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Judiciales

Formularon cargos a organizadores de carrera ilegal de galgos

Se trata de dos hombres de 25 y 23 años. La competencia se intentaba realizar en Huergo.

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Ayer (09/12) a la mañana la fiscal adjunta de Villa Regina Verónica Villarruel formuló cargos por el delito de “infracción a la Ley 27330” a dos hombres, de 25 y 23 años, ambos organizadores de una carrera de galgos desarrollada ayer en Ingeniero Huergo.

Según la acusación fiscal, “ayer antes de las 11 de la mañana, en la costa del río Negro, en un lugar denominado “Isla de Catalán”, los dos promovieron, organizaron, facilitaron y realizaron una carrera en la cual fueron utilizados canes”.

La calificación legal que se les endilgó fue específicamente el Artículo 2 de la Ley 2733, el referido a la realización ilegal de carreras de perros.

La Fiscalía mencionó como sustento probatorio para esta instacia el acta de allanamiento, la ubicación en Googlemaps del lugar, entrevistas, acta de los elementos secuestrados, fotografías, entre otros.

La defensora penal pública Celia Delgado no tuvo oposición a la formulación de cargos, y sus asistidos no prestaron declaración en la audiencia.

De esta manera, el juez de Garantías Gastón Pierroni resolvió tener presente la imputación y además las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

Las mismas consisten en prohibición de acercamiento a una Asociación Protectora de Animales de Huergo y a sus representantes, como presentaciones en la Oficina Descentralizada de Regina.

Judiciales

Caso Sofía: Declararon todos los testigos y la semana que viene se conocerán los alegatos

La madre de la niña de 3 años ya fue condenada a 24 años de prisión, mientras que el padrastro recién afronta el proceso judicial.

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Terminó este viernes (07/08) la etapa de declaración de testigos en el juicio oral semipresencial contra Marcos González, acusado de cometer una serie de graves delitos de los que resultó víctima fatal una niña de 3 años en Lamarque, hija de su pareja. La próxima audiencia se realizará el martes 11 de agosto, con la posible declaración final del imputado, en tanto que el miércoles 12 se cierra el debate con la exposición de los alegatos de clausura de la Fiscalía y la defensa.

Con los testimonios de una psicóloga forense, una psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima del Poder Judicial y una trabajadora social de la Senaf, hoy se realizó la última audiencia de producción de prueba. Desde que comenzó el debate, el pasado 27 de julio, el Tribunal escuchó a más de 30 testigos, quienes declararon de manera presencial en el Auditorio de la Ciudad Judicial de Roca o de manera virtual a través de una amplia red de conexiones implementada por la Oficina Judicial de Roca, que permitió a todas las personas intervinientes en el juicio escuchar declaraciones remotas desde Choele Choel, Villa Regina, Roca, Lamarque, Viedma, Bariloche, San Antonio Oeste, Mendoza y Comodoro Rivadavia.

El miércoles 5 declararon de manera remota dos profesionales de Salud Pública de Lamarque y General Roca, y dos médicos del Cuerpo de Investigación Forense de Roca. En tanto que el jueves 6 declararon de modo virtual dos profesionales del Laboratorio de Investigación Forense del Ministerio Público Fiscal de Chubut y un médico forense como perito de parte.

Finalmente este viernes declararon las dos psicólogas y la trabajadora social, completando así la nómina de testigos convocados.

En los alegatos de clausura, previstos para el 12 de agosto, la fiscal del caso Belén Calarco, junto al fiscal jefe Andrés Nelli, y el Defensor Oficial Miguel Salomón expondrán sus consideraciones sobre la prueba producida y formularán al Tribunal sus respectivas peticiones con respecto a la situación del imputado, Marcos Nicolás González. Tras los alegatos, los jueces Oscar Gatti, Verónica Rodríguez y Laura Pérez pasarán a deliberar para emitir un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad. En caso de dictarse una condena, se abrirá la segunda instancia del debate -el juicio de cesura- para definir el monto de la pena que corresponda imponer en función de los delitos que se hubieren acreditado.

Evidencias y pericias, en pantalla

Además de la red de salas de videoconferencias que se montó para los testimonios remotos, la conexión digital permitió que el imputado pueda ver, escuchar e intervenir en todas las instancias desde una sala privada del Establecimiento Penal 1 de Viedma, manteniéndose conectado en forma paralela y continua con su abogado defensor, quien también participó del juicio de manera virtual desde Roca. Asimismo participaron por Zoom la jueza Pérez y la fiscal Calarco.

El buen funcionamiento del sistema fue fundamental, además, para la exhibición de evidencias materiales, informes médicos y otras pericias. Así, las actas, informes, historias clínicas, cadenas de custodia, análisis de laboratorio, análisis de objetos secuestrados y fotografías de toda la evidencia fueron exhibidos a la red virtual del juicio de modo que los archivos aparecían en el primer plano de la pantalla de cada uno de los participantes, en paralelo con la explicación técnica que daba el testigo o perito sobre esa evidencia, garantizando la posibilidad de que las partes formulen preguntas, objeciones u observaciones de manera inmediata. Al finalizar cada exposición, el fiscal jefe presente en la sala de audiencias hacía entrega al Tribunal de los elementos originales y las copias en DVD de los informes emitidos por los expertos.

El caso

Los hechos investigados ocurrieron entre octubre de 2018 y principios de febrero de 2019 en la casa donde convivían el imputado González, su pareja (ya condenada a 24 años y 7 meses de prisión por los mismos hechos) y los tres hijos de ella. En ese contexto, según la sentencia que condenó a la mujer, la niña fue víctima de “maltrato continuo y sistemático”, en “un contexto de extrema violencia física y psicológica”, y sufrió reiterados abusos sexuales por parte del hombre, “con conocimiento y sin oposición de su propia madre, quien prestó colaboración para ello”.

La tarde del 1 de febrero de 2019 la niña fue ingresada a la guardia del hospital de Lamarque. Por la gravedad de su estado, fue derivada a un sanatorio de Roca, donde falleció en la mañana del 4 de febrero.

En el juicio contra el hombre, la Fiscalía atribuye a González los presuntos delitos de “lesiones leves calificadas por violencia de género, reiteradas en un número indeterminado de veces; abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado, doblemente calificado por el vínculo y por la convivencia preexistente; corrupción de menores agravada por la edad de la víctima, por ser menor de 13 años, por mediar violencia física y por ser el autor persona conviviente y guardador de la víctima; desobediencia a una orden judicial y abandono de persona seguida de muerte, en carácter de autor”.

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Judiciales

Formularon cargos y seguirá detenido el acusado de matar a Jorge Coraza

El homicidio ocurrió en la madrugada del lunes en el barrio Gauna. El atacante habría golpeado en reiteradas ocasiones a la víctima.

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El Ministerio Público Fiscal realizó este mediodía (05/08) la formulación de cargos por el homicidio de Jorge Dionisio Coraza ocurrido en la madrugada del domingo pasado en el barrio Gauna de Roca. Asimismo solicitó la prisión preventiva del imputado por el plazo de 3 meses.

Según la acusación fiscal, el hecho fue “alrededor de las 2 de la mañana del 4 de agosto pasado, cuando el victimario con la intención de matar a la víctima, usando un elemento contuso, lo golpeó varias veces. De esta manera le ocasionó traumatismo facial grave y trauma de tórax grave, provocando la muerte de Coraza en el Hospital local, lugar donde había sido trasladado por personal policial de manera urgente”.

Como sustento probatorio la Fiscalía mencionó entre otras evidencias, las siguientes: acta del procedimiento policial junto a los secuestros de interés para la causa, el informe del Gabinete de Criminalística, el acta del allanamiento al domicilio del victimario. “Allí se realizó sobre el pantalón que vestía el imputado una pericia que pudo determinar que las manchas que tenía eran de sangre humana”.

El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la medida cautelar por 3 meses, cuestión que la defensa pública penal se opuso proponiendo algunas menos gravosas. Sin embargo, la jueza de Garantías interviniente resolvió la prisión preventiva por el plazo pedido por el fiscal y además imputó al sujeto por el homicidio de Coraza.

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Judiciales

Bernel continuará detenido

El ex docente de la Escuela 38 de Stefenelli ya fue condenado por abuso sexual simple pero aún se aguarda por la confirmación de la sentencia.

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El Tribunal de Impugnación (TI) confirmó la prisión preventiva que cumple un docente de Roca, autor de abusos sexuales cometidos contra alumnas de una escuela primaria, “hasta que la sentencia cobre firmeza, o sea revocada”.

En diciembre pasado, un Tribunal de Juicio de Roca condenó al imputado Javier Marcelo Ramón Bernel a 13 años de prisión por ser autor de los delitos de “abuso sexual simple, agravado por ser encargado de la educación de las víctimas”, en perjuicio de diez alumnas.

En junio de este año, tras una audiencia que se realizó de manera virtual debido a la pandemia, el Tribunal de Impugnación confirmó desde Viedma aquella sentencia y le agregó una condena por un hecho de “tentativa de abuso sexual simple” en perjuicio de otra alumna, manteniendo el monto final de la pena.

En julio, también por audiencia virtual, el Tribunal de Juicio de Roca rechazó un planteo de la defensa y confirmó la prisión preventiva que cumple el imputado “hasta que la sentencia cobre firmeza, o sea revocada”. En la misma resolución, los jueces también denegaron un pedido de prisión domiciliaria.

La defensa reclamaba que se habían agotado para Bernel los 18 meses de prisión preventiva que autoriza, como máximo, el Código Procesal Penal, por lo que el imputado -condenado en doble instancia pero sin sentencia firme- debía ser puesto en libertad a la espera de la resolución definitiva de su situación procesal.

Según resolvió en julio el Tribunal de Roca y confirmó esta semana el Tribunal de Impugnación, el docente deberá permanecer en prisión preventiva “hasta que quede firme la sentencia, siempre y cuando no se presenten motivos para revocarla o modificarla”.

Para el TI el máximo legal de 18 meses de prisión preventiva se contabiliza hasta el momento de ser confirmada la sentencia original por un tribunal de jerarquía superior, como ocurrió en este caso el pasado 11 de junio. A partir de entonces, si la defensa interpone más recursos, el caso ingresa en la etapa de impugnación extraordinaria durante el cual no se computan de la misma manera los plazos de la prisión preventiva. Por el contrario, si no se plantean nuevas impugnaciones, el fallo queda firme y la prisión preventiva se convierte en cumplimiento efectivo de la pena.

Al respecto, el artículo 114 del Código Procesal Penal define que, en casos de detención sin sentencia firme, “no se computa el plazo que demande la sustanciación de los recursos extraordinarios”. Sobre esa base el TI explicó que, desde la primera confirmación de la condena, la prisión preventiva puede extenderse más allá de los 18 meses “conforme a la necesidad de asegurar los fines del proceso y evitar el peligro de fuga”, siempre que no se violente la garantía de “plazo razonable”. Destacó además que queda siempre para la persona imputada el resguardo del artículo 112, que le permite reclamar la modificación o revocación de la detención cautelar “en cualquier estado del procedimiento” si considera que han desaparecido los riesgos procesales que oportunamente fundamentaron su detención.

Peligro de fuga y protección de las víctimas

“La confirmación de la sentencia de condena suma (…) un elemento nuevo a considerar que acrecienta el riesgo procesal de fuga, y contempla la gravedad de los hechos de la acusación y la pena impuesta: una agresión sexual contra mujeres niñas en varios hechos”, argumentó el TI. Invocando la doctrina del Superior Tribunal de Justicia, sostuvo que la confirmación en segunda instancia de una pena tan grave se traduce en un “indicio de obstaculización de la justicia, dada la afectación del ánimo de quien debe esperar en libertad una sentencia que indefectiblemente deberá cumplir en encierro”.

Otro argumento, también surgido de precedentes del STJ que el TI interpreta, está en “la índole de las víctimas y su particular vulnerabilidad en el contexto en que se produjeron los abusos”, lo cual impone “admitir un especial resguardo protectorio para ellas y por tanto para la justicia del caso”.

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