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Murió y nunca le cerraron la cuenta del banco: Ahora indemnizarán a su familia

Por complicar el trámite del seguro de vida, un banco y una aseguradora deberán pagarle más de $300.000 a la familia de una clienta fallecida.

Foto: Archivo (Patagonia FotoPress)

La Cámara Civil de Apelaciones de Roca confirmó la condena contra un banco y una compañía de seguros por haber puesto trabas al reconocimiento de un seguro de vida y al cierre de la cuenta bancaria de la titular luego de su fallecimiento.

La sentencia de primera instancia fue dictada por el Juzgado Civil Nº 5 de Roca y ahora, ante la apelación de las empresas, la Cámara Civil confirmó la decisión.

La demanda fue presentada por los hijos y el esposo de la clienta fallecida, tanto contra el Banco Galicia como contra su aseguradora, Galicia Seguros. La familia reclamó por la demora en el cierre de la cuenta y exigió la cancelación del saldo deudor con el seguro de vida que, con ese fin, tenía la mujer.

La cuenta corriente y la caja de ahorros de la mujer eran utilizadas para el pago de las tarjetas del mismo banco, el pago de servicios y transacciones varias relacionadas con el comercio que tenía la señora. Según relataron en la demanda, al día siguiente del fallecimiento los familiares entregaron al gerente de la sucursal el certificado de defunción y éste les informó que ese documento “era suficiente” para cancelar los saldos deudores con el seguro de vida, transferir el resto del dinero a la sucesión y cerrar las cuentas. Pero a pesar de las “reiteradas e infructuosas visitas” posteriores al banco, pasaron varios meses sin que se cumpla lo acordado.

Iniciada la instancia judicial, el banco y la aseguradora respondieron que los herederos no hicieron correctamente los trámites para el cierre de las cuentas ni para el pago del seguro.

Sin embargo, la jueza de primera instancia declaró que la aseguradora había asumido una “postura abusiva” ante los familiares, al exigirles una cantidad de información “irrazonable” para dar curso a la cobertura por el saldo de un préstamo que había tomado la clienta.

El fallo encuadró el caso en la Ley de Defensa del Consumidor y ordenó a ambas empresas indemnizar a la familia con $85.000 por daño moral, por la “abusividad de requerir documentación innecesaria” y por violar la obligación de brindar “trato digno” y “debida información” a los usuarios. Se sumó, además, una condena por “daño punitivo” por casi $256.000.

En su apelación, la aseguradora negó cualquier “abusividad” de su parte y alegó que el “daño punitivo” es inconstitucional. También reprochó el cómputo de los intereses y la atribución de las costas definidos en el fallo de primera instancia. El banco, por su parte, repudió la condena afirmando que “ha cumplido con toda la normativa que regula su actividad”.

En su sentencia la Cámara recordó su posición a favor del “daño punitivo”. “Este cuerpo en su actual integración ha fijado postura respecto del rubro en cuestión, considerando al daño punitivo como una institución que no contradice a la Constitución Nacional” y que, por el contrario,“reporta (…) claros beneficios a la hora de efectivizar los derechos reconocidos hacia el consumidor, desde que importa un mecanismo de optimización de la calidad del servicio”, dice el fallo.

Para la Cámara, la cantidad “información complementaria” que exigía la aseguradora (historias clínicas, actuaciones penales, registros de visita médicos, entre otras), representaron una tarea “tortuosa” para los deudos, configurando “una abusiva práctica que produce el desaliento en el beneficiario; más aún cuando se encuentra cercana la irremediable pérdida humana de la titular; que a mi juicio potencia lo cuestionable de dicha conducta”.

En lo demás, la Cámara también confirmó el resarcimiento por daño moral, el modo de computar los intereses y la atribución de las costas del proceso a las empresas condenadas. En este último punto, el fallo destacó el principio de “gratuidad” que establece la Ley de Defensa del Consumidor para los usuarios y consumidores que se van obligados a judicializar sus reclamos.

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Caso Sofía: Detuvieron a la mamá, que se encontraba prófuga

La mujer recibió una feroz golpiza y cuando ingresó al Hospital la reconocieron.

Foto: TodoRoca.com.

Janet Neira, la mujer que está acusada de colaborar en el crimen de su pequeña hija Sofía y que se encontraba prófuga de la Justicia, fue detenida esta noche (18/10) en la zona oeste de Roca. La policía logró identificarla cuando ingresó a la sala de guardia del Hospital Francisco López Lima tras recibir una brutal paliza por parte de la persona que le había albergado.

Según informó el periódico La Comuna, desde un domicilio de calle Tucumán al 2900 se alertó al 911 sobre una disputa entre una pareja. Cuando los uniformados llegaron al lugar se encontraron con una mujer que presentaba lesiones y un corte en el rostro por lo que inmediatamente la trasladaron al centro médico.

Varios efectivos habrían reconocido a la mamá de Sofía, que en un principio dio un nombre falso. Pero luego, hizo conocer a los profesionales del Hospital su número de documento de identidad tras lo cual surgieron sus datos filiatorios reales.

En ese domicilio ubicado en calle Tucumán al 2900 residiría un sujeto que tenía domicilio en Buenos Aires y que no habría tenido conocimiento de la historia de la mujer. Esta tarde, el hombre -quien se encuentra alojado en la Comisaría 3°- habría tomado conocimiento de la situación real de Neira y de la historia de su pequeña hija. Habría sido en ese contexto que se dio la brutal agresión.

Neira se encuentra alojada en el Hospital Francisco López Lima bajo custodia policial. Estaba detenida con prisión domiciliaria en la casa de un familiar en la zona rural de Chichinales y se fugó sin dejar rastro alguno.

A la madre de Sofía, de 27 años, le imputaron los cargos de “lesiones leves calificadas por el vínculo, reiteradas en un número indeterminado de veces, en carácter de autora; abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado, doblemente calificado por el vínculo y por la convivencia preexistente con un menor de 18 años, en carácter de partícipe necesario; corrupción de menores agravada por la edad de la víctima (menor de 13 años), por mediar violencia física, por ser el autor persona conviviente y ascendiente de la víctima en carácter de partícipe necesario y en concurso ideal con la figura anterior; desobediencia a una orden judicial, en carácter de autora, abandono de persona seguida de muerte calificada por el vínculo, en carácter de coautora, tenencia ilegal de pornografía infantil agravada”.

Su ex pareja, Marcos González, sigue detenido en el Penal de Viedma imputado por “lesiones leves calificadas por un hombre contra una mujer, en el marco de violencia de género, reiteradas en un número indeterminado de veces, como autor; abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización reiterado doblemente calificado por el vínculo y por la convivencia preexistente con un menor de 18 años, como autor; corrupción de menores agravada por la edad de la víctima, por mediar violencia física, por ser el autor persona conviviente y guardador de la víctima, como autor, y en concurso ideal con la figura anterior; desobediencia a una orden judicial, autor; abandono de persona seguida de muerte, como co-autor; todo en concurso real”.

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Ley Micaela: más de la mitad de los agentes judiciales se capacitaron en Perspectiva de Género

Se trata de una actividad organizada de manera conjunta por la Oficina de Género y la Escuela de Capacitación Judicial.

Se desarrollan en Viedma capacitaciones sobre Perspectiva de Género, dirigidas al personal del Poder Judicial en el cumplimiento de la Ley Micaela. Así lo estipuló la Acordada 1/19 del Superior Tribunal de Justicia. Se trata de una actividad organizada de manera conjunta por la Oficina de Género (OG) y la Escuela de Capacitación Judicial, como parte de su planificación anual de formación.

Con estas jornadas en Viedma, más de la mitad de los agentes judiciales de la provincia han sido capacitados.

Se están capacitando personal de la Gerencia Administrativa, Administración, Juzgado Civil 1, Defensoría, Oficina Judicial, Jueces de Paz, Oficinas de Atención al Ciudadano y Cejumes.
Las jornadas están a cargo de la responsable de la OG, Beatriz Mosqueira, junto al equipo de replicadores. En esta oportunidad son Marcela Marin, Delegada de Comunicación Judicial de la Segunda Circunscripción y Yolanda Rossi, encargada del área de Psicopedagogía de la OG.

La participación tiene carácter obligatorio para magistrados y magistradas, funcionarios y funcionarias y empleados y empleadas del Poder Judicial, según lo dispone la Acordada que en su artículo 1° expresa: “Establecer que las capacitaciones que disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Oficina de Género del Poder Judicial, en Perspectiva de Género y Derechos Humanos tienen carácter obligatorio para quienes resulten destinatarios o destinatarias de las mismas de acuerdo a la modalidad que reglamente el Superior Tribunal de Justicia”, sobre la base de la “Ley Micaela” de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

El contenido del taller está organizado en módulos con temáticas como “El patriarcado, los roles de género y la construcción de estereotipos”, “Rol de la justicia en el cambio hacia la igualdad”, “El derecho en la construcción del género”. “Desigualdad estructural”, “Acceso a la Justicia”. “Convención Belem do Pará y Convención CEDAW”, “Reglas de Brasilia” y “Marco teórico sobre factores e indicadores de riesgos”, “Las exclusiones jurídicas producidas por la construcción binaria de la identidad de sexo y/o género” y “La distribución inequitativa de recursos y poder”, entre otras.

También habrá una instancia de análisis de casos y modalidades de intervención; detección de obstáculos y facilitadores para el acceso a la Justicia de víctimas de violencia y marcas de las violencias, para finalizar con la creación del Protocolo para juzgar con perspectiva de género.

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La autopsia determinó que la docente no sufrió una muerte violenta

Ayer fue encontrada sin vida en su departamento.

El fiscal Luciano Garrido informó que hoy (17/10) se reunió junto al médico forense con los familiares de Laura Farulla, la señora que fue encontrada muerta ayer en su departamento en calle Villegas al 1900. “Finalizada la autopsia se determinó que el cuerpo no presentaba signos de violencia. Según el informe del Cuerpo Médico Forense, la señora sufrió una hemorragia en la región occipital en el parietal derecho”, dijo Garrido al respecto.

En el inmueble no se detectaron signos de violencia ni de criminalidad y se encontraba cerrado del lado de adentro. “La mujer, que era docente y se encontraba hacía algunos meses de licencia, había tenido un reemplazo de la cadera izquierda y se movilizaba auxiliada con un andador”, añadió Garrido.

Ayer al mediodía, y tras haber recibido la noticia de que en calle Villegas al 1900 se encontró a una mujer fallecida en su departamento, intervino el fiscal Garrido, la Unidad Operativa de Investigación del Ministerio Público, Criminalística, el Destacamento Policial N° 178 y la Brigada de Investigaciones.

En el lugar, y tras ser convocados por la Fiscalía trabajaron los médicos forenses del Poder Judicial, Ariel Bustos y Marcelo Turi, quienes concretaron la autopsia de la señora hallada.

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