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Opinión

Estado de sitio: una ficción premonitoria de la actual crisis latinoamericana

Nota de opinión por Pablo Gustavo Díaz, consultor en marketing político.

The Siege (Estado de sitio o Contra el enemigo) es una gran película del año 1998 protagonizada por Denzel Washington (como el agente del FBI Anthony Hubbard) y Bruce Willis (como el General William Devereaux, del ejército de los Estados Unidos). Su trama trata sobre la declaración presidencial del estado de sitio y la autorización a la acción represiva del ejército contra la ciudadanía neoyorquina, ante una serie de atentados terroristas que estaba sufriendo ese país.

Los recientes sucesos acontecidos en Chile, Bolivia y Ecuador me llevaron inmediatamente a recordarla trayéndome a la memoria innumerables escenas de la misma, como la brutalidad de los soldados para detener a los sospechosos y la cacería de brujas a la que se somete a centenares de ciudadanos inocentes simplemente por su apariencia física. Pero es especialmente la escena que podemos ver en este corte, la que recordé mas fuertemente por el dialogo directo mantenido entre el General y los políticos asesores del presidente, especialmente el senador.

  • Secretario del presidente: “El avión del presidente aterrizará dentro de dos horas y debemos ofrecerle un consenso”.
  • Senador: “No se detiene a un perro rabioso con las normas de la protectora de animales. Lo que haces es soltar a tu perro que es más grande y más rabioso”.
  • General Devereaux: “El ejército es un sable no un escalpelo. Créame senador, no querría tener al ejército en una ciudad americana”.

¿Contundente no? El ejército es un sable no un escalpelo. El consejo del General a los políticos era que la situación tal vez ameritaba la exactitud quirúrgica de un bisturí para extirpar el tumor y no el espadazo del soldado para rebanar la cabeza de los que encuentre a su marcha. Pero ese consejo no fue oído y le dieron la orden de actuar. Y cuando al ejército se le dice que actué, pues actúa.

En el tiempo en que Chile declaró su “estado de excepción y toque de queda” el ejército y carabineros chilenos causaron 20 muertos y más de 2.000 heridos. En Ecuador, la orden de Lenin Moreno al ejército para reprimir las protestas callejeras causaron 10 muertos y más de 1.300 heridos. Y en Bolivia, tras el golpe de estado a Evo Morales, las fuerzas armadas ya contabiliza más de 30 muertos en su haber y más de 500 heridos.

En los tres países, además, los poderes del estado invistieron a los militares del privilegio de actuar sin culpas. En Chile el presidente Piñera envió al congreso un proyecto de ley para permitirle a las fuerzas armadas actuar en la protección de infraestructura crítica de ese país, sin necesidad de establecer el Estado de excepción. Se prevé además modificar el Artículo 208 del Código de Justicia Militar para “eximir las responsabilidades penales y criminales” de los soldados en su actuación represiva. En Bolivia el régimen de Jeannine Añez emitió el decreto 4078 que también exime de responsabilidad penal a los militares responsables de los crímenes cometidos durante las protestas y en el que además autoriza a los militares a usar “todos sus medios disponibles” para controlar las manifestaciones. En Brasil el presidente Jair Bolsonaro acaba de enviar el congreso un proyecto de ley calcado del decreto supremo boliviano de Jeannine Añez, que amplía la denominada “exclusión de ilegalidad”, es decir las causales por las cuales los militares pueden usar armas de fuego contra la ciudadanía y quedar eximidos de responsabilidades penales.

En Uruguay, el presidente del Centro Militar, coronel Carlos Silva Valiente, recientemente sorprendió a la prensa con las declaraciones públicas solicitando “carta blanca” para los militares que son llamados a combatir contra la sociedad en Latinoamérica. Exponiendo además su diagnóstico de que los hechos que se viven en Chile, Ecuador y Colombia, también se pueden vivir en Uruguay y Argentina.

Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia, Brasil, Uruguay son países gobernados hoy por la derecha conservadora, pero este momento fascistoide que estamos viviendo hoy en Latinoamérica no es exclusivo de la derecha. También la izquierda hace lo propio en Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro, sustentado por las fuerzas armadas envió a sus soldados a reprimir al pueblo venezolano toda vez que éste marchó para protestar, produciendo incluso la muerte de muchísimos estudiantes desarmados. Y en México, país gobernado hoy por el izquierdista partido Morena de Andrés Manuel López Obrador, dio continuidad a la intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico iniciada en los 2000 por el derechista PRI y continuada por el ultraliberal PAN.

Este auge del militarismo que estamos presenciando en nuestro continente no reconoce padre ideológico, pero si a su madre en la pérdida de representación de la democracia tras el fracaso del capitalismo liberal post noventas que, tras la caída del muro de Berlín, nos prometía un futuro promisorio que nunca llegó.

“Hoy el 83% de los ciudadanos de América Latina no creen en ningún partido político”, afirmó recientemente el prestigioso sociólogo y economista español Manuel Castells en nota al diario La Nación en Argentina. Y ese dato corrobora otro que recibí de mi profesor Carlos Fara en el cursado de mi diplomatura en marketing político, que en el módulo del electorado latinoamericano y los estudios de opinión pública, nos mostraba que casi 1/3 de la población del subcontinente apoyaría que los militares se hagan cargo de los gobiernos.

Una encuesta reciente de la consultora TresPuntoZero de la colega ShilaVilker muestra que el 53,8% de la sociedad argentina no tiene ninguna confianza en los actuales poderes del estado.

Y otra encuesta de la consultora Proyección, muestra que el 75% de los votantes de Juntos por el Cambio y el 10% de los votantes del Frente de Todos, estarían dispuestos a aceptar “intervenciones militares” en nuestro país, si ellas consideraran que las instituciones democráticas estuvieran fallando a sus fines, como por ejemplo en el mal manejo de la economía o con actos de corrupción.

Frases como “esto con los militares no pasaba”, “tendrían que volver los militares”, “con los militares se termina la joda” se escuchan cada vez más en las reuniones sociales. Y de alguna manera generan actitudes repudiables como las vividas en el CPEM 64 de Neuquén, donde personas anónimas colgaron una foto del dictador Jorge Rafael Videla tapando el pañuelo blanco que simboliza la lucha de las Madres de Plaza de Mayo.

Vivimos momentos confusos en nuestro país y continente. Momentos de fuerte incertidumbre económica y crisis política. Momentos en que nuestra clase dirigencial debería hacer el esfuerzo supremo de unirse para recuperar la confianza y defender el valor de la Democracia consensuando los presupuestos mínimos posibles que palien el malestar de la gente y les devuelva la certidumbre en el futuro.

El ejemplo debe venir de ellos. De arriba.

Y como empecé esta nota con una cita cinéfila, ejemplificaré esta conducta que necesitamos de nuestra dirigencia política en otra, el episodio 5to de la 3ra temporada de la serie de Netflix “The Crown”, justamente llamado “Golpe de Estado”, donde la reina Isabel II aborta de cuajo un alzamiento militar que estaba a punto de protagonizar el tío de su marido y almirante de la marina real, Lord Louis Mountbatten, contra el gobierno del laborista Harold Wilson. En un exquisito diálogo, la reina Isabel le deja en claro a su pariente militar que ella no convalidará tal golpe porque su función como jefa de estado es proteger la democracia inglesa.

Ojalá todos nuestros gobernantes latinoamericanos entiendan también la defensa de la Democracia es su primera responsabilidad.

Pablo Gustavo Díaz.
Consultor en marketing político.

Opinión

La Justicia perdió el juicio

Nota de opinión por Lic. Javier García Guerrero, ex Asesor del Bloque del Frente para la Victoria de la Legislatura Rionegrina.

Rusia, Suecia y Francia presentan 43,9, 49,4 y 75,8 abogados cada 100.000 habitantes, en la ciudad autónoma de Buenos Aires hay 2.300 abogados/100.000 habitantes, un número cincuenta veces mayor. En la Argentina entre 2016 y 2017 en las facultades de derecho ingresaron más de 85.000 mil y egresaron 22.530 una cifra superior al total de los abogados matriculados en Francia. ¿Cómo hace un país como Francia con un 50% más de población y con un producto bruto interno que sextuplica al de la Argentina para tener tan pocos litigios? Concibieron una sociedad diferente, no porque sean desarrollados, ni porque no haya conflictos Son desarrollados porque piensan la sociedad de otra forma y gestionan sus recursos en consecuencia. En la Argentina desde 1917 hasta el 2000, se emitieron 5 mil matrículas de abogados, desde 2001 hasta la actualidad, se aprobaron 6.500 matrículas nuevas, uno de cada tres graduados anualmente es un abogado o un egresado de ciencias económicas, en ciudades como Paraná o San Juan el 40% de los abogados tiene menos de 10 años de recibidos,

Cada 100 ingresantes en la Universidad Nacional de Córdoba se gradúan 40,4 alumnos en la Universidad Nacional de Rosario 33 y el la Universidad Nacional del Comahue apenas 5,6 completan su graduación. La incongruencia con las necesidades de desarrollo e infraestructuras argentino es evidente. Igualmente, la demanda de esas titulaciones en Derecho no decae, las dificultades para acceder al ejercicio profesional son disímiles. En las universidades estatales argentinas, por cada ingeniero se gradúan 2,4 abogados, mientras que en las universidades privadas la cifra asciende a 20 abogados por cada ingeniero.

“La Argentina tiene un promedio de 500 policías por cada 100 mil habitantes. Una barbaridad. Naciones Unidas recomienda un 250 policías por cada 100 mil habitantes” afirma con contundencia la ministra de Seguridad designada, Sabina Frederic. Río Negro con 7.300 agentes, se ubica en el 5ª lugar en número de policías por habitante, pese a que en población ocupa el 15º lugar de la Argentina. El gobernador de Rio Negro anunció exultante que las políticas que implementó en 8 años de gobierno determinaron que la cantidad de efectivos policiales de su provincia cuadruplica las recomendaciones internacionales alcanzando los 954/100.000 hab. Es consistente con su visión de la sociedad organizada y ordenada por la vigilancia y el castigo.

El sobredimensionamiento del aparato punitivo y su politización ha encontrado sus límites. El número de juicios postergados (ej: previsionales) o prescriptos (ej: Abuso Sexual Infantil, corrupción) y la impunidad de los cortesanos del poder, está generando un creciente malestar social. No ha llamado la atención que protagonistas de las luchas sindicales acumulen a ritmo vertiginoso numerosas causas penales, ni que estas se desactiven cuando se establece una alianza con el poder gubernamental por la paz social pese a la caída vertical del empleo y el poder adquisitivo de los asalariados, se sabe que es la mejor forma de proyectarse a los planos nacionales. Bajo este sistema resulta igualmente previsible que se apruebe la posibilidad de reelección indefinida del gobernador oponiéndose a cualquier antecedente de la Corte Suprema de la Nación que naturalmente la desestimó de inmediato. Se conoce el resultado de un juicio o de una instancia previamente con solo conocer los nombres de las partes y el juez a cargo. las leyes son viciosamente despreciadas y mal interpretadas, se desprecia la ecuanimidad y la justicia es ofendida a diario por la realidad de los veredictos.

No hay imperativos por que se realice el trabajo pendiente, los jueces viajan, se capacitan en lugares interesantes. Mientras en las cárceles, más de la mitad de los detenidos, lo está sin condena judicial. Como la ley permite la detención preventiva con fines de investigación hasta por dos años, los presos pueden esperar de tres a seis años antes de ser juzgados, a menos que tengan un “buen abogado” y no hayan disgustado al poder de turno. ¿Los defensores públicos? Es habitual que al igual que los defensores de menores falten en un buen número de audiencias. Está establecida por ley existencia de una Auditoría del Poder Judicial que verifique la calidad de los servicios de justicia brindados por los distintos juzgados. Durante 7 de los 8 años del Gobernador Weretilneck se mantuvo vacante y durante el año transcurrido de su funcionamiento, no han trascendido informes de su accionar ni la programación de su ciclo de auditoría.

El 73% de las personas actualmente preso, cometió un delito por primera vez, el 45% fue detenido durante 2016 o 2017. En EE.UU. las estadísticas revelan que por lo menos el 13 % de los presos han sido agredidos sexualmente. La provincia de Río Negro es la de Argentina que más detenidos por violación/habitante tiene en sus cárceles. El costo presupuestario de las prisiones preventivas en la Argentina supera los 100 millones de dólares anuales. La cantidad de presos aumentó un 190% durante los últimos 20 años. En el período 2008/2016 mientras la cantidad de presos por habitante caía en toda Latinoamérica, en la Argentina aumentaba el 24% y aún continúa haciéndolo pese al hacinamiento carcelario. Durante el gobierno de Macri, aumentó un 23% adicional. Pese a que la tasa de delitos habitantes bajó un 2% en 2017, pero la tasa de encarcelamientos subió un 10,86%. En 2018 las cárceles sumaron un 12% de detenidos mientras que la población aumentó sólo un 1%. una suba inédita desde 2003 cuando el país se debatía en medio de la gran crisis económica. De las más de 40.000 personas que han pasado tiempo detenidas sin sentencia el 30% recupera su libertad dentro de los seis meses absueltas o puestas en libertad sin ser juzgadas. Otras pueden ser declaradas culpables de delitos menores que no conllevan una sentencia en prisión o pueden recibir sentencias de penas menores que el tiempo que pasaron detenidas. Un número más importante aún permanece como rehén de causas armadas sin pruebas a modo de chantaje o inhabilitación mediática.

No todo es Negro como las togas, los magistrados cobran en blanco libre de impuestos, más que el presidente de España o Francia, el precio de esos privilegios es el sometimiento estricto al poder político, acompasando el ritmo de las causas a lo que se converse en los asados o surja de la lectura de los diarios.

Según un estudio realizado para la Universidad Austral en más de 160 años de historia institucional argentina se realizaron 59 juicios políticos a jueces federales en los que se dictaron 46 destituciones, 28 de ellas en los últimos 26 años. En Río Negro durante el mismo período se destituyó a 9 jueces. Desde 1996 el Consejo de la Magistratura de Río Negro encabezó 20 juicios políticos. Seis de ellos terminaron en suspensiones de entre 3 y 60 días. Otros cuatro culminaron con la absolución de los magistrados o funcionarios sometidos a proceso. Un juez fue apercibido y nueve fueron destituidos. Es el único proceso judicial a funcionarios públicos que se acelera, los últimos cinco juicios políticos terminaron con una única decisión: destitución, de los nueve magistrados y funcionarios removidos, cuatro lo fueron en los últimos 15 meses, el resto ya entendió quién manda.

Ganar un concurso para servir café en el poder judicial o en la legislatura con el menor ritmo de sesiones de la democracia, es mejor que ganar una beca de estudios y casi lo único que evita la segura emigración de los hijos.

Si consideramos el peso presupuestario del poder judicial que solicitó para el próximo año un aumento del 73% sobre su ya abultado presupuesto el peso de las restantes fuerzas de seguridad, los bomberos, los servicios de inteligencia, el periodismo adicto de la posverdad, los abogados del poder, los punteros políticos, los parientes y amigos/as sobre el erario público, comprenderemos porque aumenta la desigualdad al mismo tiempo que el reparto, la explotación sexual de menores y la trata laboral sin que medien denuncias de los intendentes, el aumento simultáneo del empleo policial y judicial a la par del desempleo juvenil y femenino, como se multiplican las inauguraciones de comisarías, juzgados y destacamentos, mientras disminuye la construcción de viviendas, entenderemos por qué son cada vez más frecuentes los accidentes de tránsito mientras se demoran la construcción de las rutas. Dijo un periodista rionegrino de Choele Choel, “lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades”, su ejemplo nos acompaña y nos guía, Gracias Rodolfo Walsh.

Lic. Javier García Guerrero.
Ex Asesor del Bloque del Frente para la Victoria de la Legislatura Rionegrina.

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Opinión

Dia de las personas con discapacidad: ¿vivimos en una sociedad inclusiva?

Nota de opinión por Emilio Epulef
Periodista. Estudiante de Comunicación Social.

Cada 3 de diciembre se conmemora el día Internacional de Las Personas con Discapacidad, desde 1982 La Asamblea General de las Naciones Unidas, declaro este día como el día de las personas con discapacidad. 18 años después se proclamo en nuestro país, mediante la sanción de la ley 25.346 con la finalidad de generar conductas responsables, consientes y accesibles sobre los derechos que de manera internacional amparan a uno de los sectores sociales mas vulnerables.

 ¿Qué quiere decir cuando una persona tiene una discapacidad?

El articulo 1° de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad afirma que: “toda Persona con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás.”

¿Cómo sociedad que entendemos cuando hablamos de discapacidad? ¿Estamos preparados para convivir con ellas?

 En principio como sociedad no se utiliza la terminología correspondiente, se las llama discapacitados, minusválidos o personas con capacidades diferentes, pero ¿Qué tienen de diferentes? Cuando todas las personas somos iguales, tenemos los mismos derechos, ya sea a una educación, a la salud, y a un empleo.

Entonces ¿Cómo debería decirse? Se debería utilizar el termino “persona con discapacidad” como sociedad estamos avanzando y en algún momento se dejarán atrás las terminologías viejas que se han utilizado y se utilizan en la actualidad.

Desde pequeños este sector social tiene acceso a la educación, pero en la mayoría de los establecimientos, no se cuenta con los recursos ni el conocimiento necesarios para tratar con ellos, y de alguna manera adaptar el sistema acorde a sus necesidades.

La accesibilidad debe ser plena en todos los niveles, pero no siempre se logra al 100%, en el medio físico las grandes metrópolis no tienen veredas accesibles, para que las personas con movilidad reducida circulen correctamente, no se cuenta con semáforos sonoros para aquellos que tienen baja visión, o ceguera permanente, y tampoco se cuenta con sistema lecto escritura braile y muchos de las personas no conocen el lenguaje de señas, para poder comunicarse con una persona sorda. De esta forma se hace difícil que este sector social, se puedan comunicar con sus semejantes y construir sentidos sobre su realidad.

La ley 22.431/81 promueve en su primera parte que todos los organismos estatales, tengan el 4% de empleados que tengan algún tipo de discapacidad, siempre y cuando estén capacitadas para el cargo, pero esto en muy pocas ocasiones se cumplen, ya que los empleadores se niegan a tomar a personas con alguna discapacidad y se quedan conviviendo en el prejuicio que sufren.

Esto quiere decir que la sociedad en todos sus niveles, sean educativos, físicos y laborales no es del todo inclusiva, pero no todo es exclusión ya que al pasar los años y los distintos gobiernos de nuestro país, se han flexibilizados derechos, como el otorgamiento de pensiones como modo de ayuda social y la firma del tratado internacional en el año 2008 mediante la ley 26.378, que tiene jerarquía Constitucional.

Vivimos en un siglo en el cual la sociedad avanza constantemente y en algún momento será 100% inclusiva y accesible, para poder establecer relaciones más fluidas e interpersonales con ellas y dejar el prejuicio atrás.

Emilio Epulef
Periodista. Estudiante de Comunicación Social.

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Opinión

La UCR es un partido político, no un club de amigos

Nota de opinión por el Comité UCR General Roca.

La actual conducción de la UCR de Río Negro ha difundido a través de las redes sociales que el día 30 /11 organizó una “jornada de trabajo “dirigida a los Intendentes, Concejales, Revisores de Cuentas electos y autoridades partidarias.

En lugar de realizar una convocatoria amplia y horizontal a los afiliados y simpatizantes radicales para entre todos intentar hacer un balance crítico de las últimas elecciones, de encontrar cuales han sido nuestros errores, para pasar del 32 % de votos en 2017 a un casi vergonzante 5 % en las últimas elecciones de este año, la actual conducción partidaria prefiere esconder la cabeza como el avestruz y proponer una agenda de trabajo para el año 2020, como si aquí no hubiese pasado nada.

En vez de explicar y debatir las razones por las cuales la UCR, por primera vez desde el retorno de la democracia no tendrá un solo representante en la futura legislatura rionegrina, se propone el lanzamiento de un Instituto de políticas públicas, que ya ha funcionado hace varios años y se decide mantener su dirección en cabeza de la misma persona que lo ha hecho, sin haber obtenido grandes resultados.

Se pretende realizar un taller de trabajo con los Intendentes y concejales electos, sin reparar en las razones por las cuales cada vez tenemos menos intendentes y menos concejales. Pero aquí no terminan las omisiones, en ningún punto del temario se propone el necesario debate acerca de cual ha sido el resultado de la política de alianzas llevadas hasta el presente y lo que es más importante, se da por hecho que seguiremos aliados al PRO sin ningún tipo de discusión o reparos.

Es por todo ello que no debemos ni queremos, convalidar con nuestra presencia un encuentro en el que se maquilla una realidad partidaria cada vez más angustiante.

En definitiva, desde el Comité de General Roca creemos que la actual conducción de la UCR rionegrina, en lugar de poner en funcionamiento los diversos órganos partidarios como el plenario del Comité o la Convención, para que entre todos los radicales podamos discutir y definir el futuro de nuestro partido, prefiere manejarse como si fueran un grupo pequeño de amigos que deciden el futuro de todos, así nos va.

Comité UCR General Roca.

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