Seguinos

Judiciales

Planes de ahorro: para la Justicia el amparo no es la vía

El máximo tribunal ratificó que el caso se enmarca en la Ley de Defensa del Consumidor.

El Superior Tribunal de Justicia consideró que el caso de los los planes de ahorro para adquirir autos cero kilómetros no debe canalizarse a través de un amparo, sino por otras vías. En primer término, porque se advierten intereses heterogéneos y situaciones de distinta índole entre los ahorristas. A su vez, el máximo tribunal ratificó que el caso se enmarca en la Ley de Defensa del Consumidor.

La resolución del STJ se da en el contexto de un expediente tramitado en Viedma. Sin embargo, por la obligatoriedad de aplicación de los fallos del STJ, esta decisión encausará diversas sentencias, e incluso contradictorias, que formularon juzgados a lo largo y ancho de la provincia para planteos similares. En Viedma, Choele Choel, Bariloche, Cipolletti y Roca se dictaron medidas distintas: retrotraer las cuotas a 2018, que no rebasen el 50% de aumento, denegatoria de los requerimientos y que no superen un porcentaje de los ingresos, entre otras.

Primera circunscripción

Con esa decisión, el STJ revocó la medida cautelar que había dictado el juez de primera instancia, quien había ordenado a las empresas retrotraer el valor de las cuotas a abril de 2018. Esta disposición regía no solo para quienes habían realizado la presentación, sino para todos los que hubieran contratado planes de ahorro para adquirir 0 kilómetros en Viedma y las ciudades de la primera circunscripción judicial. Justamente, el máximo Tribunal desestimó la vía del amparo colectivo porque quienes impulsaron el planteo no pueden representar las situaciones heterogéneas de la totalidad de los ahorristas.

En su fallo, el Superior Tribunal rechazó el planteo de algunas de las empresas de planes de ahorro respecto a que no se trataba de una relación de consumo. Para el STJ, “el contrato de ahorro para fines determinados es un contrato de consumo conforme a las pautas que surgen de la Ley 24240 de defensa del consumidor y del art. 1092 del Código Civil y Comercial de la Nación”.

Sin embargo, el máximo Tribunal argumentó que “no es el amparo y muchos menos el colectivo, la vía idónea para articular reclamos individuales de consumidores que puedan verse afectados por el valor de las cuotas de los planes de ahorro”.

Tampoco es la vía para “para alterar el status contractual de los planes de ahorro previo” más teniendo en cuenta con esta medida “se afecta los derechos de terceros en igualdad de condición que los actores beneficiados de la cautelar”. El voto rector destaca que “la sentencia aquí impugnada se equipara a definitiva, en tanto hizo lugar al objeto principal de la pretensión”.

Existen otras vías propicias

Los cinco jueces coincidieron en la revocación de la medida inicial, pero por distintos motivos. El fallo tuvo tres votos coincidentes que hicieron lugar al agravio que no se trataba de un juicio colectivo, en tanto que otros dos votos fueron en minoría y, en coincidencia con la opinión del Procurador General, propusieron que el caso se derive a la Justicia Federal por razones de competencia.

“Existen vías procesales específicas que propician un adecuado debate y pleno conocimiento del asunto, pudiendo los amparistas ventilar sus pretensiones mediante acciones individuales en un juicio de conocimiento como lo prevé la Ley de Defensa del Consumidor y, de existir alguna homogeneidad identificable en nuestro derecho público, se prevé la acción por intereses individuales homogéneos”, expresó el máximo tribunal.

Situaciones heterogéneas

El STJ destacó la “heterogeneidad de situaciones” individuales descriptas en la demanda, “lo que imposibilita su calificación bajo la naturaleza jurídica del proceso colectivo que se pretende”. En este marco, tampoco es posible que una o pocas personas estén legitimadas a representar a la totalidad de las heterogéneas situaciones de los ahorristas.

El voto rector describió que entre los contratantes de los planes de ahorro hay “personas humanas y personas jurídicas, comerciantes y personas que no ejercen el comercio, profesionales y personas que no lo son, personas con condiciones tributarias diferentes, personas que pagan puntualmente sus cuotas y personas que están en mora en el pago de aquellas, personas que fallecen operando los seguros de vida contratados, personas que ahorran para vehículos de precios muy disimiles; personas con domicilio en Viedma, Guardia Mitre, San Javier, Conesa, Valcheta, Sierra Grande, San Antonio Oeste, y personas con domicilio en otras jurisdicciones, etc”, resultando improcedente “agruparlos de modo homogéneo” y otorgándole la representación de una sola persona, como se pretendió en el proceso.

“La diversidad de situaciones y supuestos disimiles respecto de los usuarios que integran el citado colectivo, vinculadas a los contratos de planes de ahorro previo suscriptos, sus cláusulas específicas y las particularidades en la contratación con las diferentes sociedades demandadas -en cuanto a modalidades de planes, vigencia, valores de alícuotas, etc.- impiden dar igual trato a situaciones heterogéneas”, concluyó el STJ.

El máximo Tribunal puso el acento en “el impacto de la medida respecto de aquellos adherentes al plan de ahorro que no han formulado reclamo ante la justicia y que se verán perjudicados en razón de que el congelamiento de las cuotas impedirá la recaudación de los fondos necesarios para la adquisición de los automotores que se deban adjudicar en el grupo o para la devolución de los aportes de suscriptores renunciantes o rescindidos”.

Judiciales

El Poder Judicial suspendió la actividad en la Ciudad Judicial de Roca y confirmó un caso de Covid-19

No obstante detallaron que el contagio fue fuera del ámbito laboral.

El Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General informaron que decidieron suspender la actividad presencial para mañana martes (25/05) en la Ciudad Judicial de General Roca, para realizar las tareas de desinfección correspondientes, tras confirmarse que una funcionaria dio positivo de Coronavirus.

La paciente, luego de recibir esta tarde el resultado del test, notificó a Fernando Orozco, encargado de la Superintendencia del Ministerio Público en Roca, y explicó porqué decidió realizar la consulta y la presunción de la forma de contagio, fuera del ámbito laboral. “Procedí a hacerme el hisopado porque un vecino de mi pareja nos informó el domingo que había dado positivo. Como los departamentos están contiguos y comparten la misma puerta de salida, nos preocupamos. Luego tuvimos pérdida del olfato y el gusto y por eso informamos la situación en el Hospital este domingo”, explicó.

A partir de entonces la pareja se mantuvo internada en distintos nosocomios. Esta tarde le informaron el resultado positivo y realizó la comunicación correspondiente al Poder Judicial.

Expresó, asimismo, que trabajó miércoles, jueves y viernes, sin ningún tipo de síntomas. Aseguró que había muy pocas personas en el sector del edificio, que estaban todos en distintas oficinas “con sus barbijos y sin contacto directo”.

Tras recibir la notificación, el Poder Judicial se comunicó con las autoridades sanitarias para aplicar los protocolos necesarios en estas circunstancias. El titular del área de epidemiología del Hospital Francisco López Lima explicó que por protocolo provincial todas las personas que han estado en contacto estrecho con pacientes confirmados de COVID 19 deben realizar un aislamiento preventivo durante 14 días, los cuales serán monitoreados por personal del Ministerio de Salud y del Hospital de General Roca.

El especialista aseguró que el área donde estuvo la persona con coronavirus “no debe clausurarse, pero si debe realizarse una limpieza correcta y profunda” de acuerdo al protocolo existente.

Frente a esta situación, y en cumplimiento de las medidas sanitarias, el STJ dispuso suspender la actividad presencial para realizar la desinfección no solo en el área mencionada, sino en toda la Ciudad Judicial.

El Poder Judicial aprobó un protocolo de Higiene y Seguridad, basado en la consulta a especialistas, para evitar la circulación del virus en caso que alguien pudiera contraerlo fuera del ámbito laboral.

Asimismo, en la Acordada 15/20, firmada por el pleno del STJ y el Procurador, que dispuso un retorno al trabajo presencial paulatino, se fijaron reglas de cantidad de personas máxima por organismos y otras medidas de bioseguridad. Entre ellas, tener un listado estricto de agentes convocados y un control exhaustivo para evitar el acceso de personas no autorizadas, y de esta manera controlar posibles vías de propagación. Esta prohibición incluye a todo trabajador o trabajadora no convocada y a terceros, ya que no se permite la atención al público.

“Esta restricción es aún más acentuada para quienes se encuentren en actividades no exceptuadas de la cuarentena, como es el caso de los dirigentes gremiales. Estas reglas, justamente, permiten que si un trabajador convocado se contagia fuera del ámbito laboral, como sería este caso caso, se sepa inmediatamente como informar y establecer la cadena epidemiológica. Esta precisión se perdería si ingresan personas no autorizadas”, indicaron en el comunicado del Poder Judicial.

Continuar leyendo

Gremios

Sitrajur denuncia que hay un caso de Covid-19 en el Poder Judicial de Roca

El gremio recomienda a los trabajadores no asistir al edificio. Este martes se realizará una desinfección general en el lugar.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales de Río Negro (Sitrajur) alertó que se habría producido el primer caso de COVID-19 en la Ciudad Judicial de General Roca. “Ante la lamentable novedad, recomendamos a trabajadores y trabajadoras de Roca, que no concurran a la Ciudad Judicial hasta tanto no se garanticen las medidas de sanitización profunda del edificio, no se garanticen todas y cada una de las medidas de higiene y bío seguridad, tanto como todos los insumos indispensables para la prevención del contagio de Covid-19”, manifestaron en un comunicado de prensa desde el gremio.

“Lamentamos llegar a esta situación, más cuando desde el inicio de la pandemia y del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) estuvimos pidiendo la constitución de un comité de crisis en el ámbito del poder judicial, más tarde el adelantamiento de las paritarias, después ante la suspensión injustificada de las paritarias fijadas, insistimos con un nuevo llamado el que sistemáticamente fue contestado por la negativa desde la Secretaría de Estado de Trabajo que encabeza Jorge Stopiello”, agregaron.

“No especulábamos cuando reiteradamente le decíamos al STJ que faltaban elementos, que no era prudente una apertura, que se violaban los principios de la cuarentena, hasta el punto de No permitirse el ingreso del sindicato a los edificios para corroborar el estado de los edificios ante el llamado a retomar tareas, aun cuando se lo hacía con inspectores de la Secretaría de Trabajo. Siempre dijimos que era una decisión apresurada que se hacía más como represalia al Sitrajur que como respuesta a una demanda social. Se llegó al colmo de la irracionalidad cuando Piccinini (presidenta del STJ) denuncia penalmente a nuestrxs compañerxs para  impedir el ingreso y el trabajo gremial y que no verificáramos las diversas irregularidades. Por ello resulta sumamente pertinente y necesario que se realice el juicio político a Liliana Piccinini a quien hacemos responsable de la salud de todos los compañeros judiciales y de un posible rebrote de la enfermedad, y la convocatoria urgente a paritarias en el ámbito Judicial para tratar las medidas necesarias para resguardar la salud de todos quienes concurren a tribunales”, concluyeron desde la Comisión Directiva de Sitrajur.

Continuar leyendo

Judiciales

Bullying: Youtube debió borrar videos que un adolescente rionegrino subió cuando era niño

La Justicia ordenó a la red social que baje las imágenes ya que el joven era hostigado por sus compañeros de escuela por esos videos.

Un fallo ordenó a Youtube la eliminación de videos que habían sido publicados por una persona cuando era niño. La disposición llegó tras el pedido del propio usuario, hoy adolescente, que al olvidar la contraseña no podía borrar de la red esas filmaciones. El joven era hostigado por sus compañeros con esos videos antiguos.

La orden se dictó durante el contexto de aislamiento social obligatorio, utilizando las herramientas digitales que el Poder Judicial tiene para la atención remota.

Con la intervención del departamento de Informática Forense del Poder Judicial se requirió la eliminación de los videos que se detallan y a los pocos días, Google respondió que la orden había sido cumplida.

“El bullying es una problemática social que causa dolor, humillación y daño a niños, niñas y adolescentes; afectando su desarrollo, aprendizaje y su futuro” consigna un fallo de un juzgado de Familia de Bariloche que priorizó el interés superior de un adolescente y resolvió una medida cautelar autosatisfactiva.

La jueza interviniente consideró que, en la actualidad estas publicaciones colisionan con su derecho a la intimidad. La sentencia destaca que “si bien fue él mismo quien creó esa cuenta de YouTube, la imposibilidad de poder borrarla, genera un perjuicio que debe ser reparado”.

La presentación fue realizada por los padres del joven, quienes advirtieron en el marco de la emergencia sanitaria y la cuarentena, que el adolescente mostraba una conducta con intensos cambios emocionales, se retraía cada vez más, y no mostraba interés por nada.

En forma posterior el adolescente pudo manifestar que el malestar se debía a que algunos compañeros de colegio habían accedido a los videos que había grabado cuando era un niño y los posteaban en redes sociales o en whatsapp, burlándose y haciéndolo objeto de ridiculización y hostigamiento.

Si bien se realizaron intentos de eliminar los videos, no se pudo, toda vez que YouTube requiere ingresar con la dirección de correo y contraseña original, direcciones que hoy no recuerda porque la misma fue creada cuando tenía el joven tenía 8 años.

Previa conformidad del defensor de Menores interviniente, el fallo señaló que se encuentra debidamente acreditada la verosimilitud del derecho en la documentación acompañada y surge evidente la urgencia del caso, teniendo en consideración que el bullying es una problemática social que causa dolor, humillación y daño a niños, niñas y adolescentes; afectando su desarrollo, aprendizaje y su futuro. “Considero también que el bien jurídico intimidad va mutando su contenido y sus facultades jurídicas que derivan del mismo al compás del desarrollo tecnológico”, expresa la sentencia.

Continuar leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad