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Judiciales

Ordenan a obra social la cobertura total para un niño con discapacidad

Debe viajar cada tres meses a Roca para ser atendido por profesionales especializados. La cobertura debe ser total y directa, no por reintegro.

El juez del Superior Tribunal de Justicia Enrique Mansilla hizo lugar a la acción de amparo que presentó una mujer de Sierra Grande en nombre de su hijo de 11 años y ordenó a la obra social estatal que brinde la cobertura médica total y directa que el chico necesita, pero no mediante la la modalidad de reintegro.

El niño tiene un diagnóstico de “retraso mental leve y epilepsia” y debe viajar cada tres meses a Roca para ser atendido por profesionales especializados.

Si bien la obra social se comprometió en el expediente a brindar una cobertura del 100% mediante la modalidad de reintegro, el juez consideró que esa propuesta, en este caso, es equiparable a una “negación” de la cobertura.

El juez tuvo por acreditado que los gastos que debe afrontar la familia en cada viaje (por estudios, controles neurológicos y alojamiento) no están al alcance de sus posibilidades. Fue fundamental para constatarlo el informe de Oficina de Servicio Social del Ministerio Público de la Defensa, que concluyó que el niño “forma parte de un grupo familiar que se encuentra en situación de vulnerabilidad socioeconómica y cuenta con ingresos que sólo permiten cubrir gastos de subsistencia (…) por lo cual les resulta inaccesible afrontar con recursos propios los costos de tratamientos que el niño requiere”.

Otro de los reclamos del amparo fue para garantizar al niño el tratamiento psicológico y psicopedagógico que indicó la neuróloga. La especialista solicitó que se inicie “cuanto antes” para “continuar avanzando desde el aspecto educativo”.

Ante ese requerimiento, y por la falta de esos especialistas en Sierra Grande, la obra social propuso “que el niño sea traslado a San Antonio Oeste” para su atención.

Esa propuesta también fue rechazada por el juez, quien dispuso: “Entiendo que las opciones brindadas (…) no resultan razonables; de allí que, a la brevedad, deberá la obra social disponer lo necesario a fin de que, por la vía administrativa que corresponda, proceda a cubrir la asistencia psicopedagógica y psicológica que el niño necesita, informando a este Superior Tribunal de Justicia las diligencias decididas en tal sentido”.

El fallo se dictó con los dictámenes favorables de la Defensora General Subrogante, Marta Ghianni, y del Procurador General del Poder Judicial, Jorge Crespo. La primera advirtió la “imperiosa necesidad de resguardar el interés superior del niño y su derecho a la salud, desarrollo integral y a gozar de una integración plena en la vida social” y propuso como opción que un psicopedagogo viaje a Sierra Grande “con una periodicidad razonable a efectos de brindarle asistencia”. El segundo enfatizó que la modalidad de reintegro, en este caso, no podría considerarse una verdadera “cobertura integral”.

Así, el juez concluyó que “la modalidad de reintegro, en el caso particular, implica una negación de la prestación misma” y que “al no concretar el pago de manera directa, (Ipross) despliega un accionar absolutamente reprochable que configura el presupuesto de ilegitimidad manifiesta” que exige cualquier amparo para ser admitido.

En conclusión, el fallo ordenó a Ipross “que arbitre los medios necesarios para que la cobertura reconocida lo sea sin la modalidad de reintegro” y que “proceda a cubrir la asistencia psicopedagógica y psicológica que el niño necesita”.

Judiciales

Pasantías judiciales 2020: asignaron sus lugares a 50 estudiantes de la FaDeCS

Los futuros pasantes realizarán sus experiencias en organismos judiciales de Roca, Regina y Cipolletti.

En una nueva instancia del convenio de pasantías educativas que vincula al Poder Judicial de Río Negro y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, este viernes se realizó en Roca la reunión general para asignar a cada estudiante el organismo judicial donde cumplirá su experiencia laboral-educativa el próximo año.

Encabezaron el acto el juez designado por el Poder Judicial y docente de la carrera de Derecho, Daniel Tobares; la vicedecana de la Fadecs, María Raquel Calvo; Silvia Berry por la Secretaría de Extensión de la Fadecs; la representante local del área de Gestión Humana del Poder Judicial, Teresa Dinamarca; el tutor académico por el Departamento de Derecho Público de la Fadecs, Fabián Rojas; la docente Mariela Garabito por el Departamento de Derecho Privado, y la alumna Bárbara Stefania Fuentes Contreras por el Centro de Estudiantes.

El proceso de pasantías comenzó con la convocatoria abierta y la inscripción voluntaria de los estudiantes, seguida de la elaboración de un orden de mérito de los inscriptos por parte de la Universidad, en función de la cantidad de materias aprobadas y el promedio general de los interesados, teniendo en cuenta la cantidad de organismos judiciales con disponibilidad en Roca, Regina y Cipolletti.

Este viernes (15/11), finalmente, se realizó una reunión ampliada en el Auditorio de la Ciudad Judicial con la presencia de los 50 estudiantes convocados, para establecer el destino que se asignará a cada uno dentro del Poder Judicial, definido principalmente según sus perfiles, su ubicación en el orden de mérito y la preferencia de fuero manifestada por los pasantes.

La distribución fue de seis estudiantes para las dos Cámaras Laborales de Roca; dos para la Cámara Civil de Apelaciones; cinco para los Juzgados Civiles de Primera Instancia de Roca; seis para los dos juzgados de Familia de Roca; cuatro para las Defensorías de Pobres y Ausentes del fuero Civil; uno para el Centro Judicial de Mediación; once para las distintas Unidades Fiscales del fuero Penal; uno para la Fiscalía de Villa Regina; uno para la Defensa Penal Pública; dos para el Juzgado de Ejecución Penal, tres para las Oficinas Judiciales de Roca y Regina y una para el Juzgado de Paz de Roca.

En total son 43 futuros pasantes que realizarán sus experiencias en organismos judiciales de Roca y Regina, más 7 que serán próximamente asignados a organismos judiciales de Cipolletti.

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Judiciales

Identificaron a dos personas más por amenazas de bomba en escuelas

A uno de se le formularán cargos en las próximas semanas y la otra es una niña de 13 años por la que citarán a sus padres.

En la última semana, el Ministerio Público identificó a tres personas que habrían realizado llamadas a instituciones escolares, advirtiendo sobre la existencia de bombas en las mismas. Se trata de alumnos de los Centros de Educación Media damnificados de las ciudades de General Roca y Bariloche.

En cuanto a los adolescentes del Alto Valle, en relación a su edad, a uno de ellos se le formularán cargos en las próximas semanas y en el caso de la niña, de 13 años identificada hoy, se citará judicialmente a sus progenitora para hacerle conocer las responsabilidades que el accionar de su hija implica, por ser ella la titular de la línea utilizada para efectuar el llamado.

En tanto, ayer (13/11), en la ciudad de San Carlos de Bariloche, se realizó un allanamiento a una vivienda particular en la que se secuestró un teléfono celular, a partir de allí se determinó que quien realizó el llamado sería un adolescente de 15 años con quien se reiterará este último temperamento.

Ante la reiteración de este tipo de sucesos, en los últimos días los nuevos casos se sustanciaron directamente en la justicia provincial, toda vez que en las requisas que se efectúan en los edificios no se encuentra explosivo alguno. De esta forma se agilizaron los legajos permitiendo una rápida intervención de las fiscalías de Delitos especiales y contra la administración pública que dan inmediata participación a la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones dependiente de la Procuración General. Este área trabaja en la identificación de los números de teléfonos, realizan entrecruzamientos de llamadas, analizan patrones e inician consultas formales con las empresas de telefonía para poder verificar el lugar desde el cual provino la comunicación y luego de ello, identificar quién la realizó.

En muchos casos, aún si las líneas tienen la titularidad bloqueada o ficticia (porque se realizan desde chips comprados para tal fin), las técnicas con las que cuenta la Oitel permiten rastrear las llamadas, más allá de estas posibles anulaciones de números telefónicos que se realizan creyendo que de esta forma puede eludirse el accionar de la justicia.

En todos los casos desde la Fiscalía se da intervención a la Defensoría de Menores.

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Judiciales

Abusos en la Escuela 38: Bernel fue declarado culpable

Ahora resta determinar el monto de la pena. El ex docente continuará detenido.

Foto: Ahí Vamos.

El ex maestro de primaria Javier Marcelo Bernel fue declarado hoy (14/11) culpable de 10 hechos de abuso sexual cometidos contra niñas de entre 8 y 10 años que fueron sus alumnas en dos escuelas de Roca.

El Tribunal integrado por los jueces María Evelina García Balduini, Gastón Martín y Laura Pérez declaró al imputado autor penalmente responsable del delito de “abuso sexual simple, agravado por ser el encargado de la educación” de 10 niñas. En nueve de los casos la decisión fue por unanimidad, mientras que en uno fue un veredicto dictado por mayoría.

“El Tribunal, conforme las pruebas y las evidencias aportadas por el Ministerio Público Fiscal y la Defensa, que han sido apreciadas, valoradas, de acuerdo al sistema de libre convicción que prevé el Código Procesal Penal, ha arribado a la siguiente conclusión: por unanimidad, la culpabilidad de Javier Marcelo Ramón Bernel (…) como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la educación, reiterado en 9 víctimas menores de edad, y en un número indeterminado de veces. Y la absolución del nombrado en orden al hecho nominado 8, en perjuicio de la menor (…), por atipicidad de la conducta. Y por mayoría se declara la culpabilidad del nombrado en orden al hecho nominado 7, calificándolo como tentativa de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la educación, el cual concursa en forma real con los anteriores hechos”, explicó la jueza María Evelina García Balduini en la lectura del veredicto.

La magistrada aclaró que en la audiencia de hoy sólo se daría a conocer el resultado de la deliberación, ya que la exposición de los fundamentos y la lectura de la sentencia completa está prevista para una instancia posterior.

Por otra parte, ya declarada la culpabilidad del imputado, la próxima etapa del proceso es el juicio de cesura, en el que la fiscal Belén Calarco y la defensora particular Bruna Zarlenga expondrán sus pruebas y alegatos para que el tribunal determine el monto de la pena de prisión que corresponderá cumplir al imputado, dentro de la escala penal prevista para el concurso de delitos comprobados. Cabe señalar que en el caso, la pena mínima legal es de 3 años de prisión, según lo disponen el artículo 119 (primer párrafo, cuarto párrafo inc. b) y último párrafo) del Código Penal y el artículo 55 del mismo Código.

Los hechos

De los 10 hechos acreditados, según la acusación que sostuvo la Fiscal Calarco, uno ocurrió en 2013 en una escuela del barrio Islas Malvinas de Roca, donde el docente realizó una suplencia, mientras que los restantes ocurrieron en 2014, 2015 y 2018 en una escuela de Stefenelli. Todas las víctimas tenían entre 8 y 10 años al momento de los hechos y eran alumnas del imputado.

El juicio oral se realizó a puertas cerradas, en resguardo de la identidad de las víctimas, a lo largo de nueve audiencias realizadas entre el 28 de octubre y el 11 de noviembre. El Tribunal, presidido por el juez Gastón Martín, escuchó un total de 39 testimonios, entre las declaraciones en cámara gesell de las niñas, los relatos de sus familiares, las declaraciones de peritos y profesionales de cuerpos técnicos del Poder Judicial, docentes, directivos, integrantes del ETAP y otras personas relacionadas con el caso.

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