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Planes de ahorro: para la Justicia el amparo no es la vía

El máximo tribunal ratificó que el caso se enmarca en la Ley de Defensa del Consumidor.

El Superior Tribunal de Justicia consideró que el caso de los los planes de ahorro para adquirir autos cero kilómetros no debe canalizarse a través de un amparo, sino por otras vías. En primer término, porque se advierten intereses heterogéneos y situaciones de distinta índole entre los ahorristas. A su vez, el máximo tribunal ratificó que el caso se enmarca en la Ley de Defensa del Consumidor.

La resolución del STJ se da en el contexto de un expediente tramitado en Viedma. Sin embargo, por la obligatoriedad de aplicación de los fallos del STJ, esta decisión encausará diversas sentencias, e incluso contradictorias, que formularon juzgados a lo largo y ancho de la provincia para planteos similares. En Viedma, Choele Choel, Bariloche, Cipolletti y Roca se dictaron medidas distintas: retrotraer las cuotas a 2018, que no rebasen el 50% de aumento, denegatoria de los requerimientos y que no superen un porcentaje de los ingresos, entre otras.

Primera circunscripción

Con esa decisión, el STJ revocó la medida cautelar que había dictado el juez de primera instancia, quien había ordenado a las empresas retrotraer el valor de las cuotas a abril de 2018. Esta disposición regía no solo para quienes habían realizado la presentación, sino para todos los que hubieran contratado planes de ahorro para adquirir 0 kilómetros en Viedma y las ciudades de la primera circunscripción judicial. Justamente, el máximo Tribunal desestimó la vía del amparo colectivo porque quienes impulsaron el planteo no pueden representar las situaciones heterogéneas de la totalidad de los ahorristas.

En su fallo, el Superior Tribunal rechazó el planteo de algunas de las empresas de planes de ahorro respecto a que no se trataba de una relación de consumo. Para el STJ, “el contrato de ahorro para fines determinados es un contrato de consumo conforme a las pautas que surgen de la Ley 24240 de defensa del consumidor y del art. 1092 del Código Civil y Comercial de la Nación”.

Sin embargo, el máximo Tribunal argumentó que “no es el amparo y muchos menos el colectivo, la vía idónea para articular reclamos individuales de consumidores que puedan verse afectados por el valor de las cuotas de los planes de ahorro”.

Tampoco es la vía para “para alterar el status contractual de los planes de ahorro previo” más teniendo en cuenta con esta medida “se afecta los derechos de terceros en igualdad de condición que los actores beneficiados de la cautelar”. El voto rector destaca que “la sentencia aquí impugnada se equipara a definitiva, en tanto hizo lugar al objeto principal de la pretensión”.

Existen otras vías propicias

Los cinco jueces coincidieron en la revocación de la medida inicial, pero por distintos motivos. El fallo tuvo tres votos coincidentes que hicieron lugar al agravio que no se trataba de un juicio colectivo, en tanto que otros dos votos fueron en minoría y, en coincidencia con la opinión del Procurador General, propusieron que el caso se derive a la Justicia Federal por razones de competencia.

“Existen vías procesales específicas que propician un adecuado debate y pleno conocimiento del asunto, pudiendo los amparistas ventilar sus pretensiones mediante acciones individuales en un juicio de conocimiento como lo prevé la Ley de Defensa del Consumidor y, de existir alguna homogeneidad identificable en nuestro derecho público, se prevé la acción por intereses individuales homogéneos”, expresó el máximo tribunal.

Situaciones heterogéneas

El STJ destacó la “heterogeneidad de situaciones” individuales descriptas en la demanda, “lo que imposibilita su calificación bajo la naturaleza jurídica del proceso colectivo que se pretende”. En este marco, tampoco es posible que una o pocas personas estén legitimadas a representar a la totalidad de las heterogéneas situaciones de los ahorristas.

El voto rector describió que entre los contratantes de los planes de ahorro hay “personas humanas y personas jurídicas, comerciantes y personas que no ejercen el comercio, profesionales y personas que no lo son, personas con condiciones tributarias diferentes, personas que pagan puntualmente sus cuotas y personas que están en mora en el pago de aquellas, personas que fallecen operando los seguros de vida contratados, personas que ahorran para vehículos de precios muy disimiles; personas con domicilio en Viedma, Guardia Mitre, San Javier, Conesa, Valcheta, Sierra Grande, San Antonio Oeste, y personas con domicilio en otras jurisdicciones, etc”, resultando improcedente “agruparlos de modo homogéneo” y otorgándole la representación de una sola persona, como se pretendió en el proceso.

“La diversidad de situaciones y supuestos disimiles respecto de los usuarios que integran el citado colectivo, vinculadas a los contratos de planes de ahorro previo suscriptos, sus cláusulas específicas y las particularidades en la contratación con las diferentes sociedades demandadas -en cuanto a modalidades de planes, vigencia, valores de alícuotas, etc.- impiden dar igual trato a situaciones heterogéneas”, concluyó el STJ.

El máximo Tribunal puso el acento en “el impacto de la medida respecto de aquellos adherentes al plan de ahorro que no han formulado reclamo ante la justicia y que se verán perjudicados en razón de que el congelamiento de las cuotas impedirá la recaudación de los fondos necesarios para la adquisición de los automotores que se deban adjudicar en el grupo o para la devolución de los aportes de suscriptores renunciantes o rescindidos”.

Judiciales

Pasantías judiciales 2020: asignaron sus lugares a 50 estudiantes de la FaDeCS

Los futuros pasantes realizarán sus experiencias en organismos judiciales de Roca, Regina y Cipolletti.

En una nueva instancia del convenio de pasantías educativas que vincula al Poder Judicial de Río Negro y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, este viernes se realizó en Roca la reunión general para asignar a cada estudiante el organismo judicial donde cumplirá su experiencia laboral-educativa el próximo año.

Encabezaron el acto el juez designado por el Poder Judicial y docente de la carrera de Derecho, Daniel Tobares; la vicedecana de la Fadecs, María Raquel Calvo; Silvia Berry por la Secretaría de Extensión de la Fadecs; la representante local del área de Gestión Humana del Poder Judicial, Teresa Dinamarca; el tutor académico por el Departamento de Derecho Público de la Fadecs, Fabián Rojas; la docente Mariela Garabito por el Departamento de Derecho Privado, y la alumna Bárbara Stefania Fuentes Contreras por el Centro de Estudiantes.

El proceso de pasantías comenzó con la convocatoria abierta y la inscripción voluntaria de los estudiantes, seguida de la elaboración de un orden de mérito de los inscriptos por parte de la Universidad, en función de la cantidad de materias aprobadas y el promedio general de los interesados, teniendo en cuenta la cantidad de organismos judiciales con disponibilidad en Roca, Regina y Cipolletti.

Este viernes (15/11), finalmente, se realizó una reunión ampliada en el Auditorio de la Ciudad Judicial con la presencia de los 50 estudiantes convocados, para establecer el destino que se asignará a cada uno dentro del Poder Judicial, definido principalmente según sus perfiles, su ubicación en el orden de mérito y la preferencia de fuero manifestada por los pasantes.

La distribución fue de seis estudiantes para las dos Cámaras Laborales de Roca; dos para la Cámara Civil de Apelaciones; cinco para los Juzgados Civiles de Primera Instancia de Roca; seis para los dos juzgados de Familia de Roca; cuatro para las Defensorías de Pobres y Ausentes del fuero Civil; uno para el Centro Judicial de Mediación; once para las distintas Unidades Fiscales del fuero Penal; uno para la Fiscalía de Villa Regina; uno para la Defensa Penal Pública; dos para el Juzgado de Ejecución Penal, tres para las Oficinas Judiciales de Roca y Regina y una para el Juzgado de Paz de Roca.

En total son 43 futuros pasantes que realizarán sus experiencias en organismos judiciales de Roca y Regina, más 7 que serán próximamente asignados a organismos judiciales de Cipolletti.

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Judiciales

Identificaron a dos personas más por amenazas de bomba en escuelas

A uno de se le formularán cargos en las próximas semanas y la otra es una niña de 13 años por la que citarán a sus padres.

En la última semana, el Ministerio Público identificó a tres personas que habrían realizado llamadas a instituciones escolares, advirtiendo sobre la existencia de bombas en las mismas. Se trata de alumnos de los Centros de Educación Media damnificados de las ciudades de General Roca y Bariloche.

En cuanto a los adolescentes del Alto Valle, en relación a su edad, a uno de ellos se le formularán cargos en las próximas semanas y en el caso de la niña, de 13 años identificada hoy, se citará judicialmente a sus progenitora para hacerle conocer las responsabilidades que el accionar de su hija implica, por ser ella la titular de la línea utilizada para efectuar el llamado.

En tanto, ayer (13/11), en la ciudad de San Carlos de Bariloche, se realizó un allanamiento a una vivienda particular en la que se secuestró un teléfono celular, a partir de allí se determinó que quien realizó el llamado sería un adolescente de 15 años con quien se reiterará este último temperamento.

Ante la reiteración de este tipo de sucesos, en los últimos días los nuevos casos se sustanciaron directamente en la justicia provincial, toda vez que en las requisas que se efectúan en los edificios no se encuentra explosivo alguno. De esta forma se agilizaron los legajos permitiendo una rápida intervención de las fiscalías de Delitos especiales y contra la administración pública que dan inmediata participación a la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones dependiente de la Procuración General. Este área trabaja en la identificación de los números de teléfonos, realizan entrecruzamientos de llamadas, analizan patrones e inician consultas formales con las empresas de telefonía para poder verificar el lugar desde el cual provino la comunicación y luego de ello, identificar quién la realizó.

En muchos casos, aún si las líneas tienen la titularidad bloqueada o ficticia (porque se realizan desde chips comprados para tal fin), las técnicas con las que cuenta la Oitel permiten rastrear las llamadas, más allá de estas posibles anulaciones de números telefónicos que se realizan creyendo que de esta forma puede eludirse el accionar de la justicia.

En todos los casos desde la Fiscalía se da intervención a la Defensoría de Menores.

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Judiciales

Abusos en la Escuela 38: Bernel fue declarado culpable

Ahora resta determinar el monto de la pena. El ex docente continuará detenido.

Foto: Ahí Vamos.

El ex maestro de primaria Javier Marcelo Bernel fue declarado hoy (14/11) culpable de 10 hechos de abuso sexual cometidos contra niñas de entre 8 y 10 años que fueron sus alumnas en dos escuelas de Roca.

El Tribunal integrado por los jueces María Evelina García Balduini, Gastón Martín y Laura Pérez declaró al imputado autor penalmente responsable del delito de “abuso sexual simple, agravado por ser el encargado de la educación” de 10 niñas. En nueve de los casos la decisión fue por unanimidad, mientras que en uno fue un veredicto dictado por mayoría.

“El Tribunal, conforme las pruebas y las evidencias aportadas por el Ministerio Público Fiscal y la Defensa, que han sido apreciadas, valoradas, de acuerdo al sistema de libre convicción que prevé el Código Procesal Penal, ha arribado a la siguiente conclusión: por unanimidad, la culpabilidad de Javier Marcelo Ramón Bernel (…) como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la educación, reiterado en 9 víctimas menores de edad, y en un número indeterminado de veces. Y la absolución del nombrado en orden al hecho nominado 8, en perjuicio de la menor (…), por atipicidad de la conducta. Y por mayoría se declara la culpabilidad del nombrado en orden al hecho nominado 7, calificándolo como tentativa de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la educación, el cual concursa en forma real con los anteriores hechos”, explicó la jueza María Evelina García Balduini en la lectura del veredicto.

La magistrada aclaró que en la audiencia de hoy sólo se daría a conocer el resultado de la deliberación, ya que la exposición de los fundamentos y la lectura de la sentencia completa está prevista para una instancia posterior.

Por otra parte, ya declarada la culpabilidad del imputado, la próxima etapa del proceso es el juicio de cesura, en el que la fiscal Belén Calarco y la defensora particular Bruna Zarlenga expondrán sus pruebas y alegatos para que el tribunal determine el monto de la pena de prisión que corresponderá cumplir al imputado, dentro de la escala penal prevista para el concurso de delitos comprobados. Cabe señalar que en el caso, la pena mínima legal es de 3 años de prisión, según lo disponen el artículo 119 (primer párrafo, cuarto párrafo inc. b) y último párrafo) del Código Penal y el artículo 55 del mismo Código.

Los hechos

De los 10 hechos acreditados, según la acusación que sostuvo la Fiscal Calarco, uno ocurrió en 2013 en una escuela del barrio Islas Malvinas de Roca, donde el docente realizó una suplencia, mientras que los restantes ocurrieron en 2014, 2015 y 2018 en una escuela de Stefenelli. Todas las víctimas tenían entre 8 y 10 años al momento de los hechos y eran alumnas del imputado.

El juicio oral se realizó a puertas cerradas, en resguardo de la identidad de las víctimas, a lo largo de nueve audiencias realizadas entre el 28 de octubre y el 11 de noviembre. El Tribunal, presidido por el juez Gastón Martín, escuchó un total de 39 testimonios, entre las declaraciones en cámara gesell de las niñas, los relatos de sus familiares, las declaraciones de peritos y profesionales de cuerpos técnicos del Poder Judicial, docentes, directivos, integrantes del ETAP y otras personas relacionadas con el caso.

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