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Buscadores web: una herramienta de acceso rápido que garantiza la información pública

La página web del Poder Judicial de Río Negro tiene disponible una serie de buscadores que permiten mayor celeridad y transparencia.

La página web del Poder Judicial de Río Negro tiene disponible una serie de buscadores que permiten mayor celeridad y transparencia para el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía.

Por un lado, el área de Informatización de la Gestión Judicial puso en funcionamiento el sistema de búsqueda de fallos completos y jurisprudencia online que reemplaza al que estaba disponible desde hace tiempo. También desarrolló un renovado buscador de trámites de compras y de obras públicas que realiza el Poder Judicial, uno de Juicios Colectivos para los amparos que involucran intereses de toda la sociedad y uno de Juicios Universales para las Quiebras y Sucesiones.

Fallos accesibles

Se trata de un desarrollo propio del Poder Judicial, con un manejo muy intuitivo y rápido. El sistema arroja respuestas inmediatas no sólo a los abogados y funcionarios sino que es de acceso público a la ciudadanía a través de la web del Poder Judicial www.jusrionegro.gov.ar.

En una primera etapa se publicaron todos los fallos del Superior Tribunal de Justicia y del Tribunal de Impugnación. Luego se incorporaron otros organismos jurisdiccionales. Se han migrado al nuevo sistema, fallos completos y sumarios de los últimos 20 años, que se encontraban digitalizados y dispersos en diferentes bases de datos. El Superior Tribunal de Justicia entendió que es información histórica valorable y por eso se trabajó en ese sentido para ponerla a disposición.

El sistema funciona con criterios de búsqueda y permite encontrar fallos a través de determinados criterios. Está disponible una búsqueda de fallos completos que puede ser por texto: todas las palabras, algunas palabras o frases completas. Además se pueden combinar con otros criterios para acotar la búsqueda como por ejemplo “carátula”, “organismo” y “rango de fechas”.

La búsqueda por sumario incluye las voces del mismo, el texto, la caratula y número de expediente, los datos del protocolo, el organismo que dictó la sentencia y la posibilidad de acceder al fallo completo. Se puede imprimir o convertirlos a un archivo para almacenarlo o enviarlo por correo electrónico.

Compras transparentes

Con el nuevo buscador, conocer el estado de los trámites o de las obras públicas es posible incluso delimitando rubros como compras, estado de las mismas, fecha de apertura, localidad de apertura, obra o descripción.

La accesibilidad de los ciudadanos a información sobre los gastos del Poder Judicial forma parte de una política de transparencia y acceso a justicia.

En este acceso directo se sube toda la documentación en PDF. El nuevo desarrollo permite que se publiquen las resoluciones, las actas de apertura y adjudicación, dando mayor transparencia al proceso.

Asimismo, el formato en PDF se puede firmar y usar ese pliego sin necesidad de imprimirlo para su distribución, reafirmando las políticas de despapelización implementadas por el Poder Judicial.

Juicios Universales y Colectivos

Existen, en la página web institucional, otros dos buscadores. Uno de ellos es el de Juicios Colectivo. Allí se puede acceder y consultar toda la información sobre recursos de amparos que involucran intereses difusos o de incidencia colectiva. Figura, además del número de inscripción, de expediente y el organismo, la caratula y la materia. Por ejemplo: contaminación ambiental, contaminación de aguas, tratamiento de residuos, protección de la flora y la fauna, hidrocarburos, bosques, actividades económicas, derechos de usuarios y consumidores.

En otra pestaña está disponible el Registro Público de Juicios Universales con dos buscadores uno para las Quiebras y otro para las Sucesiones. El de Sucesiones venía funcionando hace bastante tiempo, aunque la Gerencia de Sistemas actualizó su programación. En cambio el de Quiebras se diseñó para que todos los organismos – y cualquier ciudadano o ciudadana – puedan ingresar al buscador. Con anterioridad a este sistema, las quiebras se informaban por oficio desde los juzgados civiles a la Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia del STJ. La nueva modalidad de carga automática y consulta disminuye el trabajo manual y aporta celeridad al proceso y transparencia.

El Registro es público ya que cualquier persona puede consultarlo y conocer si un juicio sucesorio o una quiebra ha sido iniciada, quien la inició, cuando y en qué organismo judicial. La inscripción en el Registro la realiza por la secretaría del Juzgado Civil que lleva el trámite.

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Roca: concurso para Juzgado Civil de primera instancia

Es ante la jubilación de la jueza María del Carmen Villalba. La inscripción estará habilitada hasta el 6 de marzo.

El Consejo de la Magistratura llamó a concurso para cubrir la titularidad del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 1 de Roca, ante la jubilación de la jueza María del Carmen Villalba. La inscripción estará habilitada hasta el 6 de marzo.

Los requisitos de postulación son: haber cumplido 30 años de edad, ser de nacionalidad argentina con cinco años de ejercicio de la ciudadanía y dos años de residencia en la provincia y contar con al menos cinco años de ejercicio en la abogacía, la magistratura o el funcionariado del Poder Judicial.

Como todo concurso de oposición y antecedentes para ese tipo de cargos, los postulantes deberán cumplir un examen psicofísico, una evaluación de antecedentes, un examen de oposición y una entrevista final ante el Consejo de la Magistratura.

El llamado a concurso responde a la Resolución 74/19-CM. Las consultas pueden canalizarse por correo electrónico a consejomagistratura@jusrionegro.gov.ar o telefónicamente a 02920 41008/ 4410019.

En el sitio web del Poder Judicial, www.jusrionegro.gov.ar, sección “Concursos para Magistrados y Funcionarios Judiciales” se debe completar vía electrónica el formulario inicial de inscripción. Dicho formulario (impreso y firmado), junto con una foto carnet y la totalidad de la documentación correspondiente deberá presentarse en la sede del Consejo de la Magistratura, en Colón 154 de Viedma hasta las 13.30 del 6 de marzo próximo. La entrega de la documentación puede hacerse personalmente, por correo postal o por persona autorizada.

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La Justicia ratificó que cualquier cartel de pare elimina la prioridad de quien circula por derecha

Así lo determinó la Cámara Civil de Apelaciones de Roca tras un siniestro que sufrieron dos motociclistas.

La Cámara Civil de Apelaciones hizo lugar a la demanda de dos motociclistas que fueron embestidos en una esquina de Roca por un auto que venía por su derecha. Si bien la prioridad de paso de quien circula por la derecha es conocida como “la regla de oro” del tránsito, en el caso particular existía un cartel de PARE que obligaba a la conductora del coche a ceder el paso a quien se aproximaba por su izquierda.

El choque se produjo en el céntrico paseo del Canalito de Roca. El auto circulaba de oeste a este por calle Isidro Lobo (en un sector donde existía una escuela, había un lomo de burro a mitad de cuadra y un cartel indicador de PARE poco antes de la equina), mientras que la moto descendía del puente del Canalito por calle Misiones, en sentido norte – sur.

Teniendo en cuenta el particular diseño urbanístico de la ciudad, que está atravesada por varios canales de riego (el Canal Grande y el Canalito son los más importantes), el Código de Tránsito de Roca ya tenía vigente al momento del choque una excepción propia a la “regla de oro”. Esa ordenanza preveía que la prioridad de paso de la derecha “se pierde (…) cuando: se circule al costado de un canal, respecto de quien sale del puente”.

La conductora del auto reclamó la inconstitucionalidad de esa ordenanza, pero para la Cámara no fue necesario adentrarse en esa cuestión porque la respuesta al caso ya estaba dada por la Ley Nacional de Tránsito, cuya validez no fue cuestionada.

“En el caso, estaba el cartel de PARE y en consecuencia la prioridad de paso en favor de quienes circulan por la calle Misiones no sólo surge de la norma local, sino también de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449”, sostuvo el Tribunal. Es que el art. 36 de la Ley define en qué orden que se deben respetar las indicaciones de tránsito al circular: primero, lo que indique “la autoridad de comprobación o aplicación” (cuando un agente se encuentra personalmente dirigiendo el tránsito en un lugar determinado); segundo, las señales del tránsito (es el caso de los carteles de PARE, “ceda el paso” y otros), y tercero, las normas legales del tránsito (el sistema general de prioridades de paso que definen las leyes de tránsito nacionales, provinciales y/o municipales).

Así, la Cámara definió: “Aun cuando la prioridad fuere para los que llegan a la encrucijada por la derecha, cuando -como el caso- existe un visible cartel de PARE, la prioridad la determina tal señalización. Ésta opera como un semáforo que está en rojo y en consecuencia el conductor debe detener la marcha para continuarla sólo si verifica que no tiene obstáculo. Y es claro que en el caso la demandada (conductora del auto) no tenía la vía expedita, pues (…) embistió a la actora (los motociclistas), dando con el frente de su vehículo el lateral de la moto”.

Sobre la validez de la Ordenanza, la Cámara analizó que su constitucionalidad “podría discutirse” si afectase “cuestiones generales del tránsito o que pudieren alterar el tráfico interurbano o interprovincial (…) o vías de circulación nacionales, pero no en casos como el que nos ocupa, vinculado a aspectos muy puntuales y propios del tráfico local, como la dirección de las calles y las prioridades para la circulación. Normas que, por otra parte, sin duda alguna contribuyen al mejoramiento de la circulación vehicular frente a algo muy propio del lugar, como es la existencia de canales que atraviesan el casco urbano de la ciudad con puentes en altura, similares a los cruces de las vías del ferrocarril. Se llena así, inteligentemente, un claro vacío de la normativa nacional, aplicando los principios que guían la misma”.

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Causa IPROSS: Embargo e inhibición de bienes a los siete imputados

Además, cada quince días deberán presentarse en Tribunales.

Finalizó este lunes (17/02) la audiencia para definir las medidas cautelares en torno al grupo de farmacéuticos de Roca que están imputados por presuntas defraudaciones reiteradas a la obra social estatal IPROSS.

En la audiencia del pasado viernes (14/02) la jueza de Garantías Natalia González tuvo por formulados los cargos contra las siete personas imputadas e hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público Fiscal. Así, dispuso que por el plazo de 4 meses deberán presentarse de manera quincenal en Tribunales, para acreditar que permanecen a derecho; les prohibió la salida del país y les prorrogó, también por 4 meses, el embargo de bienes que ya estaba vigente y que actualmente está depositado en una cuenta judicial. Se trata de pagos que el IPROSS había girado al Colegio de Farmacéuticos para que sean distribuidos entre las farmacias investigadas, correspondientes a las liquidaciones de ventas de medicamentos de cada comercio en el primer trimestre de 2019.

En la audiencia de este lunes la jueza finalizó la resolución, haciendo también lugar a las medidas cautelares que había requerido la Fiscalía de Estado, representante de la Administración Pública provincial como parte querellante.

En tal sentido, dispuso por el término de 4 meses la inhibición general de bienes de las siete personas imputadas. La medida se inscribirá en los Registros de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Río Negro y Neuquén, así como también en la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor. La inhibición implica que por el plazo establecido no podrán desprenderse de ninguno de los bienes inmuebles o vehículos que se encuentren a su nombre.

La parte querellante había solicitado esa medida para “evitar que se consolide el provecho” del presunto delito cometido. La jueza coincidió en que la inhibición de bienes permite evitar una eventual insolvencia del patrimonio de las personas investigadas para que, llegado el caso, puedan responder por los montos que se atribuyan a cada uno por la defraudación. En la audiencia se aclaró que la inhibición de bienes podrá ser sustituida si cada uno de los imputados ofrece a embargo bienes suficientes para cubrir las sumas que se les imputaron en la formulación de cargos.

La segunda medida de este lunes fue la ampliación del embargo preventivo del dinero girado por IPROSS al Colegio de Farmacéuticos para el pago de las supuestas ventas de medicamentos en las farmacias investigadas. El embargo original sólo comprendía el primer trimestre de 2019. Esta nueva cautelar no se limita a ese período sino que alcanza a todas “aquellas sumas de dinero que el Colegio de Farmacéuticos haya recibido por parte de IPROSS para ser pagadas a todos los imputados en función de los convenios de prestación vigentes y/o a las farmacias por ellos oportunamente dirigidas”. El embargo se dictó por el término de 4 meses “y hasta cubrir la suma de dinero expuesta en la imputación para cada uno de ellos”.

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