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Dos detenidos por disparar a un auto en la noche del martes

Quedaron imputados y con prisión preventiva por dos meses. Habrían efectuado alrededor de 7 disparos.

Foto: Gentileza TodoRoca.

Ayer (13/03) al mediodía el equipo de fiscales conformado por Luciano Garrido y Daniela Martinez formularon cargos a dos sujetos por el delito de tentativa de homicidio por el hecho ocurrido el pasado martes 10 de marzo.

Según la acusación fiscal, “se trata de una secuencia dinámica, todo comenzó alrededor de las 23.00 en la calle Villegas y Felix Heredia. El primer disparo se realiza cuando el auto de las víctimas va cruzando el lomo de burro ubicado allí, a raíz de ello quien iba conduciendo el Gol Country acelera, allí uno de los imputados se baja del vehículo y hace un segundo disparo. Tras ello sucede una persecución y en ese transcurso se efectúan al menos 5 disparos más. Hablamos de 7 en total, ya que 5 se encontraron en el auto y los otros dos en las personas víctimas. Terminando la secuencia en la estación de servicio de calle San Juan y Gadano”.

El equipo fiscal presentó como evidencia el acta de procedimiento del Destacamento 178, que intervino a raíz de un llamado que describió que había un vehículo realizando tiros. Además mencionó las entrevistas realizadas a testigos que dieron detalles del hecho, las declaraciones de las víctimas, de sus con allegados.

Agregaron como prueba los certificados confeccionados por el médico policial acerca de las lesiones que tienen ambos heridos, las precisiones brindadas por las pericias del Gabinete de Criminalística de donde estaban los ingresos de los disparos en el Gol atacado, las pericias del Cuerpo Médico Forense que revisó en el día de la fecha al hombre herido.

“Cabe mencionar que Criminalística indicó que el arma utilizada, basándose en los restos hallados y en las balas extraídas a las víctimas, la misma sería de calibre 9 mm”, explicaron.

En relación a la calificación legal, Garrido detalló que para uno de ellos corresponden los delitos de “co autor de tentativa de homicidio, agravado por uso de arma de fuego”, y para el otro “co autor de tentativa de homicidio agravado por uso de arma en concurso real con portación de arma de guerra sin la debida autorización legal”.

En relación a la medida cautelar, Garrido señaló que sólo uno de ellos tiene un antecedente condenatorio, de una pena de 3 años de prisión condicional más reglas de conducta, por un hecho que tiene similares características.

“Contamos con antecedentes firmes para sostener que se cometió un hecho, que se encuadra en una figura penal y que de acuerdo a la calificación legal, de ninguna manera en caso de recaer condena la misma será dejada en suspenso. Uno de ellos conducía y el otro disparaba, hubo un claro reparto de tareas, un dominio de la acción y claramente un dolo homicida que no ha podido concretarse”, explicó el fiscal.

“Estar realizando disparos por calle Villegas hacia San Juan, a esa hora de la noche, se suma a la gravedad que tienen varias causas en trámite, donde los involucrados han participado tanto como víctimas y como victimarios”, agregó.

“Los autores se dieron a la fuga, no se ha podido dar ni con el arma ni con el vehículo, ambos se sustrajeron del accionar de la justicia, se realizaron 4 órdenes de allanamientos para poder dar con ellos, con el arma y el auto. No podemos omitir entonces que han ocultado o destruir el elemento utilizado, cuestión que evidencia que han intentado entorpecer el accionar de la justicia”.

El fiscal solicitó 3 meses de prisión preventiva y 4 para la investigación inicial preparatoria.

Por su parte la defensa particular, que fue la misma para ambos imputados, no presentó objeciones formales a la formulación pero si se opuso al plazo de la medida cautelar como a la naturaleza de la misma.

Por su parte, la jueza de Garantías María Gadano tuvo por formulados los cargos en los términos realizados por el Ministerio Público Fiscal, y estableció 2 meses de preventiva.

Judiciales

La Justicia prorrogó el receso extraordinario pero amplió las temáticas de atención urgente

Además se reforzaron las herramientas digitales.

El Superior Tribunal de Justicia dispuso hoy (30/03), mediante Acordada, “prorrogar el receso extraordinario con régimen de feria judicial hasta el 12 de abril inclusive”, en consonancia con la extensión de la cuarentena obligatoria fijada por el Poder Ejecutivo Nacional.

De todas formas, y atento a “la continuidad del aislamiento social preventivo obligatorio”, se dispusieron medidas para “ampliar la atención de temáticas que, sin hallarse expresamente previstas en la normativa de feria, evidencian su naturaleza de atención urgente”.

En este marco, se profundizaron los procedimientos tecnológicos que permitan atender más situaciones de la administración de justicia. El Poder Judicial de Río Negro cuenta con muchos servicios digitalizados que permiten su utilización remota. En la Acordada se destaca que “en este sentido se han pronunciado los Colegios de Abogados de la Provincia en respectivas notas dirigidas a este Superior Tribuna de Justicia”.

Las medidas

De esta manera, los agentes judiciales “quedan relevados de la obligación de concurrir a sus lugares de trabajo”, aunque se atenderán las cuestiones urgentes.

En este marco, se dispuso que la totalidad de magistrados, magistradas, funcionarios y funcionarias quedarán en guardias pasivas. Así, se amplió el universo, ya que hasta el momento solo cumplían guardias pasivas una nómina con jueces y juezas de turnos y áreas sensibles.

Quienes cumplan estas guardias, “podrán desplegar las tareas propias de sus respectivas funciones desde sus lugares de aislamiento, utilizando para ello las herramientas informáticas y electrónicas propias o puestas a su disposición por el Área de Informatización de la Gestión Judicial”.

De esta manera, solo para urgencias y de acuerdo a las circunstancias del caso deberán concurrir a las oficinas”en cuyo caso deberán adoptarse las medidas sanitarias con relación a la infección de COVID-19”.

Quienes ejerzan la magistratura o funcionarios “que integren grupos de riesgo y no puedan atender las guardias pasivas, deberán estar a disposición de quienes sí lo estén para evacuar todas las consultas respecto de temas y casos que tramiten por ante sus organismos y tomar las decisiones que desde su domicilio sea posible instrumentar. Para ello deberán poner a disposición y tener activados sus teléfonos y consultar de continuo sus correos oficiales”, dispuso el STJ.

Por otra parte, el STJ dispuso “encomendar a la DIMARC la elaboración de un plan de trabajo que permita la promoción de los métodos autocompositivos en el marco de la emergencia”.

De la reunión participaron la presidenta del STJ, Liliana Piccinini, los vocales Enrique Mansilla, Sergio Barotto y Adriana Zaratiegui, el Procurador Jorge Crespo y por videoconferencia del juez Ricardo Apcarián.

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Una trabajadora del Hospital fue notificada por enviar un mensaje de WhatsApp con información falsa

Una vez que finalice la feria extraordinaria por el coronavirus, será imputada por intimidación pública.

El Ministerio Público Fiscal notificó a una agente de salud del hospital de General Roca por haber enviado desde su celular un mensaje de voz alertando sobre una situación falsa, que no estaba ocurriendo en dicho nosocomio.

“El Hospital, a través de sus representantes legales, realizó la denuncia penal correspondiente. Fueron ellos quienes nos acercaron el audio donde la señora realizaba manifestaciones vía WhatsApp generando temor de manera generalizada”, explicaron los fiscales.

Según el Código Penal dicho delito se enmarca en el Artículo 211 de “intimidación pública”, y “el Ministerio Público Fiscal la notificó acerca de la sustanciación de una causa en su contra, ya que para concretar la formulación de cargos resta prueba por producir, y que culmine la feria extraordinaria establecida por la situación que estamos viviendo”.

“Tomamos esta medida ya que en el contexto de la pandemia del Coronavirus, ante la gran cantidad de noticias sin chequear y sin fuente que las avale, las mismas cobran relevancia a través de las redes sociales, en grupos de WhatsApp, en aplicaciones de celular, afectando aún más a la ciudadanía”, dijeron los fiscales intervinientes.

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Murió esperando el arreglo de su auto: aseguradora y concesionaria, condenadas a indemnizar a sus herederos

La indemnización alcanza casi el millón de pesos. Se trata de una familia de Roca.

Un matrimonio de Roca compró un cero kilómetro en 2010. En 2011 la pareja sufrió cuatro choques, todos reconocidos y cubiertos por su aseguradora. Para reparar todos los daños juntos, la aseguradora contrató el servicio de taller de la misma concesionaria que había vendido el auto. Y comenzó entonces un peregrinar que aún no termina por los arreglos deficientes, los repuestos demorados, las acusaciones cruzadas y las informaciones falsas.

El auto sigue en el taller. Y la mujer, que era su titular y llevaba varios años luchando contra el cáncer, falleció esperando que las empresas cumplan. Su marido, un hombre mayor con una importante discapacidad motriz, siguió impulsando el reclamo judicial y logró días atrás una condena millonaria contra la compañía de seguros y la concesionaria.

La sentencia de primera instancia condenó a Sahiora S.A. y a Federación Patronal Seguros a pagar $822.600 -más intereses- por los daños moral, punitivo y material, y le dio a la automotriz un plazo de 20 días para entregar el auto “debidamente reparado”, bajo apercibimiento de aplicarle una multa por cada día de demora.

Todas las partes apelaron aquel fallo y en segunda instancia, la Cámara Civil de Apelaciones de Roca amplió la condena a favor de los clientes, aumentando la indemnización mediante la modificación del cómputo de los intereses de cada rubro, para actualizar las sumas en función de la depreciación monetaria de los últimos años y teniendo en cuenta que llevan más de 3.000 días sin poder usar el vehículo.

Según el fallo, el Chevrolet Aveo ingresó al taller por primera vez el octubre de 2011. Los dueños lo retiraron en noviembre, pero seguían las fallas. Esperaron casi un año por los repuestos que faltaban, y volvieron al taller en noviembre de 2012. En mayo de 2013 Sahiora les informó que estaba listo, pero exigía a los dueños el pago de la franquicia del seguro y otros rubros para entregarlo.

Los propietarios, sin embargo, nunca estuvieron conformes con los arreglos y antes de retirarlo pidieron la constatación por parte de un experto. Pero Sahiora se negó a la inspección y en 2014 debieron iniciar un primer juicio para hacer peritar el vehículo. Sin lograr el cumplimiento, en 2016 iniciaron la demanda por violación a los Derechos del Consumidor. Y finalmente en 2017 una pericia mecánica determinó que el auto “aún presentaba defectos de reparación”. Desde entonces permanece en la concesionaria, que alega un “derecho de retención” del vehículo hasta recibir el pago que reclama.

En medio del proceso se verificó que la “falta de stock” de repuestos originales que alegaba la concesionaria no era cierta. Un simple llamado de los dueños del auto a la General Motors Argentina sirvió para constatar que las piezas siempre estuvieron disponibles.

“Se ha verificado una conducta reiterada y sumamente grave de la concesionaria, quien no solo demoró injustificadamente las reparaciones -y sigue demorándolas- como hemos visto, sino que además llegó hasta proveer repuestos usados en partes vitales del vehículo, que (…) conllevaban un riesgo para la circulación (…) Esto configura mucho más que un incumplimiento a los deberes de información y trato digno”, sostuvo el Tribunal.

Para la Cámara “quedó absolutamente probado” que el auto “era extraordinariamente necesario” para la pareja: por la discapacidad de él, por la enfermedad de ella y porque debían atender cotidianamente a sus padres ancianos, que vivían en la zona de chacras.

“Pero lo que considero muchísimo más grave, es que la Sra. A. debió enfrentar nada menos que un cáncer que a la postre le quitó la vida y además de no contar con el vehículo para la movilidad que su tratamiento reclamaba, debió lidiar con las demandadas por el pésimo trato que le dispensaron (…) Falleció sin recuperar el vehículo que, en el marco de una prestación normal, le debió haber sido entregado en perfectas condiciones de uso en pocos días y, a varios años de su fallecimiento, el mismo sigue sin ser entregado”, enfatizó el Tribunal al incrementar la indemnización por daño moral.

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