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Crimen de Etchegaray: Dos sujetos fueron condenados a 11 y 13 años de prisión

Tras efectuar varios disparos ultimaron a un hombre e hirieron gravemente a su hermano. El hecho ocurrió en marzo pasado en la zona norte de Roca.

Un Tribunal de Juicio condenó este jueves (7/11) a dos hombres como coautores del homicidio de Carlos Omar Etchegaray y del intento de homicidio de su hermano Fernando, ocurridos la noche del 9 de marzo pasados en Roca.

El pasado lunes se realizó una audiencia en la que el fiscal Luciano Garrido y la defensora penal de los imputados, Flavia Rojas, expusieron un acuerdo sobre la calificación legal de los hechos y el monto de las penas. Los dos imputados dijeron en esa audiencia que “reconocían la responsabilidad del hecho” y que aceptaban la calificación legal.

El tribunal, integrado por los jueces Daniel Tobares, Emilio Stadler y Natalia González, analizó en detalle el alcance de ese acuerdo y este jueves lo homologó con fuerza de sentencia, condenando a Silverio Raúl Colicheo y a Gustavo Pereira como coautores de los delitos de “homicidio y homicidio en grado de tentativa, ambos agravados por el uso de arma de fuego, con portación de arma de guerra sin la debida autorización legal, todo en concurso real”. Para ambos, la pena acordada fue de 11 años y 11 meses de prisión efectiva, más inhabilitación para tener o portar armas de fuego por el doble de tiempo, accesorias legales y costas.

En el caso de Colicheo, el Tribunal declaró su reincidencia por tercera vez, mientras que a Pereira le impuso la pena única de 13 años de prisión porque unificó esta nueva condena con dos anteriores, que habían sido dictadas en suspenso y que ahora se suman a la pena mayor de cumplimiento efectivo. Se trata de una condena dictada en marzo por la Justicia Federal de Roca, por una infracción a la Ley de Estupefacientes, y una condena dictada en abril por un juez provincial por el delito de tenencia de arma.

El acuerdo aprobado por los jueces se convirtió inmediatamente en sentencia firme, puesto que todas las partes renunciaron a los plazos procesales para interponer cualquier tipo de recurso.

El hecho

El ataque a los hermanos ocurrió en la calle Tortolitas al 3300 de Roca en marzo pasado, cuando los dos autores llegaron hasta el lugar a bordo de un auto VW Gol rojo y efectuaron disparos contra las víctimas con una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre 38, en la vía pública. Carlos Echegaray falleció en el acto producto del impacto de cinco proyectiles en su cuerpo. En tanto que su hermano sufrió un disparo cuando impactó su auto Fiat Duna contra el auto desde el que los autores estaban cometiendo el ataque.

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Roca: concurso para Juzgado Civil de primera instancia

Es ante la jubilación de la jueza María del Carmen Villalba. La inscripción estará habilitada hasta el 6 de marzo.

El Consejo de la Magistratura llamó a concurso para cubrir la titularidad del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 1 de Roca, ante la jubilación de la jueza María del Carmen Villalba. La inscripción estará habilitada hasta el 6 de marzo.

Los requisitos de postulación son: haber cumplido 30 años de edad, ser de nacionalidad argentina con cinco años de ejercicio de la ciudadanía y dos años de residencia en la provincia y contar con al menos cinco años de ejercicio en la abogacía, la magistratura o el funcionariado del Poder Judicial.

Como todo concurso de oposición y antecedentes para ese tipo de cargos, los postulantes deberán cumplir un examen psicofísico, una evaluación de antecedentes, un examen de oposición y una entrevista final ante el Consejo de la Magistratura.

El llamado a concurso responde a la Resolución 74/19-CM. Las consultas pueden canalizarse por correo electrónico a consejomagistratura@jusrionegro.gov.ar o telefónicamente a 02920 41008/ 4410019.

En el sitio web del Poder Judicial, www.jusrionegro.gov.ar, sección “Concursos para Magistrados y Funcionarios Judiciales” se debe completar vía electrónica el formulario inicial de inscripción. Dicho formulario (impreso y firmado), junto con una foto carnet y la totalidad de la documentación correspondiente deberá presentarse en la sede del Consejo de la Magistratura, en Colón 154 de Viedma hasta las 13.30 del 6 de marzo próximo. La entrega de la documentación puede hacerse personalmente, por correo postal o por persona autorizada.

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La Justicia ratificó que cualquier cartel de pare elimina la prioridad de quien circula por derecha

Así lo determinó la Cámara Civil de Apelaciones de Roca tras un siniestro que sufrieron dos motociclistas.

La Cámara Civil de Apelaciones hizo lugar a la demanda de dos motociclistas que fueron embestidos en una esquina de Roca por un auto que venía por su derecha. Si bien la prioridad de paso de quien circula por la derecha es conocida como “la regla de oro” del tránsito, en el caso particular existía un cartel de PARE que obligaba a la conductora del coche a ceder el paso a quien se aproximaba por su izquierda.

El choque se produjo en el céntrico paseo del Canalito de Roca. El auto circulaba de oeste a este por calle Isidro Lobo (en un sector donde existía una escuela, había un lomo de burro a mitad de cuadra y un cartel indicador de PARE poco antes de la equina), mientras que la moto descendía del puente del Canalito por calle Misiones, en sentido norte – sur.

Teniendo en cuenta el particular diseño urbanístico de la ciudad, que está atravesada por varios canales de riego (el Canal Grande y el Canalito son los más importantes), el Código de Tránsito de Roca ya tenía vigente al momento del choque una excepción propia a la “regla de oro”. Esa ordenanza preveía que la prioridad de paso de la derecha “se pierde (…) cuando: se circule al costado de un canal, respecto de quien sale del puente”.

La conductora del auto reclamó la inconstitucionalidad de esa ordenanza, pero para la Cámara no fue necesario adentrarse en esa cuestión porque la respuesta al caso ya estaba dada por la Ley Nacional de Tránsito, cuya validez no fue cuestionada.

“En el caso, estaba el cartel de PARE y en consecuencia la prioridad de paso en favor de quienes circulan por la calle Misiones no sólo surge de la norma local, sino también de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449”, sostuvo el Tribunal. Es que el art. 36 de la Ley define en qué orden que se deben respetar las indicaciones de tránsito al circular: primero, lo que indique “la autoridad de comprobación o aplicación” (cuando un agente se encuentra personalmente dirigiendo el tránsito en un lugar determinado); segundo, las señales del tránsito (es el caso de los carteles de PARE, “ceda el paso” y otros), y tercero, las normas legales del tránsito (el sistema general de prioridades de paso que definen las leyes de tránsito nacionales, provinciales y/o municipales).

Así, la Cámara definió: “Aun cuando la prioridad fuere para los que llegan a la encrucijada por la derecha, cuando -como el caso- existe un visible cartel de PARE, la prioridad la determina tal señalización. Ésta opera como un semáforo que está en rojo y en consecuencia el conductor debe detener la marcha para continuarla sólo si verifica que no tiene obstáculo. Y es claro que en el caso la demandada (conductora del auto) no tenía la vía expedita, pues (…) embistió a la actora (los motociclistas), dando con el frente de su vehículo el lateral de la moto”.

Sobre la validez de la Ordenanza, la Cámara analizó que su constitucionalidad “podría discutirse” si afectase “cuestiones generales del tránsito o que pudieren alterar el tráfico interurbano o interprovincial (…) o vías de circulación nacionales, pero no en casos como el que nos ocupa, vinculado a aspectos muy puntuales y propios del tráfico local, como la dirección de las calles y las prioridades para la circulación. Normas que, por otra parte, sin duda alguna contribuyen al mejoramiento de la circulación vehicular frente a algo muy propio del lugar, como es la existencia de canales que atraviesan el casco urbano de la ciudad con puentes en altura, similares a los cruces de las vías del ferrocarril. Se llena así, inteligentemente, un claro vacío de la normativa nacional, aplicando los principios que guían la misma”.

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Causa IPROSS: Embargo e inhibición de bienes a los siete imputados

Además, cada quince días deberán presentarse en Tribunales.

Finalizó este lunes (17/02) la audiencia para definir las medidas cautelares en torno al grupo de farmacéuticos de Roca que están imputados por presuntas defraudaciones reiteradas a la obra social estatal IPROSS.

En la audiencia del pasado viernes (14/02) la jueza de Garantías Natalia González tuvo por formulados los cargos contra las siete personas imputadas e hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público Fiscal. Así, dispuso que por el plazo de 4 meses deberán presentarse de manera quincenal en Tribunales, para acreditar que permanecen a derecho; les prohibió la salida del país y les prorrogó, también por 4 meses, el embargo de bienes que ya estaba vigente y que actualmente está depositado en una cuenta judicial. Se trata de pagos que el IPROSS había girado al Colegio de Farmacéuticos para que sean distribuidos entre las farmacias investigadas, correspondientes a las liquidaciones de ventas de medicamentos de cada comercio en el primer trimestre de 2019.

En la audiencia de este lunes la jueza finalizó la resolución, haciendo también lugar a las medidas cautelares que había requerido la Fiscalía de Estado, representante de la Administración Pública provincial como parte querellante.

En tal sentido, dispuso por el término de 4 meses la inhibición general de bienes de las siete personas imputadas. La medida se inscribirá en los Registros de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Río Negro y Neuquén, así como también en la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor. La inhibición implica que por el plazo establecido no podrán desprenderse de ninguno de los bienes inmuebles o vehículos que se encuentren a su nombre.

La parte querellante había solicitado esa medida para “evitar que se consolide el provecho” del presunto delito cometido. La jueza coincidió en que la inhibición de bienes permite evitar una eventual insolvencia del patrimonio de las personas investigadas para que, llegado el caso, puedan responder por los montos que se atribuyan a cada uno por la defraudación. En la audiencia se aclaró que la inhibición de bienes podrá ser sustituida si cada uno de los imputados ofrece a embargo bienes suficientes para cubrir las sumas que se les imputaron en la formulación de cargos.

La segunda medida de este lunes fue la ampliación del embargo preventivo del dinero girado por IPROSS al Colegio de Farmacéuticos para el pago de las supuestas ventas de medicamentos en las farmacias investigadas. El embargo original sólo comprendía el primer trimestre de 2019. Esta nueva cautelar no se limita a ese período sino que alcanza a todas “aquellas sumas de dinero que el Colegio de Farmacéuticos haya recibido por parte de IPROSS para ser pagadas a todos los imputados en función de los convenios de prestación vigentes y/o a las farmacias por ellos oportunamente dirigidas”. El embargo se dictó por el término de 4 meses “y hasta cubrir la suma de dinero expuesta en la imputación para cada uno de ellos”.

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