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Dos meses de prisión preventiva para Báez

Así lo determinó el juez Camarda en la audiencia de formulación de cargos.

En la audiencia de formulación de cargos de este mediodía (10/10), el juez Maximiliano Camarda resolvió la prisión preventiva por dos meses para el presidente de la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL), Miguel Ángel Báez. Así lo había solicitado la Fiscalía a cargo de Teresa Giuffrida junto a la adjunta Natalia Pascual.

La fiscal había pedido la prisión preventiva de Báez basándose en que “existe riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa”. En tanto la defensa del dirigente sindical, Ailén Roca, consideró que no está fundado el riesgo de fuga puesto que el dirigente siempre se puso a derecho de manera voluntaria.

No obstante, el juez Camarda ratificó el pedido de la Fiscalía y dictaminó dos meses de prisión preventiva para Báez.

Según la acusación fiscal, el hecho que se le imputa es el ocurrido el “7 de octubre pasado, cerca de las 9 de la mañana, cuando el hombre junto a un numeroso grupo de personas, aún no identificadas, ingresaron intempestiva y violentamente al edificio de la Municipalidad“.

“Para entrar lo hicieron rompiendo con sus pies los cristales inferiores de las hojas de la puerta principal de acceso al lugar, provocando aberturas y así accedieron al edificio. Una vez en el interior se abalanzaron sobre un empleado policial, lo insultaron y lo agredieron con golpes de puño, llevándolo hacia el sector de baños, donde el hoy imputado lo amenazó”, explicaron las fiscales.

La Fiscalía describió que “minutos después, el mismo policía recibió un impacto con un elemento contundente que golpeó su cabeza del lado izquierdo y el hombro del mismo lado, provocándole lesiones que fueron calificadas como leves”.

“A su vez, ya en el hall central del Municipio, el imputado junto con el resto de los manifestantes, comenzaron a arrojar sillas contra las columnas y paredes, y con palos y piedras habían provocaron daños en los boxes de atención al público, y en la oficina de Tránsito”, mencionaron.

Las representantes del Ministerio Público Fiscal dijeron que “de esta manera, los nombrados turbaron la posesión del inmueble e impidieron el normal desarrollo de las actividades propias de quienes trabajan allí, además de haber agredido al personal policial que concurrió al lugar”.

“Permanentemente el imputado incentivaba al grupo de personas a que llevaran a cabo las conductas descriptas en venganza a que el ejecutivo Municipal habría entregado terrenos de loteos sociales a militantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y no a miembros de las Organizaciones ODEL y CTA”, dijo la Fiscalía.

La calificación legal provisoria por la que acusó la fiscalía fue la de daño agravado; amenazas; lesiones; atentado a la autoridad agravado por haber sido cometido por una reunión de más de tres personas y poner manos en la autoridad; perturbación al ejercicio de las funciones públicas; instigación a cometer delitos; turbación a la posesión, todo en concurso real, y en calidad de autor.

El sustento probatorio con que cuenta la Fiscalía para realizar la imputación es la denuncia efectuada desde la Municipalidad, DVDs de las cámaras de seguridad del Municipio, se suman los dichos de los empleados policiales y el croquis aportado por la Comisaria Tercera. La fiscal Giuffrida describió que está además el informe del Gabinete de Criminalística, respecto de los daños ocasionados, el secuestro de un pedazo de madera de álamo, entre otras pruebas.

“Hay elementos de convicción suficiente para sostener la participación del hombre en los hechos. A lo que se agrega que según los delitos descritos la pena en expectativa sería efectiva”, agregó Giuffrida.

“Además debemos mencionar los riesgos procesales. Por un lado, el peligro de fuga, basándonos en que cuando se lo va a notificar del inicio de la causa, se concurre al domicilio, el mismo que fijó hoy en esta audiencia, y no fue hallado. Se verifica en la constancia que figura en el legajo, que la mujer que atendió a personal policial en ese lugar dijo que el sujeto no vive más allí”, dijo Giuffrida.

“Pesan además las amenazas proferidas al policía que resultó herido. Entonces, visto la violencia ejercida, las amenazas, las entrevistas que restan realizan, buscar a otros posibles testigos que podrían haber estado en el lugar, ya que esto ocurrió en horario de atención al público, es que esta fiscalía solicita esta medida cautelar para impedir que se entorpezca la investigación por el término de 2 meses”, agregó.

En la audiencia se explicó además que “no es la única causa que tiene el señor, cuenta con otra similar y surge de sus antecedentes una suspensión de juicio a prueba del Juzgado Federal, en junio de 2018. Allí se detallan como condición para sostener la probation que no cometa nuevos delitos y además que no sean acciones destinadas contra bienes públicos. Por eso insistimos en que si ha hecho caso omiso a estas medidas, la preventiva no es arbitraria y es proporcional”.

Tras escuchar las argumentaciones de la defensora particular, el juez interviniente Maximiliano Camarda además de tener por formulados los cargos tal como los esgrimió la Fiscalía, resolvió el plazo de la prisión preventiva en dos meses.

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“Es seguro que en junio no vamos a cobrar, la situación es angustiante”

Los trabajadores de 18 de Mayo siguen de paro y aumenta la incertidumbre sobre su continuidad laboral.

Martín Villaruel, delegado de los trabajadores de 18 de Mayo, dialogó esta mañana en Ahí Vamos (de lunes a viernes por La Super FM 96.3) y manifestó la incertidumbre total que atraviesan los choferes del transporte urbano en General Roca ante la falta de definiciones por parte del Ejecutivo municipal respecto a que sucederá desde el 1 de junio.

“Es seguro que en junio no vamos a cobrar, porque no le van a pagar el subsidio a la empresa ya que quedará desadjudicada. Cómo hacemos nosotros para llevar un plato de comida a casa”, manifestó Villaruel.

A todo esto la intendenta María Emilia Soria efectuó declaraciones en Radio El Valle donde no pudo confirmar que la fuente laboral de los trabajadores estará asegurada una vez que la empresa 18 de Mayo deje de prestar el servicio. Al respecto, Villaruel sostuvo que “los dichos de Soria nos cayó como una patada a los tobillos. Estamos muy molestos”.

Finalmente adelantó Villaruel que “hoy tenemos una nueva asamblea para ver cómo continuamos, tenemos que encontrar soluciones”.

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Gremios

“Muchos estudiantes roquenses no tienen la conectividad apta para estudiar de forma online”

Lo reveló el secretario general de UnTER Roca, Enzo Quintero. Aseguró asimismo que los cuadernillos enviados por Nación “implícitamente dejan ver alguna cuestión política”.

Enzo Quintero, secretario general de UnTER Seccional General Roca, dialogó con Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3) y manifestó su preocupación por la falta de políticas educativas por parte del gobierno provincial a casi 70 días del inicio de la emergencia sanitaria a causa del Covid-19 en todo el país.

En este sentido adelantó que “muchos estudiantes roquenses no tienen la conectividad suficiente para poder llevar adelante las clases en formato virtual. Los docentes intentamos sostener la educación pública a diario”.

Agregó que “la pandemia dejó expuesta la vulnerabilidad de muchos sectores para poder acceder a las nuevas tecnologías”. Quintero fue muy crítico con el gobierno provincial por “las escasas metodologías ofrecidas para trabajar en esta nueva modalidad”.

“Es muy particular la conectividad en Roca. Las familias no tienen los insumos o la posibilidad de acceder a la virtualidad de la forma que lo requiere esta situación”, añadió.

Respecto a los cuadernillos enviados por Nación para suplir los contenidos educativos en estudiantes que no tienen acceso a la educación virtual, indicó que “se trabajan contenidos macro y muy generales. Los cuadernillos vienen a ser un paliativo para quienes no tienen acceso a la conectividad. Son contenidos muy generales, no tienen que ver con la realidad educativa de Río Negro”.

En cuanto las denuncias por parte de la oposición a nivel nacional, Quintero indicó que “en los cuadernillos no se baja línea explícitamente, si implícitamente se puede dejar ver alguna cuestión política”.

También preocupa a UnTER “la alimentación de los chicos y chicas que antes comían en la escuela. Sin dudas aumentó notablemente el pedido de los estudiantes, que directamente le manifiestan la situación a los docentes. No alcanza con los módulos alimentarios que se están entregando”, lamentó finalmente.

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Actualizan montos de asignaciones familiares de estatales rionegrinos

Se hará efectiva con los haberes del mes de junio y se trata del 50% de aumento.

El Gobierno de Río Negro dispuso una actualización en las asignaciones familiares que perciben más de 20.000 trabajadores y trabajadoras del Poder Ejecutivo. La medida fue anunciada por el ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler, luego de gestiones realizadas entre las autoridades provinciales y la conducción del gremio ATE.

La actualización será del 50% y comprende los adicionales por hijo, hijo con discapacidad, por adopción, prenatal, matrimonio y nacimiento y se hará efectiva con los haberes correspondientes al mes de junio, es decir que se percibirá junto a la primera cuota del Sueldo Anual Complementario.

El incremento comenzará a regir con los haberes del mes de junio, es decir que los trabajadores van a percibir el sueldo, aguinaldo más el impacto del referido entendimiento.

“Tenemos que valorar la respuesta del Ejecutivo porque si analizamos que mientras algunos Estados comienzan a desdoblar el pago de salarios, algunas jurisdicciones ya no garantizan los cronogramas en tiempo y forma, y existen numerosos despidos en la actividad privada, este acuerdo adquiere una mayor relevancia”, señaló Rodrigo Vicente, secretario general de ATE. “Este logro es sin duda fruto de la pelea que venimos sembrando los estatales: la protesta del viernes pasado, con sentadas en todos los establecimientos de la administración pública de la provincia, nos ha permitido obtener ésta rápida respuesta del Estado de Río Negro”, agregó.

Por otro lado, se estableció que esta semana la gobernadora concretará el pase a planta permanente de la primera tanda de los 3055 agentes enmarcados en la Ley N° 5354, que ya concursaron, rindieron examen y transitaron los circuitos administrativos correspondientes.

“Son tiempos difíciles, en los que se evidencia una fuerte puja de intereses entre los sectores asalariados y trabajadores más humildes de nuestro pueblo, por un lado, y el poder económico, por el otro” completó Vicente.

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