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Judiciales

Río Negro presentó un amparo por una nueva falla que dejó sin servicio a Planicie Banderita

Esto motivó un alto nivel de turbiedad en el servicio de agua potable.

El gobierno de Río Negro presentó un recurso de amparo ante una nueva falla que dejó fuera de servicio a la central hidroeléctrica Planicie Banderita. Esta situación pone en riesgo la prestación del servicio de agua potable y el sistema de riego en el Alto Valle.

El incidente (el cuarto en los últimos ocho años), se produjo el pasado 10 de septiembre y aún no se tienen certezas por parte del concesionario (ORAZUL) de cuándo volverá a ponerse en servicio.

“Esta situación genera graves consecuencias en el servicio de agua potable en varias localidades y afecta a cientos de familias, porque el servicio se interrumpe varias veces ante la disminución de la capacidad de potabilización”, explicó el gobernador Alberto Weretilneck.

Señaló además que esta situación “afecta seriamente y pone en peligro nuestra producción frutihortícola del Alto Valle, porque también se genera una merma del caudal para riego a niveles inferiores a los necesarios”.

“Realizamos esta acción preventiva en la Justicia ante la pasividad y la negativa de la Secretaría de Energía de la Nación a buscar un solución de fondo a esta problemática que lleva años, y que afecta seriamente a nuestras familias y nuestra producción”, sentenció Weretilneck.

La Provincia ha realizado importantes esfuerzos para racionalizar los usos del agua y, por lo tanto, reservar en los embalses todo el excedente estacional para garantizar un adecuado programa de erogaciones. Ante esta falla, se imposibilita sacar los volúmenes de agua del embalse.

Planteada esta situación, se está conduciendo el caudal necesario por el tramo de río Neuquén entre Portezuelo Grande y el compensador El Chañar provocando que el agua llegue con una turbiedad excesiva (diez veces mayor) dificultando los procesos de potabilización de agua para consumo humano.

Esto afecta el abastecimiento de Campo Grande, Cinco Saltos, Fernandez Oro, Allen y sectores de General Roca y Cipolletti, donde la prestadora Aguas Rionegrinas tiene serias dificultades para cumplir con su obligación, con costos adicionales por mayor consumo de energía, insumos químicos y obras de contingencia, llegando incluso a tener que suspender el proceso de potabilización dado la elevada turbiedad.

Además, esta situación en caso de prolongarse en el tiempo, pone en serio riesgo a la producción de todo el Alto Valle de la provincia, al disminuir en época de estiaje (diciembre y enero) el caudal del río Neuquén aguas arriba de Portezuelo Grande a valores inferiores a los requeridos para todos los usos y además de ello, a la negativa del Estado Nacional de sacar el agua embalsada en el complejo Cerros Colorados.

El titular del DPA, Fernando Curetti, explicó que se pidió “una profunda investigación para determinar si hubo o no negligencia del concesionario ante el evento de falla”.

También se exigió que se realicen de forma urgente las pruebas monitoreadas de las turbinas, para determinar su funcionamiento, para erogar de inmediato el caudal en cantidad y calidad necesaria para garantizar todos los usos en función a lo que requieran las jurisdicciones.

Del mismo modo, se solicitó que se prevean fondos para asumir los mayores costos de potabilización en las plantas que toman directamente desde el río Neuquén y las que toman del sistema de riego y se han visto afectadas por la turbiedad.

“Hacemos al Estado Nacional responsable civil y penalmente por los daños y consecuencias económicas, humanas y ambientales que se ocasionen a partir de este inconveniente”, explicó Curetti.

Judiciales

Caso Sofía: Extienden la prisión preventiva para Marcos González

Será juzgado próximamente y se espera una condena superior a la de su pareja Janet Neira.

Este mediodía (02/06) la fiscal del caso Belén Calarco solicitó la prórroga de la prisión preventiva del hombre, pareja de la mujer que fue condenada a la pena de 24 años y 7 meses de prisión efectiva.

El sujeto se encuentra en prisión preventiva, y la fiscalía pidió que la misma se extienda por un plazo de 2 meses, teniendo presente, entre otros, los siguientes argumentos.

“Por un lado, la posibilidad del entorpecimiento de la investigación y del proceso, teniendo presente que queda por efectivizar el juicio en su contra por los delitos cometidos contra la niña de 3 años”, explicó Calarco.

“Por otro lado, hay que tener en cuenta que el juicio está pendiente de realizar, en razón de la pandemia, sin embargo el Ministerio Público Fiscal volvió a solicitar que se fijaran las audiencias de ese debate, teniendo presente las limitaciones que el Covid-19 nos determina”, dijo la fiscal.

“Se suma el riesgo de fuga de este sujeto, riesgo palpable teniendo presente que hoy se confirmó la condena a la madre de la niña, con lo cual la pena que ésta Fiscalía solicitará oportunamente para el hombre será del mismo o más monto”, mencionó.

De esta manera, el juez Maximiliano Camarda asistió en razón a la fiscalía, y el hombre permanecerá en prisión preventiva por dos meses más.

Calificación legal del imputado

La calificación legal que la fiscalía imputó en la oportuna formulación de cargos con respecto al hombre es la de: “lesiones leves calificadas por haber sido perpetradas por un hombre contra una mujer en el marco de violencia de género, reiteradas en un número indeterminado de veces, en carácter de autor. Abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, reiterado, doblemente calificado por el vínculo y por la convivencia preexistente con un menor de 18 años en carácter de autor. Corrupción de menores agravada por la edad de la víctima, por ser menor de 13 años, por mediar violencia física, por ser el autor persona conviviente y guardador de la víctima, y en concurso ideal. Desobediencia a una orden judicial y abandono de persona seguida de muerte en carácter de autor todo en concurso real”.

Hechos

Los hechos imputados al sujeto sucedieron en “Lamarque, durante octubre de 2018 y posteriormente, en el domicilio familiar. Duraron hasta que la niña fue ingresada al hospital de dicha el 1 de febrero de 2019, falleciendo en el Sanatorio Juan XXIII en Roca 3 días después”.

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Judiciales

Último momento: Dictaron 24 años de prisión para la madre de Sofía

Janet Neira fue condenada por una serie de delitos de los que resultó víctima fatal su hija de 3 años de edad. En los próximos días se conocerá la condena para su pareja.

Un Tribunal de Juicio de Roca impuso este martes (02/06) la pena de 24 años y 7 meses de prisión a Janet Neira por una serie de delitos de los que resultó víctima fatal su hija de 3 años de edad. La sentencia quedó firme automáticamente, puesto que las partes renunciaron a los plazos procesales para interponer recursos. Eso implica que la detención de la mujer, que hasta el momento era prisión preventiva en el Establecimiento Penal N° 2 de Roca, se convirtió en cumplimiento efectivo de la pena.

En los próximos días la Oficina Judicial de Roca definirá la fecha de juicio contra el hombre que era pareja de la mujer condenada, quien también está detenido y acusado por graves delitos cometidos contra la misma niña.

Los hechos acreditados ocurrieron entre octubre de 2018 y principios de febrero de 2019 en la vivienda donde convivían la imputada, su pareja y sus tres hijos. En ese contexto la niña fue víctima de “maltrato continuo y sistemático”, en “un contexto de extrema violencia física y psicológica” hacia ella y sus hermanos, y sufrió reiterados abusos sexuales por parte del hombre, “con conocimiento y sin oposición de su propia madre, quien prestó colaboración para ello”.

La tarde del 1 de febrero de 2019 la niña fue ingresada a la guardia del hospital de Lamarque. Por la gravedad de su estado, fue derivada a un sanatorio de Roca, donde falleció en la mañana del 4 de febrero.

Reconoció los delitos

En el juicio oral y público realizado en noviembre de 2019 las partes -Fiscalía y Defensa- alcanzaron un acuerdo por la calificación legal de los hechos y la imputada reconoció su responsabilidad por todas las acusaciones. Así quedó definida la condena por los delitos de “lesiones leves calificadas por el vínculo, reiteradas en un número indeterminado de veces -en carácter de autora-; abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, reiterado, doblemente calificado por el vínculo y por la convivencia preexistente con un menor de 18 años, -en carácter de partícipe necesaria-; desobediencia a una orden judicial -en carácter de autora-, abandono de persona seguida de muerte, calificado por el vínculo -en carácter de coautora-, tenencia ilegal de pornografía infantil agravada por la edad de las víctimas -en carácter de autora-, todo ello en concurso real”.

Cesura por Zoom

La segunda etapa del juicio -la audiencia de cesura de la pena- se realizó el pasado 20 de mayo. Por las medidas de aislamiento sanitario obligatorio vigentes, se desarrolló por videoconferencia a través de la plataforma Zoom, supervisada y grabada -para ser incorporada al sistema- por la Oficina Judicial del Poder Judicial.

En esa audiencia la fiscal del caso, Belén Calarco, solicitó que la mujer sea condenada a 24 años y 7 meses de prisión, en función de los delitos ya acreditados. La imputada, a través de su Defensor Oficial Oscar Mutchinick, aceptó el monto de la pena requerida por la Fiscalía.

En esas condiciones el Tribunal de Juicio, integrado por los jueces Emilio Stadler, Fernando Sánchez Freytes y María Gadano, pasó a deliberar para definir la pena, limitado por una posible pena mínima de 8 años de prisión y una máxima de 24 años y 7 meses, ya que el Código Procesal Penal impide a los jueces “aplicar penas más graves que las requeridas por los acusadores”.

Los fundamentos

El Tribunal analizó separadamente las escalas penales de los delitos más graves -los abusos sexuales agravados y el abandono de persona seguido de muerte-, a la luz de la “capacidad de culpabilidad plena de la imputada; una persona joven y con suficiente educación formal; las actitudes que ha tenido luego de cometer los hechos -bien ilustradas por la Fiscalía-; el daño directo y colateral que ha ocasionado su conducta”, y las demás circunstancias acreditadas por la acusación.

Los jueces concluyeron así que la pena propuesta es “razonable y proporcional” a los delitos cometidos.

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Judiciales

Rechazan amparo iniciado para dejar sin efecto medidas que flexibilizaron la cuarentena

El fallo aclara que “las decisiones políticas que son de exclusiva órbita del poder administrador y no del Poder Judicial”.

El Juzgado de Familia Nº 7 de Bariloche rechazó la pretensión de un amparista que requería, entre otros planteos el cese medidas tendientes a flexibilizar la cuarentena en esa ciudad dispuestas por el Estado municipal, provincial y nacional.

El Juzgado a cargo de la Jueza María Marcela Pájaro tomó la resolución este viernes 29 (Expte.N° 26851/20). Consideró pertinentes los argumentos esgrimidos por la Fiscalía de Estado y por el Ministerio de Salud de Río Negro.

La jueza Pájaro destacó la existencia de facultades que son propias del Poder Ejecutivo, a las cuales consideró “decisiones políticas que son de exclusiva órbita del poder administrador y no del Poder Judicial”.

Indicó en tal sentido que “el ejercicio del poder de policía, y de un poder de policía de emergencia como es el de disponer y definir los alcances de la cuarentena, le corresponde naturalmente de acuerdo al orden democrático vigente, al Poder administrador en sus distintos niveles” y ante ello “la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones”.

La magistrada ponderó asimismo el informe agregado por el Ministerio de Salud de la Provincia, que comunica “la disponibilidad del sistema de salud, respecto de la existencia de casos, la proyección de los mismos de acuerdo a la tasa de duplicación, el índice de movilidad social, cuanto el porcentaje de población alcanzados por las excepciones” y que han motivado que las autoridades de las tres esferas gubernamentales trabajando coordinadamente hayan coincidido en exceptuar a Bariloche de las rigurosas y extraordinarias restricciones derivadas de la pandemia.

En tal sentido afirma que “de la información brindada no surge que exista desajuste entre lo exigido por el Gobierno federal para la flexibilización de la cuarentena, lo que además debe ser analizado y evaluado con criterio estricto en tanto importa la restricción de derechos constitucionales”. En función de ello resolvió desestimar el amparo interpuesto.

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