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Judiciales

Caso Sofía: Detuvieron a la mamá, que se encontraba prófuga

La mujer recibió una feroz golpiza y cuando ingresó al Hospital la reconocieron.

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Foto: TodoRoca.com.

Janet Neira, la mujer que está acusada de colaborar en el crimen de su pequeña hija Sofía y que se encontraba prófuga de la Justicia, fue detenida esta noche (18/10) en la zona oeste de Roca. La policía logró identificarla cuando ingresó a la sala de guardia del Hospital Francisco López Lima tras recibir una brutal paliza por parte de la persona que le había albergado.

Según informó el periódico La Comuna, desde un domicilio de calle Tucumán al 2900 se alertó al 911 sobre una disputa entre una pareja. Cuando los uniformados llegaron al lugar se encontraron con una mujer que presentaba lesiones y un corte en el rostro por lo que inmediatamente la trasladaron al centro médico.

Varios efectivos habrían reconocido a la mamá de Sofía, que en un principio dio un nombre falso. Pero luego, hizo conocer a los profesionales del Hospital su número de documento de identidad tras lo cual surgieron sus datos filiatorios reales.

En ese domicilio ubicado en calle Tucumán al 2900 residiría un sujeto que tenía domicilio en Buenos Aires y que no habría tenido conocimiento de la historia de la mujer. Esta tarde, el hombre -quien se encuentra alojado en la Comisaría 3°- habría tomado conocimiento de la situación real de Neira y de la historia de su pequeña hija. Habría sido en ese contexto que se dio la brutal agresión.

Neira se encuentra alojada en el Hospital Francisco López Lima bajo custodia policial. Estaba detenida con prisión domiciliaria en la casa de un familiar en la zona rural de Chichinales y se fugó sin dejar rastro alguno.

A la madre de Sofía, de 27 años, le imputaron los cargos de “lesiones leves calificadas por el vínculo, reiteradas en un número indeterminado de veces, en carácter de autora; abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado, doblemente calificado por el vínculo y por la convivencia preexistente con un menor de 18 años, en carácter de partícipe necesario; corrupción de menores agravada por la edad de la víctima (menor de 13 años), por mediar violencia física, por ser el autor persona conviviente y ascendiente de la víctima en carácter de partícipe necesario y en concurso ideal con la figura anterior; desobediencia a una orden judicial, en carácter de autora, abandono de persona seguida de muerte calificada por el vínculo, en carácter de coautora, tenencia ilegal de pornografía infantil agravada».

Su ex pareja, Marcos González, sigue detenido en el Penal de Viedma imputado por «lesiones leves calificadas por un hombre contra una mujer, en el marco de violencia de género, reiteradas en un número indeterminado de veces, como autor; abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización reiterado doblemente calificado por el vínculo y por la convivencia preexistente con un menor de 18 años, como autor; corrupción de menores agravada por la edad de la víctima, por mediar violencia física, por ser el autor persona conviviente y guardador de la víctima, como autor, y en concurso ideal con la figura anterior; desobediencia a una orden judicial, autor; abandono de persona seguida de muerte, como co-autor; todo en concurso real».

Judiciales

La Justicia investiga el incendio intencional de una cucha que mató a 9 cachorritos

Se apela a la información que puedan brindar testigos.

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El Ministerio Público Fiscal de la ciudad de General Roca inició una investigación por un hecho de crueldad animal ocurrido el pasado sábado (19/09) último, a las 10.30 de la mañana en la calle Fitz Roy y Carlos Pellegrini.

En este sentido, solicitan la colaboración de la comunidad para aportar datos tendientes a identificar a las personas que perpetraron el ataque enmarcado en la Ley N° 14346, Artículo 3 de crueldad animal. En el mismo perdieron la vida 9 perros tras un incendio provocado de manera intencional, en una casa de madera en la que vivían.

Por lo anterior, se solicita especialmente y a cualquier persona que pueda aportar datos respecto de actitudes sospechosas o situaciones que podrían tener vinculación con el hecho que se investiga, comunicarse por correo electrónico a: [email protected] y/o al teléfono de turno (0298) 154231271.

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Judiciales

La Justicia impuso 30 días para que ocupantes de las tierras del Polígono dejen el lugar

De no ser así, podrían desalojar a las familias con la fuerza pública.

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Esta mañana (23/09) tras concretarse la última audiencia de formulación de cargos a quienes ocupan tierras del Polígono de Tiro de General Roca, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se disponga el desalojo forzoso del predio propiedad de la Asociación Patriótica Tiro Federal.

Entre los motivos expuestos por la Fiscalía, se alegó que los imputados usurparon el predio mediante despojo por clandestinidad, «es decir ingresaron mediante ese modo al lugar, y se mantienen allí, privando a sus dueños de la posesión del inmueble. Dicha situación generó la denuncia penal por parte del presidente de la Asociación damnificada».

Asimismo el equipo fiscal agregó que los imputados hicieron caso omiso a los pedidos de la Fiscalía para la restitución del inmueble, como también fracasaron los intentos de la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (DIMARC) y que se llevaron adelante distintas reuniones a fin de lograr una solución al conflicto, sin ningún resultado.

«La ocupación se produjo desde 15 de junio de 2020 y es necesario adoptar medidas inmediatas a fin de lograr el cese de la comisión del delito y de impedir que el ilícito cometido sea llevado a consecuencias ulteriores», explicó el equipo fiscal integrado por la fiscal jefe Graciela Echegaray, el fiscal del caso Ricardo Romero y la fiscal adjunta Natalia Pascual.

Finalmente el Ministerio Público Fiscal mencionó jurisprudencia del Tribunal de Impugnación que abonan su postura, solicitó que se haga lugar a su petición y se intime a los ocupantes al desalojo voluntario en término de 10 días, caso contrario se ordene el desalojo forzoso.

Por su parte la defensa particular solicitó no se haga lugar a la medida cautelar y expresó su negativa.

El juez de Garantías consideró, acogiendo la postura de la Fiscalía, que el Artículo 118 del Código Procesal Penal exige para acceder a la petición fiscal de desalojo forzoso, que se reúnan los requisitos típicos, que el derecho invocado por los damnificados sea verosímil, y existe peligro en la demora.

Marcó la necesidad de que finalice los efectos del delito, dado que hoy continúa usurpado, y se evite la construcción de viviendas en el inmueble. Situación esta última que el propio defensor reconoce, detallaron los fiscales.

El juez tuvo, en su momento, por formulados los cargos contra los imputados por el delito de usurpación, por violación al Artículo 205 del Código Penal y desobediencia a la autoridad pública.

Consideró que la formulación de cargos cumple con el requisito del Artículo 118 en cuanto a que se ha formalizado la investigación de un hecho típico, se acreditó la verosimilitud y la existencia del peligro de demora, entendiendo que la explicación efectuada por la Fiscalía no deja dudas de tal peligro, se trata de un hecho donde la demora natural del proceso y la no concesión de la medida cautelar pueden tornar inviable en el futuro la satisfacción de la pretensión del denunciante.

Agregó que se verificó la investigación de un hecho presuntamente delictuoso cuyos efectos se prolongan en el tiempo y que la permanencia de esa situación puede generar un serio perjuicio al damnificado, que será, cada vez mayor, a medida que transcurra el tiempo. Quedando claro que no puede esperarse a la eventualidad de una sentencia condenatoria.

Por todo lo anterior, el juez de Garantías hizo lugar a la medida cautelar de desalojo forzoso de todos los imputados ocupantes del predio propiedad de la Asociación Patriótica Tiro Federal conforme lo prevé el Art. 118 del Código Procesal Penal. A los fines de hacer efectivo el desalojo se dio un plazo de 30 días a partir de hoy para que los ocupantes imputados en el legajo se retiren voluntariamente.

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Judiciales

No se aplicarán beneficios procesales a quienes cometan actos de crueldad animal

Se trata de los delitos enmarcados en la Ley Nacional de Protección Animal N° 14.346.

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Una nueva Instrucción de la Procuración General determinó que los fiscales de la provincia no podrán aplicar el beneficio de la suspensión de juicio a prueba a aquellas personas imputadas en casos de crueldad animal. Los delitos enmarcados en esta categoría son aquellos que resultan de la infracción a la Ley Nacional de Protección Animal N° 14.346, entre otras de protección de la fauna.

El instrumento jurídico, que servirá de eje para las investigaciones de los fiscales de toda la provincia de Río Negro, fue suscripto en la jornada de ayer (21/09) por el Procurador General, Jorge Crespo.

El mismo destaca que deben calificarse como graves los actos de crueldad animal “atento al carácter que revisten, en tanto la violencia que se despliega para causar sufrimiento, de manera innecesaria por el modo excesivo, perverso o violento de la conducta denota una intencionalidad marcada en infligir sufrimiento”.

El seguimiento de las causas de maltrato animal de cuenta de la clara voluntad de la Procuración General dirigida a la persecución de este tipo de delitos.

Cabe destacar que la Declaración Universal de los Derechos de los Animales sostiene que no sólo tienen derecho a la existencia sino también a atención, cuidados y protección de la humanidad. Al mismo tiempo se considera como otro bien jurídico, la preservación de la diversidad biológica.

La Instrucción General expresa además que “el nuevo paradigma de la justicia penal fomenta la participación ciudadana, procurando la paz social y la armonía”.

“Una política de Persecución Penal que incida en la vida ciudadana debe ser transparente, de público conocimiento y encontrarse en una constante revisión en virtud de su aplicación en la realidad, dispuesta a integrar las observaciones, sugerencias o señalamientos que realicen los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, las demás instituciones del sector de justicia y del Estado en general. Por ello, la opinión de la comunidad será tenida en cuenta al momento de establecer políticas de persecución penal, para que la misma resulte socialmente legitimada por sus destinatarios”.

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