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Judiciales

Murió y nunca le cerraron la cuenta del banco: Ahora indemnizarán a su familia

Por complicar el trámite del seguro de vida, un banco y una aseguradora deberán pagarle más de $300.000 a la familia de una clienta fallecida.

Foto: Archivo (Patagonia FotoPress)

La Cámara Civil de Apelaciones de Roca confirmó la condena contra un banco y una compañía de seguros por haber puesto trabas al reconocimiento de un seguro de vida y al cierre de la cuenta bancaria de la titular luego de su fallecimiento.

La sentencia de primera instancia fue dictada por el Juzgado Civil Nº 5 de Roca y ahora, ante la apelación de las empresas, la Cámara Civil confirmó la decisión.

La demanda fue presentada por los hijos y el esposo de la clienta fallecida, tanto contra el Banco Galicia como contra su aseguradora, Galicia Seguros. La familia reclamó por la demora en el cierre de la cuenta y exigió la cancelación del saldo deudor con el seguro de vida que, con ese fin, tenía la mujer.

La cuenta corriente y la caja de ahorros de la mujer eran utilizadas para el pago de las tarjetas del mismo banco, el pago de servicios y transacciones varias relacionadas con el comercio que tenía la señora. Según relataron en la demanda, al día siguiente del fallecimiento los familiares entregaron al gerente de la sucursal el certificado de defunción y éste les informó que ese documento “era suficiente” para cancelar los saldos deudores con el seguro de vida, transferir el resto del dinero a la sucesión y cerrar las cuentas. Pero a pesar de las “reiteradas e infructuosas visitas” posteriores al banco, pasaron varios meses sin que se cumpla lo acordado.

Iniciada la instancia judicial, el banco y la aseguradora respondieron que los herederos no hicieron correctamente los trámites para el cierre de las cuentas ni para el pago del seguro.

Sin embargo, la jueza de primera instancia declaró que la aseguradora había asumido una “postura abusiva” ante los familiares, al exigirles una cantidad de información “irrazonable” para dar curso a la cobertura por el saldo de un préstamo que había tomado la clienta.

El fallo encuadró el caso en la Ley de Defensa del Consumidor y ordenó a ambas empresas indemnizar a la familia con $85.000 por daño moral, por la “abusividad de requerir documentación innecesaria” y por violar la obligación de brindar “trato digno” y “debida información” a los usuarios. Se sumó, además, una condena por “daño punitivo” por casi $256.000.

En su apelación, la aseguradora negó cualquier “abusividad” de su parte y alegó que el “daño punitivo” es inconstitucional. También reprochó el cómputo de los intereses y la atribución de las costas definidos en el fallo de primera instancia. El banco, por su parte, repudió la condena afirmando que “ha cumplido con toda la normativa que regula su actividad”.

En su sentencia la Cámara recordó su posición a favor del “daño punitivo”. “Este cuerpo en su actual integración ha fijado postura respecto del rubro en cuestión, considerando al daño punitivo como una institución que no contradice a la Constitución Nacional” y que, por el contrario,“reporta (…) claros beneficios a la hora de efectivizar los derechos reconocidos hacia el consumidor, desde que importa un mecanismo de optimización de la calidad del servicio”, dice el fallo.

Para la Cámara, la cantidad “información complementaria” que exigía la aseguradora (historias clínicas, actuaciones penales, registros de visita médicos, entre otras), representaron una tarea “tortuosa” para los deudos, configurando “una abusiva práctica que produce el desaliento en el beneficiario; más aún cuando se encuentra cercana la irremediable pérdida humana de la titular; que a mi juicio potencia lo cuestionable de dicha conducta”.

En lo demás, la Cámara también confirmó el resarcimiento por daño moral, el modo de computar los intereses y la atribución de las costas del proceso a las empresas condenadas. En este último punto, el fallo destacó el principio de “gratuidad” que establece la Ley de Defensa del Consumidor para los usuarios y consumidores que se van obligados a judicializar sus reclamos.

Judiciales

El Poder Judicial suspendió la actividad en la Ciudad Judicial de Roca y confirmó un caso de Covid-19

No obstante detallaron que el contagio fue fuera del ámbito laboral.

El Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General informaron que decidieron suspender la actividad presencial para mañana martes (25/05) en la Ciudad Judicial de General Roca, para realizar las tareas de desinfección correspondientes, tras confirmarse que una funcionaria dio positivo de Coronavirus.

La paciente, luego de recibir esta tarde el resultado del test, notificó a Fernando Orozco, encargado de la Superintendencia del Ministerio Público en Roca, y explicó porqué decidió realizar la consulta y la presunción de la forma de contagio, fuera del ámbito laboral. “Procedí a hacerme el hisopado porque un vecino de mi pareja nos informó el domingo que había dado positivo. Como los departamentos están contiguos y comparten la misma puerta de salida, nos preocupamos. Luego tuvimos pérdida del olfato y el gusto y por eso informamos la situación en el Hospital este domingo”, explicó.

A partir de entonces la pareja se mantuvo internada en distintos nosocomios. Esta tarde le informaron el resultado positivo y realizó la comunicación correspondiente al Poder Judicial.

Expresó, asimismo, que trabajó miércoles, jueves y viernes, sin ningún tipo de síntomas. Aseguró que había muy pocas personas en el sector del edificio, que estaban todos en distintas oficinas “con sus barbijos y sin contacto directo”.

Tras recibir la notificación, el Poder Judicial se comunicó con las autoridades sanitarias para aplicar los protocolos necesarios en estas circunstancias. El titular del área de epidemiología del Hospital Francisco López Lima explicó que por protocolo provincial todas las personas que han estado en contacto estrecho con pacientes confirmados de COVID 19 deben realizar un aislamiento preventivo durante 14 días, los cuales serán monitoreados por personal del Ministerio de Salud y del Hospital de General Roca.

El especialista aseguró que el área donde estuvo la persona con coronavirus “no debe clausurarse, pero si debe realizarse una limpieza correcta y profunda” de acuerdo al protocolo existente.

Frente a esta situación, y en cumplimiento de las medidas sanitarias, el STJ dispuso suspender la actividad presencial para realizar la desinfección no solo en el área mencionada, sino en toda la Ciudad Judicial.

El Poder Judicial aprobó un protocolo de Higiene y Seguridad, basado en la consulta a especialistas, para evitar la circulación del virus en caso que alguien pudiera contraerlo fuera del ámbito laboral.

Asimismo, en la Acordada 15/20, firmada por el pleno del STJ y el Procurador, que dispuso un retorno al trabajo presencial paulatino, se fijaron reglas de cantidad de personas máxima por organismos y otras medidas de bioseguridad. Entre ellas, tener un listado estricto de agentes convocados y un control exhaustivo para evitar el acceso de personas no autorizadas, y de esta manera controlar posibles vías de propagación. Esta prohibición incluye a todo trabajador o trabajadora no convocada y a terceros, ya que no se permite la atención al público.

“Esta restricción es aún más acentuada para quienes se encuentren en actividades no exceptuadas de la cuarentena, como es el caso de los dirigentes gremiales. Estas reglas, justamente, permiten que si un trabajador convocado se contagia fuera del ámbito laboral, como sería este caso caso, se sepa inmediatamente como informar y establecer la cadena epidemiológica. Esta precisión se perdería si ingresan personas no autorizadas”, indicaron en el comunicado del Poder Judicial.

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Gremios

Sitrajur denuncia que hay un caso de Covid-19 en el Poder Judicial de Roca

El gremio recomienda a los trabajadores no asistir al edificio. Este martes se realizará una desinfección general en el lugar.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales de Río Negro (Sitrajur) alertó que se habría producido el primer caso de COVID-19 en la Ciudad Judicial de General Roca. “Ante la lamentable novedad, recomendamos a trabajadores y trabajadoras de Roca, que no concurran a la Ciudad Judicial hasta tanto no se garanticen las medidas de sanitización profunda del edificio, no se garanticen todas y cada una de las medidas de higiene y bío seguridad, tanto como todos los insumos indispensables para la prevención del contagio de Covid-19”, manifestaron en un comunicado de prensa desde el gremio.

“Lamentamos llegar a esta situación, más cuando desde el inicio de la pandemia y del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) estuvimos pidiendo la constitución de un comité de crisis en el ámbito del poder judicial, más tarde el adelantamiento de las paritarias, después ante la suspensión injustificada de las paritarias fijadas, insistimos con un nuevo llamado el que sistemáticamente fue contestado por la negativa desde la Secretaría de Estado de Trabajo que encabeza Jorge Stopiello”, agregaron.

“No especulábamos cuando reiteradamente le decíamos al STJ que faltaban elementos, que no era prudente una apertura, que se violaban los principios de la cuarentena, hasta el punto de No permitirse el ingreso del sindicato a los edificios para corroborar el estado de los edificios ante el llamado a retomar tareas, aun cuando se lo hacía con inspectores de la Secretaría de Trabajo. Siempre dijimos que era una decisión apresurada que se hacía más como represalia al Sitrajur que como respuesta a una demanda social. Se llegó al colmo de la irracionalidad cuando Piccinini (presidenta del STJ) denuncia penalmente a nuestrxs compañerxs para  impedir el ingreso y el trabajo gremial y que no verificáramos las diversas irregularidades. Por ello resulta sumamente pertinente y necesario que se realice el juicio político a Liliana Piccinini a quien hacemos responsable de la salud de todos los compañeros judiciales y de un posible rebrote de la enfermedad, y la convocatoria urgente a paritarias en el ámbito Judicial para tratar las medidas necesarias para resguardar la salud de todos quienes concurren a tribunales”, concluyeron desde la Comisión Directiva de Sitrajur.

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Judiciales

Bullying: Youtube debió borrar videos que un adolescente rionegrino subió cuando era niño

La Justicia ordenó a la red social que baje las imágenes ya que el joven era hostigado por sus compañeros de escuela por esos videos.

Un fallo ordenó a Youtube la eliminación de videos que habían sido publicados por una persona cuando era niño. La disposición llegó tras el pedido del propio usuario, hoy adolescente, que al olvidar la contraseña no podía borrar de la red esas filmaciones. El joven era hostigado por sus compañeros con esos videos antiguos.

La orden se dictó durante el contexto de aislamiento social obligatorio, utilizando las herramientas digitales que el Poder Judicial tiene para la atención remota.

Con la intervención del departamento de Informática Forense del Poder Judicial se requirió la eliminación de los videos que se detallan y a los pocos días, Google respondió que la orden había sido cumplida.

“El bullying es una problemática social que causa dolor, humillación y daño a niños, niñas y adolescentes; afectando su desarrollo, aprendizaje y su futuro” consigna un fallo de un juzgado de Familia de Bariloche que priorizó el interés superior de un adolescente y resolvió una medida cautelar autosatisfactiva.

La jueza interviniente consideró que, en la actualidad estas publicaciones colisionan con su derecho a la intimidad. La sentencia destaca que “si bien fue él mismo quien creó esa cuenta de YouTube, la imposibilidad de poder borrarla, genera un perjuicio que debe ser reparado”.

La presentación fue realizada por los padres del joven, quienes advirtieron en el marco de la emergencia sanitaria y la cuarentena, que el adolescente mostraba una conducta con intensos cambios emocionales, se retraía cada vez más, y no mostraba interés por nada.

En forma posterior el adolescente pudo manifestar que el malestar se debía a que algunos compañeros de colegio habían accedido a los videos que había grabado cuando era un niño y los posteaban en redes sociales o en whatsapp, burlándose y haciéndolo objeto de ridiculización y hostigamiento.

Si bien se realizaron intentos de eliminar los videos, no se pudo, toda vez que YouTube requiere ingresar con la dirección de correo y contraseña original, direcciones que hoy no recuerda porque la misma fue creada cuando tenía el joven tenía 8 años.

Previa conformidad del defensor de Menores interviniente, el fallo señaló que se encuentra debidamente acreditada la verosimilitud del derecho en la documentación acompañada y surge evidente la urgencia del caso, teniendo en consideración que el bullying es una problemática social que causa dolor, humillación y daño a niños, niñas y adolescentes; afectando su desarrollo, aprendizaje y su futuro. “Considero también que el bien jurídico intimidad va mutando su contenido y sus facultades jurídicas que derivan del mismo al compás del desarrollo tecnológico”, expresa la sentencia.

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