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Judiciales

La Justicia ratificó que cualquier cartel de pare elimina la prioridad de quien circula por derecha

Así lo determinó la Cámara Civil de Apelaciones de Roca tras un siniestro que sufrieron dos motociclistas.

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La Cámara Civil de Apelaciones hizo lugar a la demanda de dos motociclistas que fueron embestidos en una esquina de Roca por un auto que venía por su derecha. Si bien la prioridad de paso de quien circula por la derecha es conocida como “la regla de oro” del tránsito, en el caso particular existía un cartel de PARE que obligaba a la conductora del coche a ceder el paso a quien se aproximaba por su izquierda.

El choque se produjo en el céntrico paseo del Canalito de Roca. El auto circulaba de oeste a este por calle Isidro Lobo (en un sector donde existía una escuela, había un lomo de burro a mitad de cuadra y un cartel indicador de PARE poco antes de la equina), mientras que la moto descendía del puente del Canalito por calle Misiones, en sentido norte – sur.

Teniendo en cuenta el particular diseño urbanístico de la ciudad, que está atravesada por varios canales de riego (el Canal Grande y el Canalito son los más importantes), el Código de Tránsito de Roca ya tenía vigente al momento del choque una excepción propia a la “regla de oro”. Esa ordenanza preveía que la prioridad de paso de la derecha “se pierde (…) cuando: se circule al costado de un canal, respecto de quien sale del puente”.

La conductora del auto reclamó la inconstitucionalidad de esa ordenanza, pero para la Cámara no fue necesario adentrarse en esa cuestión porque la respuesta al caso ya estaba dada por la Ley Nacional de Tránsito, cuya validez no fue cuestionada.

“En el caso, estaba el cartel de PARE y en consecuencia la prioridad de paso en favor de quienes circulan por la calle Misiones no sólo surge de la norma local, sino también de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449”, sostuvo el Tribunal. Es que el art. 36 de la Ley define en qué orden que se deben respetar las indicaciones de tránsito al circular: primero, lo que indique “la autoridad de comprobación o aplicación” (cuando un agente se encuentra personalmente dirigiendo el tránsito en un lugar determinado); segundo, las señales del tránsito (es el caso de los carteles de PARE, “ceda el paso” y otros), y tercero, las normas legales del tránsito (el sistema general de prioridades de paso que definen las leyes de tránsito nacionales, provinciales y/o municipales).

Así, la Cámara definió: “Aun cuando la prioridad fuere para los que llegan a la encrucijada por la derecha, cuando -como el caso- existe un visible cartel de PARE, la prioridad la determina tal señalización. Ésta opera como un semáforo que está en rojo y en consecuencia el conductor debe detener la marcha para continuarla sólo si verifica que no tiene obstáculo. Y es claro que en el caso la demandada (conductora del auto) no tenía la vía expedita, pues (…) embistió a la actora (los motociclistas), dando con el frente de su vehículo el lateral de la moto”.

Sobre la validez de la Ordenanza, la Cámara analizó que su constitucionalidad “podría discutirse” si afectase “cuestiones generales del tránsito o que pudieren alterar el tráfico interurbano o interprovincial (…) o vías de circulación nacionales, pero no en casos como el que nos ocupa, vinculado a aspectos muy puntuales y propios del tráfico local, como la dirección de las calles y las prioridades para la circulación. Normas que, por otra parte, sin duda alguna contribuyen al mejoramiento de la circulación vehicular frente a algo muy propio del lugar, como es la existencia de canales que atraviesan el casco urbano de la ciudad con puentes en altura, similares a los cruces de las vías del ferrocarril. Se llena así, inteligentemente, un claro vacío de la normativa nacional, aplicando los principios que guían la misma”.

Judiciales

El STJ confirmó sentencia para que obra social brinde cobertura total a paciente oncológica

El máximo órgano judicial de la Provincia ratificó un fallo de un Juzgado de Roca y condenó a Unión Personal.

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El Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de amparo dictada por un juzgado Civil de Roca y condenó a la obra social Unión Personal a brindar la cobertura total del tratamiento de radioterapia a una paciente oncológica.

El caso llegó al STJ a raíz de la apelación de la obra social contra una sentencia civil de Roca, que había hecho lugar al amparo de la afiliada. Tras analizar los argumentos de la parte, el máximo tribunal ratificó la orden de brindar “cobertura y provisión integral (100%) del tratamiento indicado por su médica tratante para la realización de radioterapia de intensidad modulada de dosis (IMRT) dentro de los cinco días de notificado”.

El STJ coincidió con la jueza de Roca en que “no existe otro medio para tutelar en forma más rápida y efectiva la salud de la amparista”.

El fallo valoró que, según su médica tratante, la paciente “tiene alto riesgo de recaída tumoral, que fue operada hace un mes y que posponer el inicio del tratamiento implica mayor riesgo de recidiva local”. Se consideró que el tratamiento señalado por la médica “fue suficientemente justificado y evaluado”, a diferencia del tratamiento alternativo sugerido por la obra social.

“La amparista presenta un cuadro de salud que exige una tuición especial para lograr un completo bienestar psico-físico, social y laboral, por tratarse de una paciente oncológica donde la cobertura debe ser integral”, señaló la sentencia.

“Ha quedado acreditada la necesidad de la amparista (…) de contar con el tratamiento de radioterapia de intensidad modulada (IMRT) prescripto por su médica especialista”, concluyó el STJ. Destacó además que la obra social no contradijo las indicaciones de la oncóloga ni “tampoco expuso argumentos científicos que demuestren que en el caso concreto tal indicación resulta errónea o injustificada”.

Finalmente el STJ consideró que el fallo de primera instancia “además, ha sido motivado en los máximos postulados constitucionales que hacen al derecho de la salud”, respetando los precedentes del máximo tribunal. «El artículo 59 de la Constitución Provincial establece que la salud es un derecho esencial y un bien social que hace a la dignidad humana. Los habitantes de la Provincia tienen derecho a un completo bienestar psicofísico y espiritual, debiendo cuidar su salud y asistirse en caso de enfermedad. El sistema de salud se basa en la universalidad de la cobertura, con acciones integrales de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación”, recordó el STJ.

«En casos como el de autos resulta necesario tener como principio rector la calidad de vida del paciente. Las personas tienen el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, garantía que se obtura al negarle al actor el acceso al tratamiento aconsejado por su médico tratante”, agregó el STJ, ratificando su jurisprudencia.

“El médico tratante es el especialista en quien el enfermo ha confiado ese control de calidad, es el llamado a determinar si su paciente realmente necesita un medicamento o un tratamiento determinado, con qué grado de urgencia y en qué estadio de la enfermedad”, indicó. “En conflictos de esta naturaleza -entre el médico tratante y la entidad prestadora de salud-, corresponde priorizar lo que el médico tratante evalúa con relación a la confiabilidad de lo que indica, a fin de optimizar la calidad de vida de quien ha depositado su confianza”, finalizó el STJ.

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Judiciales

No le permitía trabajar a su pareja y ejerció violencia de género: lo excluyeron de su casa

Desde que llegó a Roca la mujer no pudo generar lazos sociales de ningún tipo con el agravante de que la pareja le negó la posibilidad de buscar trabajo.

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Foto: Archivo (Patagonia FotoPress).

Una mujer que se encuentra en una “clara situación de vulnerabilidad” estaba siendo víctima no sólo de violencia física sino psicológica y económica por parte de su pareja. En ese contexto y luego de denunciar el caso en la Comisaría de la Familia, un fallo judicial ordenó la exclusión del hogar y varias medidas de protección.

La casa le pertenece al hombre excluido, pero la resolución del Juzgado de Paz de Roca consideró las circunstancias que rodean el caso. Desde que llegó a la ciudad la mujer no pudo generar lazos sociales de ningún tipo con el agravante de que la pareja le negó la posibilidad de buscar trabajo. “Eso le hubiese permitido gozar de independencia económica para poder alquilar otra vivienda y retirarse de la actual”, se afirma en el texto que ordenó las medidas de protección.

En la casa viven, además de la mujer, su hija embarazada de tres meses, la pareja de ella y un niño. “Las demás personas son víctimas indirectas de los actos de violencia”, se consideró.

Las medidas se adoptaron utilizando todos los mecanismos incorporados por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para garantizar el servicio en el contexto de la pandemia. La realización de audiencias virtuales, notificación por mensajería electrónica, habilitación de teléfonos de urgencia y el uso de la plataforma MEED (Mesa de Entradas de Escritos Digitales) fueron algunas de las soluciones que permitieron la continuidad de más de 27.000 procesos judiciales y el inicio de nuevas causas.

Sobre esos fundamentos, se dictó la exclusión del hogar del hombre y una serie de medidas de protección para la víctima. Una prohibición de acercamiento hacia la mujer de 200 metros y la advertencia de no realizar actos de hostigamiento, reclamos personales de cualquier índole, agravios, entre otros. Ello bajo la posibilidad, en caso de incumplimiento, de dictar nuevas medidas como arresto, multa económica o trabajo comunitario.

El caso fue derivado a uno de los Juzgado de Familia de Roca para que las partes puedan ejercer sus derechos con asistencia letrada de un abogado o abogada particular o de la Defensa Pública.

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Gremios

La Justicia suspendió el receso de mediados de año

El gremio Sitrajur manifestó su preocupación e insiste por una convocatoria para definir acciones en conjunto.

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Foto: Archivo (Patagonia FotoPress).

El Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General dispusieron suspender el receso ordinario de dos semanas previsto para mediados de año. De esta manera, se estableció la continuidad de “la prestación del servicio en todos los organismos del Poder Judicial”, según se consigna en la Acordada.

La prestación del servicio se enmarcará en las Acordadas 17 y 20 “en orden a la situación epidemiológica existente en cada una de las localidades de la provincia”. Esto implica que sigue el trabajo presencial de jueces, juezas, funcionarias, funcionarios y equipos mínimos en toda la geografía provincial, y que correrán los plazos y habrá atención presencial con turnos en aquellos lugares con estatus sanitario de distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO).

El receso ordinario establecido para mediados del año judicial está establecido por el artículo 18 de la Ley Orgánica.

La Acordada también establece que sin perjuicio de la suspensión del receso, los días “podrán ser usufructuados en el lapso que media entre el 13 de julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2021”, de acuerdo a lo que autoricen las autoridades respectivas, procurando que se efectúe “de modo gradual y coordinado para no afectar la normal prestación del servicio”.

En los considerandos de la Acordada se recuerda que “ el inicial receso, con la flexibilización paulatina y prudente de las restricciones en lo atinente a asuntos que no estuvieren taxativamente dispuestos en el art. 19 de la Ley Orgánica, así como el levantamiento de suspensión de plazos para el dictado de sentencias definitivas y autos interlocutorios, como también de los restantes plazos legales en la localizaciones que se encuentran con Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio (Acordada Nº 20/2020), han servido para continuar prestando el servicio teniendo siempre presente su esencialidad”.

La continuidad de la pandemia “con los efectos propios de las circunstancias atípicas, fortuitas e inesperadas, es por demás demostrativo de la excepcionalidad por la que atraviesa la organización de este Poder Judicial e impone dar continuidad al servicio sin fijar el segundo período de receso establecido para mediados del año judicial”.

Al conocerse esta determinación, desde la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur) expresaron su «profunda preocupación por la persistencia del STJ en desconocer el ámbito paritario e incumplir con la Ley N° 5009 de Convenio Colectivo, al disponer la suspensión de la feria judicial. Entendiendo que es claro que no implica la supresión del período vacacional, y que como es de publico conocimiento, gran parte de los planteles de trabajadores y trabajadoras están concurriendo a sus lugares de trabajo (incluso muchos nunca dejaron de ir a pesar de la cuarentena), creemos que es institucionalmente grave que se resuelva sobre nuestras condiciones de trabajo en forma unilateral, en contra de la Ley», manifestaron.

Asimismo reclamaron que «la Secretaría de Trabajo continúa sin intervenir ni convocar a la negociación colectiva cuando es su deber legal, y que además se lo venimos requiriendo desde el mes de marzo, ni bien se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio».

«Se ha dado lugar a muchos actores para que opinen sobre este punto, e incluso se lo ha hecho públicamente, pero los que nunca fuimos consultados ni aún cuando los obliga la ley es a los trabajadores y su legítima representación que es el Sitrajur», dijo el secretario general del gremio de los judiciales en Río Negro, Emiliano Sanhueza.

«Se deben detener ya estas prácticas unilaterales y autoritarias que en nada favorece a la convivencia democrática y la paz social que tanto se pregona y de la que se hace muy poco para su preservación en un delicado momento para la sociedad en su conjunto. Por la seguridad laboral de nuestros compañeros y compañeras, por condiciones dignas y seguras de trabajo, exigimos una convocatoria urgente a paritarias», reclamó finalmente Sanhueza.

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