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Gremios

Dos meses de prisión preventiva para Báez

Así lo determinó el juez Camarda en la audiencia de formulación de cargos.

En la audiencia de formulación de cargos de este mediodía (10/10), el juez Maximiliano Camarda resolvió la prisión preventiva por dos meses para el presidente de la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL), Miguel Ángel Báez. Así lo había solicitado la Fiscalía a cargo de Teresa Giuffrida junto a la adjunta Natalia Pascual.

La fiscal había pedido la prisión preventiva de Báez basándose en que “existe riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa”. En tanto la defensa del dirigente sindical, Ailén Roca, consideró que no está fundado el riesgo de fuga puesto que el dirigente siempre se puso a derecho de manera voluntaria.

No obstante, el juez Camarda ratificó el pedido de la Fiscalía y dictaminó dos meses de prisión preventiva para Báez.

Según la acusación fiscal, el hecho que se le imputa es el ocurrido el “7 de octubre pasado, cerca de las 9 de la mañana, cuando el hombre junto a un numeroso grupo de personas, aún no identificadas, ingresaron intempestiva y violentamente al edificio de la Municipalidad“.

“Para entrar lo hicieron rompiendo con sus pies los cristales inferiores de las hojas de la puerta principal de acceso al lugar, provocando aberturas y así accedieron al edificio. Una vez en el interior se abalanzaron sobre un empleado policial, lo insultaron y lo agredieron con golpes de puño, llevándolo hacia el sector de baños, donde el hoy imputado lo amenazó”, explicaron las fiscales.

La Fiscalía describió que “minutos después, el mismo policía recibió un impacto con un elemento contundente que golpeó su cabeza del lado izquierdo y el hombro del mismo lado, provocándole lesiones que fueron calificadas como leves”.

“A su vez, ya en el hall central del Municipio, el imputado junto con el resto de los manifestantes, comenzaron a arrojar sillas contra las columnas y paredes, y con palos y piedras habían provocaron daños en los boxes de atención al público, y en la oficina de Tránsito”, mencionaron.

Las representantes del Ministerio Público Fiscal dijeron que “de esta manera, los nombrados turbaron la posesión del inmueble e impidieron el normal desarrollo de las actividades propias de quienes trabajan allí, además de haber agredido al personal policial que concurrió al lugar”.

“Permanentemente el imputado incentivaba al grupo de personas a que llevaran a cabo las conductas descriptas en venganza a que el ejecutivo Municipal habría entregado terrenos de loteos sociales a militantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y no a miembros de las Organizaciones ODEL y CTA”, dijo la Fiscalía.

La calificación legal provisoria por la que acusó la fiscalía fue la de daño agravado; amenazas; lesiones; atentado a la autoridad agravado por haber sido cometido por una reunión de más de tres personas y poner manos en la autoridad; perturbación al ejercicio de las funciones públicas; instigación a cometer delitos; turbación a la posesión, todo en concurso real, y en calidad de autor.

El sustento probatorio con que cuenta la Fiscalía para realizar la imputación es la denuncia efectuada desde la Municipalidad, DVDs de las cámaras de seguridad del Municipio, se suman los dichos de los empleados policiales y el croquis aportado por la Comisaria Tercera. La fiscal Giuffrida describió que está además el informe del Gabinete de Criminalística, respecto de los daños ocasionados, el secuestro de un pedazo de madera de álamo, entre otras pruebas.

“Hay elementos de convicción suficiente para sostener la participación del hombre en los hechos. A lo que se agrega que según los delitos descritos la pena en expectativa sería efectiva”, agregó Giuffrida.

“Además debemos mencionar los riesgos procesales. Por un lado, el peligro de fuga, basándonos en que cuando se lo va a notificar del inicio de la causa, se concurre al domicilio, el mismo que fijó hoy en esta audiencia, y no fue hallado. Se verifica en la constancia que figura en el legajo, que la mujer que atendió a personal policial en ese lugar dijo que el sujeto no vive más allí”, dijo Giuffrida.

“Pesan además las amenazas proferidas al policía que resultó herido. Entonces, visto la violencia ejercida, las amenazas, las entrevistas que restan realizan, buscar a otros posibles testigos que podrían haber estado en el lugar, ya que esto ocurrió en horario de atención al público, es que esta fiscalía solicita esta medida cautelar para impedir que se entorpezca la investigación por el término de 2 meses”, agregó.

En la audiencia se explicó además que “no es la única causa que tiene el señor, cuenta con otra similar y surge de sus antecedentes una suspensión de juicio a prueba del Juzgado Federal, en junio de 2018. Allí se detallan como condición para sostener la probation que no cometa nuevos delitos y además que no sean acciones destinadas contra bienes públicos. Por eso insistimos en que si ha hecho caso omiso a estas medidas, la preventiva no es arbitraria y es proporcional”.

Tras escuchar las argumentaciones de la defensora particular, el juez interviniente Maximiliano Camarda además de tener por formulados los cargos tal como los esgrimió la Fiscalía, resolvió el plazo de la prisión preventiva en dos meses.

Agro

Se conformó la mesa tripartita de la cereza en Río Negro

Se llevó adelante un encuentro en Chimpay, donde participaron referentes del gobierno, gremios y productores.

A través del diálogo social tripartito impulsado por la Secretaría de Estado de Trabajo, se llevó a cabo una mesa de diálogo entre el gobierno, productores y gremios en Chimpay.

Es la primera mesa tripartita con el sector cerecero provincial, que viene creciendo en el territorio rionegrino. La finalidad del encuentro consistió en delinear políticas comunes de trabajo para los empresarios y los trabajadores.

Encabezó el encuentro el titular de la cartera laboral, Lucas Pica; acompañado por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alberto Diomendi; y el intendente de Chimpay, Hugo Funes. Además estuvieron las empresas más importantes del sector, representantes del gremio UATRE y SOENFRYN.

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Gremios

Con simulacro de evaluación, avanza el proceso de pase a planta

Se realizó una prueba en el IPAP, en Viedma, con el objetivo de probar el funcionamiento de las tablets.

El Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) realizó una prueba en uso de las nuevas tecnologías para rendir el examen de pase a planta. Se llevó a cabo en Viedma con un grupo seleccionado, con el objetivo de probar el funcionamiento de las tablets. El simulacro se realizó sobre todo el proceso de evaluación.

Durante el proceso de evaluación del pase a planta, cada persona que deba rendir tendrá una tablet a su disposición al momento de presentarse el día y horario designado, ingresará con su DNI para luego comenzar a responder las 20 preguntas que consta el examen.

Finalizada la misma se envía a un servidor para que el operador autorizado pueda imprimirlo y se firme en conformidad. Se evaluará que el 50% de las respuestas sean correctas. Los resultados se darán cuando todos finalicen el examen.

El presidente del IPAP, Martín Alcalde, explicó que “estamos en la etapa final y ya se nota el nerviosismo de las personas que deben rendir, por eso los 32 facilitadores virtuales del IPAP están a disposición de cualquier consulta que tengan como así también los 27 facilitadores presenciales en cada región de la provincia”.

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Gremios

Acuerdan 40% de aumento para el adicional de operador y guardia de Desarrollo Social

Así lo acordó la Provincia con ATE en un encuentro realizado hoy en Roca.

Los adicionales de operadores y horas pasivas de guardia en el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y familia –SENAF- recibirán un incremento del 40%.

Así quedó definido hoy, luego de un encuentro del que participaron el Ministro de Desarrollo Social, Nicolás Land y la responsable de la SENAF, Roxana Méndez, junto con representantes del gremio ATE, en General Roca.

“Este acuerdo es fruto de un trabajo conjunto que la Provincia viene realizando con el gremio ATE, y del diálogo que se ha podido entablar, que permite seguir jerarquizando el empleo público. Sabemos de la importancia y la sensibilidad de la tarea que realizan los operadores, en nuestro caso, tanto con los adultos mayores como con las familias en situación de violencia, mediante el Consejo Provincial de la Mujer”, indicó Land.

De acuerdo a lo definido, el adicional de operadores “A” pasará de $3388 a $4743; el “B” de $2710 a $3794; el “C” de $2031 a $2843; y el “D”, de $2710 a $3794.

Asimismo, tendrán un aumento del 40% los adicionales de hora pasiva de guardia para trabajadores de ambos organismos.

La hora pasiva de guardia de un operador, por día laborable pasará de $400 a $560 y, por día no laborable, de $480 a $672.

En tanto que, para los profesionales, la hora por día laborable pasará de $600 a $840 y para el día no laborable, de $730 a $1022.

“Hacía dos años que no se actualizaban estos montos, por eso creemos que es una medida muy beneficiosa para los agentes”, agregó el funcionario.

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