Rubiolo, formularon cargos a siete personas por estafa agravada en perjuicio de la administración pública en variadas modalidades, en la causa IPROSS. Asimismo solicitaron la aplicación de medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país, presentación en Fiscalía cada 7 días y la continuación de embargos por el plazo que dura la investigación preparatoria, 4 meses.

La jueza de Garantias Natalia Gonzalez tuvo por formulados los cargos en los términos esgrimidos por el Ministerio Público Fiscal a los que la querella, la Fiscalia de Estado, adhirió en un todo. Sin embargo dispuso que los imputados asistan cada 15 días a la presentación judicial.

Luego de tres días de audiencias y tras la complejidad el caso, concluyó este viernes (14/02) la imputación basada en los hechos que dieron origen el año pasado a la denuncia concretada por la actual gestión del Colegio de Farmacéuticos de General Roca.

La acusación fiscal presentó tres hechos, ordenados según modalidad, y descriptos de manera quincenal y por farmacia. Los mismos se habrían iniciado en diciembre de 2013 y se extendieron hasta abril de 2019.

Además las estafas habrían sido, por un lado generar recetas de medicamentos de los Planes de Epilepsia y Diabetes de afiliados a la obra social IPROSS de esta provincia, nunca haber vendido esos remedios, y usar para ello el sistema informático de liquidación quincenal que posee el Colegio de Farmacéuticos.

La otra estafa fue agregar esos medicamentos a la liquidación final de cada una de las farmacias señaladas por la fiscalía. Esa liquidación era remitida al área de Administración del Colegio para la generación de una factura de cobro (orden de pago) que se remitía también a IPROSS para su pago y que la entidad estatal acreditaba dicha erogación en la cuenta corriente del Colegio.

El tercer hecho consistió en generar o modificar recetas de medicamentos en el sistema que cada farmacia tenía, las mismas eran ficticias y no se correspondían con medicamentos efectivamente vendidos en mostrador (esos remedios nunca fueron comprados a ninguna droguería). Luego agregaban ello a los lotes de medicamentos vendidos que nunca fueron controlados ni auditados por quien se encargaba de ello en el Colegio.

Monto del perjuicio económico ocasionado a IPROSS

“El mismo resulta indeterminado dada la cantidad y complejidad de maniobras pergeñadas por la auditora del Colegio y el resto de los imputados, pero podría estimarse, -como mínimo-, en la suma de: $70.020.552,39 aproximadamente, teniendo en cuenta el valor histórico de los medicamentos objetos del delito, de acuerdo al detalle aportado por el Colegio de Farmacéuticos según el sistema informático Xarion y Xelion.

Dicho monto se subdivide en las diferentes farmacias beneficiarias de las sumas, los que arrojan un valor individual de: $6.220.592,43 (Farmacia Fasano); $30.386.591,28 (Farmacia Tucumán); $14.056.807,59 (Farmacia Santa Teresita); $17.115.765,04 (Farmacia Araucana-Jacobacci); $2.240.796,05 (Farmacia Farmacentro).

De todas maneras los fiscales aclararon que “ello sin perjuicio de la realización de la pericial informática sobre los elementos secuestrados y la eventual determinación que pueda surgir por parte de la pericial contable a desarrollarse.

Plexo probatorio

El Ministerio Público Fiscal reunió hasta el momento y para dar por sentada la imputación, variada y profusa prueba documental, entre lo que se cuenta con informes de entidades bancarias, informes de la AFIP, planillas de los programas informáticos de carga tanto de la farmacias implicadas como del colegio de Farmacéuticos.

Además material fílmico, imágenes forenses, copia de backups y archivos aportados por el proveedor del sistema informático, y entrevistas.

La audiencia continuará el próximo lunes (17/02) para terminar de resolver algunas de las medidas cautelares pendientes.

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Clausuraron el geriátrico allanado y trasladarán a los adultos mayores

Así lo dispuso el Municipio de Roca en la mañana de hoy. La medida, por el momento, es preventiva.

Foto: Archivo (Patagonia FotoPress)

En el marco del allanamiento realizado ayer (13/02) en calle Tucumán 2141, donde funciona una residencia para Adultos Mayores, la Municipalidad llevó a cabo una serie de actuaciones y dispuso -de manera preventiva- la clausura del geriátrico.

En este sentido, desde el Municipio indicaron que la clausura se hará efectiva una vez notificados los familiares a cargo y a Salud Pública provincial, para así realizar la reubicación y el traslado de los abuelos que allí residen.

Esta situación se mantendrá hasta tanto la responsable no obtenga las habilitaciones correspondientes y cumpla con los recaudos legales para el funcionamiento este tipo de residencias.

Asimismo, se le otorgó a la titular del geriátrico un plazo acotado para que presente ante el Juzgado de Faltas toda la documentación pertinente y se le solicitó con carácter de urgente el listado de los adultos mayores que allí se albergan, los familiares a cargo de los mismos, y el personal que presta servicios.

Los inspectores del área de Inspección General del Municipio procedieron a labrar actas dejando asentadas las irregularidades constatadas. También participaron del operativo personal del Consejo Local de Adultos Mayores y Juzgado de Faltas Municipal, convocados por la Unidad Fiscal Temática N° 6 con asiento en General Roca.

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Dictaron la prisión preventiva para el acusado de matar a Maximiliano Latur

El brutal hecho ocurrió el pasado 31 de enero en calle Los Cisnes entre Brown y Saavedra.

El fiscal del caso Luciano Garrido y la adjunta Daniela Martínez formularon cargos por el homicidio de Maximiliano Latur, ocurrido el pasado 31 de enero.

Según la acusación fiscal el hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana ,en la vía pública, sobre calle Los Cisnes entre Almirante Brown y Saavedra. “En ese momento, el imputado efectuó dos disparos contra Latur con un arma de fuego de guerra que portaba sin la debida autorización legal. Uno de los disparos ingresó por la cara interna de la pierna derecha del tercio inferior, en tanto que el segundo proyectil por la ingle. Esa última herida fue la que le causó la muerte a la víctima”.

La calificación legal esgrimida por el Ministerio Público fue la de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación de arma de guerra sin la debida autorización legal” (Arts. 41 bis, 45, 55, 79, 189 bis inc. 2, 4º párrafo del Código Penal).

Como sustento probatorio mencionó, entre otros: el certificado de defunción, informe de la autopsia realizado por el médico forense, como también el relacionado a los proyectiles, y presentó varios testigos.

Además el fiscal solicitó la prisión preventiva del sujeto por el plazo de 4 meses, basándose en el peligro procesal de sustraerse del accionar de la justicia ya que estuvo prófugo más de una semana. “Más allá que lo cierto es que se presentó con su abogado defensor en esta fiscalía, esto sucedió gracias a las tareas que realizó el Área Judicial de Investigaciones de la policía”.

El juez de Garantías Julio Martínez Vivot hizo lugar a la medida cautelar y tuvo por formulados los cargos en los términos argumentados por el Ministerio Público Fiscal.

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