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Causa IPROSS: Embargo e inhibición de bienes a los siete imputados

Además, cada quince días deberán presentarse en Tribunales.

Finalizó este lunes (17/02) la audiencia para definir las medidas cautelares en torno al grupo de farmacéuticos de Roca que están imputados por presuntas defraudaciones reiteradas a la obra social estatal IPROSS.

En la audiencia del pasado viernes (14/02) la jueza de Garantías Natalia González tuvo por formulados los cargos contra las siete personas imputadas e hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público Fiscal. Así, dispuso que por el plazo de 4 meses deberán presentarse de manera quincenal en Tribunales, para acreditar que permanecen a derecho; les prohibió la salida del país y les prorrogó, también por 4 meses, el embargo de bienes que ya estaba vigente y que actualmente está depositado en una cuenta judicial. Se trata de pagos que el IPROSS había girado al Colegio de Farmacéuticos para que sean distribuidos entre las farmacias investigadas, correspondientes a las liquidaciones de ventas de medicamentos de cada comercio en el primer trimestre de 2019.

En la audiencia de este lunes la jueza finalizó la resolución, haciendo también lugar a las medidas cautelares que había requerido la Fiscalía de Estado, representante de la Administración Pública provincial como parte querellante.

En tal sentido, dispuso por el término de 4 meses la inhibición general de bienes de las siete personas imputadas. La medida se inscribirá en los Registros de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Río Negro y Neuquén, así como también en la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor. La inhibición implica que por el plazo establecido no podrán desprenderse de ninguno de los bienes inmuebles o vehículos que se encuentren a su nombre.

La parte querellante había solicitado esa medida para “evitar que se consolide el provecho” del presunto delito cometido. La jueza coincidió en que la inhibición de bienes permite evitar una eventual insolvencia del patrimonio de las personas investigadas para que, llegado el caso, puedan responder por los montos que se atribuyan a cada uno por la defraudación. En la audiencia se aclaró que la inhibición de bienes podrá ser sustituida si cada uno de los imputados ofrece a embargo bienes suficientes para cubrir las sumas que se les imputaron en la formulación de cargos.

La segunda medida de este lunes fue la ampliación del embargo preventivo del dinero girado por IPROSS al Colegio de Farmacéuticos para el pago de las supuestas ventas de medicamentos en las farmacias investigadas. El embargo original sólo comprendía el primer trimestre de 2019. Esta nueva cautelar no se limita a ese período sino que alcanza a todas “aquellas sumas de dinero que el Colegio de Farmacéuticos haya recibido por parte de IPROSS para ser pagadas a todos los imputados en función de los convenios de prestación vigentes y/o a las farmacias por ellos oportunamente dirigidas”. El embargo se dictó por el término de 4 meses “y hasta cubrir la suma de dinero expuesta en la imputación para cada uno de ellos”.

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La Justicia prorrogó el receso extraordinario pero amplió las temáticas de atención urgente

Además se reforzaron las herramientas digitales.

El Superior Tribunal de Justicia dispuso hoy (30/03), mediante Acordada, “prorrogar el receso extraordinario con régimen de feria judicial hasta el 12 de abril inclusive”, en consonancia con la extensión de la cuarentena obligatoria fijada por el Poder Ejecutivo Nacional.

De todas formas, y atento a “la continuidad del aislamiento social preventivo obligatorio”, se dispusieron medidas para “ampliar la atención de temáticas que, sin hallarse expresamente previstas en la normativa de feria, evidencian su naturaleza de atención urgente”.

En este marco, se profundizaron los procedimientos tecnológicos que permitan atender más situaciones de la administración de justicia. El Poder Judicial de Río Negro cuenta con muchos servicios digitalizados que permiten su utilización remota. En la Acordada se destaca que “en este sentido se han pronunciado los Colegios de Abogados de la Provincia en respectivas notas dirigidas a este Superior Tribuna de Justicia”.

Las medidas

De esta manera, los agentes judiciales “quedan relevados de la obligación de concurrir a sus lugares de trabajo”, aunque se atenderán las cuestiones urgentes.

En este marco, se dispuso que la totalidad de magistrados, magistradas, funcionarios y funcionarias quedarán en guardias pasivas. Así, se amplió el universo, ya que hasta el momento solo cumplían guardias pasivas una nómina con jueces y juezas de turnos y áreas sensibles.

Quienes cumplan estas guardias, “podrán desplegar las tareas propias de sus respectivas funciones desde sus lugares de aislamiento, utilizando para ello las herramientas informáticas y electrónicas propias o puestas a su disposición por el Área de Informatización de la Gestión Judicial”.

De esta manera, solo para urgencias y de acuerdo a las circunstancias del caso deberán concurrir a las oficinas”en cuyo caso deberán adoptarse las medidas sanitarias con relación a la infección de COVID-19”.

Quienes ejerzan la magistratura o funcionarios “que integren grupos de riesgo y no puedan atender las guardias pasivas, deberán estar a disposición de quienes sí lo estén para evacuar todas las consultas respecto de temas y casos que tramiten por ante sus organismos y tomar las decisiones que desde su domicilio sea posible instrumentar. Para ello deberán poner a disposición y tener activados sus teléfonos y consultar de continuo sus correos oficiales”, dispuso el STJ.

Por otra parte, el STJ dispuso “encomendar a la DIMARC la elaboración de un plan de trabajo que permita la promoción de los métodos autocompositivos en el marco de la emergencia”.

De la reunión participaron la presidenta del STJ, Liliana Piccinini, los vocales Enrique Mansilla, Sergio Barotto y Adriana Zaratiegui, el Procurador Jorge Crespo y por videoconferencia del juez Ricardo Apcarián.

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Una trabajadora del Hospital fue notificada por enviar un mensaje de WhatsApp con información falsa

Una vez que finalice la feria extraordinaria por el coronavirus, será imputada por intimidación pública.

El Ministerio Público Fiscal notificó a una agente de salud del hospital de General Roca por haber enviado desde su celular un mensaje de voz alertando sobre una situación falsa, que no estaba ocurriendo en dicho nosocomio.

“El Hospital, a través de sus representantes legales, realizó la denuncia penal correspondiente. Fueron ellos quienes nos acercaron el audio donde la señora realizaba manifestaciones vía WhatsApp generando temor de manera generalizada”, explicaron los fiscales.

Según el Código Penal dicho delito se enmarca en el Artículo 211 de “intimidación pública”, y “el Ministerio Público Fiscal la notificó acerca de la sustanciación de una causa en su contra, ya que para concretar la formulación de cargos resta prueba por producir, y que culmine la feria extraordinaria establecida por la situación que estamos viviendo”.

“Tomamos esta medida ya que en el contexto de la pandemia del Coronavirus, ante la gran cantidad de noticias sin chequear y sin fuente que las avale, las mismas cobran relevancia a través de las redes sociales, en grupos de WhatsApp, en aplicaciones de celular, afectando aún más a la ciudadanía”, dijeron los fiscales intervinientes.

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Murió esperando el arreglo de su auto: aseguradora y concesionaria, condenadas a indemnizar a sus herederos

La indemnización alcanza casi el millón de pesos. Se trata de una familia de Roca.

Un matrimonio de Roca compró un cero kilómetro en 2010. En 2011 la pareja sufrió cuatro choques, todos reconocidos y cubiertos por su aseguradora. Para reparar todos los daños juntos, la aseguradora contrató el servicio de taller de la misma concesionaria que había vendido el auto. Y comenzó entonces un peregrinar que aún no termina por los arreglos deficientes, los repuestos demorados, las acusaciones cruzadas y las informaciones falsas.

El auto sigue en el taller. Y la mujer, que era su titular y llevaba varios años luchando contra el cáncer, falleció esperando que las empresas cumplan. Su marido, un hombre mayor con una importante discapacidad motriz, siguió impulsando el reclamo judicial y logró días atrás una condena millonaria contra la compañía de seguros y la concesionaria.

La sentencia de primera instancia condenó a Sahiora S.A. y a Federación Patronal Seguros a pagar $822.600 -más intereses- por los daños moral, punitivo y material, y le dio a la automotriz un plazo de 20 días para entregar el auto “debidamente reparado”, bajo apercibimiento de aplicarle una multa por cada día de demora.

Todas las partes apelaron aquel fallo y en segunda instancia, la Cámara Civil de Apelaciones de Roca amplió la condena a favor de los clientes, aumentando la indemnización mediante la modificación del cómputo de los intereses de cada rubro, para actualizar las sumas en función de la depreciación monetaria de los últimos años y teniendo en cuenta que llevan más de 3.000 días sin poder usar el vehículo.

Según el fallo, el Chevrolet Aveo ingresó al taller por primera vez el octubre de 2011. Los dueños lo retiraron en noviembre, pero seguían las fallas. Esperaron casi un año por los repuestos que faltaban, y volvieron al taller en noviembre de 2012. En mayo de 2013 Sahiora les informó que estaba listo, pero exigía a los dueños el pago de la franquicia del seguro y otros rubros para entregarlo.

Los propietarios, sin embargo, nunca estuvieron conformes con los arreglos y antes de retirarlo pidieron la constatación por parte de un experto. Pero Sahiora se negó a la inspección y en 2014 debieron iniciar un primer juicio para hacer peritar el vehículo. Sin lograr el cumplimiento, en 2016 iniciaron la demanda por violación a los Derechos del Consumidor. Y finalmente en 2017 una pericia mecánica determinó que el auto “aún presentaba defectos de reparación”. Desde entonces permanece en la concesionaria, que alega un “derecho de retención” del vehículo hasta recibir el pago que reclama.

En medio del proceso se verificó que la “falta de stock” de repuestos originales que alegaba la concesionaria no era cierta. Un simple llamado de los dueños del auto a la General Motors Argentina sirvió para constatar que las piezas siempre estuvieron disponibles.

“Se ha verificado una conducta reiterada y sumamente grave de la concesionaria, quien no solo demoró injustificadamente las reparaciones -y sigue demorándolas- como hemos visto, sino que además llegó hasta proveer repuestos usados en partes vitales del vehículo, que (…) conllevaban un riesgo para la circulación (…) Esto configura mucho más que un incumplimiento a los deberes de información y trato digno”, sostuvo el Tribunal.

Para la Cámara “quedó absolutamente probado” que el auto “era extraordinariamente necesario” para la pareja: por la discapacidad de él, por la enfermedad de ella y porque debían atender cotidianamente a sus padres ancianos, que vivían en la zona de chacras.

“Pero lo que considero muchísimo más grave, es que la Sra. A. debió enfrentar nada menos que un cáncer que a la postre le quitó la vida y además de no contar con el vehículo para la movilidad que su tratamiento reclamaba, debió lidiar con las demandadas por el pésimo trato que le dispensaron (…) Falleció sin recuperar el vehículo que, en el marco de una prestación normal, le debió haber sido entregado en perfectas condiciones de uso en pocos días y, a varios años de su fallecimiento, el mismo sigue sin ser entregado”, enfatizó el Tribunal al incrementar la indemnización por daño moral.

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