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Política

Denuncian que hijos de un intendente rionegrino cobran el IFE

También el presidente del Concejo Deliberante y las esposas de importantes funcionarios del gabinete municipal.

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El diario Clarín publicó una investigación donde asegura que en Sierra Colorada, Río Negro, tres de los hijos del intendente del Frente para la Victoria Fabián Pilquinao, el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Cheuquepal, y las esposas de dos de los principales funcionarios del gobierno municipal cobran los 10.000 pesos del IFE. Los datos fueron confirmados por el medio nacional a partir de datos del ANSES.

Los hijos del intendente son: Fabricio, Silvio y Lautaro Pilquinado. La esposa del funcionario también postuló al IFE, pero fue rechazada porque no reunía las condiciones requeridas. El grupo familiar de 5 personas posee la misma dirección en Sierra Colorada, indican los registros. Las otras receptoras del IFE son: Carina Mile, esposa del secretario de Hacienda del Municipio, Daniel Pichón, y Alejandra Baez, esposa del secretario de Obras Públicas municipal, Dante Rodríguez.

Solo Lautaro y Silvio deben acudir a la sucursal 387 de Los Menucos (Buenos Aires 615), ubicada a 45 kilómetros de Sierra Colorada, para cobrar el monto. Los demás reciben el dinero en sus cuentas del Banco Patagonia, según el sistema del ANSES.

La situación de estos beneficiados es llamativa porque no cumple con la normativa exigida por el ANSES. En el caso de los hijos del intendente, estos figuran bajo el mismo domicilio paterno en distintos registros. Por su lado, el presidente del Concejo Deliberante ya obtiene una mensualidad debido a su actividad política. Finalmente, las mujeres señaladas son pareja de funcionarios municipales a sueldo.

“El Ingreso Familiar de Emergencia está destinado para argentinos/as nativos/as o naturalizados/as, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años, que tengan entre 18 y 65 años. Que sean a su vez desempleados, trabajadores/as informales, de casas particulares, monotributistas sociales y monotributistas solo de las categorías A y B”, indican el protocolo del ANSES.

Entre los requisitos excluyentes figuran: “Que ni el titular ni su grupo familiar tengan ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado, una prestación de desempleo, planes sociales, salario social complementario, programas “Hacemos Futuro”, “Potenciar Trabajo” u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, que no perciban jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asimismo que no sean monotributistas de categoría C o superior, o del régimen de autónomos”.

El intendente Pilquinao fue reelegido en Sierra Colorada, ubicada en la Línea Sur y a unos 431 kilómetros de Viedma, por tercera vez consecutiva el 23 de junio de 2019 por el 51% de los votos. “Yo soy un simple changarín, soy plomero de profesión. Cuando se acabe la vida política volveré a lo mío. No tengo dinero y tampoco le di trabajo a ninguno de mis hijos en el Municipio. En esta ciudad hay un tremendo nivel de desocupación. Si ellos tramitaron el IFE lo hicieron por su cuenta, porque no viven conmigo”, explicó a Clarín el intendente Pilquinao. “No tengo conocimiento de que los funcionarios o sus esposas cobren. Acá los funcionarios ganan una cagada de plata, 20 mil pesos o por ahí”, agregó.

“Si la persona no tiene ingresos y reúne las condiciones, le corresponde. Este es un sistema cerrado, nosotros no designamos a dedo quien lo tiene que recibir. La persona anota su DNI, coloca un mail y listo. Luego el sistema confirma si está ok o no”, le dice a Clarín una alta fuente del ANSES en Río Negro.

Política

Presentaron un amparo contra el DNU que prohíbe reuniones

Alegan que es inconstitucional. Fue presentado por el dirigente del ARI Javier Acevedo.

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Tras el Decreto Nacional N° 641/20 que prohíbe las reuniones sociales en todo el país, el presidente de la Asamblea Provincial de la CC-ARI, Javier Acevedo, presentó un recurso de amparo ante el Juzgado Federal de General Roca alegando la inconstitucionalidad del mismo por regular materia penal. El referente de la dirigente Elisa Carrió en Río Negro cuenta con el patrocinio letrado del Dr. Walter Carrasco.

“La prohibición de las reuniones familiares en todo el territorio argentino, sin distinción alguna entre provincias, implica un abuso de poder inadmisible que viola derechos y libertades individuales previstos en los Artículos 18° (inviolabilidad del domicilio) y 19° (libertad individual y acciones privadas) de la Constitución. Es una medida que excede el límite de lo razonable, y es contraria al estado de derecho y a la búsqueda de un orden social justo”, explicó Acevedo.

«La actual situación nos obliga a entender que debemos ir aprendiendo a convivir con el virus, como están haciendo otros países y ciudades del mundo; poner en marcha un plan serio y consistente de salida gradual que cuide la salud, nuestra economía y derechos y libertades. La salida de la pandemia es con responsabilidad colectiva e individual, no con un estado autoritario y policíaco”, agregó

El dirigente roquense explicó al respecto que “la medida del presidente Alberto Fernández establece un Estado de Sitio de facto al cercenar por decreto derechos fundamentales de los argentinos. Además que regula materia penal, expresamente prohibida por la Constitución”.

“Desde el momento en que el Congreso funciona, el Presidente está impedido de emitir disposiciones legislativas como los DNU, y sólo lo habilitan casos de extrema gravedad como acciones bélicas o desastres naturales, como lo ha sostenido la Corte en sus fallos”, y agregó: “- además es contradictorio, ya que según el decreto diez desconocidos pueden reunirse en eventos culturales y recreativos, pero una familia, menor a 10 personas, no puede reunirse en su propia casa y recibir a un hijo, un padre, un hermano”, finalizó Acevedo.

Con esta presentación ante el Juzgado Federal de General Roca, la CC-ARI suma a Río Negro a las provincias que acompañan esta medida judicial impulsada por la ex diputada y líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió.

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Gremios

ATE le dice «no a la participación del Ejército en el control de la pandemia»

«Llamar al ejército nunca salió bien y no va a salir bien ahora», alertaron.

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El Departamento de Derechos Humanos de los Pueblos de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta del Gobierno de la provincia respecto a la participación del Ejército Argentino para el seguimiento y control del cumplimiento del aislamiento preventivo de los contactos estrechos de pacientes con COVID-19 en Bariloche.

“El Estado podría organizarse de otra forma y no recurrir enseguida a medidas represivas. Hay un montón de organizaciones sociales, voluntarios en los barrios, personas a las que se podría convocar para hacer esta tarea, en vez de llamar al ejército. Eso nunca salió bien y no va a salir bien ahora”, señaló preocupada Carolina Alac, secretaria del Departamento de Derechos Humanos de los Pueblos de ATE.

La dirigente recordó que “ya se hizo un pacto social hace mucho años y es que las fuerzas armadas jamás deben estar para nada que tenga que ver con seguridad interna. No queremos que en nombre de la salud pública se imponga un estado policial represivo como si fuera la única forma. Hay recursos técnicos y gente muy capaz en nuestro Estado para hacer esa tarea”.

De esta forma, el sindicato reafirmó su negativa para que la Escuela Militar de Montaña sea convocada como “una academia de control y castigos”.

«La Gendarmería Nacional también fue llamada para comenzará a colaborar en Cipolletti y la ciudad de Roca, algo que para ATE es preocupante si tan solo se recuerda, entre los antecedentes, la feroz represión llevada adelante por efectivos de Gendarmería Nacional durante el desalojo de una toma en la sede General Roca de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) en el 2018, entre otras repudiables acciones que esta fuerza ha tenido en diversos operativos llevados adelante en democracia», recordó finalmente Alac.

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Política

«Estamos evaluando permanentemente si retroceder de fase o no»

Así lo reveló el vicegobernador Palmieri. «Si no lo hacemos es porque no queremos afectar más la economía y la vida social. Apelamos a la responsabilidad individual».

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En comunicación telefónica con Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3), el vicegobernador Alejandro Palmieri reconoció que «estamos evaluando permanentemente si retroceder o no de fase» ante la complicada situación sanitaria que atraviesa la provincia y el país.

“La preocupación pasa por el estrés y el agotamiento del recurso humano y por la dificultad de tomar un modelo de referencia para enfrentar a la pandemia. Hubo nuevos brotes en el mundo y en el país. Hay provincias que pasaron 3 meses sin casos y que hoy tuvieron que retroceder en las fases”, expresó.

Respecto a las críticas por parte de la oposición y hasta el pedido de renuncia formal del ministro de Salud, Fabián Zgaib, Palmieri indicó que «pareciera que la pandemia solo afecta al Hospital de Roca y se debiera a uno o dos apellidos. El escenario es complicado a nivel mundial, no sólo en Roca. Ayer Argentina fue el quinto país en el mundo con contagios y el noveno en muertes en el mundo», detalló.

El vicegobernador agregó que «nadie quiere retroceder de fase, afectando a la economía y a la vida social. Por más que parezca repetitivo, depende mucho de la responsabilidad individual y colectiva de todos. Ante menos restricciones, mayor tiene que ser la responsabilidad. Es el único camino que tenemos para que el sistema sanitario no se sature. Hoy el sistema sigue dando respuestas pero el recurso humano está agotado, estresado y enfermo”, reiteró.

Sobre la situación financiera de la provincia, el ex ministro de Economía sostuvo que «no difiere en nada de lo que están pasando la mayoría de los comercios. Los tres frentes de ingresos que tiene Río Negro se cayeron: la coparticipación federal, regalías petroleras y la recaudación provincial. Hoy no hay recursos. La situación de todas las provincias es muy complicada en materia financiera, nadie queda exento». No obstante aseguró que «el pago de salarios esta garantizado».

En este sentido, Palmieri remarcó que será fundamental un «fuerte rol del Estado para hacer frente a la post pandemia y que la rueda vuelva a funcionar».

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