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Judiciales

El STJ confirmó sentencia para que obra social brinde cobertura total a paciente oncológica

El máximo órgano judicial de la Provincia ratificó un fallo de un Juzgado de Roca y condenó a Unión Personal.

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El Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de amparo dictada por un juzgado Civil de Roca y condenó a la obra social Unión Personal a brindar la cobertura total del tratamiento de radioterapia a una paciente oncológica.

El caso llegó al STJ a raíz de la apelación de la obra social contra una sentencia civil de Roca, que había hecho lugar al amparo de la afiliada. Tras analizar los argumentos de la parte, el máximo tribunal ratificó la orden de brindar “cobertura y provisión integral (100%) del tratamiento indicado por su médica tratante para la realización de radioterapia de intensidad modulada de dosis (IMRT) dentro de los cinco días de notificado”.

El STJ coincidió con la jueza de Roca en que “no existe otro medio para tutelar en forma más rápida y efectiva la salud de la amparista”.

El fallo valoró que, según su médica tratante, la paciente “tiene alto riesgo de recaída tumoral, que fue operada hace un mes y que posponer el inicio del tratamiento implica mayor riesgo de recidiva local”. Se consideró que el tratamiento señalado por la médica “fue suficientemente justificado y evaluado”, a diferencia del tratamiento alternativo sugerido por la obra social.

“La amparista presenta un cuadro de salud que exige una tuición especial para lograr un completo bienestar psico-físico, social y laboral, por tratarse de una paciente oncológica donde la cobertura debe ser integral”, señaló la sentencia.

“Ha quedado acreditada la necesidad de la amparista (…) de contar con el tratamiento de radioterapia de intensidad modulada (IMRT) prescripto por su médica especialista”, concluyó el STJ. Destacó además que la obra social no contradijo las indicaciones de la oncóloga ni “tampoco expuso argumentos científicos que demuestren que en el caso concreto tal indicación resulta errónea o injustificada”.

Finalmente el STJ consideró que el fallo de primera instancia “además, ha sido motivado en los máximos postulados constitucionales que hacen al derecho de la salud”, respetando los precedentes del máximo tribunal. «El artículo 59 de la Constitución Provincial establece que la salud es un derecho esencial y un bien social que hace a la dignidad humana. Los habitantes de la Provincia tienen derecho a un completo bienestar psicofísico y espiritual, debiendo cuidar su salud y asistirse en caso de enfermedad. El sistema de salud se basa en la universalidad de la cobertura, con acciones integrales de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación”, recordó el STJ.

«En casos como el de autos resulta necesario tener como principio rector la calidad de vida del paciente. Las personas tienen el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, garantía que se obtura al negarle al actor el acceso al tratamiento aconsejado por su médico tratante”, agregó el STJ, ratificando su jurisprudencia.

“El médico tratante es el especialista en quien el enfermo ha confiado ese control de calidad, es el llamado a determinar si su paciente realmente necesita un medicamento o un tratamiento determinado, con qué grado de urgencia y en qué estadio de la enfermedad”, indicó. “En conflictos de esta naturaleza -entre el médico tratante y la entidad prestadora de salud-, corresponde priorizar lo que el médico tratante evalúa con relación a la confiabilidad de lo que indica, a fin de optimizar la calidad de vida de quien ha depositado su confianza”, finalizó el STJ.

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Imputaron a un hombre por abuso sexual con acceso carnal

Los hechos sucedieron el domingo a la madrugada en Chacramonte.

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Tras los hechos ocurridos el pasado domingo a la madrugada en el barrio Chacramonte, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un sujeto por los delitos de abuso sexual, y por otro lado imputó a seis personas el incumplimiento de las medidas sanitarias.

Es así que para el acusado de “abuso sexual con acceso carnal, amenazas, desobediencia a una orden impartida por la autoridad competente y violación a las medidas sanitarias”, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva por el plazo de tres meses.

“Tenemos presente que el victimario amenazó a la víctima y a su núcleo familiar, y esto representa el entorpecimiento para la averiguación de la verdad. Además la Ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer nos indica que se debe garantizar la integridad psíquica y física de la mujer, por todo esto es que pedimos la medida cautelar”, argumentó el equipo fiscal en la audiencia.

El imputado no prestó declaración y el representante de la defensa pública penal se opuso a la medida.

Sin embargo, el juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos en los términos realizados por el Ministerio Público Fiscal y resolvió que el sujeto continúe detenido en prisión preventiva por dos meses.

Así mismo y en el marco en el que sucedió el hecho anterior, se imputó a 6 personas como co-autores del delito de “desobediencia a una orden impartida por la autoridad competente y violación a las medidas sanitarias” (Art. 45, 205, 54 y 239 del Código Penal).

Según la acusación fiscal “el 2 de agosto pasado, cerca de las 3 de la mañana, en un domicilio particular los imputados mientras hacían una fiesta fueron sorprendidos por personal policial del Destacamento N° 177”.

“Con dicho accionar desobedecieron el distanciamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por Presidencia de la Nación a través del Decreto 605/2020 y el provincial 582/2020 que prohíbe las reuniones sociales”, explicaron en la audiencia realizada a través de la aplicación Zoom.

Para estas seis personas, el juez dispuso presentaciones semanales en el destacamento cercano a los domicilios brindados y tuvo por formulados los cargos tal lo solicitado por la Fiscalía.

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Le pagaron una indemnización en cuotas, hizo el reclamo y un fallo incrementó el monto

Un trabajador petrolero cobrará casi medio millón de pesos más de lo que ya había percibido por ser despedido de una importante empresa del Alto Valle.

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Foto: Archivo.

Un hombre que se desempeñaba en el rubro petrolero en la región del Alto Valle fue despedido por falta de trabajo y la empresa le abonó una indemnización menor a la que fija la ley. Incluso se la pagó en ocho cuotas. Un fallo de la Cámara Laboral estableció un monto extra de $442.000.

El trabajador tenía 20 años de antigüedad y según consignó en la demanda el motivo del despido fue por “falta de trabajo debido a la inexistencia de contrato en ejecución o próximos a ejecutarse”. Le ofrecieron una indemnización de $367.000 a pagar en ocho cuotas mediante cheques. El hombre sostuvo que en ese momento aceptó porque su familia había sufrido las inundaciones en Comodoro Rivadavia y tenía que viajar con urgencia.

El reclamo tramitó en la Cámara Laboral de Cipolletti antes de las medidas dispuestas por el gobierno por la pandemia del Covid-19. En consecuencia el fallo ya fue notificado a las partes.

El tribunal fijó una indemnización por la suma de $442.968 en concepto de saldo de la indemnización por despido y recargo indemnizatorio previsto por el artículo segundo de la ley N° 25.323 sobre el importe indemnizatorio impago. Esa norma dispone el incremento del 50% sobre las indemnizaciones por antigüedad, preaviso e integrativa por mes de despido si el empleador no abona las mismas en tiempo oportuno.

Pago electrónico

El uso del sistema de banca electrónica (e-Bank) para realizar todos los pagos derivados de sentencias, como indemnizaciones, honorarios, impuestos y contribuciones es obligatorio desde el 1 de mayo de 2017 en todos los organismos del Poder Judicial de Río Negro.

Con esta herramienta se habilitan los pagos electrónicos a los justiciables (por ejemplo, el pago de indemnizaciones y multas); a los abogados, peritos y otros auxiliares por sus honorarios y a organismos que perciben aportes y/o impuestos, como la Caja Forense o la Agencia de Recaudación Tributaria provincial.

De esta manera, entre otros beneficios, se evita que la ciudadanía y operadores judiciales deban esperar por sus cheques en las mesas de entrada de los juzgados y luego hacer colas en las ventanillas bancarias. También se evita que tengan que viajar hasta la sede judicial a las personas que viven en otras localidades.

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Imputarán a ocupantes de tierras del Polígono de Tiro

El predio está ubicado entre las calles Jamaica, Jujuy y Chingolo.

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El Ministerio Público Fiscal requirió la audiencia de formulación de cargos para imputar formalmente el delito de usurpación a las personas identificadas de estar ocupando tierras del Polígono de Tiro, en la ciudad de General Roca. El predio pertenece a la Asociación Patriótica Tiro Federal y está ubicado entre las calles Jamaica, Jujuy y Chingolo.

El equipo del Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción relevó en diversas oportunidades la zona, informando a sus ocupantes de que su presencia allí constituía un delito. Asimismo, asistió a una reunión el último 22 de julio convocada por el Municipio local.

En el proceso intervino la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos que buscó, a instancias del Procurador General, generar un encuentro que permitiera una salida pacífica al conflicto. Se inició así una instancia de facilitación, uno de los métodos alternativos para la resolución de disputas que no arrojó resultados positivos.

La labor de la Brigada de Investigaciones y de personal de la Policía de Río Negro posibilitó la confección del listado que se cotejó el viernes último (24/07) con aquel compuesto por los firmantes de un amparo presentado ante el Juzgado de Familia N° 11, en el que se auto proclamaban “ocupantes del predio del polígono”.

Cada uno de ellos será notificado en los próximos días de una causa penal en su contra que tendrá su primera instancia procesal con la formulación de cargos en donde se prevé imputarles el delito de usurpación.

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