Seguinos

Judiciales

Oscar De Piano recuperó la libertad

En 2017 arrolló en su vehículo y mató a Claudia Segura, a metros del Paseo del Bicentenario. Deberá respetar ciertas normas de conducta, pero cumplirá el resto de su condena fuera de la cárcel.

Oscar De Piano, el hombre que fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión por atropellar y matar a Claudia Segura en enero del 2017, recuperó la libertad esta mañana tras cumplir más de la mitad de la pena. La Justicia estableció que deberá respetar ciertas normas de conducta, pero pasará el resto de la condena fuera del Establecimiento de Ejecución Penal N° 2.

Tras verificar el cumplimiento de todos los requisitos legales y con el expreso acuerdo del Fiscal de Ejecución y el abogado por la parte querellante, el juez de Ejecución de Roca Juan Pablo Chirinos concedió el beneficio de libertad condicional a Oscar De Piano.

En la misma resolución el juez le impuso una estricta serie de pautas de conducta que el hombre deberá respetar bajo apercibimiento de ordenarse nuevamente su detención.

El beneficio debe otorgarse en cumplimiento del Código Penal y la Ley de Ejecución de Penas cuando la persona imputada reúne ciertos requisitos, los cuales fueron acreditados en la audiencia realizada este lunes en Roca. Los principales son: haber cumplido las dos terceras partes de la pena (la pena fue de 5 años y 6 meses de prisión efectiva y el imputado se encuentra detenido desde el día del hecho) y contar con informes favorables del Establecimiento Penal donde se encuentra detenido.

Desde la Justicia aseguraron que en la audiencia de hoy el abogado por la querella aceptó “que están dados todos los requisitos” para la concesión del beneficio y solicitó al juez que ordene controles sistemáticos de consumo de alcohol y estupefacientes al imputado. Al hacer uso de la palabra el querellante, viudo de la víctima, cuestionó los beneficios que establece la Ley de Ejecución de Penas y reclamó “los beneficios para los hijos de Claudia, que nunca les dieron contención ni tratamiento psicológico”.

A su turno el fiscal repasó los informes de las distintas áreas tratamentales del Penal 2, donde el imputado cumplió la detención, dio por acreditados los requisitos legales y recalcó la necesidad de que el imputado continúe un tratamiento toxicológico, solicitando la realización de controles sorpresivos en su domicilio.

Tras escuchar los argumentos de las partes el juez dictó la libertad condicional con las siguientes reglas de conducta, que deberá respetar “hasta el agotamiento de la pena impuesta, el 16/07/2022”: a) fijar domicilio (…), del que no podrá ausentarse sin previa autorización del Juzgado de Ejecución; b) abstenerse de consumir estupefacientes y bebidas alcohólicas (…); c) no concurrir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas; d) no concurrir a lugares o frecuentar personas que puedan entorpecer su debida reinserción social; e) no cometer delitos; f) no tener ni portar armas; g) no conducir vehículos motorizados (…); h) someterse al cuidado del Patronato; i) adoptar profesión u oficio, la que comunicará al Tribunal; j) Continuar con el tratamiento psicológico con el Dr. (…), todo ello bajo apercibimiento de revocársele el beneficio concedido” en caso de incumplimiento.

En la misma sentencia el juez hizo saber al Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (organismo dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia) “que deberá llevar a cabo el seguimiento del desenvolvimiento” del hombre “por medio de visitas quincenales y sorpresivas en el domicilio propuesto, remitiendo los informes correspondientes” al Juzgado, con la obligación de comunicar cualquier irregularidad en un plazo máximo de 24 horas.

Dispuso también el juez que a partir de hoy “comienza a correr la inhabilitación para conducir todo tipo de vehículo automotor por el término de 10 años” que pesa sobre De Piano.

El juez finalmente hizo lugar a los pedidos de controles realizados por la Fiscalía y la querella, informando que se realizarán “controles antidoping sorpresivos” al imputado y ordenando que el primer control sea realizado en el día de hoy.

El hecho

En abril de 2018 un Tribunal integrado por los jueces Alejandro Pellizzón, Daniel Tobares y Emilio Stadler condenó por unanimidad al imputado Oscar De Piano como autor del “homicidio culposo agravado” del que resultó víctima la ciudadana Claudia Segura. A la pena de 5 años y 6 meses de prisión efectiva el Tribunal sumó la inhabilitación por el término de 10 años para conducir cualquier tipo de vehículo automotor y las costas del proceso.

El siniestro vial ocurrió En Roca la mañana del 17 de enero de 2017 en la avenida Viterbori, a unos 220 metros al sur del llamado “paseo del Bicentenario”, cuando la víctima conducía una motocicleta de 110cc y el imputado iba al mando de un Volkswagen Vento.

Judiciales

La Justicia ratificó que cualquier cartel de pare elimina la prioridad de quien circula por derecha

Así lo determinó la Cámara Civil de Apelaciones de Roca tras un siniestro que sufrieron dos motociclistas.

La Cámara Civil de Apelaciones hizo lugar a la demanda de dos motociclistas que fueron embestidos en una esquina de Roca por un auto que venía por su derecha. Si bien la prioridad de paso de quien circula por la derecha es conocida como “la regla de oro” del tránsito, en el caso particular existía un cartel de PARE que obligaba a la conductora del coche a ceder el paso a quien se aproximaba por su izquierda.

El choque se produjo en el céntrico paseo del Canalito de Roca. El auto circulaba de oeste a este por calle Isidro Lobo (en un sector donde existía una escuela, había un lomo de burro a mitad de cuadra y un cartel indicador de PARE poco antes de la equina), mientras que la moto descendía del puente del Canalito por calle Misiones, en sentido norte – sur.

Teniendo en cuenta el particular diseño urbanístico de la ciudad, que está atravesada por varios canales de riego (el Canal Grande y el Canalito son los más importantes), el Código de Tránsito de Roca ya tenía vigente al momento del choque una excepción propia a la “regla de oro”. Esa ordenanza preveía que la prioridad de paso de la derecha “se pierde (…) cuando: se circule al costado de un canal, respecto de quien sale del puente”.

La conductora del auto reclamó la inconstitucionalidad de esa ordenanza, pero para la Cámara no fue necesario adentrarse en esa cuestión porque la respuesta al caso ya estaba dada por la Ley Nacional de Tránsito, cuya validez no fue cuestionada.

“En el caso, estaba el cartel de PARE y en consecuencia la prioridad de paso en favor de quienes circulan por la calle Misiones no sólo surge de la norma local, sino también de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449”, sostuvo el Tribunal. Es que el art. 36 de la Ley define en qué orden que se deben respetar las indicaciones de tránsito al circular: primero, lo que indique “la autoridad de comprobación o aplicación” (cuando un agente se encuentra personalmente dirigiendo el tránsito en un lugar determinado); segundo, las señales del tránsito (es el caso de los carteles de PARE, “ceda el paso” y otros), y tercero, las normas legales del tránsito (el sistema general de prioridades de paso que definen las leyes de tránsito nacionales, provinciales y/o municipales).

Así, la Cámara definió: “Aun cuando la prioridad fuere para los que llegan a la encrucijada por la derecha, cuando -como el caso- existe un visible cartel de PARE, la prioridad la determina tal señalización. Ésta opera como un semáforo que está en rojo y en consecuencia el conductor debe detener la marcha para continuarla sólo si verifica que no tiene obstáculo. Y es claro que en el caso la demandada (conductora del auto) no tenía la vía expedita, pues (…) embistió a la actora (los motociclistas), dando con el frente de su vehículo el lateral de la moto”.

Sobre la validez de la Ordenanza, la Cámara analizó que su constitucionalidad “podría discutirse” si afectase “cuestiones generales del tránsito o que pudieren alterar el tráfico interurbano o interprovincial (…) o vías de circulación nacionales, pero no en casos como el que nos ocupa, vinculado a aspectos muy puntuales y propios del tráfico local, como la dirección de las calles y las prioridades para la circulación. Normas que, por otra parte, sin duda alguna contribuyen al mejoramiento de la circulación vehicular frente a algo muy propio del lugar, como es la existencia de canales que atraviesan el casco urbano de la ciudad con puentes en altura, similares a los cruces de las vías del ferrocarril. Se llena así, inteligentemente, un claro vacío de la normativa nacional, aplicando los principios que guían la misma”.

Continuar leyendo

Judiciales

Causa IPROSS: Embargo e inhibición de bienes a los siete imputados

Además, cada quince días deberán presentarse en Tribunales.

Finalizó este lunes (17/02) la audiencia para definir las medidas cautelares en torno al grupo de farmacéuticos de Roca que están imputados por presuntas defraudaciones reiteradas a la obra social estatal IPROSS.

En la audiencia del pasado viernes (14/02) la jueza de Garantías Natalia González tuvo por formulados los cargos contra las siete personas imputadas e hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público Fiscal. Así, dispuso que por el plazo de 4 meses deberán presentarse de manera quincenal en Tribunales, para acreditar que permanecen a derecho; les prohibió la salida del país y les prorrogó, también por 4 meses, el embargo de bienes que ya estaba vigente y que actualmente está depositado en una cuenta judicial. Se trata de pagos que el IPROSS había girado al Colegio de Farmacéuticos para que sean distribuidos entre las farmacias investigadas, correspondientes a las liquidaciones de ventas de medicamentos de cada comercio en el primer trimestre de 2019.

En la audiencia de este lunes la jueza finalizó la resolución, haciendo también lugar a las medidas cautelares que había requerido la Fiscalía de Estado, representante de la Administración Pública provincial como parte querellante.

En tal sentido, dispuso por el término de 4 meses la inhibición general de bienes de las siete personas imputadas. La medida se inscribirá en los Registros de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Río Negro y Neuquén, así como también en la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor. La inhibición implica que por el plazo establecido no podrán desprenderse de ninguno de los bienes inmuebles o vehículos que se encuentren a su nombre.

La parte querellante había solicitado esa medida para “evitar que se consolide el provecho” del presunto delito cometido. La jueza coincidió en que la inhibición de bienes permite evitar una eventual insolvencia del patrimonio de las personas investigadas para que, llegado el caso, puedan responder por los montos que se atribuyan a cada uno por la defraudación. En la audiencia se aclaró que la inhibición de bienes podrá ser sustituida si cada uno de los imputados ofrece a embargo bienes suficientes para cubrir las sumas que se les imputaron en la formulación de cargos.

La segunda medida de este lunes fue la ampliación del embargo preventivo del dinero girado por IPROSS al Colegio de Farmacéuticos para el pago de las supuestas ventas de medicamentos en las farmacias investigadas. El embargo original sólo comprendía el primer trimestre de 2019. Esta nueva cautelar no se limita a ese período sino que alcanza a todas “aquellas sumas de dinero que el Colegio de Farmacéuticos haya recibido por parte de IPROSS para ser pagadas a todos los imputados en función de los convenios de prestación vigentes y/o a las farmacias por ellos oportunamente dirigidas”. El embargo se dictó por el término de 4 meses “y hasta cubrir la suma de dinero expuesta en la imputación para cada uno de ellos”.

Continuar leyendo

Gremios

Baéz podría ir a juicio por los incidentes protagonizados en el Municipio de Roca

Por esta causa, el dirigente sindical estuvo detenido dos semanas.

Esta mañana (17/02) el fiscal del caso Ricardo Romero y la fiscal adjunta Natalia Pascual, presentaron la prueba con la que cuentan para avanzar con la acusación por los hechos ocurridos en el Municipio de General Roca en octubre pasado, donde el principal involucrado es el secretario general de la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL), Miguel Ángel Báez.

En la audiencia de control de acusación realizada esta mañana, la acusación fiscal explicó que el hecho que se le imputa a Báez fue el “7 de octubre de 2019, cerca de las 9 de la mañana, cuando el sujeto junto a un numeroso grupo de personas, aún no identificadas, ingresaron intempestiva y violentamente al edificio de la Municipalidad”.

“Para entrar lo hicieron rompiendo con sus pies los cristales inferiores de las hojas de la puerta principal de acceso al lugar, provocando aperturas y así accedieron al edificio. Una vez en el interior se abalanzaron sobre un empleado policial, lo insultaron y lo agredieron con golpes de puño, llevándolo hacia el sector de baños, donde el imputado lo amenazó”, explicaron las fiscales.

“A su vez, ya en el hall central del Municipio, el imputado junto con el resto de los manifestantes, comenzaron a arrojar sillas contra las columnas y paredes, y con palos y piedras habían provocaron daños en los boxes de atención al público, y en la oficina de Tránsito”, mencionaron.

Las representantes del Ministerio Público Fiscal dijeron que “de esta manera, los nombrados turbaron la posesión del inmueble e impidieron el normal desarrollo de las actividades propias de quienes trabajan allí, además de haber agredido al personal policial que concurrió al lugar”.

“Permanentemente el imputado incentivaba al grupo de personas a que llevaran a cabo las conductas descriptas en venganza a que el ejecutivo Municipal habría entregado terrenos de loteos sociales a militantes de la Corriente Clasista y Combativa (C.C.C), y no a miembros de las Organizaciones ODEL y CTA”, agregaron.

La Fiscalía aclaró que “todo lo descrito, además de los relatos de los involucrados, se encuentra registrado en una videofilmación de las cámaras de seguridad de la Municipalidad.

La calificación legal por la que se avanzará hacia juicio es la de los delitos de “daño agravado, amenazas, atentado a la autoridad agravado por haber sido cometido por una reunión de mas de tres personas y poner manos en la autoridad, perturbación al ejercicio de las funciones publicas e instigación a cometer delitos, todo en concurso real” (Arts. 184 inc. 1º; 149 bis; 238 incs. 2º, 4°; 241 inc. 2º; 209 y 55 del Código Penal).

La defensora particular solicitó la aplicación de una suspensión de juicio a prueba para su asistido, ofreciendo la suma de $10.000 como reparación económica. Sin embargo la Fiscalía se opuso, y la resolución de la jueza de Garantías interviniente María Gadano fue en los mismos términos que el Ministerio Público Fiscal.

Luego de ello, Romero enunció la prueba entre ellos, filmaciones del día de los hechos de las cámaras de seguridad, enumeró a los testigos y a algunos empleados policiales que estaban en el Municipio durante la acción llevada a cabo.

De acuerdo a la pretensión punitiva propuesta por la Fiscalía, la magistrada dispuso la intervención en el juicio de un juez unipersonal del Foro de Jueces de esta circunscripción.

Continuar leyendo

Publicidad
Publicidad

Lo más visto de la semana