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Judiciales

El STJ confirmó sentencia para que obra social brinde cobertura total a paciente oncológica

El máximo órgano judicial de la Provincia ratificó un fallo de un Juzgado de Roca y condenó a Unión Personal.

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El Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de amparo dictada por un juzgado Civil de Roca y condenó a la obra social Unión Personal a brindar la cobertura total del tratamiento de radioterapia a una paciente oncológica.

El caso llegó al STJ a raíz de la apelación de la obra social contra una sentencia civil de Roca, que había hecho lugar al amparo de la afiliada. Tras analizar los argumentos de la parte, el máximo tribunal ratificó la orden de brindar “cobertura y provisión integral (100%) del tratamiento indicado por su médica tratante para la realización de radioterapia de intensidad modulada de dosis (IMRT) dentro de los cinco días de notificado”.

El STJ coincidió con la jueza de Roca en que “no existe otro medio para tutelar en forma más rápida y efectiva la salud de la amparista”.

El fallo valoró que, según su médica tratante, la paciente “tiene alto riesgo de recaída tumoral, que fue operada hace un mes y que posponer el inicio del tratamiento implica mayor riesgo de recidiva local”. Se consideró que el tratamiento señalado por la médica “fue suficientemente justificado y evaluado”, a diferencia del tratamiento alternativo sugerido por la obra social.

“La amparista presenta un cuadro de salud que exige una tuición especial para lograr un completo bienestar psico-físico, social y laboral, por tratarse de una paciente oncológica donde la cobertura debe ser integral”, señaló la sentencia.

“Ha quedado acreditada la necesidad de la amparista (…) de contar con el tratamiento de radioterapia de intensidad modulada (IMRT) prescripto por su médica especialista”, concluyó el STJ. Destacó además que la obra social no contradijo las indicaciones de la oncóloga ni “tampoco expuso argumentos científicos que demuestren que en el caso concreto tal indicación resulta errónea o injustificada”.

Finalmente el STJ consideró que el fallo de primera instancia “además, ha sido motivado en los máximos postulados constitucionales que hacen al derecho de la salud”, respetando los precedentes del máximo tribunal. «El artículo 59 de la Constitución Provincial establece que la salud es un derecho esencial y un bien social que hace a la dignidad humana. Los habitantes de la Provincia tienen derecho a un completo bienestar psicofísico y espiritual, debiendo cuidar su salud y asistirse en caso de enfermedad. El sistema de salud se basa en la universalidad de la cobertura, con acciones integrales de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación”, recordó el STJ.

«En casos como el de autos resulta necesario tener como principio rector la calidad de vida del paciente. Las personas tienen el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, garantía que se obtura al negarle al actor el acceso al tratamiento aconsejado por su médico tratante”, agregó el STJ, ratificando su jurisprudencia.

“El médico tratante es el especialista en quien el enfermo ha confiado ese control de calidad, es el llamado a determinar si su paciente realmente necesita un medicamento o un tratamiento determinado, con qué grado de urgencia y en qué estadio de la enfermedad”, indicó. “En conflictos de esta naturaleza -entre el médico tratante y la entidad prestadora de salud-, corresponde priorizar lo que el médico tratante evalúa con relación a la confiabilidad de lo que indica, a fin de optimizar la calidad de vida de quien ha depositado su confianza”, finalizó el STJ.

Judiciales

Se encadenaron en la Ciudad Judicial exigiendo una respuesta urgente para Valentín

Familiares del niño de ocho meses que padece atrofia muscular espinal piden que se garantice el tratamiento de su hijo.

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Exigiendo respuestas urgentes para poder continuar con el tratamiento de Valentín Carriqueo, el niño roquense de ocho meses que padece Atrofia Muscular Espinal (AME) Tipo 1, familiares se encadenaron en la Ciudad Judicial esta mañana (27/11).

«La Justicia no dicta sentencia porque la provincia se allanó a la demanda pero no compran la medicación ni dan precisiones acerca de cuándo se va a garantizar el tratamiento. La justicia cómplice e inactiva», manifestó uno de los allegados a la familia.

Valentín necesita del medicamento Spinranza, para poder tener una mejor calidad de vida. Desde hace varios meses, los familiares del niño vienen reclamando ya que es necesaria la medicación porque mes a mes pierde la movilidad de sus músculos.

El valor de la medicación para comenzar el tratamiento es de 27.000 dólares e implica 4 dosis: las dos primeras se aplican una cada 15 días y después cada 3 meses.

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Judiciales

Constructora roquense recibió ATP pero despidió a un obrero en pandemia

La Justicia estableció que debe reincorporarlo y pagarle los salarios caídos.

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Una empresa constructora de Roca desvinculó a un electricista alegando la “suspensión de obras” que tenía en ejecución, con el argumento de que el rubro de la construcción no está incluido en los Decretos nacionales de emergencia por Covid-19, que desde marzo prohíben los despidos sin causa.

Cuando el trabajador descubrió que su salario no había sido depositado, inició el reclamo ante la empresa y, ante la negativa de reincorporación, interpuso una demanda autosatisfactiva ante jueces laborales de Roca.

Tras un proceso que tramitó de manera digital, la Cámara Segunda declaró nulo el despido, ordenó la reincorporación inmediata del operario y el pago de los salarios adeudados e impuso a la empresa un apercibimiento de $2.000 de multa por cada día de incumplimiento de la decisión judicial.

El trabajador cumplía el Aislamiento Social Obligatorio, tras la suspensión de actividades de la empresa en el primer período de la pandemia, y nunca recibió una explícita convocatoria a retomar sus labores. Sólo recibió, en abril, un mensaje de WhatsApp en el que un ingeniero de la empresa le remitía un link para tramitar el permiso de circulación.

El 12 de junio la empresa le envió el telegrama de despido, poniendo a su disposición la liquidación final. Pero envió el telegrama a un domicilio equivocado y el trabajador descubrió con sorpresa, en julio, que no le habían depositado su sueldo. Entonces se inició un intercambio de cartas documento que terminó en septiembre, con la presentación de la demanda.

La empresa afirmó que “no le resulta aplicable el Decreto Nº 329/20” (el cual entre otras cosas prohibió los despidos) por las “particularidades” del rubro, que se caracteriza por la “transitoriedad de las prestaciones” y que, por su “naturaleza”, no tiene “estabilidad”.

En su sentencia unánime, la Cámara declaró, en primer lugar, que el proceso especial (medida autosatisfactiva) iniciado por el trabajador era una vía judicial idónea para tramitar el reclamo porque se advertía, a simple vista, una “fuerte probabilidad” de razón por parte del trabajador y “la posibilidad real de un daño inminente e irreparable” si no se satisfacía de manera oportuna su derecho.
Restricciones y beneficios

Luego la Cámara analizó el juego de múltiples DNU dictados por la pandemia -con una visión sistémica e integral del conjunto de normas de la emergencia- y sostuvo que si bien la prohibición de despedir es absoluta y “cercena” derechos de los empleadores por un tiempo limitado, existen en contrapartida programas de ayuda (principalmente el ATP, Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) que les acuerdan beneficios.

El Tribunal constató en el sitio web oficial www.datos.gob.ar que la empresa recibió postergaciones de aportes patronales y subsidios al salario basados en los planes estatales de emergencia. “Entonces, si las empresas constructoras pueden ser beneficiarias del ATP” y además “la demandada se ha inscripto en aquellos programas de ayuda, mal puede venir a sostener que el Decreto 329/20, que forma parte del mismo sistema normativo de emergencia, no lo constriñe”, advirtió el Tribunal.

Luego señaló: “La demandada ha entendido que puede inscribirse a la hora de buscar beneficios, pero no aplicar la parte del mismo sistema normativo de emergencia que le condiciona la libertad contractual”, en referencia a la libertad de despedir a un trabajador. Si “ingresó voluntariamente por uno de los programas” de ayuda, “entiendo justo incluirla como obligada en la parte del sistema que le impone restricciones”, concluyó.

“La demandada, entonces, propone comparar la libertad de contratar o de romper el contrato que le asiste, con el derecho a la subsistencia del actor y su familia, frente a lo cual la respuesta constitucional no puede ser otra que tutelar el derecho (del segundo) sobre el primero. Máxime cuando el empleador tiene a disposición beneficios económicos para amortiguar las cargas que se le imponen”, dice el fallo.

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Judiciales

Desde el martes próximo la conciliación laboral será obligatoria en toda la provincia

Procura una solución rápida y acordada entre las partes que se traduce en beneficios por la naturaleza alimentaria que resulta la solución de la controversia.

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Foto: Archivo (Patagonia FotoPress).

Desde el 1 de diciembre la conciliación laboral prejudicial será obligatoria en las cuatro circunscripciones. El mecanismo forma parte de los métodos alternativos de resolución de conflictos y es gratuito para trabajadores y trabajadoras. Procura una solución rápida y acordada entre las partes que se traduce en beneficios por la naturaleza alimentaria que resulta la solución de la controversia.

Hace dos años, en diciembre del 2018, se implementó una prueba piloto en la Cuarta Circunscripción que consistió en un cambio de modalidad de la conciliación que pasó de ser voluntaria a obligatoria. Ese proyecto se abordó en conjunto entre el Poder Judicial, la Secretaria de Trabajo y el Colegio de Abogados de Cipolletti.

Este año la conciliación laboral fue receptada en la nueva ley que regula el funcionamiento de los CIMARC (Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos) y ahora mediante la Acordada 039/2020 del Superior Tribunal de Justicia (STJ) se dispuso la obligatoriedad para el resto de las circunscripciones donde la instancia todavía es voluntaria.

La instancia de conciliación se puede transitar indistintamente ante los CIMARC o ante la Secretaria de Estado de Trabajo, sin embargo, la Acordada supedita la obligatoriedad a los tiempos que determine el titular de esa Secretaria que depende del Poder Ejecutivo.

Se abordan a través de la conciliación todas las cuestiones laborales que tramiten ante las Cámaras del Trabajo, salvo algunas excepciones previstas en la norma.

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