Gremios
Preocupa a UnTER la dificultad que tienen los estudiantes roquenses para acceder a las clases virtuales
Exigen además al Ministerio de Educación que garantice el servicio de internet y la provisión de dispositivos electrónicos también para docentes.
En la tarde de ayer (01/06), con la conexión de 55 directivos y supervisores/as, se llevó adelante una reunión virtual convocada por la Seccional de General Roca de UnTER para analizar la situación de las instituciones educativas en el marco de la Emergencia Sanitaria por el coronavirus COVID-19.
En las cuatro horas de informes y debates, se analizó la complejidad de la situación que están atravesando las comunidades educativas. Se brindaron conmovedores relatos sobre las necesidades de las familias, tales como alimentación básica, energía eléctrica y agua potable, siendo lo más recurrente la falta de conectividad de internet y dispositivos electrónicos para poder garantizar el derecho social a la educación.
La profunda preocupación se acrecienta con los 33 casos positivos y más de 120 personas aisladas por sospechas de contagio. Desde el gremio consideran que «en este contexto de circulación social del virus, el Ministerio de Educación debe tener un accionar responsable para con los trabajadores de la educación. Con el debido cuidado, evitará nuevas suplencias y no se alterará el vinculo y continuidad pedagógica de los estudiantes».
En la reunión donde participaron directivos de los tres niveles y modalidades y supervisoras/es de inicial, primaria y de adultos y coincidieron en una «profunda preocupación por la falta de una alimentación saludable en los estudiantes y sus familias. Los módulos alimentarios que se proveen además de insuficientes no alcanzan a cubrir toda la demanda». Asimismo expresaron que «es necesario el cambio de modalidad de entrega presencial de los módulos, los cuadernos nacionales y trabajos prácticos en papel, ya que se expone al contagio, no solo a las familias sino a los equipos directivos y docentes».
«A esta problemática se le suma la falta de elementos de protección (barbijos, guantes de látex, máscaras faciales, alcohol) y una adecuada desinfección previa y posterior a la aglomeración de personas», reclamaron. No solo se hizo una reflexión critica sino que además se sugirió como propuestas que la entrega de alimentos la realice Desarrollo Social. «Que se haga cargo el mayorista de la entrega puerta a puerta o se les brinde un vale para dicha compra. Específicamente, que no se continúe exponiendo a los docentes al posible contagio del letal virus», agregaron desde el gremio.
Añadieron que «no se puede jugar con la necesidad y el hambre de las familias, a sabiendas que siempre los/las docentes tendremos una actitud solidaria y de acompañamiento ante las necesidades de la comunidad, pero no por ello tienen que poner en riesgo su salud, la de sus propias familias y la vida de los demás ciudadanos».
Expresaron el malestar por «el mal funcionamiento de la página del Ministerio, no pudiéndose realizar las asambleas virtuales de cargos, en tiempo y forma, perjudicando aún más a los compañeros, ya que no pudieron ser designados».
Manifestaron «la sorpresa por el apresuramiento de la ministra de Educación (Mercedes Jara Traccia) por el retorno a las aulas cuando al día de la fecha, no se garantizan las medidas de seguridad e higiene en las escuelas, lugar donde se entregan módulos alimentarios y cuadernos de nación, transgrediendo todo decreto nacional y provincial que determina ASPO. Más sorprende hablar de volver a las aulas cuando en nuestra ciudad hay nuevos casos de contagios de coronavirus en distintos organismos públicos y barrios de la ciudad».
«Y que se tenga en cuenta la realidad de la modalidad adultos, en la provisión de módulos alimentarios y de materiales pedagógicos, y que se busque otra alternativa de asistencia alimentaria para palear el hambre de las familias roquenses».
Asimismo, UnTER exigió al Ministerio de Educación arbitre los medios necesarios, liberar banda ancha del servicio de internet para garantizar las tareas pedagógicas de los estudiantes y docentes y la provisión de dispositivos electrónicos.
Finalmente manifestaron «la necesidad de mantenimiento escolar y la correcta higiene de los edificios, lo que no debe depender de la voluntad del Personal de Servicio de Apoyo sino de directivas claras y seguras» y lamentaron el corrimiento del cronograma de pago, posterior al quinto día hábil, lo que implica la cancelación de servicios con recargos.
Gremios
Para ATE, «las garantías constitucionales están en riesgo» luego de la persecución política y judicial contra periodistas
«Este ataque a la libertad de expresión y el intento de allanar a periodistas pone en riesgo toda la institucionalidad de nuestro país», dijo Aguiar.
Luego de que el Gobierno denunciara a los periodistas que difundieron audios sobre la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudió este accionar del Poder Ejecutivo y acusó «un grave ataque contra la libertad de expresión».
«La persecución y el intento de allanar a periodistas por revelar hechos de corrupción pone en riesgo toda la institucionalidad en nuestro país», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Se trata de un ataque directo a la libertad de expresión y a todas las garantías constitucionales que como sociedad tenemos que defender. Todos los ciudadanos tienen derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa», agregó el dirigente. Entre los periodistas apuntados se encuentran Jorge Rial y Mauro Federico, además del responsable del portal Data Clave, Pablo Giménez.
Además, el sindicato alertó el preocupante acto de censura por el cual el juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, prohibió la difusión de nuevos audios de la hermana del presidente.
«Estas decisiones atentan directamente contra los derechos constitucionales a la libertad de expresión, amparados en los artículos 14 y 32 de la Carta Magna. Todos los habitantes de la Nación gozan del derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal», detalló Aguiar.
Además, recordó que «la Argentina suscribe a la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual en su artículo 13 señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. El ejercicio del derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley».
Gremios
UnTER ratificó el rechazo a la oferta salarial del Gobierno y exigió urgente convocatoria a paritaria
Desde el sindicato esperan que el llamado sea la próxima semana, si no convocarán a un nuevo Congreso.
El plenario de secretarios generales de la UnTER resolvió avalar por unanimidad el rechazo del Consejo Directivo Central a la última propuesta salarial por considerarla «paupérrima» y exigir una urgente convocatoria a paritaria con una oferta de recomposición acorde con los requerimientos del sindicato.
Con la participación de representantes de las 18 Seccionales, el plenario que se desarrolló por plataforma virtual, definió que en caso de no recepcionar la convocatoria del Ministerio de Educación en la primera semana de septiembre, se realizará un Congreso Extraordinario el 9 de septiembre. Asimismo, se resolvió exigir al Gobierno provincial la derogación de las auditorias médicas.
El plenario se expidió también respecto de las situaciones de violencia en diferentes puntos de la Provincia: exigió la continuidad del trabajo, de manera perentoria, en la elaboración de un protocolo y definió exhortar a los legisladores provinciales a tratar urgentemente el proyecto presentado por UnTER para la protección y el resguardo de los docentes en las instituciones rionegrinas.
Gremios
ATE denunció a UPCN y a Unión Personal por prácticas ilegales contra los estatales
El sindicato acusó a la obra social por cobrar coseguros ilegales en prestaciones de salud que forman parte del Programa Médico Obligatorio, y restringir prestaciones a quienes no estén afiliados a UPCN.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación a Unión Personal, obra social administrada por el sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), por el cobro de coseguros ilegales. También acusa discriminación en las prestaciones médicas según la afiliación sindical y la aplicación de tarifas exorbitantes sobre las prestaciones médicas obligatorias cercenando el derecho a la salud de los trabajadores.
«La conducta de algunos dirigentes del Sector Público es miserable. Primero le destruyen los salarios a los trabajadores avalando recortes sin precedentes, y ahora pretenden cobrar plus o aranceles diferenciados que están prohibidos por ley. No debe haber nada más bajo que meterse con la salud de los trabajadores y sus familias», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Estamos frente a una extorsión comprobada y además debe investigarse si no existen complicidades de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud por permitir este accionar discriminatorio y manifiestamente ilegal que perjudica a miles de trabajadores estatales», agregó el dirigente.
En esta línea, el referente de ATE apuntó contra la conducción de UPCN. «Están utilizando a la obra social para intentar de manera desesperada frenar las desafiliaciones masivas que están sufriendo a partir del silencio cómplice que mantienen desde hace 19 meses avalando a un Gobierno que de manera permanente y sistemática ha agredido al empleo público e intentado desmantelar numerosas estructuras del Estado», agregó.
«Sin dudas enfrentamos una maniobra dolosa. Se están cometiendo delitos y de manera inmediata tienen que determinarse las responsabilidades de los administradores de la obra social, los dirigentes gremiales y funcionarios públicos que puedan estar involucrados», concluyó Aguiar.
El dirigente sindical argumentó ante la Superintendencia la ilegalidad del cobro de coseguros para intervenciones quirúrgicas, lo que viola el Programa Médico Obligatorio, y la imposición de costos elevados y diferenciales según afiliación sindical. Además, resaltó que «todos los estatales, independientemente de su afiliación o no, tienen el mismo derecho a la salud».
De esta forma, se acusa a UPCN de «extorsionar a los trabajadores para frenar la desafiliación masiva que viene sufriendo y de eximir solo a quienes estén afiliados a dicho sindicato del pago de los coseguros, entre otros privilegios como el acceso exclusivo a distintos sanatorios. Esto último, además de ser inconstitucional, representa una práctica extorsiva e intimidatoria. Además, el sindicato liderado por Andrés Rodríguez actúa en consonancia con el Gobierno Nacional».
Desde ATE se repudia «una deficiente administración por parte de la obra social Unión Personal y de UPCN lo que obliga a trasladar los costos de los servicios a los propios estatales».
«Gracias a la estrategia jurídica que el centenario sindicato estatal implementó para impedir los abusos que está llevando a cabo Unión Personal, ya se logró dar marcha atrás a algunas de las prácticas fraudulentas. Para eso, se presentaron diversos amparos, colectivos e individuales según el caso, ante el órgano de control de las obras sociales», sostuvo Aguiar.
Por otra parte, los delegados del sindicato en cada sector de la Administración Pública Nacional han registrado múltiples casos y asesorado sobre el procedimiento administrativo para impedir estas acciones ilegales y discriminatorias que está ejerciendo la obra social. También se ha puesto a disposición los formularios correspondientes para realizar las denuncias de forma individual.
