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Abusos en la Escuela 38: Bernel se declaró inocente

La Fiscalía y la querella solicitaron culpabilidad del acusado por 9 casos de abuso sexual simple agravado.

Foto: Gentileza diario Río Negro.

Esta mañana la fiscal jefe Teresa Giuffrida y la fiscal del caso Belén Calarco sostuvieron su teoría del caso y solicitaron la declaración de culpabilidad para el ex docente de la Escuela 38 de Stefenelli, por 9 casos de abuso sexual simple agravado y 2 en grado de tentativa del mismo delito.

“Tras haber escuchado la prueba que se produjo durante este debate, se encuentran sumamente acreditados los hechos en cada una de las once niñas. La teoría de la fiscalía no ha podido ser derribada de ninguna manera”, comenzó Calarco.

“Los hechos ocurrieron, la responsabilidad le compete únicamente al imputado y su intencionalidad ha quedado totalmente probada”, dijo.

El equipo de la Fiscalía solicitó la declaración de culpabilidad para el imputado por la calificación legal por la que formuló cargos, es decir la de “abuso sexual simple agravado por ser encargado de la educación, reiterado -9 víctimas menores de 13 años-, en un número indeterminado de oportunidades, al menos 20 oportunidades, en concurso real con abuso sexual simple, agravado por ser encargado de la educación en grado de tentativa- 2 víctimas menores de trece años- dos hechos”.

Giuffrida explicó al Tribunal que “hablamos de abuso sexual simple ya que las niñas sintieron vulnerada su integridad sexual y su pudor, a raíz de los tocamientos en el cuerpo, y no se le puede asignar otro carácter que no sea el sexual. Teniendo presente la edad del sujeto, las zonas que lo hizo, y las frases que acompañaba esas acciones se fortalece la figura legal escogida”.

“Tenemos entonces nueve hechos consumados, y dos en tentativa, donde el autor no alcanza a consumar el delito por circunstancias ajenas a su voluntad. Además el agravante se da por ser el imputado el encargado de la educación, de allí previene la mayor punibilidad que le da el código penal”, mencionó la fiscal jefe.

Durante sus alegatos de pedido de responsabilidad penal, Calarco repasó caso por caso, a través de las Cámaras Gesell, de las pericias psicológicas realizadas por el Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial, de la intervención de la ETAP, de la declaración de los progenitores.

“Es unánime el informe de las Cámaras Gesell que dice que los relatos no tienen animosidad ni tienen fisuras. Las niñas entendían que lo que hacía su docente estaba mal, pero no tenían las herramientas para contar y referir esto a la maestra, a sus madres, a sus padres, porque es tan finita la línea entre el bien y el mal aquí, tan finita, porque las niñas piensan: ‘alguien que me tiene que cuidar, alguien a quien veo todo el año, que me brinda educación, que me acompaña, puede tener demostraciones de afecto’, pero es muy difícil que el niño distinga entre el bien y el mal. Así lo reseñaron las psicólogas del Poder Judicial, es muy difícil a tan corta edad”.

Calarco en su alegato señaló que “en la Cámara Gesell las niñas pudieron describir situaciones y frases con connotación sexual de parte de su maestro. Lo llamativo es que todas dijeron lo mismo, tanto las niñas del mismo curso, como las de los otros años, como la del otro colegio”.

“Lo sostuvieron en la declaración testimonial, luego en la pericia psicológica, en la entrevista del sumario administrativo que concretó Educación, con sus progenitores, con la directora, con la vicedirectora. El relato de las nenas para esta fiscalía es incuestionable”, dijo la fiscal.

“Algunas de las niñas expresaron temor y sufrimiento cuando se dieron cuenta de los tocamientos, las frases, las expresiones de que las iba a desaprobar si no se subían a su falda a corregir la tarea, las respiraciones rápidas y entrecortadas cerca de la cara”.

“Definitivamente fue la clase de Educación Sexual Integral (ESI) el disparador de todo esto, inmediamente después pudieron darse cuenta que lo que les pasaba estaba mal y lo contaron, y allí se inició todo esto”, fortaleció Belén Calarco

“Recordemos que el abuso sexual se puede concretar por la asimetría etaria, por la posición de poder, en este caso como docente y como adulto. Seamos conscientes que un niño no puede repeler un abuso sexual, porque no lo reconoce, no comprende qué es lo que busca el adulto con sus actitudes”.

Calarco cerró su intervención expresando que “el abuso sexual en el aula por parte de este docente era sistemático y recurrente, cuando se acercaban las niñas al escritorio a corregir una tarea, la acción que seguía era un tocamiento”.

Por su parte, la defensa particular del imputado solicitó la absolución de su asistido.

La sentencia del veredicto de responsabilidad penal a cargo del Tribunal de Juicio conformado por los jueces Gastón Martín, Maria Evelina García Balduini y Laura Pérez se conocerá el próximo jueves 14 de noviembre a las 12.00.

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Imputaron a cuatro médicos del Hospital por homicidio culposo

Es por la muerte de Stella Maris Vega, quien falleció en julio después de una ligadura de trompas.

El fiscal del caso Luciano Garrido imputó a cuatro médicos del Hospital Francisco López Lima el delito de homicidio culposo cuya víctima fatal resultó Stella Maris Vega.

Según la acusación fiscal, “la señora se internó el 10 de julio en el nosocomio para someterse a una operación de ligadura de trompas de Falopio, a través de una laparoscopía. La misma fue concretada, pero registró dolor abdominal y fue intervenida nuevamente, ingresando en la Unidad de Terapia Intensiva con shock séptico, produciéndose su deceso el día 14 de julio a las 10.48 de la mañana por un paro cardiorespiratorio”.

El sustento probatorio con que cuenta la Fiscalía para esta instancia procesal es, entre otros, la denuncia penal realizada por la pareja de la víctima, la autopsia realizada por el Cuerpo de Investigación Forense, las copias de los estudios de laboratorio e historia clínica, el informe de revista respecto de la condición de médicos de los imputados.

Tanto la defensora pública penal, Flavia Rojas, como el resto de las defensas particulares no presentaron objeciones a la formulación fiscal y sus asistidos se abstuvieron de declarar en esta instancia.

Tras ello, el juez de Garantías interviniente, Julio Martínez Vivot, tuvo por formulados los cargos por el delitos de “homicidio culposo” (Art. 45 y 84 del Código Penal) y estableció un período de investigación de 4 meses.

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Judiciales

Pidieron 13 años de prisión para Bernel

El veredicto se conocerá el próximo miércoles.

Esta mañana (6/12), la fiscal jefe Teresa Giuffrida y la fiscal del caso Belén Calarco solicitaron la pena de 13 años de prisión efectiva para el ex docente de la Escuela 38 declarado culpable de abuso sexual simple agravado.

Sumado a la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer la docencia en todas sus formas, y la inscripción en el Registro de abusadores nacional y provincial en el marco de las Leyes N° 26.879 y N° 5.115.

“El Tribunal de juicio ha declarado culpable al imputado de 10 hechos de abuso sexual simple, que conllevan el agravante de ser el encargado de la educación de las víctimas, y el hecho de abuso sexual simple en grado de tentativa con la misma calificante, es decir que estamos en presencia de por lo menos 20 hechos”, manifestó Calarco.

“No encuentro más atenuantes para el imputado que no cuenta con antecedentes penales computables, tiene arraigo, y tiene familia a cargo. Los agravantes son varios, entre ellos que los hechos han sido realizados contra niñas y por ser su docente”.

“No podemos dejar de señalar que este delito es el segundo hecho más grave considerado en el Código Penal, son abusos simples pero agravados por las circunstancias en que sucedieron. Agregamos que hubo pluralidad de victimas, reiteración de hechos, que todas al momento de los abusos oscilaban en los 9 años, eran muy pequeñas, muy vulnerables frente a este adulto, que era un referente”, detalló la Fiscalía.

“Este hombre además de los abusos ejerció violencia física y verbal, sistemática, contra las propias victimas como a los testigos de estas circunstancias. Humillaba, amedrantaba, amenazaba a todos sus estudiantes”, mencionó.

“Para merituar la pena, hay que tener presente el espacio donde él concretó los delitos: en un espacio público, durante clases, cuando estaba cuidando del recreo, durante el ciclo escolar. Hizo aprovechamiento de estas circunstancias, y manejó este lugar a su antojo”, enumeró Calarco.

“El docente tenía la edad y la educación suficientes como para entender lo que estaba haciendo. Todo nos lleva a describir que hablamos de una conducta serial, y lo ubica en el lugar de peligroso”, culminó la representante del Ministerio Público Fiscal.

Respecto del daño, la fiscal jefe Teresa Giuffrida solicitó que se tenga en cuenta lo declarado hoy por el psicólogo, en relación a cómo ha visto a las niñas durante su tratamiento.

“El especialista dijo que había un factor fundamental en la edad de las víctimas, que cuando más pequeñas son más consecuencias hay. Además explicó que hay que tener en cuenta el vínculo, que también agrava la situación psicológica de las nenas”, dijo Giuffrida.

Finalmente, “en cuanto a la extensión del daño, el psicólogo destacó, y pedimos que sea considerado, que existe desestructuración en la vida cotidiana de las niñas y desvalorización del propio cuerpo”.

La defensa particular del imputado solicitó su absolución, sosteniendo su inocencia, “como durante todo el proceso, además esta parte realizará todos los recursos e impugnaciones que hagan al derecho de mi defendido”, dijo.

La lectura del veredicto de pena será el próximo miércoles (11/11), a cargo del Tribunal de Juicio compuesto por los jueces Gastón Martín, María Evelina Garcia Balduini y Laura Perez.

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Buscan alternativas judiciales para pacientes internados en Valle Sereno

Se realizó una nueva audiencia para avanzar en el proceso de externación.

Se realizó una nueva audiencia interinstitucional para avanzar en el proceso de externación de las personas que se encuentran internadas involuntariamente en el Instituto Valle Sereno de Roca. Este tercer encuentro fue convocado por la jueza de Familia de Roca, Andrea Tormena, quien tiene a su cargo el expediente judicial destinado a adecuar las condiciones de tratamiento de ese grupo de personas, a las que se debe garantizar una pronta externación y acompañamiento domiciliario o en instituciones “de medio camino”.

La premura por concretar las externaciones responde a que, en función de los nuevos estándares afianzados por la Ley de Salud Mental y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las mayoría de ellos no cumple con los extremos que autorizan una internación forzosa. Si bien integran un colectivo especialmente vulnerable en razón de discapacidades o trastornos de salud mental graves, no se trata de pacientes que representen “riesgo cierto e inminente para sí mismos o para terceros” ni padecen estados de “descompensación aguda”, únicos supuestos en los cuales la ley permite mantener una internación no voluntaria.

En esta oportunidad la reunión se instrumentó con una videoconferencia entre Viedma y Roca. Desde la capital provincial participaron la jueza Tormena, quien se encontraba allí por razones de servicio; el Defensor General del Poder Judicial, Ariel Alice, y el juez del Superior Tribunal de Justicia, Sergio Barotto, quien transmitió a los presentes la voluntad del STJ de seguir propiciando este tipo de encuentros interinstitucionales “para armonizar la tarea de los distintos organismos del Estado en la búsqueda de soluciones rápidas e integrales para los problemas de la gente”.

Por los organismos externos al Poder Judicial participaron la Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati; la secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental de Río Negro, Mariela Fernández; Susana Santillán, coordinadora provincial de Salud Mental Comunitaria; Cristina Garay, jefa departamental de Salud Mental; Elizabeth Bugliolo, por la coordinación provincial de Salud Mental Comunitaria; Diana Tognoli, subsecretaria de Asuntos Legales del Ministerio Salud; Silvia Ocampos, secretaria general técnica del Ipross; Marisa Vázquez, gerente de Asuntos Jurídicos del Ipross y Javier Saenz Core, del Ministerio de Desarrollo Social.

En tanto que desde Roca intervinieron representantes del Ministerio de Salud de Neuquén, la conducción del Instituto Valle Sereno, la Defensora Oficial Belén Delucchi, por la Unidad de Defensa de Derechos Sociales y Civiles; la psiquiatra del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial, Celina Vermal, y las secretarias de los Juzgados de Familia Carolina Gaete y Evangelina Ovejero.

Durante la audiencia “se dialogó ampliamente sobre las situaciones de las personas internadas en Valle Sereno sobre las posibles estrategias para la externación de los pacientes y su inclusión en otros dispositivos que se adecuen a la Ley N° 26.657”, indica el acta de la reunión.

Por otra parte, las autoridades de Salud de Neuquén se comprometieron a gestionar en un plazo de cinco días la definición de los acompañantes terapéuticos para los pacientes neuquinos que permanecen internados en Roca. Se espera que esos profesionales permitan terminar de definir las estrategias de externación de cada uno, brindándoles una atención personalizada e iniciando con ellos actividades fuera de la institución.

Nuevo paradigma

El juez Barotto participó de la audiencia para transmitir a los funcionarios comprometidos en la problemática “la importancia que siempre tuvo para el Superior Tribunal de Justicia avanzar hacia la mejor implementación del nuevo paradigma de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 para garantizar los derechos de las personas que padecen afectaciones en su salud mental”.

Recordó que el STJ incluso tuvo participación en la Comisión Legislativa que propuso la reforma a la Ley de Salud Mental de la provincia, mediante la cual se creó recientemente el órgano de revisión de Salud Mental en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de Río Negro.

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