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Judiciales

Crimen de Etchegaray: Habrá juicio abreviado y 11 y 13 años de prisión para los dos detenidos

El hecho ocurrió el pasado 9 de marzo en la zona norte de la ciudad.

El fiscal del caso Luciano Garrido junto a la defensora pública penal Flavia Rojas propusieron penas de más de 11 años para los co-autores de la muerte de Carlos Omar Etchegaray y la tentativa de homicidio de su hermano.

Además las partes solicitaron la inhabilitación por el doble tiempo de la condena para tener y/o portar armas de fuego de cualquier tipo.

Según la acusación fiscal el hecho ocurrió alrededor de las 20.30 de ese sábado 9 de marzo en calle Tortolitas al 3300, cuando “arribaron al domicilio de la víctima los dos imputados a bordo de un Gol rojo. Ambos provistos de un plan común y con intención de dar muerte a Carlos Echegaray, estacionaron en medio de la calle, detrás del Fiat Duna, que manejaba el hermano de la víctima fatal”.

“Desde el interior del Gol G.P. le efectuó un disparo con una pistola calibre 9 mm que portaba sin la debida autorización legal, impactándole el proyectil en el antebrazo izquierdo. Al tiempo que R.C mediante el uso de un revolver calibre 38, que llevaba sin permiso, disparó y le dio en el lado izquierdo del tórax”, detalló Garrido.

Luego Carlos Echegaray “retrocedió hacia la vereda y recibió tres disparos más por parte de G.P., que le dan uno en la parte posterior del hombro izquierdo y los otros dos en la zona de la espalda. Producto de esto, la víctima fallece inmediatamente a raíz de la destrucción del corazón por el paso de dos de los proyectiles”, agregó la Fiscalía.

Su hermano observó lo que estaba pasando “e impactó su auto con el Gol, y R.C. realiza al menos dos disparos, dando uno en la zona del tercio medio izquierdo de la región dorsal. Luego, los agresores se alejan del lugar en dirección a la defensa Catini, donde abandonan el rodado”.

La calificación legal propuesta por la Fiscalía y aceptada por los imputados a través del asesoramiento de la defensora pública, fue la de: “co-autores de homicidio y homicidio en grado de tentativa, ambos agravados por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación de arma de guerra sin la debida autorización legal” (Arts. 41 bis, 42,45, 55, 79 y 189 bis inc. 2 párrafo 4º del Código Penal).

Además el fiscal mencionó el sustento probatorio con el que contó para llegar a este momento del proceso legal, entre ellos el acta del procedimiento, el levantamiento de rastros realizado por el Gabinete de Criminalística tanto en el lugar del hecho como en el camino a la defensa donde fue encontrado el Gol.

“Se encontraron vainas servidas del arma que portaban, que coincidieron con las que se les extrajeron de los cuerpos a las víctimas”, explicó Garrido.

“En el Hospital local, tras haber recibido a dos personas, una sin vida y la otra con lesiones de arma de fuego, se secuestró el otro vehículo involucrado, como también la ropa y elementos de ellos”, dijo.

Por todo lo anterior, “teniendo presente las testimoniales, las pruebas detalladas, los secuestros, los informes del Gabinete de Criminalística, los reconocimientos que han hecho en la formulación de cargos los imputados, es que solicitamos, junto con la defensa, la pena de 11 años y 11 meses para R.C., y para G.P. 13 años de prisión efectiva”, expresó el representante del Ministerio Público Fiscal

“Luego de varios encuentros con mis asistidos puedo decir que ellos comprenden lo que se está acordando en este momento, como también han tenido acceso a la prueba mencionada por el fiscal, y de esta manera han decidido”, dijo la defensora Flavia Rojas.

Tras esto, los dos imputados afirmaron al Tribunal que entendían los hechos que les atribuyó el Ministerio Público Fiscal, reconocieron su responsabilidad en los mismos y aceptaron la calificación legal adoptada.

La sentencia se conocerá mañana a las 11.30 y estará a cargo del Tribunal de Juicio conformado por los jueces Daniel Tobares, Natalia González y Emilio Stadler.

Judiciales

El Poder Judicial suspendió la actividad en la Ciudad Judicial de Roca y confirmó un caso de Covid-19

No obstante detallaron que el contagio fue fuera del ámbito laboral.

El Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General informaron que decidieron suspender la actividad presencial para mañana martes (25/05) en la Ciudad Judicial de General Roca, para realizar las tareas de desinfección correspondientes, tras confirmarse que una funcionaria dio positivo de Coronavirus.

La paciente, luego de recibir esta tarde el resultado del test, notificó a Fernando Orozco, encargado de la Superintendencia del Ministerio Público en Roca, y explicó porqué decidió realizar la consulta y la presunción de la forma de contagio, fuera del ámbito laboral. “Procedí a hacerme el hisopado porque un vecino de mi pareja nos informó el domingo que había dado positivo. Como los departamentos están contiguos y comparten la misma puerta de salida, nos preocupamos. Luego tuvimos pérdida del olfato y el gusto y por eso informamos la situación en el Hospital este domingo”, explicó.

A partir de entonces la pareja se mantuvo internada en distintos nosocomios. Esta tarde le informaron el resultado positivo y realizó la comunicación correspondiente al Poder Judicial.

Expresó, asimismo, que trabajó miércoles, jueves y viernes, sin ningún tipo de síntomas. Aseguró que había muy pocas personas en el sector del edificio, que estaban todos en distintas oficinas “con sus barbijos y sin contacto directo”.

Tras recibir la notificación, el Poder Judicial se comunicó con las autoridades sanitarias para aplicar los protocolos necesarios en estas circunstancias. El titular del área de epidemiología del Hospital Francisco López Lima explicó que por protocolo provincial todas las personas que han estado en contacto estrecho con pacientes confirmados de COVID 19 deben realizar un aislamiento preventivo durante 14 días, los cuales serán monitoreados por personal del Ministerio de Salud y del Hospital de General Roca.

El especialista aseguró que el área donde estuvo la persona con coronavirus “no debe clausurarse, pero si debe realizarse una limpieza correcta y profunda” de acuerdo al protocolo existente.

Frente a esta situación, y en cumplimiento de las medidas sanitarias, el STJ dispuso suspender la actividad presencial para realizar la desinfección no solo en el área mencionada, sino en toda la Ciudad Judicial.

El Poder Judicial aprobó un protocolo de Higiene y Seguridad, basado en la consulta a especialistas, para evitar la circulación del virus en caso que alguien pudiera contraerlo fuera del ámbito laboral.

Asimismo, en la Acordada 15/20, firmada por el pleno del STJ y el Procurador, que dispuso un retorno al trabajo presencial paulatino, se fijaron reglas de cantidad de personas máxima por organismos y otras medidas de bioseguridad. Entre ellas, tener un listado estricto de agentes convocados y un control exhaustivo para evitar el acceso de personas no autorizadas, y de esta manera controlar posibles vías de propagación. Esta prohibición incluye a todo trabajador o trabajadora no convocada y a terceros, ya que no se permite la atención al público.

“Esta restricción es aún más acentuada para quienes se encuentren en actividades no exceptuadas de la cuarentena, como es el caso de los dirigentes gremiales. Estas reglas, justamente, permiten que si un trabajador convocado se contagia fuera del ámbito laboral, como sería este caso caso, se sepa inmediatamente como informar y establecer la cadena epidemiológica. Esta precisión se perdería si ingresan personas no autorizadas”, indicaron en el comunicado del Poder Judicial.

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Gremios

Sitrajur denuncia que hay un caso de Covid-19 en el Poder Judicial de Roca

El gremio recomienda a los trabajadores no asistir al edificio. Este martes se realizará una desinfección general en el lugar.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales de Río Negro (Sitrajur) alertó que se habría producido el primer caso de COVID-19 en la Ciudad Judicial de General Roca. “Ante la lamentable novedad, recomendamos a trabajadores y trabajadoras de Roca, que no concurran a la Ciudad Judicial hasta tanto no se garanticen las medidas de sanitización profunda del edificio, no se garanticen todas y cada una de las medidas de higiene y bío seguridad, tanto como todos los insumos indispensables para la prevención del contagio de Covid-19”, manifestaron en un comunicado de prensa desde el gremio.

“Lamentamos llegar a esta situación, más cuando desde el inicio de la pandemia y del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) estuvimos pidiendo la constitución de un comité de crisis en el ámbito del poder judicial, más tarde el adelantamiento de las paritarias, después ante la suspensión injustificada de las paritarias fijadas, insistimos con un nuevo llamado el que sistemáticamente fue contestado por la negativa desde la Secretaría de Estado de Trabajo que encabeza Jorge Stopiello”, agregaron.

“No especulábamos cuando reiteradamente le decíamos al STJ que faltaban elementos, que no era prudente una apertura, que se violaban los principios de la cuarentena, hasta el punto de No permitirse el ingreso del sindicato a los edificios para corroborar el estado de los edificios ante el llamado a retomar tareas, aun cuando se lo hacía con inspectores de la Secretaría de Trabajo. Siempre dijimos que era una decisión apresurada que se hacía más como represalia al Sitrajur que como respuesta a una demanda social. Se llegó al colmo de la irracionalidad cuando Piccinini (presidenta del STJ) denuncia penalmente a nuestrxs compañerxs para  impedir el ingreso y el trabajo gremial y que no verificáramos las diversas irregularidades. Por ello resulta sumamente pertinente y necesario que se realice el juicio político a Liliana Piccinini a quien hacemos responsable de la salud de todos los compañeros judiciales y de un posible rebrote de la enfermedad, y la convocatoria urgente a paritarias en el ámbito Judicial para tratar las medidas necesarias para resguardar la salud de todos quienes concurren a tribunales”, concluyeron desde la Comisión Directiva de Sitrajur.

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Judiciales

Bullying: Youtube debió borrar videos que un adolescente rionegrino subió cuando era niño

La Justicia ordenó a la red social que baje las imágenes ya que el joven era hostigado por sus compañeros de escuela por esos videos.

Un fallo ordenó a Youtube la eliminación de videos que habían sido publicados por una persona cuando era niño. La disposición llegó tras el pedido del propio usuario, hoy adolescente, que al olvidar la contraseña no podía borrar de la red esas filmaciones. El joven era hostigado por sus compañeros con esos videos antiguos.

La orden se dictó durante el contexto de aislamiento social obligatorio, utilizando las herramientas digitales que el Poder Judicial tiene para la atención remota.

Con la intervención del departamento de Informática Forense del Poder Judicial se requirió la eliminación de los videos que se detallan y a los pocos días, Google respondió que la orden había sido cumplida.

“El bullying es una problemática social que causa dolor, humillación y daño a niños, niñas y adolescentes; afectando su desarrollo, aprendizaje y su futuro” consigna un fallo de un juzgado de Familia de Bariloche que priorizó el interés superior de un adolescente y resolvió una medida cautelar autosatisfactiva.

La jueza interviniente consideró que, en la actualidad estas publicaciones colisionan con su derecho a la intimidad. La sentencia destaca que “si bien fue él mismo quien creó esa cuenta de YouTube, la imposibilidad de poder borrarla, genera un perjuicio que debe ser reparado”.

La presentación fue realizada por los padres del joven, quienes advirtieron en el marco de la emergencia sanitaria y la cuarentena, que el adolescente mostraba una conducta con intensos cambios emocionales, se retraía cada vez más, y no mostraba interés por nada.

En forma posterior el adolescente pudo manifestar que el malestar se debía a que algunos compañeros de colegio habían accedido a los videos que había grabado cuando era un niño y los posteaban en redes sociales o en whatsapp, burlándose y haciéndolo objeto de ridiculización y hostigamiento.

Si bien se realizaron intentos de eliminar los videos, no se pudo, toda vez que YouTube requiere ingresar con la dirección de correo y contraseña original, direcciones que hoy no recuerda porque la misma fue creada cuando tenía el joven tenía 8 años.

Previa conformidad del defensor de Menores interviniente, el fallo señaló que se encuentra debidamente acreditada la verosimilitud del derecho en la documentación acompañada y surge evidente la urgencia del caso, teniendo en consideración que el bullying es una problemática social que causa dolor, humillación y daño a niños, niñas y adolescentes; afectando su desarrollo, aprendizaje y su futuro. “Considero también que el bien jurídico intimidad va mutando su contenido y sus facultades jurídicas que derivan del mismo al compás del desarrollo tecnológico”, expresa la sentencia.

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